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Desde el Partido Popular, antes del comienzo de las votaciones de la fracasada investidura de Mariano Rajoy, se mantuvo la interpretación de que la candidatura real a la Presidencia del Gobierno no decaía porque perdiera la segunda votación, de forma que, si las circunstancias cambiasen, podría convocarse una tercera votación en la únicamente requeriría mayoría simple. Esta idea se deshizo rápido y se ha confirmado la práctica según la cual un candidato que pierde en el Congreso la segunda votación, pierde la condición de candidato.

Lo curioso de todo esto es que esta interpretación ha sido admitida válidamente en Andalucía con ocasión de la investidura de Susana Díaz en 2015.

Repasemos la normativa fundamental de la investidura en Andalucía y en España.

Artículo 118.3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía:

El candidato presentará su programa al Parlamento. Para ser elegido, el candidato deberá, en primera votación, obtener mayoría absoluta. De no obtenerla, se procederá a una nueva votación cuarenta y ocho horas después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviera mayoría simple en la segunda o sucesivas votaciones.

Caso de no conseguirse dicha mayoría, se tramitarán sucesivas propuestas en la forma prevista anteriormente. Si, transcurrido el plazo de dos meses a partir de la primera votación, ningún candidato hubiera obtenido la mayoría simple, el Parlamento quedará automáticamente disuelto y el Presidente de la Junta en funciones convocará nuevas elecciones.

Artículo 99 de la Constitución Española:

3. Si el Congreso de los Diputados, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, otorgare su confianza a dicho candidato, el Rey le nombrará Presidente. De no alcanzarse dicha mayoría, se someterá la misma propuesta a nueva votación cuarenta y ocho horas después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviere la mayoría simple.

4. Si efectuadas las citadas votaciones no se otorgase la confianza para la investidura, se tramitarán sucesivas propuestas en la forma prevista en los apartados anteriores.

5. Si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso.

Aunque el tenor literal de ambas normas, la Constitución y el Estatuto Andaluz, es diferente la regulación es idéntica. El artículo 118.3 EAA permitió a la entonces candidata Susana Díaz someterse hasta en cuatro ocasiones a diferentes votaciones para conseguir la investidura, obteniéndola en la cuarta. Y parece que esto ha inaugurado una práctica autonómica. A nivel nacional la práctica en la XI y XII Legislaturas es la contraria: entendiendo decaída la candidatura en caso de no obtener la mayoría requerida en cada una de las dos votaciones previstas.

En todo caso he de señalar, sin perjuicio de opinión mejor fundada, que la interpretación que se está haciendo de estos preceptos a nivel nacional me parece más cerca de la norma que la que se tomó en el Parlamento de Andalucía en 2015.

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Hasta que Albert Rivera le ofreciera a Rajoy bajo seis condiciones el voto favorable de los treinta y dos diputados de Ciudadanos, cada rato los medios nos informaban gracias a las filtraciones interesadas desde La Moncloa de la intención del candidato Rajoy de renunciar a su candidatura si no encontraba los apoyos suficientes.

¿Puede hacerlo? Como estamos experimentando nuevas situaciones no previstas, las respuestas son diversas, pero tras pensarlo detenidamente creo que, por el motivo aducido, no puede renunciar a la candidatura que el Rey propone al Congreso.

El proceso de investidura parte de las entrevistas con los grupos políticos,  la proposición de un candidato, el sometimiento del candidato a la investidura en el Congreso. Si recibe la confianza, será Presidente; si no recibe la confianza, comienza a contar desde la fecha de la primera votación el plazo para las Elecciones.

La Constitución prevé que el candidato propuesto por el Rey no reciba la investidura, de modo que podemos entender que no es causa suficiente para renunciar antes del debate o para que no haya debate. Otra cosa diferente sería la incapacidad del candidato o que decida renunciar al escaño y a la vida política, pero dada la previsión constitucional de “investidura fallida” entiendo que no cabe la renuncia por no tener apoyos.

