Reformas menores de la Constitutición

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Ayer se conmemoró el 38º aniversario del Referéndum de ratificación de la Constitución. Un texto que a día de hoy, salvo dos excepciones técnicas, sigue incólume en su formulación. Se dice que no hay que estar tocando continuamente la Constitución, pero creo que precisamente nuestro vicio constitucional no ha sido el exceso, sino el defecto.

Los grandes temas pendientes de la Constitución son el territorial y la Corona. Son el centro del miedo a “abrir el melón”. Realmente la mayoría están de acuerdo con que la Constitución necesita reformas en muchos de sus artículos, pero no se emprenden los arreglos por miedo a que al final los territorios y la Corona se vean afectados.

Hay muchos asuntos que podrían ser recorridos y que este cierre de la Constitución impide. Solamente indicaré algunos, de variable importancia, pero que podrían ser atacados independientemente de las cuestiones medulares:

1) La Justicia tardofranquista era poco fiable a la hora de encomendarle la protección y efectividad de los derechos fundamentales y las libertades públicas (DDFF y LLPP) de la Constitución. Recuerdo leer alguna sentencia del Tribunal Supremo donde se decía literalmente que las normas constitucionales sobre DDFF solamente tenían valor declarativo y que si no había una ley que sostuviera al derecho, no cabía la aplicación directa de la Constitución.

En ese marco y siguiendo también a otros países europeos, se creó el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Hoy este recurso es el procedimiento que más atiende el Tribunal Constitucional, en detrimento de otros procedimientos que, por afectar a disposiciones de alcance general y con rango de Ley deberían ser resueltos con mayor celeridad.

Es cierto que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia de derechos fundamentales y libertades públicas ha transformado el ordenamiento jurídico español y que a través del recurso de amparo y la “autocuestión de constitucionalidad” se ha depurado el ordenamiento de verdaderas vergüenzas, pero es igualmente cierto que la tradición está asentada y la Judicatura actual no es la de 1978.

Cabría eliminar el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y que fueran los tribunales ordinarios, culminados en el Tribunal Supremo, los que velaran por la protección de los DDFF y LLBB, entrando el Tribunal Constitucional únicamente cuando fuera llamado mediante una cuestión de inconstitucionalidad.

La segunda posibilidad podría ser crear un segundo órgano dentro de la “Justicia Constitucional” encargado exclusivamente de los recursos de amparos y que remitiese al TC solamente las cuestiones que afectaran a la constitucionalidad de las leyes y de las disposiciones generales con rango de ley.

2) Creo que se debería otorgar al Estado la potestad legislativa supletoria sobre todas las materias, como se venía interpretando hasta la Sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997. La existencia de esta potestad permitía al Estado renovar una normativa que las Comunidades Autónomas aplicaban en defecto de norma autonómica y que en muchas ocasiones era de enorme utilidad. Ahora que el Estado no puede actualizar esas normas que se aplican supletoriamente, tenemos que completar los ordenamientos autonómicos con normas absolutamente desfasadas.

3) Ya hemos hablado varias veces en este blog del bloqueo institucional que el actual sistema de investidura ha provocado y que puede provocar nuevamente. Hemos apostado por el sistema vasco-asturiano que ayudaría a formar gobierno más fácilmente, incentivando los acuerdos y no imponiendo gobiernos contra la mayoría. Los bloqueos institucionales, en un Estado de Derecho, tienen que tener salidas institucionales y jurídicas y no soluciones políticas en el sentido schmittiano.

4) En la derrotada reforma constitucional de Renzi se eliminaba el CNEL, que aquí se llama CES y es perfectamente prescindible. Podría ser otro arreglillo constitucional.

5) De camino se podría dejar la posibilidad a que determinados organismos del Estado tengan su sede fuera de la Villa de Madrid, cuando así lo autorizara una Ley por ejemplo. Esto podría aplicarse específicamente a agencias, organismos autónomos, etc que podrían situarse en otras ciudades españolas.

6) Sistema electoral y derechos sociales son asuntos mayores que dejamos para mejor ocasión.

Susana Díaz no arranca

Si hay primarias entre los militantes del PSOE y hay candidatos competitivos, Díaz perderá con muchas posibilidades la Secretaría General y, como están las cosas, también dejará de ser secretaria general del PSOE-A y Presidenta de la Junta de Andalucía. Si hay un Congreso con delegados elegidos en dos votaciones indirectas, entonces Díaz multiplica sus posibilidades porque es en esos cabildeos donde ella es maestra.

