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Posts Tagged ‘Thomas Jefferson’

Los electores del Presidente de los Estados Unidos deben reunirse, en el lugar y la hora que determine la legislación de su estado, el primer lunes después del segundo miércoles de diciembre de acuerdo con la legislación federal (3 US Code § 7). Este año es el 14 de diciembre.

Habrá cincuenta y una reuniones parciales de los electores que conforman el Colegio Electoral, pero ninguna de todos ellos. No es un error, sino una decisión deliberada de los autores de la Constitución. ¿Por qué?

La principal magistratura electiva en los tiempos natilicios de los Estados Unidos era la del Rey de Polonia. La historia de las intervenciones extranjeras e internas en el proceso de elección de los reyes polacos era una sucesión de lo peor que podía sucederle a un país: intrigas, sobornos, candidatos cuya principal virtud era haber sido el amante de la Zarina, reyes que se marchaban si conseguían otra corona y un largo etcétera de infamias.

A los fundadores de los Estados Unidos les aterraba la idea de que el Presidente de su nuevo país pudiera convertirse en una versión trasatlántica del rey polaco y quisieron poner medios institucionales para evitar que ello fuera así. Eran conscientes que, siendo como eran un país con recursos limitados y pocas grandes fortunas, sobornar a los electores podía salirle realmente barato a cualquier potencia de la época y tener un simpático aliado en aquella parte del mundo.

Alexander Hamilton explica en el capítulo LXVIII de The Federalit Papers señala que esta elección descentralizada impide las presiones sobre el cuerpo elector (más sencillas si está reunido en un solo lugar) y, además siendo un órgano “ad hoc” resulta más difícil preparar el terreno para su corrupción y las tentaciones a la influencia extranjera.

En la reelección sin límites veía Hamilton una acumulación de ventajas, mientras que Thomas Jefferson consideraba que las grandes potencias extranjeras solamente tendría que pujar una sola vez para conseguir que su candidato fuera Presidente, ya que consideraba que echar del puesto a un Presidente en ejercicio era prácticamente imposible (algo que él mismo comprobó falso cuando le ganó las Elecciones al Presidente Adams tras un solo mandato).

Hasta 2016 no hay una seria injerencia extranjera en las Elecciones.

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La nominación y confirmación de Amy Coney Barrett como jueza del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, después que los republicanos se desdijeran de la doctrina que habían empleado para no llevar a votación la nominación de Merrick Garland como nuevo juez para cubrir la plaza del repentinamente fallecido Antonin Scalia, llevó a los demócratas a anunciar que ampliarían el número de jueces del Tribunal, una amenaza que le resultó muy efectiva a Roosevelt para conseguir que los jueces modulasen su interpretación constitucional del New Deal. Ni Roosevelt, ni el Presidente electo Joe Biden inventaron este mecanismo, sino que sus orígenes podemos encontrarlos en la Early Republic.

El historiador estadounidense Gordon S. Wood fija temporalmente el primer periodo de la Historia de los Estados Unidos, la Early Republic, entre los años 1789 (la Constitución entró en vigor) y 1815 (final de la Guerra de 1812 contra Gran Bretaña).

Durante este periodo la instituciones que la Constitución diseñó fueron cogiendo estableciéndose y comenzaron a desarrollarse dinámicas que concretaron y especificaron las escasas disposiciones judiciales. No podemos pensar que lo que ahora es importante y significado lo fuera entonces.

Una de las instituciones federales que más ha cambiado en su consideración desde 1789 ha sido la Judicatura. El poder judicial fue rápidamente organizado por el Primer Congreso, concretamente a través de la Judiciary Act of 1789 (An Act to establish the Judicial Courts of the United States, 1 Stat. 73) y dispuso tres niveles de tribunales federales.

El  único tribunal establecido constitucionalmente, era el Tribunal Supremo, que esta ley dispuso que estuviera compuesto por su presidente y cinco jueces (sección 1). Su compentencia estaba fijada en la Constitución y la sección 13 de esta ley la detalló, una sección que sería el centro normativo del mítico caso Marbury v. Madison de 1803.

La base del sistema judicial eran los tribunales de distrito, uno por cada estado que había ratificado la Constitución en ese momento (faltaban Rhode Island y Carolina del Norte) y dos distritos adicionales, uno para Kentucky, que por entonces formaba parte de Virginia, y otro para Maine que era parte del estado de Massachusets (sección 2). Los tribunales de distrito tenían la competencia que le asignaba expresamente la ley (sección 8).