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En las democracias liberales que además son parlamentarias interpretar un resultado electoral como fruto de una decisión de un ente denominado “los ciudadanos” o “la ciudadanía” es temerario. En unas elecciones hay millones de opciones individuales que distribuidas provinciales se convierten en diputados que consiguen las candidaturas en cada una de las cincuenta provincias y en las dos ciudades norteafricanas.

Al final del proceso cada candidatura tiene un número determinado de diputados y cada candidatura tiene un número más o menos proporcional al número de votos recibidos.

La Ciudadanía o los ciudadanos no se expresan en conjunto, se expresan individualmente y solamente la suma de esas expresiones tiene trascendencia política. La Ciudadanía no ha otorgado el gobierno al Partido Popular, sino que el 33,03% de los votantes han preferido al PP frente a otras opciones. La Ciudadanía no ha puesto al PSOE en la oposición, sino que el 22,66% de los votantes prefirieron a los socialistas. Y así sucesivamente.

La voluntad de los ciudadanos en su conjunto no es deducible de los votos (salvo quizá hubiera alguien alcanzado más de la mitad de los votos), la voluntad es una interpretación que supone un voluntad unitaria a un cuerpo electoral compuesto por millones de miembros.

Los ciudadanos no han puesto al PP en el gobierno y menos aún al PSOE en la oposición. Los ciudadanos han emitido sus votos y las posibilidad, estrategias y coyunturas políticas harán que cada uno esté en una sitio diferente. Es muy difícil decidir lo que quieren los españoles en su conjunto sobre el PP cuando el 66,97% no lo han votado y del PSOE cuando no lo ha hecho el 77,34%. El voto es para gobernar, no para nada más.

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En este proceso de investidura tras el 20-D se han dado varios hechos que calificamos de histórico no porque pensemos que van a tener una especial trascendencia, sino porque es la primera vez que se dan.

Ha sido la primera vez que el candidato a la Presidencia del partido con más votos y escaños da la espantá y no quiere que el Rey le proponga como candidato; ha sido la primera vez que un partido quiere condicionar las decisiones del Rey diciendo que si su líder ha dado la espantá el monarca no puede proponer otro candidato (porque ellos lo dicen).

Ha sido la primera vez que el candidato propuesto por el Rey era el líder del segundo partido en votos y escaños y también ha sido la primera vez que el candidato no ha conseguido ser investido.

Pero la fallida investidura de Pedro Sánchez ha permitido poner en marcha el mecanismo de disolución automática de las Cortes Generales que estaba bloqueado por la cobardía de Rajoy a presentarse a la investidura. Los populares, para no visibilizar su derrota en la investidura, había retomado un dictamen del Consejo de Estado para una situación idéntica, en la Comunidad de Madrid del Tamayazo.

Las disposiciones del Estatuto de Autonomía para la Comunidad de Madrid están calcadas de las disposiciones constitucionales. Los letrados del Consejo de Estado inventaron un procedimiento “praeter Constitutionem” para intentar salir del bloqueo en caso de que no hubiera candidato, algo que sucedió cuando Rafael Simancas se sometió y perdió la investidura.

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[Aviso: el Patriarca de Moscú no es el “jefe” de la Ortodoxia. De eso ya hablamos en otra entrada]

Miguel Cerulario fue el Patriarca que separó la Iglesia Oriental de la comunión con la Iglesia Romana y contra lo que los medios han publicado estos días en España, no estaba en la sede de Moscú sino en la de Constantinopla. El Patriarca de Constantinopla recibe el título de “ecuménico” porque es el centro de las relaciones de reconocimiento (comunión) sobre la que se edifica la unidad entre los ortodoxos.

Al tiempo del “Cisma de Oriente”, Rusia era irrelevante. El patriarcado moscovita no es mencionado por ninguno de los concilios que establecen o reproducen la lista de los patriarcados, sencillamente porque no existía.

