Una regulación, dos interpretaciones

Desde el Partido Popular, antes del comienzo de las votaciones de la fracasada investidura de Mariano Rajoy, se mantuvo la interpretación de que la candidatura real a la Presidencia del Gobierno no decaía porque perdiera la segunda votación, de forma que, si las circunstancias cambiasen, podría convocarse una tercera votación en la únicamente requeriría mayoría simple. Esta idea se deshizo rápido y se ha confirmado la práctica según la cual un candidato que pierde en el Congreso la segunda votación, pierde la condición de candidato.

Lo curioso de todo esto es que esta interpretación ha sido admitida válidamente en Andalucía con ocasión de la investidura de Susana Díaz en 2015.

Repasemos la normativa fundamental de la investidura en Andalucía y en España.

Artículo 118.3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía:

El candidato presentará su programa al Parlamento. Para ser elegido, el candidato deberá, en primera votación, obtener mayoría absoluta. De no obtenerla, se procederá a una nueva votación cuarenta y ocho horas después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviera mayoría simple en la segunda o sucesivas votaciones.

Caso de no conseguirse dicha mayoría, se tramitarán sucesivas propuestas en la forma prevista anteriormente. Si, transcurrido el plazo de dos meses a partir de la primera votación, ningún candidato hubiera obtenido la mayoría simple, el Parlamento quedará automáticamente disuelto y el Presidente de la Junta en funciones convocará nuevas elecciones.

Artículo 99 de la Constitución Española:

3. Si el Congreso de los Diputados, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, otorgare su confianza a dicho candidato, el Rey le nombrará Presidente. De no alcanzarse dicha mayoría, se someterá la misma propuesta a nueva votación cuarenta y ocho horas después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviere la mayoría simple.

4. Si efectuadas las citadas votaciones no se otorgase la confianza para la investidura, se tramitarán sucesivas propuestas en la forma prevista en los apartados anteriores.

5. Si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso.

Aunque el tenor literal de ambas normas, la Constitución y el Estatuto Andaluz, es diferente la regulación es idéntica. El artículo 118.3 EAA permitió a la entonces candidata Susana Díaz someterse hasta en cuatro ocasiones a diferentes votaciones para conseguir la investidura, obteniéndola en la cuarta. Y parece que esto ha inaugurado una práctica autonómica. A nivel nacional la práctica en la XI y XII Legislaturas es la contraria: entendiendo decaída la candidatura en caso de no obtener la mayoría requerida en cada una de las dos votaciones previstas.

En todo caso he de señalar, sin perjuicio de opinión mejor fundada, que la interpretación que se está haciendo de estos preceptos a nivel nacional me parece más cerca de la norma que la que se tomó en el Parlamento de Andalucía en 2015.

Interés de España y sacrificio compartido

Lo que más ha escamado de la investidura fallida de Rajoy era el hecho de que se utilizasen argumentos como “sentido de Estado”, “responsabilidad”, “patriotismo” o “el bien de los españoles” que solamente exigían sacrificios, inmensos, de los socialistas y no de los que deberían haber dinamizado el proceso, los populares.

Mariano Rajoy y el Partido Popular no han cedido nada. El acuerdo con Ciudadanos les ha otorgado el programa que no tenían en muchísimas materias y en los aspectos donde tenían algo concreto, no se han retirado un milímetro. Con 137 diputados querían ser investidos y gobernar como si hubieran obtenido la mayoría absoluta.

Si investir un Presidente y evitar unas terceras elecciones son un imperativo, el partido con más votos debe asumir sacrificios antes de pedírselos a los demás partidos, porque de lo contrario podremos pensar con sólidas razones que su pretensión es únicamente táctica.

Alfonso Guerra solamente admitía la abstención del PSOE si se daba la de Ciudadanos y la de Podemos, es decir, nadie saca beneficio ni es perjudicado por la decisión. Esta opción no desechada automáticamente porque todo esto no ha ido del interés de los españoles ni de la necesidad de tener gobierno, sino de la vida política de Mariano Rajoy.