El problema que tienen Díaz y Sánchez es caer antes de llegar al proceso, sea el que fuere. Mientras que Pedro Sánchez hace una campaña basada en la coherencia y en la militancia, Díaz la hace cimentada en su posición institucional, uniendo su candidatura a la marcha de la Gestora del PSOE y a su llevanza de la política diaria.

Cada día está más claro que tenemos una Gran Coalición de hecho, que es la peor de las situaciones para el PSOE. Si ya muchos no comprendemos ni compartimos la abstención y el apoyo al Gobierno de Rajoy, haberlo hecho y seguir haciéndolo sin un acuerdo general no es más que la expresión de la rendición de los socialistas. El Presidente del Gobierno concede triunfos más simbólicos que reales a los de la Gestora para que puedan mantener la farsa de la oposición útil, mientras aceptan el techo del gasto y las líneas maestra de los Presupuestos; una medida de poco alcance a cambio de aprobar miles de medidas como son unos Presupuestos Generales del Estado.

Las Plataformas de militantes van proliferando en todos los lugares, con la circunstancia de tener que buscar en muchos casos espacios fuera las sedes oficiales del Partido. Pedro Sánchez ha hecho una aparición multitudinaria y veremos como son las siguientes, pero cada vez que sale le marca la agenda a Díaz y a todos los que se mantienen agazapados en segunda, tercera y cuarta fila esperando que se quemen los que están por delante.

Tan necesitada está Díaz de que parezca que tiene una militancia detrás que ha organizado un acto en Jaén sobre la dependencia para llenar un espacio y ser respaldada públicamente por Rodríguez Zapatero, al que ella y los demás escondieron vergonzosamente en la campaña de 2011.

Díaz precisa más que nunca que la masa de militantes del PSOE-A porque su lanzamiento institucional en Bruselas no es que haya sido un fracaso, sino que ha supuesto un inmenso ridículo. Ella pretendía instrumentalizar a los dirigentes comunitarios, especialmente a los socialdemócratas y socialistas de otros países, para proyectar en España una imagen de estadista que no tiene, entre otras cosas, porque no lo es. Los políticos de aquellos lugares, experimentado en mil batallas en sus partidos, no picaron el grosero anzuelo fabricado en San Telmo y nadie se dispuso a que una jefa regional de los socialistas españoles lanzase su campaña a costa de ellos, respaldando no se sabe muy bien qué. Es por ello por lo que el saliente Presidente del Parlamento charló con ella entre cinco y quice minutos no e su despacho, sino en dos asientos en un pasillo.Y también es por ello por lo que solamente consiguió reunir a treinta y cinco eurodiputados socialistas (catorce españoles) de los cientos ochenta y nueve que conforman el Grupo Socialista del Europarlamento.

Las masivas manifestaciones en Granada, Huelva y Málaga han roto la fantasía de que Susana Díaz no recorta ni en Sanidad ni en Educación. Recorta en las dos y en la capital oriental donde había dos hospitales va a terminar habiendo uno, con dos sedes separadas por kilómetros. Andalucía, donde ganó con menos voto que cuando Griñán fue derrotado, ya no tiene el apoyo incondicional de antes y ni siquiera la incapacidad del PP de Andalucía puede bastar en esta ocasión.

La fuerza de Susana Díaz es la fuerza del PSOE-A. En Andalucía hay un ya sospechoso silencio demoscópico que podría indicar la intención de no debilitar a Díaz, al PSOE-A y a la Gestora con la posibilidad de un desastre socialista pasado Despeñaperros. Por el contrario sí han salido varias encuestas que publican los que todos los que conocen al PSOE y a sus votantes de siempre saben: la inmensa mayoría quiere a Pedro Sánchez y Susana Díaz es la más querida por los votantes del PP.

 

Estado de Derecho Laboral

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El Estado de Derecho esencialmente no es otra cosa que todos, poderes y ciudadanos, cumplan con el ordenamiento jurídico y que en caso de incumplimiento se haga que la realidad se acomode a lo dispuesto por las normas. Que el Derecho sea ignorado es causa de la descomposición de un Estado y de los valores que dicen albergar y promover.

