Conceptualizando la corrupción

En España la corrupción es un concepto jurídico, sino político, social e incluso periodístico. Nuestro Código Penal no da ninguna caracterización de lo que es la corrupción. Se suele asumir que son delitos de corrupción los delitos “contra la Administración Pública” y los delios “contra la Ordenación del Territorio” cometidos por una autoridad y no solamente por funcionarios, aunque las investigaciones judiciales nos han enseñado que la falsedad documental se ha convertido en un tipo que está presente en muchas ocasiones.

Era lógico que Ciudadanos y el Partido Popular tuvieran que acordar qué entendían por corrupción. Lo que no es normal es que hayan aceptado que solamente hay corrupción cuando hay enriquecimiento personal o financiación ilegal del partido, los dos supuestos más difíciles de probar.

La prevaricación es el eje de la corrupción y es el delito que tienen una prueba más sencilla. El Código Penal define la prevaricación como dictar a sabiendas de su injusticia una resolución arbitraria en un asunto administrativo (artículo 404).

El Tribunal Supremo, que tienen un establecida jurisprudencia en esta materia, dice que el baremo de justicia es la legalidad y que no es una mera ilegalidad, que sería competencia del contencioso-administrativo, sino una resolución fuera de toda lógica, siendo la violación del procedimiento administrativo una manifestación de ello.

La prueba es sencilla. Es necesario casi únicamente estudiar el expediente administrativo que llevó a esa resolución (si lo hubo). Sin prevaricación no hay corrupción o no hay la mayor parte de la corrupción. Demostrar el cohecho (prevaricación a cambio de algo) es muy difícil porque tienes que probar la dádiva, recompensa o promesa y las huellas de esto desaparecen con suma celeridad.

Llegar a la prevaricación no es fácil. Normalmente viene acompañada por la destrucción o el ostracismo de la mayoría de los funcionarios de carrera, por la creación de una administración paralela y por el establecimiento de una serie de prebendas que sin ser ilegales, llaman la atención. Hay sectores que se llenan de irregularidades que se convierten en norma. Luego vienen los delitos más importantes, con el cohecho a la cabeza y todas las prevaricaciones cualificadas por su temática.

El Partido Popular parece que le está imponiendo a los de Albert Rivera la idea de que solamente hay corrupción cuando tenemos un beneficio personal o financiación ilegal para el partido.

Si alguien prevarica para beneficiar a un familiar pero no a sí mismo ni a su partido ¿debe o no debe dimitir? Si alguien prevarica para beneficiar a un empresario por coincidir en la ideología, por tener amistad o por pertenecer al mismo club de petanca pero sin beneficio propio ni del partido ¿debe o no debe dimitir? Si alguien prevarica para “enchufar” a un descendiente de su compañero de pupite ¿debe o no debe dimitir? Si alguien transmite información de la Administración para que su primo gane mucho dinero ¿debe o no debe dimitir? Si alguien prevarica para mantener una red clientelar pero sin financiar ilegalmente al partido ¿debe o no debe dimitir?

Junto a los actores activos están los que pasaban por allí, que todo lo firman y lo votan, sin leerse un papel, por “lealtad” o para asegurarse seguir en la lista. Porque la corrupción no es cosa de un señor retorcido, sino que normalmente es una trama, una organización, en la que no todos realizan actos ilegales, pero sí necesarios, y que se extiende por la sociedad. Necesitaríamos una profunda reforma penal que sí incorpore la corrupción dentro de nuestro Derecho Penal, que generalice las penas privativas de libertad y que sea adecuada para tratar con la corrupción organizada.

La propuesta del Partido Popular es la táctica de un abogado defensor que procura que su representado sea acusado solamente de aquello que es más difícil de probar. Ciudadanos debería dejar ya unas negociaciones que no le hacen ningún bien ni a ellos, ni a España y dejar en evidencia que para el PP los intereses de España se circunscriben únicamente a que Mariano Rajoy continue como Presidente del Gobierno.

