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El PP ha ganado en Galicia con holgura, demostrando su capacidad para ganar elecciones sin demasiados problemas. Como Galicia no es Andalucía, y el PP no es el PSOE, los gallegos no son vagos, subvencionados o sometidos al clientelismo por votar siempre al mismo partido.

En el País Vasco ha ganado el PNV. No ha arrasado, porque la verdad no sé cómo se puede arrasar cuando ni tienes mayoría absoluta. Todo pinta a una reedición del pacto entre PNV y PSOE, aunque cabría una mayoría alternativa, que a día de hoy parece poco factible. De todas formas, dada la forma de investidura en el País Vasco, el pacto no es necesario que sea antes de la investidura.

Lo que sí ha sido es una gran victoria para el nacionalismo vasco, que suma 53 diputados de 75 posibles. Desde esta perspectiva sí se puede decir que los nacionalistas han arrasado.

La cuestión de Podemos. En una cata que hicimos anoche en algunas localidades del País Vasco (nada científico, en plan datos de El País) se observaba que alrededor la mitad de los votantes de Podemos se habrían ido a Bildu y la otra mitad a la abstención. En Galicia no hicimos esa cata, pero está claro que, por la vía que sea, la mayoría han terminado en el BNG. Está claro que los votos de Podemos en las autonómicas gallegas y vascas de 2016 eran de votantes de la izquierda nacionalista que, por lo que sea, han cedido volver a partidos más representativos de sus tendencias políticas. Es difícil gobernar España y ser nacionalista periférico simultáneamente.

El PSOE ha mantenido la representación en Galicia y ha subido un diputado en el País Vasco. Seguirá dentro del Gobierno Vasco y en Galicia la cosa sigue como siempre. Estos resultados ilustrarían perfectamente la definición de “salvar los muebles”.

El PP de Iturgaiz, Mayor Oreja, Aznar y Casado no ha tenido éxito en el País Vasco. Tengo la impresión (y esto es una corazonada) de que sus votantes se le van a manos llenas al PNV porque son tan de derecha como ellos y además defienden que el dinero de los vascos no se mueva del País Vasco.

El sistema electoral y la provincia de Álava propician el diputado testimonial.

Foto: de www.eldiario.es bajo CC

El pasado día 24 el Senado de los Estados Unidos, confirmó a Cory T. Wilson, ex representante republicano en la cámara del estado de Mississippi y uez estatal, como juez para el quinto circuito de apelaciones, que incluye a Mississippi, Texas y Luisiana. La confirmación fue por 52 votos a favor por 48 en contra, es decir un party-line-vote salvo por el solitario voto en contra de Collins, senador republicano por Maine.

No era una confirmación cualquiera, porque suponía la confirmación de un juez del Artículo IIII número 200 de la Presidencia de Donald Trump y la cuenta de lo celebró:

La cifra no es baladí, ni insignificante, pero para hacernos una imagen más fiel de este número conviene que lo comparemos con las confirmaciones de presidentes anteriores hasta el día 24 de junio de su tercer año de su primer mandato o único mandato. Como los datos más completos, se encuentran desde George H. Bush, lo compararemos con este presidente, con Clinton, con George W. Bush y con Obama. Comencemos con el sucesor de Ronald Reagan.

El 24 de junio de 1988, George H. Bush (republicano) había conseguido confirmar 162 jueces, lo cual suponía el 19,54% del total de jueces federales y lo había hecho con un Senado con mayoría demócrata. El 98,77% de sus nominados habían sido confirmados por voto unánime, “viva voce” (asentimiento) o con mayorías de al menos 67 votos favorables.

Bill Clinton (demócrata) consiguió confirmar más jueces federal y un porcentaje mayor del total de la Judicatura federal, aunque en su primer bieno (1993-1994) fue más prolífico que la parte del segundo bienio que consideramos, no sólo porque hubo menos tiempo, sino también porque el Senado tornó a tener mayoría republicana. Incluso los jueces confirmados por al menos por tercios subieron un poco.

Su sucesor, el republicano George W. Bush, casi igualó el actual número de Trump (no descartéis que el calendario estuviera hecho para eso) y alcanzó confirmar en ese periodo al 23,14% de los puestos judicial federales. Bajó un poco el número de cargos judiciales confirmados por mayorías de al menos dos tercios, pero nada significativo.