El Estado de Derecho no se consigue con su propia formulación. Debe haber instituciones que elaboren normas, instituciones que vigilen su cumplimiento y que las hagan cumplir por la fuerza en caso de ser necesario e instituciones que castiguen el incumplimiento. Si todo esto no pasa habrá un Derecho en el papel, un Derecho nominal y abstracto sin relación con la realidad a la que se dirige.

El Estado de Derecho tiene muchas facetas y en algunas puede ser fuerte y en otras débil. En España el Estado de Derecho en su faceta de Derecho Laboral va camino a ser papel mojado. Las instituciones encargadas de hacer normas las hacen (las Cortes y los ministerios) y los tribunales resuelven (con más celeridad que otros órdenes jurisdiccionales) los casos que se les presentan.

¿Qué sucede entonces para que hayamos llegado a que en materia laboral España sea un “estado fallido”?

Las normas se pueden cumplir de una forma espontánea, porque se perciben como correctas y todos o la mayoría pensamos que es mejor seguirla (circular con el coche por el lado indicado). También se pueden cumplir por miedo a las consecuencias negativas que se tendrán, siempre que superen a las positivas que posee no cumplir las normas.

La Inspección de Trabajo va camino de convertirse en una leyenda urbana o más bien en una leyenda laboral. El número de inspectores y subinspectores es reducidísimo para un país con la más de veinte millones de trabajadores y tienen unas competencias tan amplias que nada más el papeleo colapsa el servicio.

Da igual las normas que se dicten, tengan la orientación económica que tengan, porque vivimos en un mercado laboral tan asimétrico que los trabajadores tienen que aceptar como bueno prácticamente lo que sea. Que haya una buena porción de los trabajadores cobrando por debajo del Salario Mínimo Interprofesional, que se cotice por menos horas de las que realmente se trabaja, que la remuneración no tenga que ver con las funciones que realmente se desempeñan o que el horario sea virtual es consecuencia de la absoluta dejadez en el cumplimiento del Derecho Laboral que caracteriza al poder ejecutivo.

El hecho de que haya tanto parados hace que se deprecie el valor del trabajo, sus condiciones y con estos el conjunto del Derecho Laboral. En estas condiciones solamente el poder coactivo del Estado puede conseguir que los mandatos de las normas sean efectivos. El Estado tiene que justificar su propia existencia haciendo cumplir, con todos los medios legítimos a su alcance, sus propias leyes y reglamentos, incluso los laborales.

La pérdida de sentido constitucional por parte de las autoridades que han renunciado, por la vía de la omisión, a la imposición imperativa y a que en el mercado de trabajo se retroceda a un estado de naturaleza más hobbesiano que rouseauniano.

El Estado Social de Derecho existe para que las normas equilibren las asimetrías que el normal desarrollo de las fuerzas sociales y económicas producen, existe para garantizar que en circunstancias como las que vivimos no se den los sucesos y abusos que se padecen habitualmente. El Estado Social de Derecho está en la definición que la Constitución da en España en su primer artículo, debiendo ser uno de los anclajes de nuestro país.

Los escasos efectos de la subida del SMI

smi-plastico-vidrioSe echaban de menos esos tiempos en los que los sábados podíamos desayunar leyéndonos los Reales Decretos-Leyes aprobados por el Consejo de Ministros el día anterior. Gracias al apoyo del PSOE al gobierno del PP, en lo que es una Gran Coalición, vergonzosa para los socialistas.

El PSOE va a aprobar con el PP el techo de gasto, antesala de los Presupuestos Generales del Estado que contarán con su apoyo con voto favorable o abstención, lo que haga falta. A cambio de dejar de ser la oposición y pasar a ser un partido de gobierno fuera del Gobierno, los populares han accedido a una subida del 8% en el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para que la Gestora del PSOE tenga algo de vender como si pusiesen un precio a su sumisión.

Dice el texto normativo del BOE de ayer:

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El SMI dejó de ser el índice de referencia para multitud de cuestiones laborales, sociales o administrativas con el Real Decreto-Ley 3/2004, aprobado por un recién elegido Rodríguez Zapatero. Efectivamente aquella norma subió el SMI, pero también descafeinó la subida.

El artículo 1 estableció la desvinculación del salario mínimo interprofesional de otros efectos distintos de los laborales quedando como referencia para diez cuestiones laborales entre las que destacan la inembargabilidad del salario o el límite de responsabilidad del Fondo de Garantía Social, así como las bases de cotización para la Seguridad Social o el cálculo del desempleo. Nació el ya famoso IPREM en el artículo 2.

