Vana es mi fe

Hoy es Domingo de Resurrección. El pasado día 9, la BBC publicó una encuesta en la que el cerca de la cuarta parte de los que se declaraban cristianos decían no creer en la Resurrección de Jesús.

Me llama la atención que alguien que sostenga que no hubo Resurrección, en ninguna interpretación posible, se denomine cristiano pues como dijo Pablo de Tarso, sin Resurrección vana es la fe (1Cor 15, 14). Como muestra la encuesta la denominación religiosa cada vez tiene que ver con los elementos de fe más básicos; no quiero valorarlo, pero llama poderosamente la atención.

Parece que cada cual elige las características que son propias de los conceptos, de manera que se puede ser cristiano sin creer en la Resurrección y socialista apoyando a Susana Díaz.

La gran oferta de empleo público

Todas las administraciones están anunciando una gran oferta de empleo público. Todos los gobernantes intentan vender lo que es una necesidad, como una medida para garantizar servicios y derechos. La realidad y las causas son otras.

Una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha determinado que es contraria al Derecho Comunitario la situación de los interinos en la administración española, entre otras cosas cierta discriminación salarial y el no ser indemnizados al finalizar su trabajo.

La ventaja económico-financiera que representaban los interinos para las administraciones, además de una fuente de clientelismo, desaparece ya que tienen que cobrar lo mismo y tener los mismos derechos que el resto de los trabajadores en caso de despido. Y es por ello por lo que las administraciones se lanzan a cubrir la llamada “interinidad estructural”, esto es, el número de interinos siempre presentes que a veces ocupan puestos que por las peculiaridades del Derecho Administrativo no pueden cubrir los funcionarios de carrera.

Este año saldrá miles de plazas que debieron salir a lo largo de décadas. Porque si bien los interinos con menos tiempo de servicio pagaron la crisis con la pérdida de empleo, permaneció una masa crítica de interinos ocupando plazas necesarias, que no salían a los cauces ordinarios de provisión, y que cercenaron la posibilidad de muchos jóvenes de acceder a este tipo de empleo.

Ahora saldrán todas esas plazas a la vez. En última instancia ha sido responsabilidad de todas las administraciones haber creado esa situación por un mal entendido ahorro y un interés clientelar. Si algo bueno tiene la sentencia del TJUE es que han perdido los incentivos económico-financieros para volver a hacerlo.

El fracaso de Page


Nuestro Derecho Presupuestario, y las normas institucionales de más rango, conceden a los ejecutivos un papel predominante a la hora de elaborar y aprobar un presupuesto. A los legislativos le queda el margen autónomo de rechazar el presupuesto.

Tradicionalmente la aprobación del Presupuesto era uno de los grandes momentos del año político, porque sin presupuesto no hay política posible y quien fracasa en la aprobación de esa norma clave, fracasa al frente del gobierno. Se esperaba que el presidente que no consiguiera esa aprobación habría, al menos, de dimitir.

Javier Fernández en Asturias ha gobernado dos años sin presupuestos y eso que el anterior presidente, Álvarez-Cascos, convocó elecciones por no ver aprobado el presupuesto regional.

Ahora García-Page se encuentra sin presupuestos y culpa a la oposición de hacer de oposición y votar en contra. Y es que García-Page es mal político y peor estratega. Repasemos cuestiones básicas:

1) Se presenta como parte de los barones ganadores, cuando perdió contra De Cospedal después de que ella y su gobierno importado desde Madrid recortasen lo más grande en Castilla-La Mancha.

2) García-Page, necesitado del apoyo de Podemos, se ha dedicado a atacarlos continuamente y a identificarse con quienes los marcan como “enemigos”. ¿O es que piensa García-Page que las palabras del diputado Heredia salen gratis?

3) García-Page ha rechazado veinte enmiendas presentadas por Podemos que, por lo visto, solamente afectaba al 0,5% del proyecto de presupuesto. ¿Esperaba que fueran los podemitas ilusionados a votar su instrumento de gobierno cuando ni en tan poca parcela ha sido capaz de ceder?

4) García-Page debería hacer como sus compañeros Vara (Extremadura) o Fernández (Asturias) y rogarle al PP que le recompense por los servicios prestados de la investidura de Rajoy.

