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Posts Tagged ‘Tribunal Europeo de Derechos Humanos’

Hoy el Congreso rechazará la Iniciativa Legislativa Popular relativa a la reforma de la Ley Hipotecaria. Es un tema al que llevo mucho tiempo dándole vueltas y quisiera compartir el estado actual de mi reflexión.

No considero que haya que prohibir las ejecuciones hipotecarias ni impedir que la fuerza pública la lleve a cabo. Si la prohibición fuera general (como lo fue en Italia con los alquileres), se perjudicaría el derecho de propiedad y sería virtualmente imposible conseguir un préstamo hipotecario sin garantías muy superiores a las actuales (que no son pocas), así como el coste en intereses por el riesgo que implicaría.

Por el contrario sí creo que la dación en pago es un medida en el buen camino, pero no tiene nada que ver con los desahucios, como muchos piensan. Nuestro Código Civil establece la responsabilidad universal por deudas, cuya consecuencia práctica en lo que ahora nos ocupa consiste en que sí después de la ejecución no se cubre la deuda, ésta sigue existiendo y te persigue toda tu vida.

Otros muchos países consideran que la hipoteca limita la responsabilidad al valor del bien, de modo que realizada la ejecución, desaparece la deuda. Es evidente que encarecería las hipotecas, pero no las imposibilitaría, como la prohibición anterior, pues hay préstamos hipotecarios en los países en los que se limita la responsabilidad al bien gravado y el mercado inmobiliario está más vivo que el nuestro. Eso sí, la retroactividad es una barbaridad

Muchas propuestas, incluida la ILP, pretenden paliar la tragedia de los desahucios, el paro y la miseria por vía legislativa, reformando el mercado inmobiliario. Creo que la solución no es prohibir ejecuciones, sino que se hacen necesarios unos servicios sociales, de los que carecemos, que ayuden a las familias que viven esta desgracia a no verse en la calle. Falta vivienda social (y la que hay tiene unos detentadores al parecer vitalicios); faltan ayudas a la compra de alimentos y ropa (dejado a la más pura beneficencia); faltan becas de comedor, de libros y de transporte. Faltan muchas medidas para evitar dejar a nuestros conciudadanos tirados. Medidas que no requieren trastocar el mercado inmobiliario e hipotecario con consecuencias difícilmente previsibles.

¿Quiere decir esto que esté de acuerdo con la negativa el PP de no tomar en consideración la ILP de la Ley Hipotecaria? No, porque tengo la convicción de que este trámite parlamentario no debiera existir en el caso de las ILP que ya superan muchos obstáculos para reunir las firmas.

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Todo lo que viene ocurriendo con la Ley Sinde y la evidente incapacidad del actual ordenamiento español en materia de propiedad intelectual para proteger este derecho que dice proteger, me ha hecho recordar un caso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que, en otro aspecto de la propiedad, fue el primer caso de cientos que declaró violación del Protocolo 1 de la Convención Europea de Derechos Humanos.

El caso se llama Inmobiliaria Saffi contra Italia y la sentencia se dictó el 28 de julio de 1999. Inmobiliaria Saffi era una empresa que, entre otras actividades en el sector, alquilaba vivienda. De acuerdo con la legislación italiana obtuvo un mandamiento judicial, tras un procedimiento, de desahucio. Hasta ahí todo iba bien, pero la legislación italiana tenía la peculiaridad de prohibir expresamente la utilización de fuerzas del orden para hacer efectivo el desahucio.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que había una violación del derecho a la propiedad (artículo 2 del Protocolo 1 a la CEDH). Era cierto que Italia le reconocía el derecho de propiedad, le concedía un recurso que terminó en una sentencia tras un procedimiento con las debidas garantías, pero todo ello era puramente imaginario ya que, al estar prohibida la intervención de las fuerzas del orden, los inquilinos podían impedir, con su mera negativa a abandonar la vivienda, la efectividad del derecho de propiedad.

