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Posts Tagged ‘tribunales superiores de justicia’

Las palabras molestan, mientras que las realidades denotadas o creadas por esas palabras no molestan.

Un sector político y social ha hecho de “estado de alarma” algo abominable, sinónimo de opresión y de tiranía sin límites. Cuando quieren establecer medidas para frenar la pandemia del Covid-19 se refieren a las mismas medidas que estarían bajo un estado de alarma, pero sin ese nombre. Lo mismo sucede con “toque de queda”. En el Derecho las palabras son importante, porque crean realidades, no las describen.

Ese sector quiere crear un tercer género, entre lo normal y lo excepcional, que tengan las virtualidades de lo extraordinario pero con denominación de ordinario, es decir, quiere aprobar leyes ordinarias y orgánicas que establezcan medidas propias del Derecho de excepción, sin el instrumento constitucional del Derecho de excepción, que en este caso es el estado de alarma.

El problema que tiene esta postura, que podríamos calificar como “estado de alarma sin estado de alarma”, es que es inconstitucional. Nuestro ordenamiento constitucional no da lugar a estados intermedios entre lo normal y lo excepcional, entre lo ordinario y lo extraordinario. Crear situaciones excepcionales con normativa ordinaria vaciaría de sentido y contenido a los estados especiales.

En este sentido se han venido pronunciando algunos tribunales superiores de Justicia (País Vasco, Aragón y Madrid a escondidas) al decir que las leyes ordinarias u orgánicas tienen límites en lo referente a los derechos fundamentales y a las libertades públicas que solamente pueden ser transgredidos por medio de un estado especial. Una tendencia  judicial que comenzaba a desbordarse.

No es que no haya ley habilitante, es que no puede haberla.

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Dentro de una horas el Consejo de Ministros va a aprobar el estado de alarma. Después de que varios tribunales no ratificasen las medidas propuestas por las autonomías, pese a una amplia comprensión por parte de la Judicatura, y que numerosas voces afirmasen la necesidad de aplicar este instrumento constitucional porque la legalidad ordinaria, aunque se reformen las leyes, no es suficiente.

En Geografía Subjetiva siempre hemos mantenido la necesidad de emplear los instrumentos que la Constitución ponen en mano de las autoridades, con las garantías propias de estos, y hemos criticado la inconveniencia de recurrir a la creatividad jurídica en la que un consejero decreta una medida propia del Derecho de Excepción como es el “toque de queda”. No hemos creído adecuado el puenteo a la ratificación judicial hecho en Aragón al aprobar las medidas por Decreto-Ley.

Es cierto que una serie de increíbles circunstancias hicieron inviables las necesarias prórrogas del estado de alarma que comenzó en marzo. Y es irreprochable que si la prórroga parlamentaria era imposible, se buscasen otras posibilidad. Hemos asistidos atónitos a dirigentes políticos y mediáticos que han tildado de antidemocrático un instrumento constitucional y lleno de garantías, más que las otras medidas adoptadas hasta el día de hoy.

En la insoslayable revisión jurídica que se deberá hacer de las medidas durante la pandemia, además de los importantes pronunciamientos pendientes del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, habrá que proponer un mejor esquema jurídico, más definido y claro que las disposiciones vigentes que nunca habían sido puestas en vigor y a prueba con la exigencia de este 2020.

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Muchas veces se publica en los medios la existencia de una institución jurídica llamada ‘aforamiento’ que suele confundirse con otra que también afecta a algunos parlamentarios y es la ‘inmunidad parlamentaria’.

El aforamiento no es otra cosa que establecer que determinados procedimientos judiciales deben ser conocidos, cuando afecten a determinadas personas, por un órgano judicial diferente al habitual. El aforamiento de los parlamentarios en España restringe su enjuiciamiento al Tribunal Supremo en el casos de los diputados y senadores a Cortes y a los Tribunales Superiores de Justicia en el caso de los diputados autonómicos.

El aforamiento es, en principio, un privilegio en cuanto ofrece al acusado un juicio antes un tribunal colegiado (que ofrece mayores garantías) y un tribunal compuesto de magistrados mejor preparados y con más experiencia. En la actualidad esto queda desvirtuado en parte porque determinados delitos han de ser enjuiciados por un jurado, como fue el juicio a Camps.

El problema es que estos juicios son en única instancia, es decir, excluyen la posibilidad de apelar la sentencia. Las últimas reformas procesales tendieron a la generalización de la segunda instancia penal, pues curiosamente en España los delitos más graves no tenían derecho a la apelación mientras que los menos graves sí lo tenían. Desde dentro de España y desde instancias internacionales, principalmente tras varios dictámenes del Comité de Derechos Humanos de la ONU, se pidió que se estableciera esa segunda instancia que es lo común en nuestro entorno jurídico.

Esa extensión dejó fuera de la posibilidad de apelación penal a los juicios de aforados ante el TS o los TSJ. En el último caso únicamente cabe el recurso de casación, mucho más tasado que una apelación, y en el primero ni eso. El aforamiento es un dudoso privilegio. La intención del aforamiento no es otra que la de evitar que una asamblea legislativa puede ser puesta en jaque por cualquier juez.

El aforamiento es común a los parlamentarios autonómicos y a los nacionales, pero sólo estos últimos se les reconoce inmunidad parlamentaria. La inmunidad parlamentaria tiene dos vertientes: la prohibición de detención salvo en el caso de delito flagrante y la necesidad de autorización de la cámara a la que pertenezca el diputado o senador para ser encausado penalmente.

La primera vertiente es un modo de proteger la libertad de actuación de los parlamentarios y proviene de casos en los que los parlamentarios eran detenidos por el poder ejecutivo para conseguir, de este modo, cambiar la voluntad del legislativo o bien eran detenidos por el sentido de su voto.

La necesidad de autorización para ser encausado penalmente también pretende proteger a los parlamentarios de acusaciones que lo único que busquen sea truncar la voluntad de la cámara.

Es una inmunidad relativa puesto que puede ser levantada por medio de la concesión del ‘suplicatorio’. El Tribunal Constitucional en una jurisprudencia relativamente temprana estableció severos límites a la inmunidad relacionándola estrictamente con la función parlamentaria, con la inviolabilidad por opiniones y votos y procurando que la inmunidad no se convirtieran en impunidad al considerar que la denegación de un suplicatorio que no se basase en cuestiones relacionadas con la libertad necesaria para ejercer la actividad parlamentaria violaba otros derechos contenidos en la Constitución, especialmente el derecho a la tutela judicial efectiva.

Pese a que el aforamiento y en el caso de diputados y senadores tienen la configuración jurídica de privilegios no siempre tienen que tener un aspecto positivo. Como varios especialistas han indicado estas instituciones, en especial la inmunidad y la inviolabilidad, no protegen ahora tanto a los parlamentarios de las mayorías o de las grandes formaciones nacionales y regionales (con medios de sobra para litigar), sino a las pequeñas minorías y a los diputados y senadores de formaciones con escasa representación que normalmente adoptan un papel político más contundente.

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