Referencia, influencia y manipulación

El fracaso de Mariano Rajoy a la hora de conseguir la investidura como Presidente del Gobierno sepulta la relación que ha habido entre socialistas y el diario madrileño El País desde hace cuarenta años.

El País ha sido una referencia dentro de la Socialdemocracia española porque daba palabra a los enfoques de esa tendencia y lo hacía de una forma rigurosa y con un periodismo de gran calidad. El País era el centro de la información en España y, hasta cierto punto, su función referencial trascendía los límites de la Socialdemocracia.

El País fue perdiendo poco a poco la calidad y despidiendo a los redactores más experimentados y perdiendo calidad. Mientras se abría a numerosos fracasos en su posicionamiento en Internet. Las deudas del Grupo Prisa comienza a condicionar las decisiones empresariales dentro de ese medio y otros del mismo Grupo.

A lo largo de casi cuatro décadas El País ha ejercido mucha influencia dentro del PSOE. Podía hacer a alguien conocido y facilitarle el camino o poner muchas dificultades a determinadas posturas. La relación entre el PSOE y El País se ha retroalimentado.

Quizá sea por el peso tremendo de las deudas de su grupo empresarial lo que explique la deriva de apoyo al PP y despilfarro de su influencia sobre el entorno del PSOE que ha desplegado estas últimas semanas. El fracaso de Rajoy evidencia que El País no influye nada dentro del PSOE y ha dañado su imagen dentro de su “target” clásico.

Decir que Sánchez no ha hecho buen uso de los diputados que le dieron los electores manifiesta o bien mala fe, o bien un desconocimiento absoluto de los votantes y militante socialistas que, en las Elecciones más duras para este partido, se han mantenido fieles.

Solamente desde el PP se piensa, o quizá se pensaba, que El País influye en el PSOE.

No se juega la carrera de Pedro Sánchez

Los medios de la derecha, casi todos los existentes en España, transmiten una y otra la idea de que el “no” de Pedro Sánchez a la investidura de Rajoy se debe únicamente a la necesidad de salvar su posición como secretario general del PSOE.

Nadie puede negar que Pedro Sánchez tiene que mantener su posición, pero lo que la prensa de derecha no cuenta interesadamente es que cualquiera que estuviera en el cargo de Pedro Sánchez haría lo mismo, porque no se está jugando la carrera política del líder socialista de turno, sino la pervivencia del PSOE.

La derecha política y mediática juega con la llamada a los intereses superiores de España para dar una puñalada trapera a quienes le piden su apoyo (activo u omisivo) para la investidura: saben que si el PSOE permite que Rajoy sea investido, la pérdida de votos de las últimas elecciones será ridícula comparada con la venidera.

Además los socialistas, aunque los lectores y espectadores de la prensa de la derecha no se den cuenta, tienen un incentivo muy fuerte para votar “no”: el estado de liquidación en el que se encuentra Podemos que puede permitirle recuperar un número interesante de votos, tantos como para disputar al PP la victoria electoral.

Y el Partido Popular finalmente no sacrificó nada

Decíamos en una entrada anterior, que la único condición de verdad que Ciudadanos le ponía al Partido Popular era la que se refería a la proporcionalidad del sistema electoral. El PP es el partido más beneficiado en el actual sistema electoral y ganando o perdiendo es la formación más sobrerrepresentada. Cuanto más proporcional sea el sistema, menos será la ventaja sistémica (valga la redundancia) de los populares a la hora de transformar en escaños sus votos. El PP entregaría realmente entregado algo que les beneficiaba especialmente a ellos a cambio de que se formase gobierno.