La legislación española en materia de protección de la propiedad intelectual reconoce derechos, da medios jurisdiccionales, pero no garantiza en el sentido del artículo 1 de la CEDH la efectividad de este derecho. Si aplicamos la doctrina de este caso, que se reiteró hasta la saciedad ya que era un problema estructural en Italia, al caso de las descargas de archivos de series, películas y música, resulta bastante claro que España no está proporcionando a los titulares del derecho humano a la propiedad medios adecuados y eficaces para proteger un derecho que se encuentra en nuestra Constitución (si bien sin posibilidad de amparo) y en el principal instrumento internacional de derechos humanos en el que España es parte.

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En algunas de la obras del teatro del ‘Siglo de Oro’ se encuentran esposas engañadas. No son esposas que han sufrido el adulterio por parte de sus maridos, sino mujeres que se casaron pero que fueron abandonadas por estos, no reconociendo la celebración del matrimonio.

¿Cómo podía suceder esto? Sucedía porque se mantenía la idea de que el matrimonio era válido con el mero consentimiento de los contrayentes, sin ninguna otra formalidad. El Concilio de Trento había establecido el matrimonio como negocio jurídico ‘ad sollemnitaten’, es decir, un negocio donde la falta de determinados requisitos formales (específicamente la presencia de un testigo cualificado y de otros dos) implicaba su invalidez. También se establecieron los libros sacramentales. Hay que advertir que los cánones del concilio de Trento tardaron mucho en ser observados generalmente.

El matrimonio es un negocio jurídico con una gran trascendencia jurídica y por ello la publicidad registral constitutiva que tienen en nuestro ordenamiento jurídico es fundamental, y más cuando las relaciones sociales son sumamente débiles y, progresivamente, vamos ganando en movilidad geográfica. El papel que ‘la comunidad’ tiene en el reconocimiento de la realidad matrimonial no tiene sentido en una sociedad moderna, ni siquiera entre los sectores donde ‘lo comunitario’ siga siendo fuerte, dado que se interrelacionan con un espacio más amplio, una comunidad política que fija consecuencias abstractas al matrimonio y que no comparte esos vínculos.

La idea de que la Sentencia del TEDH reconoce la eficacia civil del matrimonio gitano es falsa, ya que el Tribunal decide sobre una pensión, que ya efectivamente se cobra, sobre la base de la buena fe (apoyada en documentos públicos) y, sobre todo, en tres sentencias del TC que reconocen pensiones de viudedad por matrimonios canónicos no inscritos en el Registro Civil.

Poder conocer si dos personas están casadas o no es fundamental para el Derecho Civil y para partes del ordenamiento jurídico. El Estado puede reconocer o no la eficacia civil del matrimonio gitano, como lo ha hecho con muchos ritos matrimoniales, pero la necesidad de inscripción registral no puede ser cuestionada ya que sin ella se afectaría un buen protegido constitucionalmente como es la seguridad jurídica.

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Observaciones a la Sentencia

1) Las decisiones del TEDH son en el caso concreto: examina si las decisiones de las autoridades nacionales (independientemente del poder que las dictara), son compatibles con las obligaciones asumidas en el CEDH. En ningún momento hay que interpretar que se hace un control abstracto, esto es, si está de acuerdo o no con el CEDH, en términos general, que el matrimonio gitano no tenga efectos civiles.

2) Una cosa es lo que dice la sentencia y otra, bastante diferente, es la que la Unión Romaní ha dado a entender a los medios de comunicación y, a través de ellos, a la ciudadanía. De hecho la pretensión que tocaba el fondo del asunto (igualdad en el derecho a contraer matrimonio y la eficacia civil del matrimonio gitano) es declarada inadmisible por la Sala, entendiendo que en la actualidad la igualdad está plenamente garantizada por la existencia de un matrimonio civil, y no como en 1971 cuando existía un matrimonio canónico obligatorio para todos, salvo prueba en contrario de su no pertenencia a la Iglesia Católica.

3) No estoy nada convencido con que el TEDH adopte como criterio hermenéutico el Convenio-Marco del Consejo de Europa para la Protección de las Minorías Nacionales. Éste, siendo obligatorio para España, no forma parte de las normas internacionales que han de servir de base al TEDH para la toma de decisiones y además no confiere ninguna competencia al TEDH sobre la vigilancia de su aplicación.