Las mil causas

La izquierda izquierda es algo muy pesado, porque no sabe graduar. Todas las causas son graves, importantes, extremas y requieren un compromiso sin fisuras. Cuando uno es de izquierda izquierda la vida es más complicada que la de un judío ultraortodoxo porque habrá miles de cosas que no podrá hacer, comprar o disfrutar porque de alguna manera u otra será cómplice en un genocidio, guerra, represión o mantenimiento del sistema.

Es cierto que la polémica sobre las ya dos míticas coca-colas de Ramón Espinar en el Senado ha sido una de las cosas más tontas de las últimas semanas, siempre que excepcionemos cualquier intervención de Susana Díaz o Mario Jiménez.

El problema no es que la polémica haya sido tonta o no, sino que ha existido por una torpeza comunicativa de Espinar. Está bien que muestre su compromiso con los trabajadores de la planta de Fuenlabrada de las empresas que trabajan para la multinacional estadounidense, pero lo que es inmantenible es unirse al boicot a su producto estrella. No era necesario unirse, porque un producto como ese lo terminas consumiendo casi sin darte cuenta.

Y es que Espinar como buen miembro de la izquierda izquierda se compromete con todas las causas que les parecen justas al máximo grado y al final llegan estas incoherencias que serían una chorrada si uno no se ha llenado la boca en el compromiso y el llamamiento.

Las dos caras de Adolfo Suárez

Adolfo Suárez no es el primer Presidente elegido de acuerdo con la Constitución de 1978, ni uno de sus impulsores, ni alguien que ha tenido un papel preeminente en la gestación de la España tal y como la conocemos. Adolfo Suárez es un mito y solamente un mito.

Solamente así puede explicarse que una mayoría de españoles le quisieran ahora como Presidente. Solamente así se explica que nunca se hable de la otra cara de Adolfo Suárez. El mito se ha edificado sobre el Suárez-Constituyente, obviando, silenciando y negando al Suárez-Presidente.

Y es que en la Transición no solamente importaba la Constitución. Importaban muchas cosas, al menos a los ciudadanos: la gestión económica, el desempleo, el gastos público, la insubordinación militar y la inseguridad ciudadana eran asuntos que estaban descontrolados. Los famosos “Pactos de La Moncloa” habían garantizados “paz social” pero no habían hecho bueno lo malo.

Los líderes regionales de la UCD orquestaron el fin de Adolfo Suárez porque consideraban que era un Presidente más que agotado y que les quitaba toda posibilidad de hacer frente a los socialistas en las siguientes elecciones. Suárez se agarró al sillón y solamente la posibilidad de que parte de su grupo parlamentario apoyara una segunda moción de censura de los socialistas consiguió que dimitiera. Y sí, los socialistas presentaron una moción de censura contra este mito.

Basta abrir las hemerotecas que los periódicos tienen en la red. Puede cogerse de varios medios de diferentes tendencias políticas. Y se comprobará cómo era la España real y qué opinión se tenía de su Presidente.

Cuando la Socialdemocracia termina en beneficencia

Desde hace algo más de una década el discurso social del PSOE se ha desplazado desde la mayoría de los ciudadanos a los sectores más débiles de la población, de modo que cada vez más las políticas propuestas por los socialistas se restringían a esos sectores más débiles y, con los tiempos de crisis, aún más.

En las sociedades donde la Socialdemocracia forma parte del modo de la autoconcepción de ellas mismas las medidas sociales afectan no a la mayoría de la población, sino a la inmensa mayoría, porque es la única forma de ser políticamente viables.

Nos seamos ingenuos. Una sociedad donde los servicios lleguen a la inmensa mayoría es una sociedad donde los impuestos tienen que ser serios y solamente se puede mantener esa fiscalidad si el conjunto de la sociedad o la inmensa mayoría percibe beneficios y considera que hay un intercambio equitativo. Y equitativo no es recibir exactamente lo aportado, ya que todos entiende cierta asimetría y, además, que socializar servicios los abarata.

El problema se da cuando la fiscalidad no se transforma en servicios para la mayoría, para la inmensa mayoría. Entonces las opciones que proponen una transformación de la fiscalidad, una rebaja generalizada de impuestos, se convierten en atractiva porque la inmensa mayoría comienza a pensar que paga para mantener a unos pocos y que ellos lo pagan todo dos veces, una vez con impuestos y otra con servicios privados ya que no tienen acceso a los públicos.