El punto 97 del acuerdo entre el PP y Ciudadanos dice:

Acuerdo PP Cs punto 97
Veamos el acuerdo:

1) La reforma del sistema electoral no es autónoma, se engloba dentro de un Pacto de Estado, de modo que sin Pacto de Estado no hay reformar electoral. Es un claro “gol” de los populares a los de Rivera, porque no hay manera de afrontar la reforma electoral por sí mismo y deteniendo u obstaculizando, con cualquier excusa, el Pacto de Estado, no hay reforma electoral.

2) La reforma elector requeriría “consenso parlamentario”. No dice qué entienden por “consenso parlamentario” y cuántos diputados son necesarios para que se considere que se ha llegado a ese consenso. ¿Incluye el consenso a los nacionalistas? ¿incluye el consenso a Podemos? ¿incluye el consenso al PSOE? ¿o solamente incluye el consenso al que aporte los votos necesarios? Basta que el PP se oponga, para que no sea posible el consenso que su mismo acuerdo exige.

3) Se habla de mejora de la proporcionalidad pero no sé dice nada de cómo. Mencionan el desbloqueo de las listas sin aclarar todavía realmente de qué sirve, cuando tenemos listas abiertas en el Senado y a los votantes les parece insufrible.

4) Mencionan la elecciones directas de alcaldes, algo con lo que el PSOE no estaría en desacuerdo. Pero no entran en la cuestión fundamental: en una sola vuelta o en dos vueltas. Los socialistas anunciaron que apoyarían un sistema a doble vuelta o por voto transferibles, mientras que parece que los populares quieren una ramplona mayoría simple.

5) Implantación de sistemas electrónicos: ¿son necesarios? En España a los once de la noche ya estamos todos mirando curiosidades del recuento. Se hace rápido y es seguro. ¿Aportan algo los sistemas electrónicos o solamente contratos cuantiosos?

6) Habla de mejorar el acceso al voto de los españoles en el extranjero y no de la eliminación del voto rogado. Estoy de acuerdo con el sistema de voto rogado que fue introducido con muy buenos motivos.

7) La reducción de campaña y límites de gastos electorales. En primer lugar creo que el concepto “campaña electoral” solamente existe dentro de la LOREG, pues la precampaña, las convenciones, los encuentros y las cientos de formas de activismo electoral existentes han superado esas quince días en los que pensaba la Ley. ¿Cómo se financia la larguísima precampaña? ¿A quién beneficia el límite en los gastos electorales? El PP siempre ha apoyado recortar en gastos electorales oficiales porque tenían las cajas alternativas de Bárcenas.

Este punto es el corazón del acuerdo y cómo tal muestra el resto: Ciudadanos entregará sus votos y el PP no habrá entregado nada.

Blindaje

Da igual lo que Mariano Rajoy haga o no haga, siempre habrá un buen número de cadenas de televisión, emisoras de radio, periódicos y una legión de tertulianos que alaban su acción y su omisión y que, con la misma intensidad, critiquen a sus adversarios, especialmente a los socialistas.

Si la opinión pública y publicada es uno de los necesarios equilibrios para los gobernantes en una democracia occidental, entonces a España le falta ese equilibrio, porque el peso mediático está entregado a una sola fuerza. Es difícil encontrar críticas a Rajoy en los medios, es complicado que se cuestione cualquiera de sus muchas artimañas de manipulación, antes bien se le dan juego.

El control de los medios de comunicación es el gran triunfo de los populares. Juegan siempre con ventaja porque sus tácticas son seguidas y nunca son criticados con severidad, solamente para cumplir con el expediente. Es un control construido normalmente con dinero público, con un manejo maquiavélico de la publicidad institucional y de las potestades administrativas en materia de comunicación; unas técnicas que le permiten quitar y poner directores, amenazar con el cierre de medios o respaldar la apertura o el mantenimiento de otros.

Cuanto más control mediático haya, una democracia de menos calidad habrá.

