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Posts Tagged ‘Urkullu’

En el debate de investidura el portavoz del PNV en el Congreso aconsejó a la Corona no dejarse instrumentalizar políticamente. La pasada semana volvió a recordar su desatendido consejo al señalarle al Rey que no decir nada cuando es utilizado por una parte del espectro político para criticar una decisión del Gobierno, es una forma de consentir esa instrumentalización y es igualmente una forma de participar. El presidente del gobierno vasco, Urkullu, manifestó en el parlamento que era necesario “republicanizar” la Monarquía, en el sentido de que la institución fuera ratificada en cada generación.

Un medio digital de derecha, Vóz Populi, ha atribuido esta posición de los nacionalistas vascos de derecha a la lucha política con Bildu y a la posición antimonárquica de este último partido. Es curioso cómo se construye un relato falso.

Falso porque el PNV avisó de un problema y aconsejó una postura, ha reiterado a la Corona la necesidad de distanciarse netamente de la instrumentalización y, además, acaba de ganar con soltura las elecciones vascas y lidera un gobierno de coalición con mayoría absoluta.

Si algún partido está siendo leal con la Corona es el PNV, porque es el único que señala los comportamientos nocivos y ofrece remedios, mientras los otros callan los problemas o alientan los comportamientos perjudiciales.

Alguien podría decir que lo de “republicanizar” queda poco leal. No es así por en primer lugar porque el término tiene varias acepciones y, en segundo lugar, la “republicanización” de la que habló Urkullu ha sido la legitimación que se ha usado durante los casi cuarenta años de reinado constitucional de Juan Carlos II: la Monarquía fue aceptada al aprobarse en referéndum la Constitución.

Al igual que nuestra desactualizada e irreformable Constitución se está volviendo un fósil viviente, la Monarquía contenida en ella ha perdido legitimación al pasar más de una generación sin posibilidad de pronunciarse ni sobre una ni sobre otra. La idea de generación constituyente, de sabores jeffersonianos, es una exigencia política y moral en torno a la soberanía de un pueblo respecto a sí mismo y una garantía de que las instituciones del Estado responden a la voluntad popular.

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La crítica de una parte de la derecha y de toda la ultraderecha al estado de alarma no era una cuestión de convicción, sino de oportunismo político. Los mismos que pidieron el estado de alarma, quizá pensando que el gobierno no iba a atreverse, semanas después estaban horrorizados por el funcionamiento de orden constitucional.

La dificultad y coste de las sucesivas prórrogas del estado de alarma, desembocó en su finalización por pérdida de cualquier fundamento jurídico a todas las fases de desescalada.

Muchas comunidades se encontraron de repente gestionando una pandemia sin los poderes necesarios, pero con el deber cumplido respecto de la estrategia nacional de sus partidos. A partir de entonces los dirigentes autonómicos han andado a tientas y los tribunales se han dividido a la hora de confirmar judicialmente las medidas de mayor calado.

Un sector de los jueces considera que las medidas propuestas por las comunidades autónomas no pueden encontrar sostén en el orden jurídico general y que deberían tener su lugar dentro del orden jurídico excepcional, en este caso el estado de alarma.

Los que se oponían al estado de alarma mantenían que se podía obtener el mismo efecto con la legislación general. Como ya comenté en su momento en Twitter esta interpretación no propone otra cosa que un fraude constitucional al pretender conseguir los efectos de una institución con los de otra, en definitiva, si la Constitución establece los estados especiales es para ser usados cuando sean precisos, no para crear unos “cuasiestados especiales”.

Además se une a la deficiencia anterior el hecho de que se pierde todo tipo de garantía externa, porque en estos “cuasiestados especiales” no hay control parlamentario y ya hay propuestas de que no haya forma alguna de control judicial, todo ello saltándose las reservas de Ley y de Ley Orgánica.

Pese a que estemos en una pandemia, en la actualidad no vivimos constitucionalmente una situación de excepcionalidad, de forma que las disposición autonómicas en materia de Covid-19 no son “Derecho de excepción”, sino mero Derecho Administrativo sometido a todas las cautelas habituales.

Es comprensible que las necesidades del momento primen sobre cuestiones jurídicas, pero eso tendría explicación en los primeros momentos. Ahora no tiene ningún sentido prohibir el ejercicio del derecho de reunión por medio de la orden de un consejero autonómico fuera de un estado de alarma.

Tanto Feijoo como Urkullu eran seguros ganadores de sus elecciones, pero la suspensión de las elecciones gallegas y vascas fue una decisión con un anclaje legal dudoso y que plantea un precedente peligroso: un presidente suspende unas elecciones por una cuestión de salud pública sin ninguna previsión legal. O se pone remedio legislativo inmediato o estamos abriendo la puerta a peligros futuros.

Estamos, cada vez, rodeados de un espíritu decisionista. Entiendo en este contexto por decisionista aquello que pone la resolución política sobre lo jurídico en caso de conflicto. Es cierto que en el mundo del Derecho existe una sentencia que dice “salus populi, maxima lex”, pero se refiere a una excepción y no a un principio fundamental. Las democracias eligieron hace mucho gobernarse por normas y no por decisiones, que pidiendo ser bienintencionadas, pueden destruir el estado de Derecho.

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