El escalón intermedio era el más curioso. Todos los distritos, salvo Kentucky y Maine, estaban dentro de uno de los tres circuitos, cuyo tribunal estaba compuesto por un juez de distrito, normalmente el del distrito donde tenían lugar las sesiones, y dos jueces del Tribunal Supremo (sección 4). Los jueces del Tribunal Supremo dedicaban la mayor parte de sus jornadas a recorrer el circuito que les había correspondido impartiendo justicia en estos tribunales intermedios. Era algo muy oneroso para ellos, de lo que siempre quisieron ser relevados y no lo consiguieron definitivamente hasta 1891. Los tribunales de distritos tenían la totalidad de la competencia, salvo las expresamente reservadas al Tribunal Supremo o a los tribunales de distrito (sección 11).

Ser juez no era algo especialmente prestigioso en aquella época. De hecho pocos de los abogados habían pisado una facultad de Derecho y normalmente se formaban en el despacho de un abogado, hasta que se consideraban preparados para ser examinados por el juez estatal y admitido a litigar en su tribunal. Ser juez era un paso más en la carrera pública y los jueces desempañaban en muchas ocasiones funciones que no eran estrictamente judiciales.

De hecho en el primer Tribunal Supremo se dio el caso, hoy inimaginable, de que uno de los jueces renunciase para presidir un tribunal estatal. En efecto John Rutledge renunció al Tribunal Supremo para encabezar el máximo tribunal civil de Carolina del Sur.

John Jay, uno de los autores de The Federalist Papers, durante su mandato como presidente del Tribunal Supremo estuvo al frente de los negociadores de un nuevo tratado con Gran Bretaña y lejos de sus funciones judiciales. De hecho dejó la presidencia del Tribunal para presentarse a las elecciones a gobernador de Nueva York y en 1801 renunció a la nominación para volver a ocupar la presidencia del Supremo. Oliver Ellsworth, siendo presidente del Supremo, fue enviado a Francia por el Presidente John Adams para negociar los términos del fin de la Quasi-War.

Todo cambió en 1801. El Partido Federalista, partidario de un gobierno federal fuerte y de una interpretación nacionalizadora (centralizadora) de la Constitución, perdió las elecciones celebradas en 1800 tanto la Presidencia como el Congreso y vieron pronto que el poder les iba a ser esquivo en adelante. Decidieron hacer de los tribunales una fortaleza gobernada por los federalistas desde donde controlar y limitar las decisiones de los partidarios de la descentralización, los demócratas-republicanos de Jefferson y Madison. Los federalistas también tenían una tendencia más aristocratizante que Madison, un aristócrata moderado, o que Jefferson, más cercano a posiciones democráticas.

Oliver Ellsworth había renunciado, al volver a París, a su puesto de presidente del Tribunal Supremo. Como dijimos John Jay no quiso volver a recorrer el circuito. Entonces el Presidente Adams puso al frente del Tribunal Supremoa su secretario de Estado, John Marshall, que fue confirmado por un Senado con una mayoría que había perdido las elecciones en 1800 y se mantenía en el cargo hasta el 4 marzo de 1801.

Eso era solamente el primer paso. De acuerdo con la ley de 1789 toda la judicatura federal estaba compuesta por veintitres jueces, lo cual se antojaba escaso para consolidar una oposición judicial. Los federalistas, once días después del nombramiento de Marshall y diecinueve antes de que el Presidente y el Congreso terminaran su mandato, aprobar la Judiciary Act of 1801 (An Act to provide for the more convenient organization of the Courts of the United States, 2 Stat. 89), que aportaba las siguientes novedades:

1) Creaba unos nuevos tribunales permanentes de circuito, con jueces con nombramiento para ellos, de forma que se hizo preciso el nombramiento de dieciocho jueces nuevos, tres por ciurcuito, los cuales habían pasado de tres a seis. Quince de estos jueces fueron nominados y confirmados en pocos días (uno el día antes de terminar la Presidencia de Adams).

2) Establecía un tribunal de circuito en el Distrito de Columbia y daba una amplia facultad al Presidente para nombrar jueces de paz para éste, la cual fue usada por Adams para nombrar cuarenta y dos jueces dos días antes de la expiración de su mandato y que fueron confirmados inmediatamente.