4) En España tienen efectos civiles tanto el matrimonio según las disposiciones del Código Civil, como los matrimonios con formas religiosas (católicos, de las entidades afiliadas a la FEREDE –mayoritariamente ‘protestantes’-, israelita y musulmán). La adquisición de los efectos civiles pasa por su inscripción registral que es una garantía para los contrayentes y para la sociedad. Si se aceptase la validez civil del matrimonio según los ritos y las costumbres gitanos, la inscripción registral no podría ser obviada, por más que los contrayentes vivan como matrimonio y sean reconocidos como tales por su propia comunidad, tal y como afirma el TEDH.

5) Como indica el juez Myjer en su voto particular, el TEDH no ha estudiado con detenimiento el efecto temporal del CEDH en este caso. Creo que es una sentencia que dice y no dice demasiadas cosas y que España debería recurrir ante la Gran Sala del TEDH, especialmente porque las convicciones personales o de un grupo de personas no pueden ser definitorias a la hora de establecer los efectos civiles de una institución tan importante como es el matrimonio.

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Argumentación jurídica

La demanda alega dos violaciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos. La primera se fundamenta, en opinión de la demandante, en el artículo 14 (igualdad) en conjunción con el artículo 1 del Protocolo nº 1 (derecho de propiedad). La segunda en el artículo 14 (igualdad) en conjunción con el artículo 12 (derecho a contraer matrimonio). La primera de causas de la demanda es aceptada a trámite unánimemente por el TEDH. La segunda es inadmitida por mayoría (par. 81) en cuanto considera que el derecho a contraer matrimonio en igualdad está garantizado por la actual legislación española.

El TEDH recuerda que su jurisprudencia establece que la discriminación consiste en un diferente trato sin justificación objetiva o razonable, entre personas que se encuentran en situaciones comparables (par. 47). Igualmente mantiene el Tribunal que los Estados conservan un cierto margen de apreciación en las situaciones análogas (par. 48).

El TEDH recuerda las tres sentencias en las que el TC reconoció derecho a una pensión de viudedad en el caso de matrimonios canónicos no inscritos en el Registro Civil y que por tanto no producían efectos civiles. La STC 260/1988 en el caso de un matrimonio canónico que no pudo inscribirse debido a la imposibilidad de divorcio antes de 1981; la STC 180/2001 reconoce el derecho a una indemnización con la base de un matrimonio canónico no inscrito poco antes de la Ley del Divorcio de 1981 por motivos de libertad de conciencia y de religión; la STC 199/2004 reconoce un derecho a una pensión de viudedad también sobre un matrimonio canónico no inscrito voluntariamente en el Registro Civil (par. 32).

En estos tres casos el TEDH ha exigido que los recurrentes en amparo hubiesen actuado de buena fe, examen de buena fe al que no fue sometido la demandante de este caso y más cuando la décima disposición adicional de la Ley del Divorcio reconocía el derecho a la pensión de viudedad en caso de imposibilidad de dar consentimiento canónico antes de la entrada en vigor de esta norma (par. 53).

El Tribunal de Estrasburgo sostiene que el TC no hace este análisis de buena fe, que sí realiza en los tres casos citados, por la pertenencia a la etnia gitana de la entonces recurrente en amparo y ahora demandante (pár. 54), un análisis que está íntimamente ligado a ya que sostiene que las autoridades españolas le hicieron creer a la demandante la realidad y eficacia de su matrimonio (par. 56).

El TEDH mantiene la existencia de un ‘consenso europeo’ en la protección de la identidad y la seguridad de las minorías culturales, como su modo de vida (par. 60). Estima que las creencias colectivas de una comunidad enraizada y bien definida no pueden ser ignoradas (par. 59). Considera el Tribunal que no sólo se da buena fe sobre los efectos y la  plena validez de la demandante respecto a su matrimonio según el rito gitano, sino que además esta convicción ha sido reforzada por el Estado a través de documentos que se le otorgaron como el libro de familia, el reconocimiento de familia numerosa y la tarjeta de la Seguridad Social (par. 62 y 63).

