Feeds:
Entradas
Comentarios

De una legalidad a otra

La Transición política fue un proceso político y social muy interesante, de acuerdo y de límites. A lo largo del tiempo, cuando hubo que contarla y para ello lo primero era construir una versión oficial de la Transición. Los méritos son fáciles de expresar, pero los límites que impusieron un escaso margen de maniobra o se silenciaron, se reinterpretaron haciendo virtud de la necesidad.

Al principio el sistema se tocó suavemente y luego, a lo sumo, se reconoció voluntad reformadora (de ahí el nombre de la Ley de Reforma Política) y no constituyente. La misma Ley de Reforma Política era una Ley Fundamental del Régimen, aprobada según el procedimiento fijado para ello. Las Cortes elegidas a partir de la Ley de Reforma Política era las ordinarias y el procedimiento para elaborar la Constitución fue el establecido para la modificación o adición de las leyes fundamentales.

¿Por qué se siguió un complicado proceso de reformas legales dentro del esquema institucional franquista en vez de convocar unas Cortes Constituyentes? Sencillamente, porque no se podía. Las élites sabían lo que iba suceder, pero muchos cuadros del régimen y el Franquismo sociológico debían ser contemporizados con la idea de que todo iba a ser seguir permaneciendo esencialmente igual, salvo algunas reformas necesarias que la inmensa mayoría reconocían urgentes.

De aquí surgió el mito: en España habíamos sido tan estupendos, que habíamos conseguido cambiar de régimen sin necesidad de hacer una ruptura jurídica. Lo que se había tenido que hacer casi a la fuerza, se convierte en un logro. Muchas personas creen que ésta es una forma óptima de actuar, cuando es raro, costoso y poco deseable.

Los cambios de régimen político pueden hacerse desde una legalidad a otra o con una ruptura de la legalidad. Sin irnos más lejos en la Historia, mucho de los antiguos Estados comunistas rompieron abruptamente con el régimen político anterior y no esperaron una legitimidad procedente de ese régimen.

Hay quiénes consideran que este paso continuo de un régimen a otro es necesario para que haya legitimidad de origen:

Este tweet sostiene que el régimen establecido en la II República era ilegítimo porque no procedía de la legalidad del régimen anterior, sino de la espantada de Alfonso XIII al interpretar correctamente el resultado de esa aparente victoria de los monárquicos en las Elecciones Municipales.

El concepto de “legitimidad de origen” tiene su origen en la clásica distinción de Bartolo de Sassoferrato entre legitimidad de origen y legitimidad de ejercicio. Para ser gobernante seha de poseer un “titulum” que habilite a ello y si no se tiene, se será un usurpador. Al usurpador, de acuerdo con la doctrina medieval y moderna, se le puede resistir por todos, en todas las condiciones y con todos los medios (hasta Francisco Suárez no se objetó esta postura).

Es lógico que se exija un “titulum” cuando se funciona dentro de un régimen y que se desprecie al que quiere gobernar sin “titulum”, pero exigir “titulum” a un nuevo régimen muestra una confusión conceptual tremenda, ya que el usurpador es una persona, no un régimen.

Pero además si el usurpador se asienta en el poder, termina generando una nueva legitimidad. Europa está llena de patéticos aspirantes a los diferentes tronos, existentes o pasados, fundados en que no se qué costumbre o normas de monarquías desaparecidas y que consideran usurpadores a los demás.

La llamada legitimidad de origen solamente es exigible a las personas y responden respecto al régimen propio. No es exigible al régimen, que prosperará o no dependiendo de su capacidad para sustituir al otro régimen y es una cuestión política y no jurídica. De otro modo, viviríamos en medio de absurdos políticos, jurídicos e históricos, según el cual una régimen no es legítimo porque su monarca originario se hizo con el territorio por la fuerza y no tenía “titulum”.

Y no, la II República ni buscaba ni quería la legitimidad de la Monarquía Alfonsina. Su legitimidad se fundaba, como régimen democrático, en la voluntad del pueblo. No en vano su primer gobierno fue la transformación del Comité Revolucionario, muestra de una clara y sana voluntad rupturista.

Aguado y Ayuso saben que la situación de la pandemia en la Comunidad de Madrid es mala y la perspectiva es además negativa. Piden la ayuda del Gobierno de España. Parece que es la necesidad de confinamientos es Madrid es indiscutible y que los instrumentos jurídicos del gobierno regional no son los suficientes, por más que antes hubieran dicho que sí.