Lo interesante de toda subida del SMI, que era la repercusión en los salarios superiores al SMI, la inmensa mayoría, fue cortocircuitada porque los Convenios Colectivos que lo empleasen podían seguir con el aprobado con el Gobierno de Aznar para ese año (Disposición Transitoria 2ª). Solamente los que cobraban el SMI vieron subir sus retribuciones.

El modelo que se ha seguido en 2016 es el mismo. Se sube, pero se cortocircuita nuevamente su efecto en Convenios Colectivos, acuerdos y contratos privados y normas no estatales de acuerdo con la voluntad que determine el Gobierno (voluntad que todos sabemos cuál es).

La consecuencia del gran logro de la Gestora del PSOE no es otra cosa que la subida del salario a los que cobran la cuantía exacta del SMI. Si como la prensa publicó hace dos años, recogiendo informes de la OCDE y el FMI, un tercio de los trabajadores españoles ya estaban por debajo del SMI: ¿alguien piensa que si ya están en la ilegalidad con la subida simplemente no se van a quedar aún más lejos? El tema es de Estado de Derecho y eso nadie lo quiere tocar.

La Gestora del PSOE no ha conseguido casi nada para lo mucho, muchísimo que han entregado.

Hay que señalar que la Proposición de Ley, tomada en consideración positivamente por el Congreso, y presentada por el Grupo Parlamentario de Podemos sí reconecta la subida con las normas no estatales, Convenios Colectivos y acuerdos y contratos privados, aunque simultáneamente deja sin repercutir la subida en los sueldos que, en cómputo anual, fuera superior al nuevo SMI. Bastante mejor que lo del PSOE, pero aún insuficiente.

El PSOE y tomarse en serio a sí mismo

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Muchos dijimos que lo aprobado en el Congreso, la moción instando al Gobierno a que presentase un proyecto de Ley para derogar la “Ley Mordaza”, no tenía ningún efecto normativo y que esa Ley seguía perfectamente en vigor. Pese a lo que algunos decían, llevamos por el entusiasmo partidario y no por la realidad, el Grupo Parlamentario Socialista ha tomado la decisión de dejar de hacer el ridículo en el Congreso y presentar una verdadera modificación normativa.

El hartazgo por esta política parlamentaria de votaciones jurídicamente irrelevantes y que solamente buscan el titular parece que, una vez expresado, ha causado mella en los dirigentes parlamentarios del PSOE. Es hora que dejen de buscarse los titulares y se hagan propuestas de verdad.

Reunir los votos para una moción que inste en abstracto a derogar una norma muy dudosa, es como aquello que dice R. Senserrich de estar a favor del bien y en contra del mal. Lo difícil es presentar una texto de regulación alternativa y poner de acuerdo a fuerzas tan dispares como Ciudadanos y Podemos, aunque al paso que vamos la Gran Coalición hará que PSOE y PP solamente tengan ojos los unos para los otros.

Las leyes se modifican con otras leyes y no con una sucesión delirante de textos no normativos. Daña al poco tiempo a los que se intentan beneficiar de esas “victorias”, pero también al Congreso porque se da a entender que se ha hecho algo, modificar una Ley, que no se ha hecho y se generan expectativas infundadas.

Unas elecciones poco competidas

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Todos sabemos que el pasado 8 de noviembre se celebraron las Elecciones Presidenciales en los Estados Unidos de América. Ese mismo día se eligieron a los cuatrocientos treinta y cinco representantes de la Cámara de Representantes de los EEUU y a un tercio de los miembros del Senado Federal. En algunos estados se eligieron los gobernadores y otros cargos ejecutivos, judiciales, así como se renovó totalmente o en parte le legislatura estatal en buena parte de los estados. De camino también votaron un buen número de referendos.

El otro día tropecé casualmente con la página del Departamento de Estado de Georgia y allí, ya que estaba, pìnché sobre un tremendo banner que te llevaba a la página de los resultados del 8 de noviembre en las numerosas elecciones celebradas en ese estado. Y, pasadas las primeras elecciones, me sorprendió la cantidad tremenda de elecciones en las que solamente había un único candidato.

Hagamos un repaso.

1) Había tres candidatos presidenciales: Trump, Clinton y el libertario Johnson.

2) El escaño para el Senado que se renovaba tenía tres contendientes (republicano, demócrata y libertario). Ganó el candidato republicano, que era el senador en ejercicio.