Por ello el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declara la existencia de una violación del derecho reconocido en el artículo 14 en relación con el artículo 1 del Protocolo nº 1, ya que entiende que la percepción o no de una pensión sí está dentro de los bienes futuribles que entran dentro del derecho de propiedad según su propia jurisprudencia (par. 44).

Hay un voto particular discordante del mayor interés, suscrito por uno de los jueces que formaba parte de la Sala que ha resuelto este caso. El juez holandés Myjer sostiene que el TEDH se ha extralimitado en sus funciones interpretativas del CEDH y que ello puede generar desconfianza en los estados, pues entiende que más que reconocer derechos, ha creado un nuevo derecho.

Mantiene que el caso, con la presencia de la Unión Romaní como tercera parte, cuestiona realmente o no el reconocimiento legal del matrimonio gitano, asunto que está fuera de las competencias del TEDH, ya que el CEDH encomienda a los estados la regulación de los modos de contraer matrimonio.

Plantea que si se crea una línea jurisprudencial a partir de esta sentencia podrían cuestionarse sistemas matrimoniales, como el de su país, que solamente reconoce efectos civiles a los matrimonios civiles y no a los religiosos (como sí sucede en España). Señala una cuestión sumamente importante que el Tribunal no se ha planteado: la eficacia ‘ratione temporis’ del CEDH, ya que los hechos son anteriores a que España se convirtiese en Estado parte y la situación legal en la actualidad resuelve estas cuestiones de forma general.

Para continuar con las ‘observaciones a la sentencia’

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Nuevamente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (conocido como ‘el Tribunal de Estrasburgo’) ha dictado una sentencia que ha sido recogida ampliamente por los medios de comunicación españoles. En esta ocasión se ha debido a que reconoce el derecho a cobrar una pensión de viudedad a una ciudadana que únicamente se casó por el rito gitano, que no tiene validez en nuestro Derecho. Es el caso Muñoz Díaz contra España.

Hechos

Los hechos, como suele ser normal en este Tribunal, vienen de antiguo. La Sra. Muñoz Díaz solicita una pensión de viudedad tras el fallecimiento de su marido, con el que había contraído matrimonio únicamente según lis ritos gitanos en 1971 y había tenido seis hijos (par. 8). El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) deniega la pensión sobre la base de que no está casada, ya que el matrimonio celebrado según los ritos y tradiciones gitanos no tiene reconocimiento civil (par. 12).

La demandante recurre la decisión y el Juzgado de lo Social nº 12 de Madrid atiende su pretensión sobre la base de la analogía entre el matrimonio regulado por el Código Civil y la libertad de contratos, interpretado ello según la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial y la Directiva comunitaria 2000/43/CE (par. 14).

El INSS apela la sentencia ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El TSJM acepta la apelación sobre la base de que el matrimonio según los ritos y costumbres gitanos no tiene reconocidos efectos civiles y que el artículo 174 de la LGSS (vigente en aquel momento) exigía la condición de cónyuge para el cobro de la pensión de viudedad (par. 15).

La demandante presenta un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por discriminación basada en la raza y en la condición social que, en su opinión, es contraria al artículo 14 de la Constitución. El TC rechazó el amparo reiterando los motivos dados por el TSJM (par. 16).

Esta resolución fue adoptada por mayoría. En el voto particular del magistrado que votó en contra de la inadmisión aparece un dato que se va a tornar fundamental en esta sentencia del TEDH.

El magistrado disidente funda su argumentación en la existencia de un caso anterior, en el TC sí ha otorgado amparo y reconocido el derecho a pensión de viudedad a una persona casada canónicamente pero cuyo matrimonio no fue inscrito, pudiéndolo haber sido, en el Registro Civil. También apoya este magistrado su voto en que España es parte de la Convención-Marco del Consejo de Europa para la Protección de Minorías Nacionales y, por tanto, está obligada por ésta (par. 17).