Ayuso y Aguado necesitan un estado de alarma pero no pueden pedirlo. El estado de alarma fue una de los caballos de batalla de la derecha contra el Gobierno de España y fue tildado de dictadura constitucional. Ayuso jaleó en sede parlamentaria las concentraciones contra el estado de alarma y se gustó al decir que éstas irían a más. Después de todas esas concentraciones, excesos retóricos y torticeras maniobras políticas que buscaban únicamente buscaban la derrota del Gobierno en una prórroga del estado de alarma, pedirlo resulta vergonzoso. Podría acarrear pérdida de apoyo en los sectores de la derecha mediática más exaltada, una pérdida de apoyo que sabemos que tiene un destino.

El segundo motivo es que Casado y todo el PP ha puesto como bandera de su formación la gestión de Ayuso. Pedir el estado de alarma es reconocer el desastre y pedirle al “dictador” que les resuelva la papeleta que ellos no son capaces. Saben además que ahora Sánchez no va a cargar con toda la responsabilidad, sino que la Presidenta de la CAM será la responsable de dirigir el estado de alarma en su territorio, de forma que poder culpar al Presidente del Gobierno es igualmente difícil.

Espero que Ayuso y Aguado tengan más en cuenta los intereses de los ciudadanos que los cálculos políticos arriba expuestos.

Hoy he estado repasando la STC 197/2014 en la que se declara la constitucionalidad de la reforma del Estatuto de Autonomía para Castilla-La Mancha que redujo el número de diputados en las Cortes autonómica al que determinara la Ley Electoral entre un mínimo de 25 y un máximo de 35.

La sentencia es larguísima en cuanto a los antecedentes de hecho y en los fundamentos jurídicos es prolija en responder a las máculas de constitucionalidad menores antes de abordar el principal: si ese número de diputados respetaban la exigencia de proporcionalidad en las elecciones autonómica ex art. 152.1 CE, con las modulaciones que el propio artículo señala.

Los altos tribunales son muy precavidos en cuestiones relativas al sistema electoral, porque un pronunciamiento muy preciso podría limitar al Legislativo de tal manera que el tribunal sería el nuevo legislador positivo. Ésta es una de las causas que hacen casi imposible un pronunciamiento general del Tribunal Supremo de los Estados Unidos sobre el “gerrymandering” y aquí que el Tribunal Constitucional no entrara de verdad en la cuestión de la proporcionalidad. Es un motivo loable, dejar al Legislativo su lugar, pero este empeño puede no ser tan impecable en determinadas circunstancias.

Los recurrentes presentaron una serie de simulaciones y proyecciones que mostraban que el nuevo sistema emanante de la Reforma del Estatuto consagraba un sistema mucho menos proporcional y en consecuencia menos plural. Arguyeron que se aplicaba de hecho una barrera o umbral mucho mayor, porque a la hora de que una candidatura obtuviera un diputado, iba a requerir muchos más votos.

El Tribunal Constitucional, con la ponencia del magistrado Fernando Valdés Dal-Ré, determina sorprendentemente que solamente se puede hablar de violación de la proporcionalidad a través del umbral, cuando el umbral esté establecido normativamente. Es un argumento que contradice la trayectoria del Tribunal que busca más la realidad de la norma sometida a su juicio y su virtualidad que su dicción literal.

Cualquier conocedor de los diversos sistemas electoral vigentes en España es conscientes que los umbrales electorales establecidos normativamente (el número mínimo de votos recibidos para poder ser contado en la adjudicación de escaños) tiene poca eficacia en las Elecciones Generales o Autonómicas y sí cierta importancia en las Locales. Ello no quiere decir que no haya umbrales electoral, pero son fácticos. Una norma aparentemente neutra, aplicada a una realidad no neutra, deviene en no neutra.

El segundo elemento negativamente sorprendente del pronunciamiento del Tribunal Constitucional es el rechazo de las proyecciones y simulaciones planteadas a la hora de justificar la mayor o menor proporcionalidad de un sistema electoral. El Tribunal argumenta que su control es a priori y abstracto y que esas proyecciones y simulaciones quieren llevar el juicio de constitucionalidad al control a partir de un caso hipotético. Parece convincente el argumento si no nos hubiéramos encontrado sentencias dictadas expresamente sobre situaciones hipotéticas que la aplicación de una norma pudiera producir. Salvo una incongruencia gruesa, como que una ley establezca la mayoría de edad a los 45 años, que es evidente y no necesita de nada más que la mera contrastación, en el resto de los juicios de constitucionalidad dimanantes de un recurso, la hipótesis y sus consecuencias son precisas a la hora de razonar la constitucionalidad de una norma.

Pero el tercer elemento es el peor. Mantiene la sentencia que la exigencia de la proporcional es un objetivo irrealizable. Se refugia el Tribunal en que la proporcionalidad perfecta es imposible de conseguir, algo obvio, para considerar la proporcionalidad algo así como un ideal regulativo sin fuerzas normativa, salvo que se establezca un sistema mayoritario, lo cual entraría dentro de la categoría de transgresión grosera que antes se indicaba.