3) Georgia elige catorce escaños en la Cámara de Representantes. Cinco de esos escaños se eligieron en distritos donde solamente había un candidato, cuatro republicanos y uno demócrata.

4) El Senado del estado de Georgia está compuesto por cincuenta y seis (56) senadores elegidos en distritos uninominales. De las cincuentas y seis elecciones por un escaño en el Senado estatal solamente fueron competidas en trece (13) distritos. De estas trece elecciones competidas en el Senado estatal nueve ganadas por los republicanos y cuatro por los demócratas. Solamente en dos de estas elecciones la diferencia entre vencedor y derrotado fue inferior al 10% de los votos.

Las elecciones al Senado estatal no fueron competidas en en cuarenta y tres (43) distritos donde solamente se presentó un solo canddiato. En las elecciones no competidas, veintinueve (29) eran en distritos únicamente con candidatos republicanos y catorce en distritos (14) con candidatos solamente demócratas.

5) Ciento ochenta (180) son los representantes de la Cámara de Representantes y se eligen en ciento ochenta (180) distritos uninominales. Noventa y ocho (98) republicanos y cincuenta (50) demócratas ganaron su escaños sin adversario el día de las elecciones.

Fueron competidos solamente treinta y dos (32) escaños. Los republicanos ganaron veintidós (22) y salvo cuatro todos con más de diez puntos de diferencia. Los demócratas ganaron diez de las elecciones comeptidas, siete de ellas con más de diez puntos de diferencia. De los ciento ochenta escaños, solamente siete fueron resueltos en unas elecciones “ajustadas”.

6) El estado de Georgia se divide en cuarenta y dos (42) circuitos judiciales, que se agrupan formando diez (10) distritos judiciales. En cada unos de los circuitos judiciales hay un fiscal del circuito elegido popularmente. Los republicanos ganaron veintinueve fiscales (29), los demócratas doce (12) y un independiente fue también elegido. Solamente en dos circuitos hubo elecciones con dos candidatos, ganando en una el candidato republicano por más de diez puntos y en otra el demócrata pero por menos de diez puntos.

7) El Distrito 2 (Este) tenía que elegir a su representante en la Public Service Comission: un candidato republicano y otro libertario. Ganó el republicano por más de diez puntos.

En resumen. En el estado Georgia se eligieron a doscientos noventa y cinco (295) puestos ejecutivos, judiciales y legislativos el 8 de noviembre. Solamente noventa y siete (97), esto es, el 32,88% fueron elecciones competitivas. De éstas únicamente once (11), el 3,73% terminaron con una diferencia inferior a los diez puntos entre el ganador y el derrotado, y entre ellas se contaba la elección del Presidente de los Estados Unidos.

Pensé si esto mismo ocurría en otros estados de otros contexto diferentes y mis dedos me dirigieron a la Secretaría de Estado de California. Las primarias en el estado de California se caracterizan porque el votante puede votar a cualquier candidato de cualquier partido, pasando a la Elección propiamente dicha los dos candidatos con más votos, aunque sean del mismo partido. Sucede así en todas las Elecciones salvo en la Presidenciales por un fallo del Tribunal Supremo.

1) En el estado de California hubo cinco candidatos a la Presidencia en la papeleta. La candidata demócrata consiguió no obstante hacerse con el 62,2 de los votos, más de treinta puntos y cuatro millones de votos por delante del candidato republicano.

2) Para el escaño del Senado que estaba en juego compitieron dos candidatas demócratas, ganando una con una diferencia del 23,8%.

3) California envía cincuenta y tres representantes del estado a la Cámara de Representantes. Los demócratas ganaron treinta y nueve (39) de los escaños frente a catorce (14) de los republicanos. Siete de las victorias demócratas fueron elecciones entre candidatos demócratas. Solamente seis escaños se resolvieron por una diferencia menor a los diez puntos porcentuales, llevándose tres de estos los republicanos y tres los demócratas, aunque uno de ellos era entre demócratas.

4) El Senado estatal renovaba la mitad de sus cuarenta escaños. Los demócratas ganaron en dieciséis ocasiones, cinco de ellas en luchas solamente entre candidatos demócratas. De las veinte elecciones al Senado estatal solamente cuatro tuvieron resultados con una diferencia menor al 10%: dos en elecciones entre demócratas, uno en el que ganó un demócrata a un republicano y otro un republicano a un demócrata.