Conceptualizando la corrupción

En España la corrupción es un concepto jurídico, sino político, social e incluso periodístico. Nuestro Código Penal no da ninguna caracterización de lo que es la corrupción. Se suele asumir que son delitos de corrupción los delitos “contra la Administración Pública” y los delios “contra la Ordenación del Territorio” cometidos por una autoridad y no solamente por funcionarios, aunque las investigaciones judiciales nos han enseñado que la falsedad documental se ha convertido en un tipo que está presente en muchas ocasiones.

Era lógico que Ciudadanos y el Partido Popular tuvieran que acordar qué entendían por corrupción. Lo que no es normal es que hayan aceptado que solamente hay corrupción cuando hay enriquecimiento personal o financiación ilegal del partido, los dos supuestos más difíciles de probar.

La prevaricación es el eje de la corrupción y es el delito que tienen una prueba más sencilla. El Código Penal define la prevaricación como dictar a sabiendas de su injusticia una resolución arbitraria en un asunto administrativo (artículo 404).

El Tribunal Supremo, que tienen un establecida jurisprudencia en esta materia, dice que el baremo de justicia es la legalidad y que no es una mera ilegalidad, que sería competencia del contencioso-administrativo, sino una resolución fuera de toda lógica, siendo la violación del procedimiento administrativo una manifestación de ello.

La prueba es sencilla. Es necesario casi únicamente estudiar el expediente administrativo que llevó a esa resolución (si lo hubo). Sin prevaricación no hay corrupción o no hay la mayor parte de la corrupción. Demostrar el cohecho (prevaricación a cambio de algo) es muy difícil porque tienes que probar la dádiva, recompensa o promesa y las huellas de esto desaparecen con suma celeridad.

Llegar a la prevaricación no es fácil. Normalmente viene acompañada por la destrucción o el ostracismo de la mayoría de los funcionarios de carrera, por la creación de una administración paralela y por el establecimiento de una serie de prebendas que sin ser ilegales, llaman la atención. Hay sectores que se llenan de irregularidades que se convierten en norma. Luego vienen los delitos más importantes, con el cohecho a la cabeza y todas las prevaricaciones cualificadas por su temática.

El Partido Popular parece que le está imponiendo a los de Albert Rivera la idea de que solamente hay corrupción cuando tenemos un beneficio personal o financiación ilegal para el partido.

Si alguien prevarica para beneficiar a un familiar pero no a sí mismo ni a su partido ¿debe o no debe dimitir? Si alguien prevarica para beneficiar a un empresario por coincidir en la ideología, por tener amistad o por pertenecer al mismo club de petanca pero sin beneficio propio ni del partido ¿debe o no debe dimitir? Si alguien prevarica para “enchufar” a un descendiente de su compañero de pupite ¿debe o no debe dimitir? Si alguien transmite información de la Administración para que su primo gane mucho dinero ¿debe o no debe dimitir? Si alguien prevarica para mantener una red clientelar pero sin financiar ilegalmente al partido ¿debe o no debe dimitir?

Junto a los actores activos están los que pasaban por allí, que todo lo firman y lo votan, sin leerse un papel, por “lealtad” o para asegurarse seguir en la lista. Porque la corrupción no es cosa de un señor retorcido, sino que normalmente es una trama, una organización, en la que no todos realizan actos ilegales, pero sí necesarios, y que se extiende por la sociedad. Necesitaríamos una profunda reforma penal que sí incorpore la corrupción dentro de nuestro Derecho Penal, que generalice las penas privativas de libertad y que sea adecuada para tratar con la corrupción organizada.

La propuesta del Partido Popular es la táctica de un abogado defensor que procura que su representado sea acusado solamente de aquello que es más difícil de probar. Ciudadanos debería dejar ya unas negociaciones que no le hacen ningún bien ni a ellos, ni a España y dejar en evidencia que para el PP los intereses de España se circunscriben únicamente a que Mariano Rajoy continue como Presidente del Gobierno.