El valor económico de los militantes

Si uno repasa los principales casos de corrupción del PP, muchos de ellos tienen relación con la financiación de las campañas electorales del Partido. Y es que al PP las campañas electorales le salen más caras que al resto de los partidos, porque aunque digan tener cerca de un millón de afiliados, realmente tienen muy poco porque han sido y son un partido de cuadros.

Es por ello por lo que el PP, en campaña, tiene que pagarlo todo o casi todo, mientras que otras formaciones hacen campañas sobre el apoyo del trabajo de su militancia, además de la contratación de otros servicios.

Sabemos que en el PSOE de la Gestora corre la opinión de que la militancia no es importante, sino que lo importante es ser eficaces electoralmente, pero muchos de ellos no caen en la cuenta de que lo que no se dona, hay que pagarlo y que los costes electorales son muy altos para una financiación cicatera.

Cultura fallida de partido

Decía Felipe González que a Pedro Sánchez le faltaba cultura de partido, pero nunca ha aclarado qué significa eso tan importante de la cultura de partido. Al final de la Edad Media se describía el método de enseñanza de la Universidad de París como modus parisiensis, infiero que existe un modus psoensis en la forma de proceder.

La gestión de las crisis internas en el PSOE suele tener un patrón más o menos definido. Cuando los disidentes tienen el apoyo de la mayoría de los órganos representativos se busca dar un golpe de mano para que la decisión pase a una instancia superior.

Cuando los disidentes tienen el apoyo de la militancia, entonces se aplica el control de los tiempos. Se prometía un congreso o asamblea y se dilataba en el tiempo todo lo posible, para que los disidentes tuvieran que abandonar el activismo y ocuparse de su trabajo y el aparato, liberado, se hiciera con el control.

Esta medida propia de la cultura de partido del PSOE se ha aplicado a Pedro Sánchez con la finalidad de esperar que la rabia se deshiciera, los apoyos se enfriaran y la falta de recursos hiciera el resto. Pero han fallado, porque esta situación no paralela a lo que haya podido suceder en cualquier agrupación provincial o local.

Estamos ante los medios de comunicación que demandan ser alimentados, de forma que cualquier movimiento de Pedro Sánchez es seguido y reportado. Esto ha permitido que los muchos militantes enfadados no se enfríen, a lo que ha ayudado no poco las decisiones de la Gestora y el sentido del voto del Grupo Parlamentario.

Tener tiempo ha permitido a un Pedro Sánchez que se encontró solo, volver a juntar sus apoyos y a organizarse en todo el territorio nacional, no sólo para ganar las primarias, sino también para ganar el congreso. Tener tiempo ha dejado días y días a Pedro Sánchez para recorrer Andalucía de un extremo a otro para buscar apoyos y parece que está encontrando muchísimos en la federación de Susana Díaz. Tener tiempo le ha permitido a Pedro Sánchez hacer ver a sus seguidores que hace falta financiación y se ha mostrado un músculo tremendo al recaudar bastante dinero, tanto que la Gestora no sabe qué hacer.

La Gestora le ha regalado una campaña electoral a Pedro Sánchez y acaba de darse cuenta.

Encuestas andaluzas

Con ocasión del 28-F, día en el que Andalucía conmemora el referéndum de autonomía de 1981, se han dado a conocer un aluvión de encuestas. Una muy beneficiosa al PSOE, otra al PP y dos intermedias, que vienen a dejar las cosas más o menos como están, aunque una con tendencia positiva a Susana Díaz y otra con tendencia negativa.

Y es que en estos momentos todas las encuestas que veamos sobre los resultados en Andalucía son irremediablemente encuestas sobre la fortaleza o debilidad de Díaz y su proyección como secretaria general del PSOE.

Creo que el escenario se parece más a la encuesta de la Universidad de Granada (parecido a las elecciones de 2015 pero con PSOE a la baja). La cuestión no es si alguien puede sacar o no mayoría absoluta, que no, sino cuáles son as combinaciones posibles para formar gobierno dentro de como mucho dos años, concretamente si PSOE o PP pueden formar gobierno contando únicamente con Ciudadanos. Cualquier otra combinación puede llevarnos a la repetición de las elecciones.