5) La Asamblea del estado de California está compuesta por ochenta (80) representantes que han sido renovados en su totalidad. Los demócratas han ganado cincuenta y cinco (55) y los republicanos (25), de las cuales once han sido entre dos candidatos demócratas, cuatro entre dos candidatos republicanos y dos con un único candidato, el demócrata. De las setenta y cinco elecciones solamente doce han sido resueltas por una diferencia menos al 10%: siete entre un candidato republicano y otro demócrata (2-5 para los rojos), cuatro entre los dos candidatos demócratas y una entre dos candidatos republicanos.

6) De acuerdo con los datos de su página electoral de California se eligieron en el nivel estatal ciento noventa y tres cargos (55 cargos federales y 138 estatales). Treinta de esos cargos se resolvieron en elecciones con candidatos del mismo partido o con un solo candidato, lo que supone un 15,54%, que visto lo de Georgia no es demasiado. Pero si nos fijamos en cuántas elecciones arrojaron diferencias menos al 10%, límite de la “paliza”, sólo veintiuna tuvieron resultados ajustados (10,88%) y únicamente fueron trece las de resultado ajustado entre candidatos de diferentes partidos.

Y ahora seguimos nuestro muestro. Hemos visto un estado del Sur, otro de la Costa Oeste y nos vamos al Medio Oeste, al estado de Utah, de mayoría mormona.

1) El estado de Utah tuvo cinco candidato para la Preidencia en la papeleta. Ganó Trump quien, sin obtener más de la mitad de los votos, consiguió una diferencia cercana a los veinte puntos porcentuales sobre Clinton.

2) El senador republicano Lee renovó su mandato con más de cuarenta puntos porcentuales de diferencia sobre la candidatura demócrata. Utah manda cuatro representantes a esta Cámara del Congreso y los cuatro son republicanos elegidos por la diferencia superior al 10%.

3) El 8 de noviembre eligieron al Gobernador, al Fiscal General, al Auditor y al Tesorero del estado. Todos republicanos elegidos por más de diez puntos de diferencia con sus oponentes.

4) El senado estatal de Utah tiene veintinueve (29) escaños. Esta años se renovaron quince (15). Los republicanos ganaron catorce (14), tres de ellos sin contestación alguna y los que sí tuvieron candidatura contraria obtuvieron mayorías superiores al 10%. La única circunscripción senatorial ajustada, por debajo del 10%, fue el primer distrito ganado por el candidato demócrata.

5) La Asamblea del estado tiene setenta y cinco (75) escaños. El 8 de noviembre sesenta y cuatro (64) terminaron en manos de los republicanos, ganando once (11) como única candidatura y solamente cinco con márgenes de victoria inferiores al 10%. De los once (11) escaños de los demócratas, cinco (5) fueron incontestados y tres de estas victorias fueron por menos del 10% de ventaja.

6) Utah eligió a noventa (90) cargos ejecutivos y miembros de los legislativos. Solamente nueve (9), el 10% del total fueron elecciones “ajustadas” y diecinueve (19), que son el 21,11% del total, fueron elecciones con un solo candidato.

Y para terminar nuestra pequeña muestra nos vamos al estado de Nueva York.

1) Los demócratas ganaron con amplia diferencia en Nueva York tanto en la elección del Presidente como la del Senador en Washington. De los veintisiete (27) representantes del estado en el Congreso dieciocho fueron para los demócratas y nueve para los republicanos. Solamente cuatro (49 elecciones se resolvieron con diferencias menores al 10%, siendo dos favorables a los demócratas y dos favorables a los republicanos.

2) El Senado del estado está compuesto por sesenta y tres (63) miembros. Quince (15)  elecciones se resolvieron con un solo candidato (siete para republicanos y ocho para demócratas) y solamente cinco distritos dieron resultados con diferencias menores al 10% (dos ganados por demócratas y tres por republicanos).

3) La Asamblea del estado de Nueva York está compuesta por ciento cincuenta (150) miembros. cuarenta y cinco (45) escaños fueron a parar a los republicanos, que consiguieron diecisiete (17) de estos con candidatura en contra. Ciento cinco (105) los ganaron los demócratas que se hicieron con treinta y ocho (38) sin contestación. De todas estas elecciones, únicamente en siete distritos (cuatro para demócratas y tres para republicanos) las diferencias fueron menores al 10%. En doce distritos se presentaron candidatos del Partido Conservador en vez de candidatos republicanos.