El Patriarca Ecuménico de Constantinopla es la cabeza de la Ortodoxia. Pero su liderazgo es diferente al del Papa ya que el Patriarca constantinopolitano no tiene jurisdicción más allá de las estrecheces de Estambul, algunas islas griegas y determinados territorios de emigración ortodoxa, preferentemente griega.

La Ortodoxia está dividida en jurisdicciones nacionales, u originariamente nacionales, que comparten la misma doctrina. La jurisdicción más importante numéricamente es la Iglesia Ortodoxa Rusa que incluye aproximadamente a tres cuartas partes de los ortodoxos. La importancia del encuentro del Papa con el Patriarca de Moscú no viene porque sea el representante ceremonial de la Ortodoxia, sino porque encabeza la jurisdicción ortodoxa más importante con enorme diferencia sobre la siguiente.

Al hecho de su importancia numérica se suma que la Iglesia Ortodoxa Rusa nunca ha visto con buenos ojos los acercamientos ecuménicos a Roma realizados por el Patriarca Ecuménico desde la celebración del Concilio Vaticano II. Los ortodoxos rusos han visto en el Ecumenismo una inteligente estrategia de Roma para inmiscuirse dentro de la Ortodoxia, ejercer su influencia y someterlos a la jurisdicción del Papa.

Los ortodoxos rusos son el gran escollo en el primer paso de la “Redintegratio unitatis” que debía darse con la Ortodoxia, ya que las diferencias entre ellos y los católicos-romanos no son insalvables.

La Declaración Conjunta firmada por Kiril y Francisco muestra claramente cuáles han sido los puntos de las reuniones preparatorias y del encuentro.

El relativamente breve texto de la Declaración repite once el término “tradición”. Católicos y ortodoxos otorgan a esta palabra un significado teológico que trasciende este artículo, pero la mirada al pasado, los agravios que unos y otros se han imputado ha paralizado cualquier avance. Estos agravios no son pequeños porque históricamente se pueden reconocer persecuciones contra ortodoxos o católicos instigadas por la otra parte, así como procesos de integración forzosa de comunidades ortodoxas en las católicas y de católicas en las ortodoxas.

La opción que toman es autoamnistiarse: que los conflictos del pasado dejen de envenenar el presente, dejando morir conflictos seculares que debían estar enterrados hace mucho tiempo.

La afirmación (especialmente los puntos 5 y 6) de que la pérdida de la unidad es en sí mala es una novedad, ya que los sectores más intransigentes permanecen en la idea de que es el otro el que es el culpable de la ruptura por su maldad o su presunta desviación.

La eclosión del Ecumenismo en la segunda mitad del siglo XX propició la apertura de numerosos diálogos teológicos entre ortodoxos, católicos y protestantes. A pesar de los logros de estos diálogos, como el acuerdo sobre la Justificación entre católicos y luteranos, poco se ha avanzado en la disolución de las divisiones.

El Ecumenismo de los últimos tiempos insiste más en el trabajo conjunto de las diferentes iglesias cristianas que en la búsqueda de una unidad eclesial con demasiados matices como para sr factible. Han acordado algo similar a lo que en el mundo sindical se llama “unidad de acción”: misma agenda pero manteniendo organizaciones diferentes (punto 7).

El gran punto de fricción entre ortodoxos en general y rusos en particular es el caso de uniatismo. “Uniatismo” es un término despectivo creado por los ortodoxos para referirse a los cristianos orientales que dejaban a sus iglesias nacionales para ponerse bajo la obediencia de Roma, aunque no todos los católicos-orientales pertenecieron a iglesias antes separadas de Roma.

Los ortodoxos rusos vieron siempre en las iglesias orientales católicas una hábil arma del Papa para minarles sin necesidad de latinizarles, lo cual siempre ha causa alergia entre los orientales, puesto que estas iglesias católicas mantienen su rito propio y las expresiones religiosas propias del Oriente cristiano.