Y todo esto es rebus sic stantibus, es decir, estando las cosas como están, sin entrar a valorar una escisión, por el lado que sea del PSOE.

Si hubiera Elecciones Generales en 2017

Al final del año se publica la actualización del Padrón. La población por provincias del Padrón es la medida que se emplea para calcular cuántos escaños le corresponde a cada provincia a la hora de elegir el Congreso de los Diputados.

El Real Decreto 636/2016 declaró oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2016. En el INE se puede consultar la totalidad.

De acuerdo con los datos de población por provincia si en 2017 hubiera que elegir nuevamente el Congreso en dos provincias se elegiría un diputado más en cada una de ellas (Barcelona que pasaría a 32 escaños y Lleida a 5). Por en contrario el Principado de Asturias perdería un diputado y elegiría 7 y Valencia, que ganó uno en la última revisión, volvería a los 15.

Teniendo en cuenta únicamente los datos del 26 de junio: ¿qué consecuencia tendrían?

En Lleida el nuevo escaño sería ganado por ERC y en Barcelona se lo llevaría el PSC. En el lado de las pérdidas el PP se dejaría un diputados en Asturias y Podemos-Compromís en Valencia.

Sobre blindaje de la sanidad pública andaluza

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La Presidenta de la Junta ha visto como las masivas protestas contra los recortes sanitarios han tomado las calles de Granada, Málaga y Huelva y no se descarta que se extiendan a otras ciudades. En la situación habitual de las cosas, el silencio informativo tras dar una sola vez la noticia hubiera protegido cualquier decisión, pero la tenacidad de los manifestantes y las ambiciones políticas de Susana Díaz hacen que las “mareas blancas” no se hayan quedado en anécdota y la estén lastrando sobremanera.

La Junta de Andalucía ha anunciado que quiere “blindar” la Sanidad Pública contra una posible privatización. Esta intención es pura propaganda, porque un Gobierno de otro signo político podría cambiar las normas que quisiera siempre que contase con los votos suficientes en el Parlamento de Andalucía para aprobar las leyes necesarias.

La única posibilidad de “blindar” el sistema ante el previsible cambio de Gobierno es una reforma estatutaria. Para realizar una reforma estatutaria, sin entrar en su constitucionalidad, necesita dos tercios del Parlamento autonómico y una mayoría absoluta en el Congreso que apruebe una Ley Orgánica. No tiene ese poder y por tanto no puede “blindar” nada.

Susana Díaz más que en anunciar “blindajes”, debería renunciar a los “recortes”.

Información teológica de servicio público

Hoy es un día festivo. Se celebra la Inmaculada Concepción de la Virgen María, proclamada dogma de fe por el Papa Pío IX en 1854. No hay que confundir la Inmaculada Concepción con otras doctrinas y dogmas mariológicos, especialmente con el dogma de la Virginidad.

El dogma de la Virginidad dice que María fue virgen “prius ac posterius” (antes y después) del nacimiento de Jesús, mientras que el dogma de la Inmaculada Concepción indica que al ser concebida no lo fue sin pecado original, como el resto de los seres humanos.

Tampoco debe confundirse con el dogma de la Asunción, que se celebra el 15 de agosto, que consiste en la afirmación de que María al morir fue llevado a los cielos tanto en alma como en cuerpo.

Como curiosidad hay que indicar que el mayor teólogo del Catolicismo, Tomás de Aquino, rechazó la concepción de María sin pecado original, que en su tiempo era una doctrina discutida, porque supondría cuestionar la universalidad de la Redención, ya que al no tener María pecado original, tampoco necesitaría ser redimida. Bernardo de Claraval, igualmente santo y doctor de la Iglesia, también se opuso a lo que en su época era una doctrina que se estaba extendiendo.