El Constitucional viene a decir que todo lo que no sea establecer un sistema mayoritario y no tenga unos umbrales normativos vergonzosos, es proporcional. Cabría haber esperado de este órgano algo más de finura a la hora de definir qué es proporcional, en primer lugar porque una definición negativa es de malos juristas y, en segundo lugar, porque es fácil que se presenten sistemas electorales muy poco proporcionales.

También hay que señalar que los recurrentes hicieron una interpretación poco precisa del artículo 152.1 CE. Este precepto no ordena la proporcionalidad, con una salvedad, en los resultados de las candidaturas, sino en el reparto de los diputados entre las circunscripciones.


Ayer me enteré de que se ha abierto, en una plataforma destinada al crowdfunding, una aportación para financiar el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional de Cayetana Álvarez contra la decisión del Congreso de no incluir en el Diario de Sesiones la bonitas palabras que la ex portavoz del PP dedicó al padre de Pablo Iglesias.

Ante esto me surgen varias ideas.

Cayetana Álvarez es del tipo de personas que quieren que los demás paguen sus asuntos. Mencionó el asunto de la financiación de este recurso en su rueda de prensa después de ser cesada como portavoz y ahora seguimos con lo mismo. Entiendo que el Partido Popular pague los gastos de los recursos que decidan llevar adelante, no los que cada diputado considere oportuno. Las decisiones individuales deben ser pagadas individualmente: no tiene sentido decidir una cosa para que la pague otro (asumir las consecuencias de ser libre es parte de la madurez).

¿Por qué Álvarez considera necesario ese recurso y esencial esas insultantes palabras queden para la historia en el Diario de Sesiones? La ex portavoz del PP se encuentraba protegida por la inviolabilidad parlamentaria al proferir esas palabras por la inviolabilidad parlamentaria, que es un garantía de la libertad de los diputados, lo cual da tranquilidad penal a Álvarez, salvo sorpresa mayúscula.

Ella quiere que el Diario de Sesiones diga lo que ella no se atreve a decir fuera de la sede parlamentaria, porque de esto trata todo el asunto: Álvarez no tiene el valor suficiente para repetir esa expresión fuera de su actividad como diputada, porque entonces sí podía tener algún que otro problema con la Justicia. Esta actitud prueba que no está segura de lo que dijo, porque si ello fuera verdadero siempre podría argüir la “exceptio veritatis”. Si tan importante es lo dicho, debería decirlo en todos los lugares y a todas horas.

Desea mantener vivo este insulto, porque es una de las parte más importantes y grandes de su capital político. Fuera de un papel destacado no tiene mayor capital político que un insulto. No digo que yo haga personas que la valoren por insultar y que incluso aporten dinero para que conste en el Diario de Sesiones, pero es muy triste tener que construir un perfil político sobre descalificar al padre de un oponente político.

Como parte del acuerdo de investidura de 2015, Ciudadanos obligó al PP a modificar la Ley Electoral de la Región de Murcia y eliminar las cinco circunscripciones existentes, pasándose los cuarenta y cinco miembros de la Asamblea Regional a ser elegidos en circunscripción única. Murcia y Asturias eran hasta entonces las dos únicas comunidades autónomas que tenían circunscripciones inferiores a la provincia para sus elecciones autonómicas.

En mayos los resultados de las Elecciones Autonómicas, empleando la circunscripción única, fueron los siguientes:

Si hubiéramos recuperado las cinco antiguas circunscripciones, los resultados hubieran sido:

Y la relación entre porcentaje de voto y porcentaje de escaños en las dos situaciones, con una sola circunscripción o con las cinco:

1)  Hay que hacer notar que en las Elecciones de 2019 tres formaciones (IU y sus coaligados, Somos Región y Coalición Municipalista MC) alcanzaron un porcentaje de votos superiores al 2%, pero sin llegar a traspasar el umbral del 3%. El conjunto de estas fuerzas supera el 6% de los votos, pero no consiguen ningún escaño.

2) El caso de los socialistas es curioso. Habrían obtenido el mismo porcentaje de representación empleado ambos sistemas. Su sobrerrepresentación 4,31%. Ni el anterior ni el actual sistema electoral puede ser responsabilizado de los éxitos o fracasos del PSRM.

3) Cuando se planteó la reforma de la Ley Electoral los populares solamente la aceptaron porque sin ella no había investidura. Nunca un portavoz ha atacado tan duramente una propuesta legislativa por la que iba a votar a favor, como lo hizo el portavoz popular con esta norma al ser votada en la Asamblea Regional. La sobrerrepresentación de los populares, y en sus peores comicios de las últimas décadas, fue del 9.83%, que supone un exceso de cuatro diputados. En cambio cuando se aplica el sistema de circunscripción única la sobreprerresentación baja a 3,17%, que equivale a un diputado. El sistema anterior hubiera otorgado el mayor número de diputados al PP sin ser el partido con mayor número de votos.