El caso llega al TEDH, tras haber agotado los recursos internos. Normalmente cuando se presenta una demanda ante el TEDH hay una primera fase de admisibilidad, y si la demanda es declarada admisible, pasa a la fase de examen del fondo. El TEDH puede decidir, y en este caso lo ha hecho, resolver conjuntamente la admisibilidad y el fondo.

Poco después de presentarse la demanda, una reforma en la LGSS (Ley 40/2007) establece el derecho a cobrar la pensión de viudedad en el que caso de que se pueda demostrar convivencia al menos los seis años anteriores al deceso. A finales de 2008 el INSS, en aplicación de esta norma, le reconoce la pensión de viudedad a la demandante, pero el proceso en Estrasburgo continúa y la demanda no es retirada.

Para continuar con la ‘argumentación jurídica’

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El otro día hice en este blog un pequeño resumen de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en el caso Lautsi c. Italia. Como el texto iba quedando largo, decidí dejar las observaciones a esta sentencia para otra entrada. Lo siento. Es ésta.

1) El TEDH mantiene que el crucifijo es primariamente un símbolo religioso y que otras interpretaciones, que no entra enjuiciar en su validez, no pueden sustituir ni eliminar el hecho de que el crucifijo es un símbolo religioso.

2) Insiste el TEDH en varias ocasiones en la edad de los dos hijos menores de la demandante. Cuanta menor sea la edad, mayor efecto tiene la exposición de los menores a los símbolos religiosos. Este criterio me parece fundamental a la hora de enjuiciar este caso y de poder extraer un principio jurisprudencial, dado que a mayor edad, la incidencia se considera menor y la trascendencia a efectos del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) también decrece.

3) Otro criterio que considera el TEDH que hay que tener en cuenta a la hora de valorar una posible violación del derecho a la libertad religiosa reconocidos en la CEDH es la condición minoritaria de la creencia o de la no creencia. Cuanto más minoritaria sea una creencia o la no creencia, más peligro de conculcación de la libertad religiosa (en este caso en sentido negativo) de las personas pertenecientes a esta minoría. De esta forma el TEDH da la vuelta al tradicional argumento “confesionalista” (es justificable que la mayoría confesionalice la sociedad).

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Crucifijo aula
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha dictado sentencia en el caso Lautsi contra Italia sobre la presencia obligatoria de crucifijos en los centros escolares públicos de Italia.

La demandante había solicitado la retirada del crucifijo del centro escolar donde estudian sus hijos. Solicitud que fue rechazada por la dirección del centro y ratificado por varios tribunales administrativos y por el propio Consejo de Estado. Además de la violación de determinados preceptos constitucionales y de la Convención Europea de Derechos Humanos, la demandante encontraba respaldo en una sentencia de la Corte de Casación italiana (Tribunal Supremo) que ordenó la retirada de todos los crucifijos en los centros escolares cuando estuviesen siendo usados como colegios electorales.

Las sucesivas instancias del “contencioso-administrativo” italiano resuelven contra la pretensión de la demandante al considerar que el crucifijo es

El símbolo de la historia y de la cultura italiana, y en consecuencia de la identidad italiana, y también es el símbolo de de los principio de igualdad, libertad y de tolerancia como de la laicidad del Estado (par. 13)

El Tribunal Constitucional, al recibir el caso, consideró que no era de su competencia ya que se trataban de normas reglamentarias y no de normas con rango de Ley (par. 12). Lo que sí quedó claro, y ha sido importante en la sentencia, es que el conjunto de normas reglamentarias, cuyos orígenes se remontan al Reino del Piamonte, se encontraban en vigor y por tanto eran obligatorias (par. 20).

Ante el TEDH la demandante, tras la decisión del Tribunal Constitucional, ha alegado violación de los artículos 9, 14 y del artículo 2 del Protocolo número 1. Derecho a la libertad religiosa y de conciencia, igualdad y derecho a la educación según las propias convicciones (par. 27).