Reformas menores de la Constitutición

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Ayer se conmemoró el 38º aniversario del Referéndum de ratificación de la Constitución. Un texto que a día de hoy, salvo dos excepciones técnicas, sigue incólume en su formulación. Se dice que no hay que estar tocando continuamente la Constitución, pero creo que precisamente nuestro vicio constitucional no ha sido el exceso, sino el defecto.

Los grandes temas pendientes de la Constitución son el territorial y la Corona. Son el centro del miedo a “abrir el melón”. Realmente la mayoría están de acuerdo con que la Constitución necesita reformas en muchos de sus artículos, pero no se emprenden los arreglos por miedo a que al final los territorios y la Corona se vean afectados.

Hay muchos asuntos que podrían ser recorridos y que este cierre de la Constitución impide. Solamente indicaré algunos, de variable importancia, pero que podrían ser atacados independientemente de las cuestiones medulares:

1) La Justicia tardofranquista era poco fiable a la hora de encomendarle la protección y efectividad de los derechos fundamentales y las libertades públicas (DDFF y LLPP) de la Constitución. Recuerdo leer alguna sentencia del Tribunal Supremo donde se decía literalmente que las normas constitucionales sobre DDFF solamente tenían valor declarativo y que si no había una ley que sostuviera al derecho, no cabía la aplicación directa de la Constitución.

En ese marco y siguiendo también a otros países europeos, se creó el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Hoy este recurso es el procedimiento que más atiende el Tribunal Constitucional, en detrimento de otros procedimientos que, por afectar a disposiciones de alcance general y con rango de Ley deberían ser resueltos con mayor celeridad.

Es cierto que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia de derechos fundamentales y libertades públicas ha transformado el ordenamiento jurídico español y que a través del recurso de amparo y la “autocuestión de constitucionalidad” se ha depurado el ordenamiento de verdaderas vergüenzas, pero es igualmente cierto que la tradición está asentada y la Judicatura actual no es la de 1978.

Cabría eliminar el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y que fueran los tribunales ordinarios, culminados en el Tribunal Supremo, los que velaran por la protección de los DDFF y LLBB, entrando el Tribunal Constitucional únicamente cuando fuera llamado mediante una cuestión de inconstitucionalidad.

La segunda posibilidad podría ser crear un segundo órgano dentro de la “Justicia Constitucional” encargado exclusivamente de los recursos de amparos y que remitiese al TC solamente las cuestiones que afectaran a la constitucionalidad de las leyes y de las disposiciones generales con rango de ley.

2) Creo que se debería otorgar al Estado la potestad legislativa supletoria sobre todas las materias, como se venía interpretando hasta la Sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997. La existencia de esta potestad permitía al Estado renovar una normativa que las Comunidades Autónomas aplicaban en defecto de norma autonómica y que en muchas ocasiones era de enorme utilidad. Ahora que el Estado no puede actualizar esas normas que se aplican supletoriamente, tenemos que completar los ordenamientos autonómicos con normas absolutamente desfasadas.

3) Ya hemos hablado varias veces en este blog del bloqueo institucional que el actual sistema de investidura ha provocado y que puede provocar nuevamente. Hemos apostado por el sistema vasco-asturiano que ayudaría a formar gobierno más fácilmente, incentivando los acuerdos y no imponiendo gobiernos contra la mayoría. Los bloqueos institucionales, en un Estado de Derecho, tienen que tener salidas institucionales y jurídicas y no soluciones políticas en el sentido schmittiano.

4) En la derrotada reforma constitucional de Renzi se eliminaba el CNEL, que aquí se llama CES y es perfectamente prescindible. Podría ser otro arreglillo constitucional.

5) De camino se podría dejar la posibilidad a que determinados organismos del Estado tengan su sede fuera de la Villa de Madrid, cuando así lo autorizara una Ley por ejemplo. Esto podría aplicarse específicamente a agencias, organismos autónomos, etc que podrían situarse en otras ciudades españolas.

6) Sistema electoral y derechos sociales son asuntos mayores que dejamos para mejor ocasión.