4) En el sistema de cinco circunscripciones hubiera perjudicado a Ciudadanos con un 3,10% de infrarrepresentación, Vox con -2,80 y a Podemos con un 3,33%.

5) El sistema de cinco circunscripciones hubiera mostrado el premio a la concentración del voto en el caso de la candidatura municipalista que habría ganado un escaño por Cartagena, zona donde es especialmente fuerte esa coalición de partidos localistas.

La diferencia entre el voto urbano y el voto rural es una de los más clásicos criterios de análisis del comportamiento electoral. Presupone la existencia de un voto diferenciado dependiendo del tipo de lugar donde se reside y, naturalmente, todo lo que ello conlleva.

Lo primero que hay que hacer es decidir qué voto es urbano y qué voto es rural. Es útil recurrir a una determinación externa, como la que tiene el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (antiguo Fomento) de las zonas urbanas existentes en España.

Nuestra primera valoración la vamos a hacer de la Región de Murcia. Allí el Ministerio de Transportes identifica tres áreas urbanas: la de Murcia (Alcantarilla, Alguazas, Archena, Beniel, Ceutí, Lorquí, Molina de Segura, Murcia, Las Torres de Cotillas y Santomera), Cartagena (Cartagena y La Unión) y Lorca (compuesta sólo por el municipio de Lorca).  De estas tres se han tomado las dos primeras en cuanto que Lorca, por su extensión y dispersión y su economía tienen más características rurales que propiamente urbanas.

Los murcianos depositaron su voto en cinco ocasiones a lo largo de 2019, aunque fueron en tres convocatoria, dado que la de mayo de 2019 fue simultáneamente para las Elecciones Autonómicas, Europeas y Locales. No consideraremos las Elecciones Locales por el efecto que tienen los partidos y las candidaturas localistas sobre la estructura del voto. Se han desegregado del total los resultados de los doce municipios de las dos área en consideración, de modo que podemos comporar los municipios segregados (áreas urbanas), los no segregados (áreas rurales) y la media regional.

Comencemos viendo las diferencias de participación:

En términos regionales las Generales tienen más participación que las otras elecciones, pero podemos ver cómo en las Elecciones Autonómicas, en las zonas rurales votaron más ciudadanos que en las Generales de noviembre, impulsado sin duda por la Locales (67,58%). Es constante que en todas las Elecciones, salvo las Autonómicas, el voto urbano fue mayor que el rural.

Pasemos ahora a los principales partidos políticos.

El PSOE funciona mucho mejor en el ámbito rural que en el urbano, de modo que sus resultados hubieran sido los de la zona urbana es posible que Conesa estuviera en San Esteban. Esto y unido, salvo excepción, de que la zona rural es la que mayor abstención presenta podríoa señalar una posible estrategia de los socialistas. Una consecuencia fácilmente apreciable de que una participación cercana al 70% o superior perjudica a los socialistas indica que cuanta mayor es la participación, mejor es su rendimiento en porcentaje de votos.

El Partido Popular, hasta hace poco el partido hegemónico en la Región de Murcia, tiene como el PSOE mejores resultados en el ámbito urbano que en el rural, aunque la diferencia es menor que en el caso de los socialistas, teniendo por ello datos más cercanos a su media en la Región. Se puede decir que en general el PP actual ha mantenido en Murcia un electorado uniformemente repartido.

Vox es algo más urbano que el PP, con diferencias cercanas al 2% de los votos totales. Su peor resultados, y es curioso, son las Elecciones Autonómicas y especialmente en la zonas rurales, lo cual irá unido a un rendimiento menor en los Ayuntamientos. Un día habrá que tratar la relación que los nuevos partidos tienen con la política local.

Una formación netamente urbanita es Ciudadanos. Sus resultados son mejores en las áreas urbanas incluso cuando el declive electoral comenzó a notarse.

Podemos e IU tienen tendencias urbanistas, pero no se rompen las diferencias como en el caso de Ciudadanos a partir de mayo. Sí es digno de señalar que el resultado de las Autonómicas es la suma de Podemos con IU, que concurrieron separadamente, y en donde Podemos recibía un fuerte voto urbanos, mientras que IU rural. Es de suponer que este equilibrio es un efecto de la coalición y no de la estructura del electorado.

La Familia Real es un concepto que define ahora mismo a un grupo de seis personas: el Rey, la Reina, la Princesa, la infanta y los anteriores reyes. La Familia del Rey es más amplia. Ahora mismo las dos familias, la real y la del Rey, son fuentes de conflicto para la Corona.