La Socialdemocracia que realiza este proceso de minoración de sus políticas, que convierte los servicios sociales (para la sociedad) en servicios únicamente para los sectores más débiles coincide con la derecha, que nunca ha renegado de la beneficencia.

Uso y abuso del Decreto-Ley en Andalucía

Ya nos hemos referido al Decreto-Ley 1/2017, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, a propósito del tremendo aumento de los precios de las guarderías.

Pero este Decreto-Ley merece una consideración autónoma, como ejercicio de una potestad legislativa no ordinaria que el Estatuto de Autonomía confiere al Consejo de Gobierno en casos de “extraordinaria y urgente necesidad” para dictar medidas legislativas provisionales (artículo 110 EEA), que reproduce el artículo 86 CE.

El Decreto-Ley fue privativo del Estado (con efímeras excepciones en la Euskadi de Garaikoetxea), hasta que la última ola de estatutos de autonomía lo incorporaron. Éste fue el caso del Estatuto de Andalucía, donde no existía siquiera la posibilidad de legislación delegada.

Aunque la dicción literal de los preceptos constitucionales y estatutarios tienen un sentido sumamente estricto, el Tribunal Constitucional ha mantenido una interpretación un tanto más flexible, especialmente en la consideración de la necesidad habilitante. Esto no quiere decir que no haya establecido límites.

La necesidad que causa el Decreto-Ley no puede ser algo previsible o medianamente previsible. En este sentido la reciente Sentencia del Tribunal Constitucional 183/2014, en su fundamento 4º, lo establece de una forma meridiana y fue uno de los fundamentos para la declaración de inconstitucionalidad de un Real Decreto- Ley de concesión de nuevos créditos presupuestarios para el Ministerio de Defensa.

La actual regulación andaluza de guarderías y bonificaciones data de un Acuerdo del Consejo de Gobierno de 2009, de modo que ha habido tiempo de sobra para pensar un cambio. El hecho de que la Junta de Andalucía haya dejado pasar el tiempo para llegar al proceso de escolarización no se debe a ninguna causa justificada, pues nada se arguye en la exposición de motivos.

Otro aspecto relevante, para la cuestión que tratamos, es la prohibición de establecer por medio de este tipo de norma de regímenes estables, dado que la Constitución (y el Estatuto) mencionan expresamente que son normas “provisionales”. Con ocasión de una reforma laboral del gobierno de Aznar por Decreto-Ley, que fue contestada con una huelga general y, jurídicamente, por un recurso de inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad de esta reforma porque establecía precisamente una regulación estable (fundamento 10º, STC 68/2007).

El Decreto-Ley 1/2007 establece una regulación indefinida y, por tanto, no provisional, hasta el punto de deslegalizar parte de los baremos para permitir su modificación por vía reglamentaria. La exposición de motivos en nada indica que se vaya a establecer un nuevo régimen, sino que trata al que consta en el Decreto-Ley 1/2007 como el nuevo modelo.

Por estas dos razones considero, no obstando opinión mejor, que el Decreto-Ley 1/2007 es inconstitucional. Estos dos son de por si buenos motivos para que el Parlamento de Andalucía no lo convalide y por tanto deroga esta norma. Se unen a los argumentos materiales anteriormente expuestos.

Una consideración final. Es cierto que nuestro ordenamiento constitucional sí establece la reserva de ley o de ley orgánica para determinadas materias o procedimientos, pero no hay reserva reglamentaria, como sí sucede en Francia por ejemplo. La exposición motivos, que obvia las cuestiones anteriormente mencionadas, sí cita una sentencia del Tribunal Constitucional (332/2005) para mantener que es posible la reforma de disposiciones reglamentarias por medio de una norma con rango legal.

La pregunta es por qué se hace, porque se eleva a rango de Ley lo que no era más que un mero acuerdo del Consejo de Gobierno. Para mí la respuesta es clara: evitar el control de los tribunales. La Junta de Andalucía ha tenido tantos reveses jurisdiccionales, especialmente en materia educativa, que elevando las condiciones de bonificación de las guarderías a rango de Ley quiere huir del control de los tribunales ya que las normas con rango de Ley solamente son controlables por el Tribunal Constitucional. Es un abuso de la potestad.