Durante el Comunismo la Unión Soviética presionó a los regímenes comunistas a forzar la unión de los católicos orientales con los ortodoxos con la anuencia y aprobación del Patriarcado moscovita. El reconocimiento que hace la Declaración del derecho de los católicos orientales a existir como tales es una concesión mayúscula de Moscú, como la renuncia al “uniatismo” es el equivalente católico, aunque en este caso no es absolutamente nuevo (punto 25).

El segundo foco de fricción es Ucrania al que la declaración le dedica dos puntos (los puntos 26 y 27). El primero para referirse a la guerra que vive la parte oriental de la República y reclamar la solución del conflicto y el segundo para marcar posiciones sobre la crisis canónica de la Ortodoxia ucraniana.

La Iglesia Ortodoxa de Ucrania dependía del Patriarcado de Moscú y por tanto formaba parte de la Iglesia Rusa. Las tensiones nacionalistas de finales de los noventa, coincidiendo con el colapso de la Unión Soviética, así como actitudes de todo tipo, llevaron a la deposición del Patriarca de Ucrania y la consecuente ruptura de éste y sus seguidores con Moscú. Si entrar en micro-iglesias, tenemos ahora a la ortodoxia ucraniana dividido entre una jurisdicción sometida a Moscú (mayoritaria) y otra jurisdicción independiente y que aviva los sentimientos nacionalistas contra el dominio ruso sobre los ucranianos en materia religiosa.

Junto a las dos grandes jurisdicciones ortodoxas, la que está en comunión con Moscú y el resto de la Ortodoxia y la que no es considerada canónica, se encuentra la mayor Iglesia Católica Oriental que siempre ha sido vista por rusos y ucranianos como “agentes latinos”. La Iglesia Católica Ucraniana de repente se convirtió en un tercero neutral cuyo apoyo era importante y a lo que se compromete Roma es a mantener la neutralidad en el conflicto intraortodoxo ucraniano y menos aprovecharlo para ampliar el Catolicismo en este país.

El máximo nivel de dignidad y autonomía que Roma reconoce a una Iglesia Católica Oriental es el de Patriarcado, cuya independencia jurisdiccional es muy grande. Siendo los católicos ucranianos la mayor de las comunidades orientales en comunión con Roma no tiene reconocida esta dignidad precisamente para no entrar en un innecesario conflicto con Moscú. Dado el reconocimiento del derecho a existir y en consonancia con la neutralidad no sería de extrañar la elevación del Arzobispo Mayor a Patriarca.

La reunión entre Kiril y Francisco no ha sido solamente simbólica. Como señalamos anteriormente ha habido un proceso previo en el que se han tocado aspecto esenciales de la relación y los desencuentros entre católicos y ortodoxos rusos y puede que comience un tiempo de minimización de las causas de enfrentamiento y se inicie un trabajo en común.

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CiudadanoFelipe
Alberto Garzón ha tomado la costumbre de referirse al Rey como el ciudadano “Felipe de Borbón”. Garzón no habla con “Felipe de Borbón” por ser un simple ciudadano, sino por ser el Jefe del Estado. Si Alberto Garzón quiere poner de manifiesto que es republicano y por ello no quiere decir “Su Majestad el Rey” o “El Rey”, puede referirse a él como el Jefe del Estado.

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De este tema hemos escrito bastante, pero nunca está de más recordarlo.

El aforamiento consiste en que un procedimiento penal contra un parlamentario o miembro de un gobierno solamente puede seguirse dentro de un determinado órgano jurisdiccional (Tribunal Supremo o Tribunal Superior de Justicia). De esta forma la instrucción y el enjuiciamiento no se lleva a cabo según las reglas generales (Juzgado de Instrucción o Juzgado mixto y enjuiciamiento en Audiencia Provincial; o bien Juzgado Central de Instrucción y enjuiciamiento en la Audiencia Nacional que es un régimen especial).