Juan Felipe Froilán, hijo de la infanta Elena, ha conseguido que todos sepamos que tiene un coche nuevo, de muchas decenas de miles de euros y que sigue sin compromiso laboral conocido, que le permita financiar tales adquisiciones. Parece que ese coche le ha caído del cielo en su condición de Grande de España, no en su condición de trabajador o empresario.

¿Estoy haciendo demagogia barata? A algunos o a muchos les parecerá que sí, pero no es así. Mientras hemos pasado semanas escuchando que establecer un Ingreso Mínimo Vital que no llega a los quinientos euros al mes de incentivo para no trabajar, vemos como ese mismo sector considera normal que a un joven sin oficio ni merecimiento se le regale un coche. Para ellos ser de la Familia del Rey debe ser un esfuerzo más que suficiente.

Y esto toca un punto principal: la narrativa. En España tenemos una estructura política, la Monarquía, que pone en primer plano y ensalza a personas que no han tenido que hacer nada para estar allí, sean de la Familia Real como de la Familia del Rey. Hay una corte de pelotas en los medios de comunicación que lo mismos escriben una hagiografía a partir de hechos inexistentes o vienen a decir que, quitando todo lo demás, son seres humanos normales (la cuestión es el “todo lo demás”).

A la sociedad española se le propone como modelo de vida y de ejemplaridad pública personas que se lo han encontrado todo hecho. Es cierto que hay mucha telebasura que hace lo mismo, pero todos estaremos de acuerdo que no tiene la misma relevancia un pecado cometido (o muchos) en la programación de Telecinco que uno que tiene su propio título en la Constitución.

Nuestra primera norma nos enseña que para ser Jefe del Estado no hay que hacer nada, sino nacer. La práctica de la Monarquía nos enseña que esas familias tienen derechos muy superiores a los demás por su nacimiento. Con este princeps analogatum no necesitamos a Telecinco para introducir la semilla de que lo que se tiene no hay que ganárselo. Lo tenemos hasta en la Constitución.

Durante días en FiveThirtyEight estimaba en un 1% las posibilidades del empate entre Trump y Biden (ahora no), de modo que me pareció interesante ver qué hubiera pasado en caso de no haber habido mayoría en el Colegio Electoral en las últimas cinco elecciones.

La XII Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, nacida tras la tremenda crisis constitucional ocasionada por las Elecciones Presidenciales de 1800, establece que si ninguno de los candidatos votados por el Colegio Electoral pudiera conseguir la mayoría absoluta de los votos, 270 votos, la elección del Presidente de los Estados Unidos pasa a ser responsabilidad de la Cámara de Representantes y la del Vicepresidente del Senado.

Como es de general conocimiento, el mismo día en el que se elige a los miembros del Colegio Electoral, se hace lo propio con la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio de los senadores, de modo que los representantes y senadores electos con los senadores que permanecen en su puesto forman un nuevo Congreso. El próximo 3 de noviembre será electo el 117º Congreso.

Dado que el Congreso ha de reunirse el día 3 de enero (sección 2 de la XX Enmienda) y que el escrutinio por parte del Congreso en sesión conjunta ha de realizar el día 6 de enero (3 US Code 15), está claro que es el Congreso renovado el encargado de realizar la elección del Presidente y del Vicepresidente, y no el saliente.

En estas elecciones se vota por estados, es decir, el voto de cada uno de los estados es el mismo, uno, y desaparece la capacidad electoral de Distrito de Columbia. De este modo el voto de cada estado dependerá de qué partido sean los representantes o senadores que forman su delegación congresual. Es de suponer que en una situación como ésta nos encontraríamos ante un “party-line vote”, es decir, cada cual vota al candidato de su partido.

¿Qué hubiera sucedido en las últimas cinco elecciones presidenciales en el supuesto de que no hubiera habido mayoría en el Colegio Electoral pero no hubiera habido variación en la elección del Congreso?

Como puede comprobase en las cinco elecciones los candidatos que fueron presidentes, tenían la mayoría necesaria (26 estados) a la hora de conseguir los votos suficientes para ser elegido presidente.

Pero la elección vicepresidencial se torna más compleja. En el Senado cada estado solamente tiene dos senadores, de forma que no es difícil que uno sea de un partido y el otro del partido contrario, produciendo un empate y la imposibilidad de determinar el voto del estado en la elección vicepresidencial. Muchos estados estarían indeterminados.

En ninguno de los congresos elegidos a la vez que los electores del Presidente, ningún candidato vicepresidencial hubiera logrado la mayoría necesaria, de modo que habría tenido que haber algún tipo de negociación o la cesión a favor de quien formaba ticket con el que iba a ser elegido en la Cámara de Representantes.