El Estado italiano ha contestado la demanda sacando de la librería Cristianismo y Democracia de Jacques Maritain. Este libro sostenía que el Cristianismo era la fuente primigenia de la que nacía la democracia liberal, teniendo el mérito de hacerlo en una época que la democracia liberal estaba mal vista y, en el mejor de los casos, tolerada en el seno de la Iglesia Católica (p. 35).

Ésta tiene igualmente una significación ética, comprensible y apreciable independientemente de la adhesión a la tradición religiosa o histórica porque ésta evoca principios que pueden ser compartidos fuera de la fe cristiana (no violencia, igual dignidad entre todos los seres humanos, justicia distributiva, primacía del individuo sobre el grupo, importancia de su separación de elección, separación de la política de la religión, amor del prójimo hasta llegar al perdón de los enemigos). […] El mensaje de la cruz sería un mensaje humanista, pudiendo serlo de una forma independiente de su dimensión religiosa, constituido por un conjunto de principios y de valores que forman la base de nuestras democracias.

La cruz renueva este mensaje, que sería perfectamente compatible con la laicidad y el acceso de los no cristianos y los no creyentes que podrían aceptarla en la medida que evocara el origen lejano de estos principios y valores.

El Estado italiano intenta refugiarse en un clásico de la jurisprudencia del TEDH: el “margen de apreciación del Estado”. El TEDH considera que en determinadas materias los estados tienen una libertad mayor, ya que estos conocen mejor que el TEDH la realidad concreta.

Normalmente el “margen de apreciación” le sirve de margen de salida al TEDH cuando no hay un “consenso europeo” sobre el tema en cuestión y es esto lo que intenta aprovechar el Estado italiano al citar el caso griego y mencionar implícitamente otras regulaciones como la suya (pars. 38, 39 y 41).

En su argumentación jurídica el TEDH trata de la obligación del Estado de in interferir en las convicciones religiosas y filosóficas durante el proceso educativo y que los programas educativos deben ser objetivos, críticos y pluralistas, implicando todo ello una prohibición de adoctrinamiento. En lo que respecto a la libertad religiosa y de conciencia el TEDH mantiene que la neutralidad y la imparcialidad del Estado deben garantizar el pluralismo, más allá de cualquier margen de apreciación (par. 47).

El TEDH rechaza la principal defensa del Estado italiano y considera que la cruz es, primariamente, un símbolo religioso (par. 51) y que la libertad religiosa negativa “no se limita a la ausencia de servicios religiosos o de enseñanza religiosa” (par. 52). Considera que el Estado debe abstenerse de imponer, aunque sea de forma indirecta, estas creencias y más teniendo en cuanta que la edad de los hijos de la demandante, donde se da una especial vulnerabilidad, debida a su edad (pars. 47 y 48). Esta vulnerabilidad se refuerza precisamente por el Catolicismo una religión mayoritaria, donde los creyentes de otras religiones y los no creyentes pueden ser más fácilmente presionados (par. 50).

Por ello declara violación de los derechos reconocidos en el artículo 9 CEDH y en el artículo 2 del Protocolo número 1, considerando innecesario entrar en la consideración de la violación del artículo 14.

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Banderas UE Checa
Según informa “El País” el Presidente de la República Checa arguye ahora la posibilidad de reclamaciones alemanas sobre bienes expropiados tras la Segunda Guerra Mundial, en la región de los Sudetes, para pedir rectificaciones en la Carta de Derechos, a la que el Tratado de Lisboa da fuerza jurídica, antes de proceder a su ratificación.

Dice Klaus que “no podemos permitir que los jueces de Malta o de España que se sientan en el Tribunal de Justicia las Comunidades Europeas y que ignoran la historia de nuestra región, decidan si los alemanes tienen derecho a recuperar sus propiedades”.

Además de agradecer la referencia a los jueces españoles, hay que decirle varias cosas al Presidente checo, jurídicas y políticas.

Las jurídicas se centran en un tratado y un protocolo adicional a ese tratado que la República Checa tiene ratificados hace tiempo: el Convenio Europeo de Derechos Humanos y el Protocolo nº 1 que reconoce el derecho a la propiedad privada.