De lo que hemos visto hasta ahora, Obama fue el presidente con menos confirmaciones, aún teniendo mayoría en el Senado en los dos bienios en cuestión. No lo he dicho hasta ahora, pero no solamente los jueces del Tribunal Supremo tienen mandato indefinido, sino todos los jueces federales del Artículo III, de forma que la cantidad de puestos a disposición del Presidente varía en función de la decisión de cada juez de retirarse en un momento o esperar a que la Casa Blanca esté ocupada por alguien de su sensibilidad política. Los números totales de Obama en el perido que nos fijamos son discretos, incluso baja en el número de jueces confirmados por al menos dos tercios de los senadores.

Desde George H. Bush los números de Trump son los mejores con la excepción de uno, los jueces confirmados con al menos dos tercios de los senadores. Frente a proporciones superiores al 90%, nos encontramos con un paupérrimo 6% y muchas situaciones de voto por disciplina de partido. ¿Qué quiere decir eso? Que los jueces confirmados lo son contra casi la mitad de los senadores, que probablemente representen a más de la mitad de la población, y que cada confirmación es asomarse al precipicio para la Administración de Trump. Tantos jueces de distrito elegidos de una forma tan partidista tienen muy pocas posibilidades, en el futuro, de encontrar una “elevation”.

Si nos retrotraemos hasta Nixon, donde no hemos podido averiguar el voto de confirmación, si podemos ver que el efecto de cada presidente sobre la Judicatura Federal en este periodo era abrumador y lo fue especialmente en el caso de Carter que asumió la Presidencia tras dos mandatos y dos presidentes republicanos.




* Kennedy no llegó al 24 de junio del tercer año del primer mandato. No se ha tenido en cuenta al Presidente Ford porque ejerció solamente una parte del segundo mandato de Nixon, ni al Presidente Johnson porque su primer mandato completo, realmente no lo era, pues terminó el primer mandato de Kenndy.

Más votos que candidatos

El pasado día 8 se celebraron en Irlanda comicios para elegir a su parlamento. Son unas elecciones encantadoras, porque es un país al que mucho hemos ido muchos, con un recuento lentísimo que provoca vuelcos y unas elecciones dotadas de un sistema electoral realmente complejo.

El Sinn Féin ha ganado las elecciones en la primera opción, aunque ha quedado segundo en los escaños (37), pues se ha visto superado por el Fianna Fáil (38 entre los que está el escaño que no se somete a elección del presidente del legislativo). Cerca se ha situado el hasta entonces gobernante Fine Gael (35). Otros partidos representados son los verdes (12), los laboristas (6), los socialdemócratas (6) o Solidarity (5). Dos partidos con un escaño cada cual y 19 diputados independientes completan la cámara.

Los candidatos del Sinn Féin fueron 42 y 38 de ellos obtuvieron el escaño, lo que supone un 88,1% de éxitos (ningún partido presenta 160 candidatos), muy por encima del 45,7% del Fianna Fáil (37 de 81) o del 43,8% (35 de 80) del Fine Gael. No cabe duda que los estrategas del Sinn Féin han tenido muy buen criterio porque 26 de sus 37 diputados han cubierto la quota en el primer recuento, pero cabe una duda sobre estrategia al pensar si un mayor número de candidatos, como los otros dos partidos, hubiera permitido conseguir escaños con las sucesivas opciones que han ido a manos de los verdes, laboristas, de la izquierda de Solidarity o de candidatos independientes.

Hay once distritos donde los candidatos del Sinn Féin consiguen en la primera preferencia más del 50% de la quota y tres de estos casi doblan la quota necesaria. Sin lugar a dudas podían haber transformados una parte amplia en escaños. El caso del distrito de Donegal es un ejemplo de lo poco ambicioso del plan de los republicanos, pues si bien consiguen que los dos candidatos sean elegidos en el primer cuento, reparten un exceso de quota cercano en votos al que fue necesario en el último recuento para obtener un escaño. De forma que podemos decir que se han dejado entre tres y doce escaños que podrían haber ganado con los votos que tuvieron.

Su posición a la hora de negociar, sobre todo con los independientes, hubiera sido muy diferente. La falta de ambición también se paga.


El día después de las últimas Elecciones Generales, las de noviembre de 2019, salieron algunas estimaciones respecto de la posible relación entre la renta de las secciones electorales (los municipios se dividen en distritos y estos en secciones pudiendo las secciones votar en una sola mesa, en dos o tres).