La inmunidad consiste en que un parlamentario no puede ser detenido (salvo delito “in fraganti”), ni procesado sin autorización expresa de la cámara a la que pertenezca. La inmunidad solamente existe para los diputados y senadores de las Cortes Generales.

No todos los aforados tienen inmunidad.

La inviolabilidad la tienen todos los parlamentarios cuando usan la palabra en las Cortes o en los parlamentos autonómicos y consiste en no poder ser procesado o acusados por lo dicho. El Rey es inviolable mientras lo sea y por tanto no tiene responsabilidad jurídica alguna.

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El Senado en contra

Antes del nacimiento de la “regeneración democrática”, en Geografía Subjetiva habíamos pedido insistentemente la eliminación del Senado. Los motivos que entonces fundaban la petición, hoy se mantienen inalterables.

Es cierto que España está lejos de un bicameralismo perfecto como el que Italia trata de abandonar, de modo que la importancia de la Cámara Alta y su influencia en la política permite que estemos cerca del bicameralismo simbólico.

La cuestión que nos planteamos en un detalle mayor es si el Senado, con mayoría absoluta del PP, puede cobrar una mayor relevancia en el caso de que haya un gobierno de otro signo que no tenga garantizada la mayoría absoluta en el Congreso. Hagamos un repaso general, sin pretensiones de exhaustividad.

De entrada, el gobierno que sea debe olvidarse de plantear reformas constitucionales sin el acuerdo del Partido Popular, porque al control del Senado se añade que tiene una minoría de bloqueo en el Congreso (su grupo tiene más de un tercio de diputados del total, aunque no suma una cifra superior a dos quintos).

En los referente a los proyectos de Ley, si el Senado decide interponer el veto, que puede suceder en cada procedimiento legislativo, el Congreso necesitará de mayoría absoluta para levantar el veto o esperarse dos meses y levantarlo con una mayoría simple. Se adoptará el texto que el Congreso remitió al Senado.

En el caso de los proyectos de Ley Orgánica, se requerirá la mayoría absoluta tanto para incorporar las enmiendas del Senado como para levantar el veto y volver al texto aprobado por el Congreso. La misma mayoría en el caso de los tratados que no requieren una ley orgánica para autorizar el perfeccionamiento del consentimiento (ratificación). Se adoptará el texto que el Congreso remitió al Senado.

Para los tratados internacionales cuya autorización para prestar consentimiento requiera Ley Orgánica, la situación es la misma que en la descrita para estas normas, mientras que los que no lo requieran puede romper el Congreso el desacuerdo con el Senado por medio de mayoría absoluta.

La conclusión es que si el Senado comienza a tomar decisiones para intentar paralizar la agenda legislativa de un gobierno de signo contrario al PP y que se encuentre en minoría, el margen de maniobra es escaso, porque la misma mayoría, relativa o absoluta, que remitió la ley o la ley orgánica puede levantar el veto.

Los tratados internacionales se complican si el PP se dedica a obstacular también este vía normativa, ya que la rafiticación de los tratados que no requieren mayoría absoluta puede ser concedida por mayoría simple, pero la resolución de desacuerdo con el Senado requiere mayoría absoluta. Eso sí, las reformas constitucionales son imposibles sin el Senado.

Rajoy prometió que el Senado pararía a un gobierno adversario. Puede ralentizarlo y más si se conforma a operar dentro del ordenamiento constituido, pero el Senado sigue careciendo de última palabra en los restantes aspectos legislativos.

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Sabemos que tarde o temprano tendremos un gobierno o elecciones repetidas, pero existe la pregunta sobre el límite jurídico a la presente situación.

Tras la primera votación de investidura ya todos sabemos que son dos los meses que tienen que transcurrir para que se convoquen nuevas elecciones si no hay Presidente, pero también conocemos que la Constitución no marca plazo alguno para que se dé esta primera votación, ni mucho menos para que el Rey proponga un candidato a la Presidencia.