 

La Justicia y Justicia. A propósito de un niño llamado Lobo

Un juez encargado del Registro Civil decidió denegar la inscripción del nombre “Lobo” como nombre de un bebé tal y como solicitaban sus padres. Después vinieron los chistes, las adhesiones, los rechazos, la inevitable búsqueda de firmas en change.org, todo propio de una serpiente de verano de aquellos veranos en los que no había noticias.

Los padres interpusieron un recurso ante la Dirección General de los Registros y el Notariado (DGRN) del Ministerio de Justicia que les ha dado la razón y ha ordenado la inscripción del recién nacido con el nombre “Lobo”.

Y ahora viene el momento simpático en los que los medios vienen a dar cuenta de esta noticia. Así titularon El Mundo y El Español:

Lobo - El Mundo

Lobo - El Español
Han aplicado una lógica impecable en lo formal pero errada en lo material. La idea es que si un juez ha resuelto algo, el recurso que resuelve sobre lo que el juez ha dictado es tan judicial como la resolución primigenia del juez.

Y ahí es donde está el error. Los jueces encargados del Registro Civil son jueces, pero su trabajo en estos organismos no es jurisdiccional, sino administrativo. Es por lo que una resolución de un juez que solamente puede ser revisada por otro órgano judicial en los casos de Registro Civil es revisada por un órgano administrativo como es la DGRN y solamente se puede recurrir a los tribunales, en este caso civiles, contra la resolución de la DGRN.

La no jurisdiccionalidad de la labor de los jueces al frente de los registros civiles quedó fuera de dudas cuando el pleno del Tribunal Constitucional inadmitió varias cuestiones de constitucionalidad contra la Ley 13/2005 (del matrimonio homosexual) precisamente por este motivo: los encargados de los Registros Civiles no realizan funciones jurisdiccionales (AATC  505/2005 y 508/2005).

En 2011 se aprobó la Ley 20/2011 que transformaba el Registro Civil en un Organismo Autónomo y liberaba a los jueces de su dirección, asunto que todavía no ha sido llevado a la práctica por la intención del PP de transferir el Registro Civil a los registradores de la propiedad.

Otros medios hablando de “Justicia”, en vez de “La Justicia”, fueron más correctos.

Los papeles de un Lobby

Algo he leído de los documentos filtrados desde la Fundación de Soros, así como algunas entradas y artículos sobre su contenido. La verdad es que me parece la “revelación chorra” de la década.

Soros tiene una Fundación que tiene como misión pública defender determinados valores (democráticos y decentes) dentro de diferentes Estados y de la Unión Europea. Soros ve con malos ojos al Presidente Putin y su Fundación también explora los cauces institucionales para que las sociedades sean consciente de lo que él considera una amenaza.

Hasta ahora no he leído nada que no sea ni legal ni la actividad propia de un lobby. Tener informes sobre partidos, medios de comunicación y diputados haciendo valoraciones de la cercanía a sus posiciones, no es nada del otro mundo. Esta filtración, como las de los correos del Partido Demócrata en EEUU, siempre “daña” a los no poco enemigos del Presidente Putin

No es no y la liquidación de Podemos

La Gran Coalición ha sido una de los grandes temas de campaña de Podemos contra el PSOE tras las Elecciones Europeas de 2014. Han vendido a su electorado la certidumbre de que el PSOE terminaría apoyando al PP cuando fuese necesario. El hecho de haber ido a unas segundas Elecciones no les ha hecho cambiar de tema porque es una clave de estrategia política y no tiene nada que ver con la verdad.

Nunca ha tenido más fácil el PSOE apoyar al PP; nunca hay más gente y medios dispuestos a aplaudir el suicidio del PSOE, pero lo que está siendo claro es que el PSOE se está manteniendo firme en el compromiso adoptado y no habrá ninguna forma de Gran Coalición.