Estas estimaciones tomaban como referencia el porcentaje de votos en cada una de las secciones electorales y no el número de votos. ¿Tiene esto importancia? La tiene. Veamos el siguiente ejemplo:

Supongamos que hay tres secciones; en la primera un partido logra el 40% de los votos del total de votos válidos (60 de 150), en la segunda el 35% de los votos (70 de 200) y en la tercera el 25% (250 de 1000). Mirando solamente a los porcentajes parecería que el apoyo más importante de este partido estaría en la primera sección, pero realmente la mayoría de sus votos procede de la sección en la que menos apoyos porcentuales ha recibido.

Para describir correctamente los apoyos por secciones de un partido, y más si relacionamos estas secciones con su renta, debemos calcular el peso de cada una de las secciones en el total de votos, de forma que de la primera sección sólo proceden el 15,79% de los votos, de la segunda el 18,42% y de la tercera el 65,79%.

Cuando se comenzó a elaborar esta entrada los datos oficiales por secciones electorales no estaban disponibles y se han empleado los publicados por eldiario.es. La diferencia total de votos a Vox entre estos datos y los oficiales es del 0,6%, que considero asumible.

Se han dividido las secciones electorales de la ciudad de Sevilla en diez partes (deciles) correspondiendo a su renta por hogar (según los datos del INE) y hemos introducido los votos de los cinco o seis partidos que presentando candidatura en Sevilla, lograron representación por ésta o por otra provincia. El total va referido a la suma de estas fuerzas que son PSOE, PP, Podemos, Vox y C’s, a las que se une Más País en noviembre.

La distribución del voto por deciles nos muestra que los deciles de mayor renta por hogar son los que más votos aportan, de forma que los cinco deciles superiores suman el 57,55% de los votos mientras que a los cinco deciles de menor renta corresponden el 42.45%.


Un partido cuyos votantes se corresponden a la ciudad, tendrá en cada uno de los deciles el mismo porcentaje que el total de los votantes distribuidos en deciles. De tal forma si un partido obtiene el 10% de sus votos en el decil 1, que fueron el 5,82% de los votantes, entonces podemos decir que ese decil aporta más a sus votos que lo que hace proporcionalmente al total de votos de la ciudad.

En abril los votos de Vox por decil de renta por hogar fueron los siguientes:


Como puede comprobarse el respaldo a Vox en los siete deciles de menor renta es menor que la aportación de estos mismos deciles al resto de los principales partidos (aunque en el decil 7 la diferencia es sólo de 0,11%). Si nos fijamos en los tres deciles de más renta por hogar Vox obtuvo en estos el 49,01% de sus votos cuando estos tres deciles son 35,84% de los votos que es un exceso del 13,21%; por el contrario en los seis deciles de menor renta por hogar (asumimos igualdad en el decil 7) Vox recibe el 40,33% de los votos cuando los votos de estos deciles son el 53,4% del total de los cinco principales partidos.

Si para hacerlo más sencillo reducimos a quintiles, es decir, dividimos por resultados en quintas partes y lo representamos en una tarta se ve claramente que el apoyo a Vox procede de las capas con más renta por hogar, especialmente del 20% con más renta:



Pasemos ahora a las segundas Elecciones Generales de 2019, a las de noviembre, en las que contamos los votos a Más País (1). El voto por deciles de renta por hogar en la ciudad de Sevilla se distribuyó de la siguiente forma:


Y estos por resultados de Vox en cada uno de los deciles:


Se repite el perfil de la primera convocatoria: los deciles del 1 al 6 aportan menos a Vox que a la totalidad de los mismos seis aportan cuando se computan los seis partidos principales. El decil 7 se mantiene en términos de igualdad mientras que en los tres de más renta hay más voto a Vox que lo que esos deciles aportan al total: de suponer el 36,37% de los votos estos tres deciles aportan el 44,50% de los votos de la extrema derecha en Sevilla; mientras los seis de inferior renta suponen el 52,81% de votos y le aportan a Vox el 44,67%.

Si volvemos a medir a través de quintiles, se ve nuevamente y, si cabe, de forma más manifiesta que el apoyo de Vox proviene de la estratos superiores de renta:


En conclusión: en la ciudad de Sevilla, tanto en abril como en noviembre, cuanto más aumenta la renta, mejores son los resultados de Vox. Es cierto que tienen apoyo en todas las secciones, como los demás partidos, pero su apoyo mejora cuanto más renta y esta alza se incrementa en los dos últimos deciles.

(1) Los datos en la aplicación de eldiario.es solamente daba los seis más votados por sección, de forma que en algunas secciones Más País no aparece a pesar de haber tenido votos. En una ulterior versión, ya con los datos del Ministerio del Interior, se perfilarán estos resultados pero la repercusión es mínima.