¿Cuánto podemos estar así? Es muy sencilla la respuesta: cuatro años. El artículo 68.4 CE prevé que el mandato de los diputados, si no hay convocatoria previa, dure cuatro años y termine a los cuatro años de su elección, lo cual quiere decir que dejarían de ser diputados el 21 de diciembre de 2019.

Las Cortes podrán aprobar leyes, aunque la conformidad financiera es dudoso que la pueda dar el gobierno en funciones. Éste no podrá presentar proyectos de Ley y los Presupuestos se tendrían que prorrogar. Entiendo que el gobierno en funciones no puede dictar reglamentos de desarrollo de las leyes y viviríamos una constante polémica acerca de la extralimitación del Consejo de Ministros de sus funciones y cómo el gobierno recurriría cada vez más a la cláusula de la urgencia que le ampararía y que se contiene en la Ley del Gobierno (art. 21.3).

Y mil cosas más.

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Esto del Parlamentarismo está resultando un invento extraordinario. Desde que celebramos los comicios no ha habido día sin noticia, pequeño o gran sobresalto y una sucesión de especulaciones y rumores de lo más variado. Todo junto a una investidura singular en Catalunya en mitad del proceso. Poco después de que todos los medios anunciasen que el Rey iba a comunicar que el candidato para ser investido era Mariano Rajoy, éste le dice al monarca que mejor se espera para intentarlo en segundo lugar.

Y como las ideas son muchas, unas cuantas breves:

1) En nuestra entrada de ayer indicábamos que la estrategia de invisibilizar la derrota era la que hasta ahora había seguido el PP y que una mínima deferencia al Rey, para no complicarle demasiado las cosas, podrías llevarle a cambiar la estrategia. No ha habido deferencia al Rey, ni siquiera una comunicación previa de las intenciones.

2) Treinta y tres días ha tenido Mariano Rajoy para tantear el terreno y decirle al Rey que no quiere ser el primer candidato. Sería deseable que el Rey permitiera a Pedro Sánchez un plazo igual antes de comunicarle a Patxi López que será el candidato a la Presidencia del Gobierno.

3) Los modos de Iglesias con Podemos son inaceptables. Los interpreto como un huir para adelante dado que sabe que, en el caso de repetirse las Elecciones, las confluencias concurrirían separadas y quedaría aún subiiendo a una distancia notable del PSOE.

4) Pedro Sánchez no debe tener prisa y la presión la tienen los demás: Rajoy porque está a punto de terminar su carrera política e Iglesias porque tiene cerca una parcela de poder si se comporta correctamente. El PSOE debería presentar un programa concreto de gobierno, con una veintena de medidas estrellas y proponerlo a los restantes partidos. Hay que plantear la cuestión en las medidas y no en los ministerios “tema libre” que se les ocurra a cada cual.

5) En Geografía Subjetiva seguimos pensando que la mejor opción es un gobierno de PSOE, Podemos y Ciudadanos; sería una coalición con mayoría, impulsos y equilibrios internos. El Partido Popular no debe estar en ningún gobierno hasta que no tenga dos tesoreros seguidos que no resulten imputados. Un partido que ha sido imputado el mismo día que su presidente rechaza la candidatura, no puede decir que transmite tranquilidad, orden y sensatez.

6) El hecho de que el PP no sea capaz de acordar una serie de abstenciones con unos cuantos partidos, lo suficiente para conseguir la investidura, indica lo mal que lo ha hecho. Gobernar nunca debe implicar quemar todos los puentes de entendimiento. En un panorama político más abierto y consecuentemente con mayores dificultades para alcanzar una mayoría absoluta el PP debe aprender a respetar y a dialogar.

7) La estructura asamblearia, de círculos y chorradas varias de Podemos ya se ha comprobado que es mera propaganda. Las decisiones, como en el PP, las toman el líder y sus allegados. Las dos únicas formaciones con pluralidad interna son el PSOE e IU que ha anunciado la consulta a los militantes de un acuerdo de gobierno.

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