El tema no es baladí porque en otros antiguos estados del Este se han presentado reclamaciones sobre bienes que, en tiempos pretéritos, fueron expropiados sin ningún procedimiento legal sobre la base legal del artículo 6 (debido proceso) y del artículo 1 del Protocolo (derecho a la propiedad privada).

Realmente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (que nada tiene que ver con la Unión Europea) no entra a valorar lo acontecido antes de que el Convenio y su Protocolo fuera vinculante para el estado en cuestión, sino lo que ha hecho el estado o no ha hecho desde que tenía la obligación jurídica de verlas por esos derechos que se comprometió a respetar y proteger (como ejemplo se puede consultar el caso Jasiuniene contra Lituania, de 6 de marzo de 2003).

Resumiendo lo dicho. El temor del Presidente Klaus es irreal, porque en su país ya hay base legal para hacer lo que él dice que se podría hacer en caso de ratificar el Tratado de Lisboa. No sé si él confunde el TEDH con el TJCE, porque a día de hoy sí puede encontrarse con una demanda y con simpáticos jueces españoles y malteses para entender del caso.

Pasemos a la parte política. La República Checa no es Irlanda. En la escena internacional, si no eres una potencia considerable, pasa como en la administración pública española: lo importante es la antigüedad. Irlanda lleva en las Comunidades Europeas desde 1973, forma parte de las naciones occidentales desde su independencia, se encuentra bajo la égida anglosajona y, además, le saca 20.000 dólares de PIB per capita a la República Checa.

Junto a todo ello Irlanda ya ha recibido el grueso de los fondos europeos, mientras que para los checos lo mejor está aún por llegar. Con muchos países pidiendo dinero y unas cuentas limitadas, la mejor opción no es ser el único estado que se empeña en obstaculizar una reforma más que necesaria de las instituciones comunitarias.

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Ibarretxe ha invitado a ciudadanos vascos particulares a interponer demandas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) tras conocerse la Sentencia del Tribunal Constitucional que declara la inconstitucionalidad dela ley que serviría de instrumento a la consulta que deseaba realizar.

Dado la manifiesta confusión que en nuestra sociedad hay acerca de lo europeo y la continua confusión de organizaciones internacionales, incluso entre periodistas supuestamente especializados, quiero hacer algunas aclaraciones y precisiones. Hay que precisar que el TEDH es un organismo judicial internacional que se inserta dentro del Consejo de Europa, que nada tiene que ver con la Unión Europea.

La primera es que Ibarretxe recurre a esta rara fórmula, que otros interpongan las demandas, porque según el artículo 34 del Convenio Europeo de Derecho Humanos (CEDH) una Administración Pública o una persona jurídica pública no se encuentra legitimada para la interposición de demandas ante el TEDH, como este tribunal tuvo ocasión de manifestar con meridiana claridad en el auto por el que declaraba la inadmisión de la demanda presentada por el gobierno de Ibarretxe contra la Ley de Partidos Políticos.

Pero la “solución” que Ibarretxe plantea tiene graves problemas jurídicos para ser admitida y prosperar ante el TEDH. El mismo artículo 34 exige que la persona que interponga la demanda sea la presunta víctima (o familiares de ésta), que el demandante haya agotado los recursos internos disponibles (con muy pocas excepciones) y que obviamente la demanda se funde en la supuesta violación de uno o varios de los derechos incluidos en el CEDH o en algunos de los protocolos facultativos ratificados por el estado demandado.

Que cualquier ciudadano se considere víctima de la sentencia del Constitucional es más que dudoso; que se recurre al TEDH sin haber pedido el remedio interno ni siquiera en su primera instancia y la ausencia absoluta de cualquier mención a la autodeterminación, junto con el reconocimiento básicamente de derechos individuales y no de derechos colectivos en el TEDH indican que el anuncio o invitación de Ibarretxe obedece más a aprovechar a hacer propaganda que a una verdadera intención de mantener una pretensión judicial con un mínimo de seriedad.

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