—–

En el caso de los independientes, no hemos guiado para atribuirles un voto por el partido con el que hacían “caucus” en el Congreso.

Radar Covid y el código libre

[Esta entrada es una amable colaboración de @PioIin]

Para que se pueda entender la “polémica” sobre la importancia de liberar el código fuente de la aplicación de rastreo RADAR COVID del gobierno primero hay que explicar que es liberar el código y para que se hace.

Que es “Open Source” o código abierto

Toda aplicación se desarrolla en un lenguaje de programación, en concreto el código de Radar Covid se libera en esta url (https://github.com/RadarCOVID/radar-covid-android) y se publican los ficheros que construyen la aplicación que finalmente se publica en la App Store de Google o Apple.

Estos son los ficheros de Radar Covid

Y esto es una pequeña parte del código fuente.

El código una vez liberado puede ser revisado, corregido y/o copiado bajo ciertas condiciones. Hay muchos proyectos de código libre que se han compartido desde hace años, el más conocido es Linux, el más utilizado actualmente es posiblemente Android (aunque no todo está liberado).

Hay dos formas de “liberar” una aplicación, hay proyectos que nacen como código abierto desde el inicio del desarrollo (que realiza una comunidad de modo cooperativo) y otras se libera la aplicación total o parcialmente al final del desarrollo, liberar código es también una forma de comercializarlo proporcionando una versión gratuita abierta para que los clientes prueben las aplicaciones y luego adquieran una versión más potente ya con soporte comercial. En otros casos es para, como Android, permitir que otros desarrollen aplicaciones similares o relacionadas.

Esto en todo caso es irrelevante para el Radar COVID, pero es importante saber que no todo el mundo libera el código por el mismo motivo.

¿Por qué no se libera todo el código siempre?

Hay dos motivos principales, el primero es contractual, si contratas una empresa para que te desarrolle una aplicación estás “poniendo al público” su trabajo, que habitualmente las empresa de informática preferíamos que no ocurriera, así que en algunos contratos podría no estar permitido o no estar previsto. Si esto fuera una política común posiblemente los precios de contratación subirán, los insultos a la avaricia profesional de los informáticos se aceptan y se comprenden de todos menos novelistas, periodistas y mundo del cine que viven del copyrigth porque nosotros también tenemos derecho a vivir.

El segundo motivo es que liberar el código exige más tiempo, hay que limpiar código no relevante, hacer el código legible, crear el paquete de documentación y hacer seguimiento de los comentarios que te hagan. Todo ello son buenas prácticas que todos deberíamos hacer siempre, pero que no siempre se hacen. Hay quien afirma que todo el código de aplicaciones pagadas con dinero público debería ser código libre, y puede que tengan razón (personalmente yo lo apoyaría) pero no es algo tan evidente como ordenar que se haga y es un sobrecoste que no siempre queremos asumir porque los presupuestos ya están muy justos.

Para que quede claro, yo voto por liberar código de forma masiva de todos los desarrollos interesantes que paga cualquier administración, y que se fomente la cooperación entre ellas reutilizando.

¿Por qué es bueno liberar el código de Radar Covid concretamente?

Hay dos motivos mayores y uno menor, en mi opinión, para liberar esta aplicación y muchas otras similares que desarrolla un gobierno como España:

  • Generar confianza en la aplicación, ya que si podemos revisar el código podemos certificar que la aplicación hace solo lo que nos dicen.

  • Permitir a otros países que no tienen la aplicación copiar la aplicación y publicar su propia versión.

  • Por último y para mi menos relevante, liberar permite verificar la seguridad del código.

El primer motivo (generar confianza) es el más importante, cuando instalamos una aplicación le damos “permisos” en nuestro móvil, como identificarnos, ver nuestras fotos o ficheros, localizar nuestra posición, comunicarse con el exterior (internet) o comunicarse con otros dispositivos (Bluethoot). Radar Covid nos pide los siguientes permisos.

Estos permisos no son esencialmente muy diferentes de cualquier otra aplicación que los usuarios se instalan sin mayor preocupación, pero si el código está liberado podemos comprobar que el gobierno no está leyendo nuestros whatsapp para enviarlos al CNI o creando una lista de personas con las que nos relacionamos cada día. Para vuestra tranquilidad, no lo están haciendo.

¿Es imprescindible liberar el código para verificar que la aplicación no hace este tipo de cosas? No, hay métodos de análisis de la conducta de una aplicación sin necesidad de ver el código. Pero si liberas el código es más sencillo.

El segundo motivo (compartir el desarrollo) es el verdaderamente importante, tampoco es imprescindible porque otros países han liberado sus propias versiones, pero esto permitirá a países más pobres copiar el desarrollo y tener sus versiones a menor coste. Aquí hay quejas, porque se ha liberado el código pero no la documentación, de modo que reutilizarlo es más complicado, pero estos aspectos no afectan a los otros dos puntos.