4) Finalmente se celebraron elecciones para el Tribunal Supremo de Nueva York. Había treinta y ocho puestos pendientes de elección en diez distritos judiciales. Los candidatos normalmente están nominados por varios partidos, incluso por los dos más importantes. Más que entrar en detalles quiero indicar que solamente seis (6) de estos jueces fueron elegidos en elecciones con un resultado menos al 10% de diferencia. Incluso once (11) fueron elegidos en única candidatura, número que se puede elevar a diecisiete (17) si se tiene en cuenta que el candidato conservador del distrito judicial 2º era puramente nominal.

5) Los neoyorkinos elegieron ciento ochenta (180) cargos judiciales, ejecutivos y legislativos. Veinte (20) puestos fueron elegidos con menos del 10% de diferencia sobre el primer derrotado, lo que es un 21,55%.

DESPUÉS de este paseo uno se queda con mal sabor de boca.  Se elige mucho y con el sistema mayoritario uninominal, que se supone que vincula al elegido más a los electores, y hay una cantidad obscena de únicos candidatos y que victoria arrolladoras. Espanta de las urnas a los que saben que no van a ganar. Muy pocas elecciones son realmente competidas.

Se ve la manos del diseño de la circunscripciones, de la división “urbanística” de la población y se huele que siguen siendo los partidos los que controlan la posibilidad de acceder a ser candidato especialmente en las legislaturas estatales. El cambio de posición política, especialmente en los estados es muy difícil si no directamente imposible.

 

Teoría de la olla a presión

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La serie “El Príncipe” fue un éxito en Telecinco. Cuando se estrenó la primera temporada vivía en Ceuta y recuerdo la preocupación social e institucional en torno a la imagen que de la ciudad se iba a proyectar ante todo el país, aunque fuera una serie de ficción.

Todo el mundo se temía lo peor, lo real, y la serie de Telecinco era una versión amilbarada de la realidad, por más que fue de Ceuta se pensase de que era un retrato duro y realista. Un compañero de trabajo, tomando en sus mano el periódico local “El Faro de Ceuta” mostraba como las noticias de ese 4 de febrero de 2014 eran peores que lo mostrado en el primer episodio.

La serie partía de un supuesto irreal: la existencia de una Comisaría de la Policía Nacional en ese barrio. La verdad que allí no hay ningún establecimiento permanente ni de la Policía Nacional, ni de la Guardia Civil, ni de la Policía Local. Los servicios de bomberos y de ambulancias suben con temos y en muchas ocasiones son apedreados. El grado de control efectivo del Estado sobre ese territorio es escaso.

Este caso no es privativo, ni mucho menos, de Ceuta, aunque lo utilicemos de ejemplo dada su popularidad gracias a la televisión.

En muchas ciudades hay un barrio, o varios, en los que el Estado es un Estado fallido. Muchas personas lo justifican diciendo que no tiene importancia “que se maten entre ellos”. De esta forma hay un territorio vacío y otros poderes alternativos al poder del Estado se instalan y operan. Al principio hasta parecerá que abandonar territorio y replegarse ha sido una buena idea. Muchos estarán contentos por no jugarse el tipo dentro de esas zonas.

Pero los poderes que se instalan en esos espacios vacíos no son poderes conservadores, sino poderes expansivos. Emplean el espacio vacío como territorio para reclutar, organizarse, entrenarse, guarecerse, esconderse, descansar y almacenar sin ningún tipo de perturbación. Desde esa base segura podrán lanzar sus ataques a donde quieran.

La idea de que abandonando un espacio y permitir que ese espacio sea una incontrolada olla a presión se resuelve algo, ignora el sencillo hecho de que la olla a presión explotará y las consecuencias serán peores, porque ya no se podrá volver sencillamente a controlar un territorio, sino que habrá que reconquistarlo.

El pasado día 20 de noviembre en El Español publicaron una entrevista al alcalde Malinas (Bélgica), que por lo visto es la única ciudad importante del país que no visto salir a sus jóvenes para unirse al ISIS. Y lo primero que decía este alcalde sobre la estrategia que habían seguido era que el Estado de Derecho se aplicaba en todo el municipio, que ni la policía ni los demás servicios habían sido retirados de ninguna parte.

Un buen contraejemplo a lo que es una práctica demasiado habitual de muchas autoridades.