FUENTE: Datos de abril y datos de noviembre INE: Atlas de distribución de rente

Albert Rivera ha anunciado su dimisión como Presidente de Ciudadanos y su abandono de la vida política. En España dimitir es como morirse, un momento de perdón donde el mal se olvida y todo son loas a pesar de los pesares.

¿Es responsable la decisión de Rivera? Como sucedió cuando Rosa Díez abandonó su partido, Ciudadanos es el partido de Rivera, es suyo, es su plataforma y no tiene nada que no sea Rivera. Inés Arrimadas es más de lo mismo. El partido se va a descomponer, seres anónimos que son diputados, senadores por designación autonómica, diputados regionales o concejales se van a acuchillar para controlar Ciudadanos. Ninguno de ellos es nadie ni representa a ningún grupo de la afiliación, solamente fueron en las listas cuando Ciudadanos estuvo en lo alto.

Muchos de ellos tienen cuotas importantes de poder, ya que Ciudadanos participa en varios gobiernos regionales y municipales en localidades importantes. Todos ellos tienen ante sí un futuro político negro, pues el partido no tiene ningún futuro y si quieren seguir en la vida política tienen que acercarse a los que quedan.

Rivera se ha ido, ha dejado al partido en descomposición. Los cargos públicos buscando un lugar al sol o simplemente esperando a que se le acabe el mandato para irse a otro lugar. Es cierto que el desastre de Rivera es mayúsculo, fruto de su egolatría, pero es igualmente cierto que debería haber liquidado el partido con más dignidad y no abandonarlo para que cada cual juegue con el trocito de poder que le ha tocado en suerte.

Existe la corriente de opinión de que se podría establecer un régimen constitucional específico para Cataluña sin tocar el resto del sistema autonómico, copiando lo que en 1978 se hizo con la financiación del País Vasco y de Navarra: una disposición adicional que contenga el régimen. Desde el punto de vista técnico sería muy hábil ya que mantendría la integridad del texto constitucional, pero abriría una puerta a la asimetría, que es uno de los sueños del nacionalismo catalán. ¿Qué problema tiene?

El primer problema y más evidente es que no sería fácil de aprobar. Los dos partidos en las Cortes con más representación tendrían amplísimos sectores que estarían en contra y que pedirían, en el mejor de los casos, contraprestaciones. Incluso Podemos ha tenido un nuevo encontronazo con Compromís por la renovación del sistema vasco de financiación.

Una parte del PP, del PSOE y la práctica totalidad de Ciudadanos estaría en contra. Incluso consiguiendo la mayoría necesaria para aprobar la reforma en Cortes no habría que descartar que tuviera que ser ratificada por referéndum al así pedirlo la décima parte de los diputados o de los senadores.

Y en este punto es donde creo que moriría la disposición adicional, porque si algo ha creado el “procés” es mucho españolismo que no va a aceptar privilegios para recompensar la ruptura del orden constitucional. La propuesta sería derrotada en las urnas precisamente porque las bases electorales de los grandes partidos no son partidarias de estos regímenes como lo han sido las élites políticas españolas.

La hoja de ruta del “procés” partía del presupuesto de que los españoles son unos catetos y unos salvajes, de forma que embestirán a cualquier provocación que le hagamos. Luego el desarrollo era el siguiente: referéndum, proclamación de la independencia, llegada de la Legión y civiles muertos en las calles, la opinión pública internacional se indigna, los gobiernos de la UE le dicen a España que así no y todos reconocen la República Catalana en simpatía con los catalanes (sólo son catalanes los separatistas) que son seres superiores y europeos y que han tenido durante milenios que soportar a los norteafricanos de los españoles.

La reacción violenta, que ellos daban por supuesta y que debían proporcionar un número “razonable” de muertos suficientes para ponerlos sobre la escena internacional. Y sin muertos nada tiene sentido, de forma que hay que hacer que haya. El Gobierno central ha respondido con el BOE y los tribunales con los procedimientos penales abiertos, de forma que no hay sangre que enseñar y el ciclo de noticias sobre Cataluña ha desaparecido de los medios internacionales.

Ahora llegan los separatistas a hacer que la realidad sea lo que ellos quieren que sea. Habla de Puigdemont de una represión tremenda que nadie ve, unos argumentos que además de ridículos se tornan en insultantes cuando la supuesta represión en Cataluña se compara con lo que pasó en países como Chile o Argentina y siguen pasando en muchas partes del mundo. La candidata de ERC, Rovira, da por hecho “los muertos en la calle” para probar el autoritarismo de los españoles, cuando no ha habido ni un solo muerto.