El tercer motivo (seguridad del código) es el que está creando más polémica por los mensajes confusos, tenemos gente buscando “fallos del código” y gente anunciando que se están analizando “errores del aplicativo”, de momento no existe ningún error reportado relevante, lo que no ha impedido a diferentes “expertos” lanzar mensajes de alarma.

¿Cual es el error de la polémica y el manifiesto de los expertos?

El primer error es que la polémica puede crear desconfianza en la aplicación, si lanzas al público sin conocimiento técnico dudas “sobre la seguridad” habrá gente que entienda cosas que no tienen que ver con lo que en realidad estás diciendo (apuesto que algún firmante le pasa viendo la lista). La confianza una vez que se pierde es muy complicado que vuelva, así que ese debate debió ser más directo con la administración y no en los medios.

El segundo error es culpa de la comunidad informática, que se ha lanzado a una competición para encontrar “incidencias” que son en su mayoría técnicas e irrelevantes para la seguridad de la aplicación, sobre el espacio que usa la aplicación, el consumo de batería o la codificación. Esto ha generado que algunos “expertos” para darse más relevancia generen de nuevo dudas sobre posibles errores de la aplicación.

El tercer error es que liberar no es NECESARIAMENTE mejor ni para la confianza en el objeto de la aplicación ni para la seguridad.

La aplicación se ha desarrollado entre la administración, empresas reconocidas de desarrollo, Google y Apple, confiamos ciegamente en mil aplicaciones similares que no se liberan jamás.

Una aplicación no se libera para que te solucionen la seguridad del código, eso se debe verificar antes, porque la comunidad puede revisarla o no, y en todo caso la aplicación está instalada en millones de dispositivos, es posible que alguien encuentre una vulnerabilidad porque eso siempre puede pasar, pero quiero creer que esa revisión se ha hecho ANTES de publicar la aplicación y de liberar el código. No, un aficionado revisando el código en casa no va a encontrar nada.

Después de publicar el otro día una entrada sobre los bloqueos constitucionales que existen en nuestro sistema político y de mantener que la única forma razonable era reformar la Constitución (una idea quimérica), dejé sin señalar alguna posible solución a los bloqueos.

No lo puse porque estoy cansado de leer propuestas, generalmente de reforma electoral, que se fundan en la reforma constitucional, algo que el devenir político prácticamente le ha prohibido al pueblo español. Siendo cierto esto, creo que en la posible solución que proponga, podemos profundizar en el análisis de nuestra estructura constitucional y política en torno al bloqueo.

1. Bloqueo y parálisis

Nuestra Constitución incentiva el bloqueo. ¿Por qué digo esto? Porque el coste político de bloquear una institución es prácticamente nulo, ya que hay mecanismos constitucionales y legales que lo eliminan.

En principio la consecuencia necesaria de bloquear una institución debería ser paralizarla, pero nuestra Constitución, leyes y la práctica político-administrativa han imposibilitado el bloqueo.

2. Los mecanismos de prórroga

Si no se consigue investir a un Presidente del Gobierno, entonces la ley prevé un gobierno en funciones que puede mantener viva a la Administración y los tribunales han sido generosos a la hora de interpretar las facultades del gobierno en funciones que están definidas por una Ley, no por la Constitución, y que muchos entienden que pudieran ser plenas.

La Administración, que es lo fundamental, sigue funcionando sin alteración y la vida de los ciudadanos no se ve afectada por tener un gobierno en funciones.

Además el gobierno en funciones, que no tiene capacidad de presentar proyectos de Ley, sí tiene el instrumento del Decreto-Ley que es tanto una forma de innovación legislativa como un modo de iniciativa legislativa (ya que el Congreso puede decidir el trámite como proyecto de Ley). Junto a ello está intacta la capacidad de iniciativa de los grupos parlamentarios.

Pero si las garantías antes señaladas para que no haya coste social ni político del bloqueo institucional parecen pocas, la propia Constitución prevé la disolución automática de las Cortes en caso de no haber investido un Presidente tras dos meses después de la primera votación y la convocatoria de elecciones. De hecho bloquear puede ser lo mejor que se haga cuando se tienen buenas perspectivas electorales en caso de disolución automática.

Nuestra Constitución establece la prórroga automática de los Presupuestos Generales del Estado para que, si los nuevos no están aprobados cuando termine la vigencia de los últimos, permanezcan en vigor y todas las administraciones y todos los servicios cuenten con los cauces oportunos de financiación. Teniendo en cuenta que siempre caben modificaciones parciales de los Presupuestos prorrogados, incluso a través de Decreto-Ley, los efectos nocivos de la no aprobación de los Presupuestos Generales del Estado en su momento se amortiguan. Si hubiera un cierre, los incentivos para no aprobar los Presupuestos disminuirían.