El tema de propaganda de Podemos es inmantenible. El PSOE puede decir a los muchos electores de un Podemos en liquidación que pueden votar a los soclialistas en la completa seguridad de que no van a terminar permitiendo que Rajoy sea reelegido. Y tienen hechos para probarlo.

Y luego vendrán con sesudos artículos

El Partido Popular y todo los medios que le apoyan, prácticamente todos, siguen con su campaña de presión sobre los socialistas para conseguir que consientan en la investidura de Mariano Rajoy. Lo último ha sido la petición de votar “con la nariz tapada” que ha hecho uno de los portavoces de Ciudadanos.

En una época que se denomina “democracia de audiencia” el voto es general y no tanto a cada punto programático, pero hay puntos claves que un partido no puede ignorar sin faltar a sus votantes.

El PSOE dijo una y otra vez que no permitiría la investidura de Mariano Rajoy con sus votos o con la abstención de sus diputados. Si el PSOE no cumple esta promesa capital, estará quebrantando la representación de sus electores le otorgaron y estos harán muy bien en retirarle su confianza en las próximas convocatorias.

Vendrán sesudos artículos de intelectuales reflexionando entonces sobre la crisis de la Socialdemocracia, sobre la crisis de la representatividad y del modelo electoral, se lamenterán cínicamente de lo sucedido y se harán preguntas irrelevantes para no hablar de la verdadera causa que ellos apadrinaron.

El PSOE se debe a sus electores y de sus electores tienen el mandato de no permitir, en la medida de sus posibilidades, que Mariano Rajoy sea Presidente.

Si solamente fueran los Juegos Olímpicos

Hace unos días en Eurosport se publicaba una demoledora crítica a la retransmisión que TVE está realizando de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, donde la falta de periodistas verdaderamente conocedores en cada una de las disciplinas hace que muchas veces todo suene a imitación de locutor argentina de fútbol con grandes dosis de cuñadismo.

Si es alucinante que TVE no encuentre a personas con conocimientos en cada disciplina deportiva que sean capaces de hacer una locución solvente, lo tremendo es encontrar medios que informando de la actualidad política, lo de todos los días, cometan una y otra vez errores.

Anunciaba eldiario.es que EH Bildu presenta ante la Junta Electoral sus listas con Arnaldo Otegi como candidato a Lehendakari.

Lo que se presentan antes las Juntas Electorales (se presenta ante la Junta de cada Territorio Histórico – art. 50 de la Ley Electoral del País Vasco- de aquí el plural) no son listas con un candidato a Lehendakari, sino listas con los candidatos a diputados en cada una de las tres provincias vascas. De hecho el candidato a Lehendakari es algo “moral”, dado que no se es candidato hasta que no se adquiere tal condición de acuerdo con el artículo 5 de la Ley de Gobierno del País Vasco.

Parecerá algo muy quisquilloso, pero es muestra de la falta de especialización a la que las empresas periodística someten a sus profesionales y a la consecuente menos calidad que ofrecen a sus telespectadores, oyentes y lectores.

Encerrona al PSOE

El Partido Popular y su armada mediática hablan de responsabilidad y sentido de Estado a lo que no es más que investir Presidente a alguien que presuntamente cobraba sobresueldos de la caja B del partido que presidía. Pero, además de una estrategia fijada en la Presidencia y no en los españoles, tiene una carga de futuro contra el PSOE.

Si el PSOE de alguna forma facilita la investidura de Mariano Rajoy se encontrará inhabilitado para hacer cualquier oposición, porque compartió e hizo posible el pecado original: la Presidencia del presunto cobrador de sobresueldos. Y además desde su izquierda podrán atacarle continuamente de que votar al PSOE no sirve para otra cosa que para que la derecha siga gobernando.

Una encerrona donde el PSOE pierde o pierde. La única estrategia vencedora para el PSOE y para los españoles es decir no a la investidura de Mariano Rajoy.