3) Reducía el número de miembros del Tribunal Supremo. La sección 3 preveía que cuando se produjera una vacante no se pudiera cubrir, reduciéndose el Tribunal Supremo a cinco miembros. Dada la afiliación federalista de los jueces, se le quitaba a los Presidentes jeffersonianos la posibilidad de influir en el Tribunal Supremo.

Los republicanos-demócratas decidieron aprovechar su mayoría en la Cámara, tener la Presidencia y haber conseguido la mayoría en el Senado gracias al abandono de dos senadores federalistas para ser jueces de un circuito, para revocar la ley de 1801, volver a dejar en seis los miembros del Supremo y liquidar los tribunales de circuito, dejando sus jueces de ser tales en lo que ha sido el único caso federal de remociones by operation of Law de jueces según el Artículo III y no cambio de puesto por efecto de una reorganización. Para ello aprobaron la Judiciary Act of 1802 (An Act to amend the Judicial System of the United States, 2 Stat. 156), que fue un terremoto político y constitucional. De esta época y sobre los asuntos mencionados anteriormente son dos grandes sentencias: la ya citada Marbury v. Madison y Stuart v. Laird.

John Marshall se había convertido en la gran figura del Tribunal Supremo y éste había dejado de ser un poco prestigioso órgano judicial del que se salía lo antes posible para conseguir mejores puestos. Siguiendo la estela de Ellsworth había conseguido que el Tribunal se pronunciase con una sola voz sobre los casos, de forma que en las sentencia solamente constaba la opinión mayoritaria del Tribunal y no el seriatim, es decir, la serie de opiniones de los distintos jueces que antecedían al fallo. Unos lo atribuían al liderazgo de Marshall y otros, junto al liderazgo, a cierta pereza de los otros magistrados que veían como Marshall hacía solo todo el trabajo y no se notaba su pasividad al no tener que escribir su opinión personal sobre el caso que se resolvía.

Tras la dimisión de Alfred Moore, Jefferson pudo nominar a su primer juez y estuvo sumamente acertado. Su elección fue Williamk Johnson que se convertiría en el gran oponente a Marshall en el Tribunal. Intentó recuperar el seriatim, pero consiguió la posibilidad de hacer pronunciamientos propios, los votos particulares (dissenting opinions). Ha sido el juez que más votos particulares ha firmado.

Después de la muerte de William Paterson, Jefferson nombró a Henry Brockholst Livingston. Fue un fracaso porque se unió normalmente a las opiniones de Marshall. Visto el fracaso Jefferson al crear en 1807 un séptimo circuito amplía en uno los puestos del Tribunal Supremo que pasan a ser siete y nomina para el nuevo puesto a Thomas Todd, que supone una nueva traición porque no sólo se une a Marshall, sino que no hace practicamente nada en el Supremo. Las nominaciones de James Madison fracason igualmente, pues Duvall adoptó una actitud parecida a Todd y Joseph Story fue el sintetizador del Derecho Constitucional de inspiración federalista de Marshall que quedó sistematizado en sus Commentaries on the Constitution of the United States.

Visto al fracaso de la ampliación del Tribunal Supremo los republicanos-demócratas se olvidaron de nuevas modificaciones y esperaron a que el tiempo pasara. Y tuvo que pasar mucho para que John Marshall abandonara el Tribunal tras más de treinta y cuatro años de servicio.

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En el debate de investidura el portavoz del PNV en el Congreso aconsejó a la Corona no dejarse instrumentalizar políticamente. La pasada semana volvió a recordar su desatendido consejo al señalarle al Rey que no decir nada cuando es utilizado por una parte del espectro político para criticar una decisión del Gobierno, es una forma de consentir esa instrumentalización y es igualmente una forma de participar. El presidente del gobierno vasco, Urkullu, manifestó en el parlamento que era necesario “republicanizar” la Monarquía, en el sentido de que la institución fuera ratificada en cada generación.

Un medio digital de derecha, Vóz Populi, ha atribuido esta posición de los nacionalistas vascos de derecha a la lucha política con Bildu y a la posición antimonárquica de este último partido. Es curioso cómo se construye un relato falso.

Falso porque el PNV avisó de un problema y aconsejó una postura, ha reiterado a la Corona la necesidad de distanciarse netamente de la instrumentalización y, además, acaba de ganar con soltura las elecciones vascas y lidera un gobierno de coalición con mayoría absoluta.