Constitucionalmente los magistrados del Tribunal Constitucional tienen un mandato de nueve años. En 2007 se modificó el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional añadiendo un apartado tercero que establecía la prórroga automática del mandato de los magistrados si no se había producido la renovación en tiempo y forma. Esto evita la parálisis del Tribunal o que tenga que operar con un número muy reducido de magistrados, pero no desincentiva el bloqueo.

El mandato de cinco años de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no concluye el día que llega a esos cinco años, pues si la cámara que lo ha elegido o las dos cámaras no ha realizado la elección cuando llegue esa fecha, el mandado queda prorrogado. A falta de previsión constitucional en 2013 se estableció así en el artículo 570 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El CGPJ sigue ejerciendo sus funciones sin ningún límite a pesar de tener un mandato prorrogado, como sucede en el Tribunal Constitucional. Bloquear la renovación del CGPJ no tiene ningún coste en término de parálisis.

3. La ambivalencia de la prórroga

Nuestra Constitución establece la prórroga presupuestaria y una amplia continuidad del gobierno para evitar el cierre de la Administración, esto es, para que una crisis política no desemboque en un cierre de la Administración y que servicios fundamentales como la Sanidad, la Educación o la Seguridad Ciudadana dejen de prestarse porque no hay dinero presupuestado con el que pagar a sanitarios, docentes, policías o guardias civiles, ni para mantener la infraestructura activa.

Entiendo que los constituyentes establecieron estas dos prórrogas precisamente para que un bloqueo político no tuviese duros efectos sobre la ciudadanía y que la presión para que no haya cierre, ejercida por un grupo sin mucha conciencia, le dé ventaja negociadora a unos sobre otros. El legislador orgánico ha seguido este principio, en una interpretación teleológica de la Constitución, al establecer las otras dos prórrogas indicadas.

Esta elección de los constituyentes, absolutamente defendible, tiene su coste que es la institucionalización de la prórroga al crear minorías de bloqueo no difíciles de alcanzar (sólo es necesario un actor) y que el bloqueante no suele tener ningún “castigo”.

4. ¿Hay alternativas?

Naturalmente hay alternativas. Existen caminos intermedios entre la prórroga sin fin y el cierre. Se pueden enunciar varios intermedios, aunque yo solamente voy a mencionar algunos sobre los que he pensado, aunque desgraciadamente requerirían reforma constitucional.

En la cuestión de la investidura cabe adoptar el sistema vasco-asturiano que es más difícil de bloquear y genera fuertes incentivos para el acuerdo. Este sistema admite una pluralidad de candidatos a la investidura y los diputados pueden votar a unos de los candidatos o en blanco, saliendo elegido el que en la primera ronda obtenga la mayoría absoluta y en la segunda ronda el más votado. Intentar bloquear la investidura no tiene sentido, porque se facilitaría la investidura del oponente.

Respecto a los Presupuestos Generales del Estado cabe recoger la solución a los bloqueos presupuestarios que se da en el ámbito municipal (art. 197 bis. 5 LOREG) que permite a los alcaldes unir los presupuestos a una moción de confianza, de forma que en el caso del rechazo de los presupuestos se habrá de presentar y prosperar una moción de censura al alcalde en el plazo de un mes. En el caso de no presentarse o no prosperar, los presupuestos se entenderán aprobados y el alcalde dotado de confianza por la corporación. La inspiración tomada del tercer párrafo del artículo 49 de la Constitución de la V República Francesa es evidente. Una solución de este tipo podría plantearse a nivel nacional.

Las mayorías exigidas para la renovación del Tribunal Constitucional son extremas y más para un organismo que se renueve una tercera parte cada tres años, de modo que un vuelco en su composición no es posible, salvo que se acumulen renovaciones pendientes. Exigir mayoría absoluta podría ser una buena idea, porque amplias los posibles acuerdos y desincentivas los bloqueos, al poderse el bloqueante quedar fuera del acuerdo. En el caso de una renovación por tres quintos el mandato podría ser superior a si se hace por otra mayoría, incentivando así los grandes acuerdos.

Algo similar podría hacerse en el CGPJ, aunque no estaría de más que la renovación no fuera total.

5. En definitiva no hay que elegir entre un sistema político basados en las prórrogas automáticas y la falta de incentivos a pactar o la amenaza del cierre de las instituciones o el fin de las disponibilidades presupuestarias. Los acuerdos pueden ser incentivados de múltiples formas como un mandato más prolongado y desincentivados por la posibilidad de una mayoría menor. Un sistema político maduro no debe permitirse convertir en normal lo que son mecanismos de seguridad, por si falla los procedimientos ordinarios.