Se inventan la realidad y buscan el reconocimiento sobre la base de la realidad inventada. El problema es que el foco de atención ha estado en Cataluña y más allá de unas cuantas intervenciones del 1 de octubre, las fotos falsas y las cifras exageradas de heridos no tienen nada y, desde fuera, se sabe. Decir que pasan cosas o dar los sucedidos los deseos llevarán al independentismo al ridículo y al desengaño a una parte de sus seguidores.


Ya quisiera saber yo lo que va a hacer Puigdemont, pero estoy seguro de una cosa que no debiera hacer: considerarse el Presidente legítimo tras las elecciones del 21D y la investidura del nuevo Presidente. Resulta que el independentismo considera ilegítimas las elecciones, pero todos ellos van a participar y, tras los resultados, sin dudas intentarán formar gobierno.

Si se inviste un Presidente diferente a él y él se sigue considerando el único legítimo, podemos comenzar a ver una reedición de la soledad de Benedicto XIII no en Peñíscola, sino en Bruselas en el mejor de los casos, si no en una prisión, donde Puigdemont podrá nombrar consellers a su antojo y tomar las decisiones que quiera sobre la base de la legitimidad que pretende encarnar, sin asidero ninguno en la realidad.

Podemos asistir a la existencia de un Presidente de la Generalitat en Bélgica o cualquier lugar del mundo y de otro instalado en el Palau de la Generalitat. Esta posibilidad será remota si el próximo Presidente es nacionalista y se acercará si el Presidente no es nacionalista. Sería verdaderamente ridículo.

El 21 de mayo se celebró la elección del secretario general del PSOE. Pedro Sánchez ganó con más de la mitad de los votos ese día, pero el larguísimo proceso congresual del PSOE no terminaba después del infausto 1 de octubre de 2016, sino que acababa de arrancar.

A día de hoy está comenzando el proceso de elección de los secretarios y de las ejecutivas locales, tras la celebración del Congreso Federal, del Regional, del Provincial, eventualmente del Comarcal. Un proceso que lleva seis meses, demasiado tiempo en el que las diversas unidades territoriales del partido se encuentran”a otras cosas” y en el que la participación desciende.

Es cierto que el nuevo modelo aprobado en el último Congreso Federal prevé cosas sensatas como la elección directa de los delegados a los congresos, pero habría que trabajar para que los procesos no se eternizaran, se buscase deliberadamente el cansancio de la militancia y la vuelta a la falta de proporcionalidad.

Decía Umberto Eco que cuando quería tener una guía recta en una materia para comenzar a pensar sobre ella leía lo que Tomás de Aquino había escrito sobre el asunto en cuestión. A mí en materias conexas al Derecho me gusta consultar a Hans Kelsen y por eso a la hora de establecer qué es una “declaración de independencia” desde el punto de vista jurídica recurrí al pensador austriaco.

Repasando esa obra maestra titulada Teoría Pura del Derecho indica Kelsen que la “norma fundamental” es la norma fundante del Derecho, del que emana todo y que en sí misma no es jurídica. Esta hipótesis kelseniana se parece, salvando las distancia, al motor inmóvil de Aristóteles que produce cambio sin cambiar, ya que produce Derecho sin ser Derecho.

Aunque Kelsen le da un status de hipótesis a la “norma fundamental” no por ello hemos de negarle la posible existencia histórica. Una “declaración de independencia” bien podría ser una “norma fundamental” y por tanto no tener que ser una norma jurídica.

En un interesante hilo en Twitter, Oriol Güell indicaba que lo que se había aprobado no era más que la parte resolutiva, esto es, una serie de medidas en las que se instaba al Govern a tomar medidas de la Ley de Transitoriedad. En definitiva, aprobaron algo parecido a una PNL (proposición no de Ley) que por muchos fue tomada como una declaración de independencia.

Si seguimos a Kelsen una declaración de independencia, como norma fundamental, tiene que provocar efectos en el mundo jurídico y tener cierta efectividad. Y es aquí donde la declaración de independencia deja de ser norma fundamental, porque en los instantes y días subsiguientes hubo fotos, una pequeña barrilada en Sant Jaume, un paseo y tapas por Girona y una espantada en dirección a Bélgica. Ni un solo acto normativo introduce a la “República Catalana” en lo normativo.