Si algún partido está siendo leal con la Corona es el PNV, porque es el único que señala los comportamientos nocivos y ofrece remedios, mientras los otros callan los problemas o alientan los comportamientos perjudiciales.

Alguien podría decir que lo de “republicanizar” queda poco leal. No es así por en primer lugar porque el término tiene varias acepciones y, en segundo lugar, la “republicanización” de la que habló Urkullu ha sido la legitimación que se ha usado durante los casi cuarenta años de reinado constitucional de Juan Carlos II: la Monarquía fue aceptada al aprobarse en referéndum la Constitución.

Al igual que nuestra desactualizada e irreformable Constitución se está volviendo un fósil viviente, la Monarquía contenida en ella ha perdido legitimación al pasar más de una generación sin posibilidad de pronunciarse ni sobre una ni sobre otra. La idea de generación constituyente, de sabores jeffersonianos, es una exigencia política y moral en torno a la soberanía de un pueblo respecto a sí mismo y una garantía de que las instituciones del Estado responden a la voluntad popular.

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La Guerra de Independencia de los Estados Unidos no fue un proceso con dos bandos perfectamente definidos, los partidarios de la independencia y los partidarios de continuar bajo la Corona británica. Había personas y grupos que se pasaron de ambos alguna vez, así como un conjunto no pequeño que le traía sin cuidado la independencia o no de las colonias.

Durante la Guerra, los gobernadores de los nuevos estados tuvieron que hacer frente a situaciones insurreccionales dentro del territorio por ellos controlado. Thomas Jefferson, durante su mandato como gobernador de Virginia, que era el más grande y poblado de los estados, tuvo que hacer frente a toda la variedad posibles de actos de desobediencia, motín o revuelta, además del conflicto bélico contra los británicos.

A uno de los coroneles de la milicia del estado le escribió en abril de 1781 lo siguiente:

“La mejor manera para ellos tal vez sea no ir contra los amotinados cuando estén todos juntos, lo que quizás provocaría una rebelión abierta o, con toda seguridad, un derramamiento de sangre. Hay que hacerlo cuando se hayan dispersado: ir y sacarlos de sus camas, uno a uno y sin ruido. Si no se les encuentra la primera vez, ir una y otra vez para que nunca puedan permanecer tranquilos en casa.”

El recuerdo de las Elecciones Presidenciales en Bielorrusia se diluye. Hay masivas manifestaciones dominicales que van perdiendo novedad. No pasa nada nuevo y eso te hace perder tiempo en los informativos extranjeros. Parecía que Lukashenko iba a actuar como hacen habitualmente los autócratas, disolviendo violentamente las manifestaciones y creando una situación socialmente insostenible que iba tensionar a las fuerzas del orden y al ejército pero básicamente ha dejado discurrir las manifestaciones.

La oposición se manifiesta los fines de semana y Lukashenko reprime los días laborables. Decenas de opositores son detenidos e interrogados sin cámaras, ni manifestantes, ni nada ningún oposición. Es de suponer que estos regímenes han encontrado en las redes sociales y en la telefonía móvil una forma excepcional para trazar los contactos de la oposición y los detenidos no tienen ni que desvelar sus compañeros. Solamente los opositores más destacados, como la Nobel Svetlana Alexiévich, cuentan con la “escolta” de embajadores y la atención de los medios.

Es posible que las sanciones que se tomen no sean las clásicas consistentes en larguísimos periodos de detención, con todo tipo de maltrato. Los opositores de mayor significación se irán del país y el resto verá que su relación con el Estado se complica a la hora de realizar cualquier trámite, conseguir un trabajo o ascender, en una economía altamente estatalizada como la bielorrusa.

El mundo está dejando de mirar a Bielorrusia, como ha hecho durante muchos años, sencillamente porque no pasa nada, al no caer Lukashenko en la tentación de una represión clásica. Los movimientos fundados en la no violencia se están encontrando con un obstáculo, que no es otro que se sabe perfectamente que la no violencia funciona únicamente cuando hay un enemigo violento y unos espectadores determinados a intervenir. Si la no violencia es respondida con no violencia (lo que no quiere decir que no haya represión), sus posibilidades de éxito se esfuman. No es nada nuevo: ya lo decía Thomas Jefferson a finales del siglo XVIII.

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