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Posts Tagged ‘Seguridad Jurídica’

Desde hace unos años el Boletín Oficial del Estado ha comenzado a prestar un servicio público esencial para garantizar la seguridad jurídica, que no es otro que ofrece a todos los ciudadanos el acceso a texto normativos consolidados, es decir, a la situación en la que queda una norma después de su modificación.

Tradicionalmente este servicio lo han desarrollado editoriales privadas que cada septiembre publicaban textos normativos con las modificaciones aprobadas desde septiembre del año anterior. De vez en cuando las Cortes otorgaban al ejecutivo de la pertinente delegación legislativa para poder aprobar un texto refundido por medio de un Decreto-Legislativo y se poseía de nuevo un texto oficial actualizado.

Aunque el BOE ha ido extendiendo la publicación de normas consolidadas e, incluso, la ha llevado a las normas autonómicas que han de publicarse en el BOE, no ha habido un comportamiento parejo en otras administraciones, algo especialmente lamentable en la situación de emergencia que vivimos, donde no solamente hay una gran producción normativa, sino que las normas se modifican a los pocos días de dictarse.

Un ejemplo lo tenemos en la Junta de Andalucía, cuyo boletín oficial (BOJA), no ha acometido la puesta a disposición de la ciudadanía de la normativa autonómica consolidada.

El viernes 23 de octubre, el BOJA publicó su número extraordinario 68 del presente año. En la primera sección, disposiciones generales, publica la siguiente una orden del consejero de Salud y Familias con el siguiente título:

Orden de 23 de octubre de 2020, por la que se modifica la Orden de 29 de septiembre de 2020, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención de la covid-19, en localidades o parte de las mismas donde se haya acordado restricción a la movilidad de la población de una localidad o parte de la misma, y la Orden de 14 de octubre de 2020, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención de la Covid-19, en localidades o parte de las mismas donde es necesario adoptar [m]edidas que no conllevan restricción a la movilidad, y por la que se delega en las personas titulares de las Delegaciones Provinciales o Territoriales competentes en materia de salud la adopción de dichas medidas.

El texto es un continuo «se modifica» o «se añade» que no permite a nadie hacerse una idea de cómo queda el texto normativo modificado. ¿Estaría de más, en vez de modificar de esta forma, aprobar dos órdenes que incoporen las modificaciones o hacer que el boletín haga los textos consolidados? De este modo se satisface formalmente la publicidad, pero no materialmente y mucho menos se salvaguarda la seguridad jurídica.

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Uno de los muchos problemas que está teniendo la reacción jurídica a la pandemia es la falta de mecanismos ágiles para que los tribunales puedan tener criterios unificados. Y no es consecuencia del Estado de las autonomías, porque la Justicia es una, sino de la mera disparidad que los diversos tribunales territoriales tiene cuando intentan resolver una ratificación de medidas conforme a la Ley.

La unificación de criterios, como no puede ser otras forma, debería venir del Tribunal Supremo. En una situación como la presente no tiene sentido esperar que el cauce de los recursos ordinarios genere una casación ante el Tribunal Supremo. Debería abrirse la puerta al pronunciamiento del Tribunal Supremo desde el principio.

¿Pero cómo? La reciente Ley 3/2015 ha clarificado las competencias judiciales para entender de las ratificaciones de las medidas, pero no se ha resuelto la cuestión que nos ocupa. La solución podría haber creado, en este ámbito, una cuestión prejudicial no suspensiva ante el Tribunal Supremo para que con toda celeridad pueda asentar una doctrina común a todos los tribunales.

Si en muchos casos la profusión normativa crea una enorme inseguridad jurídica, en este la inseguridad jurídica a la hora de tomar decisiones ha sido causada en una buena parte de la imposibilidad de adelantar los criterios judiciales. Es algo que hay que rectificar, porque parece que las medidas sanitarias van a seguir dictándose.

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