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Posts Tagged ‘Poder Judicial’

La primera vez que un español oye hablar de un tal Montesquieu es en clase de Historia donde se le mencionará y se relacionará ese nombre francés con la separación de poderes, se enunciarán los de tres pero no se explicará nada más. Es posible que quien lo explique no se haya leído Del Espíritu de las Leyes. Mientras la quizá más decisiva elaboración teórica, la de John Locke, no se mencionará quizá porque si pocos profesores de Historia han leído a Montesquieu, muchos menos a Locke.

Luego llegará ese momento en las noticias donde alguien hable de Montesquieu y lo relacione con la independencia del poder judicial, porque Montesquieu parece que solamente habló de la independencia del poder judicial. También es igualmente probable que ese político, periodista o tertuliano no se haya leído una sola página de Charles Louis de Secondat.

El poder judicial para Montesquieu debe ser no permanente y ser diferente dependiendo de la persona que sea juzgada, de modo que un noble no pueda someterse a un tribunal de personas que no sean socialmente iguales a él. Debe no ser permanente, es decir, debe constituirse “ad hoc” para el caso porque así dejaría de ser un poder “neutro” (sea lo que sea lo que signifique), porque saberse a priori en posesión de la capacidad de juzgar confiere un poder suficiente como para que una clase social pueda destruir a la otra. Pensó que el fin de la República Romana se funda singularmente en que los tribunales estaban compuestos por miembros del Orden Ecuestre que con sus veredictos consiguieron doblegar a la nobleza senatorial.

Lo que ha hecho célebre a Montesquieu es una mala comprensión del sistema británico vigente en su época. Una mala comprensión que produjo una idealización. Una idealización en la que vio una especie de regeneración del gobierno gótico, el mejor para Montesquieu. Y aquí está el centro de la argumentación de Monstesquieu: la limitación al poder regio no venía de una teórica separación de poderes, sino de la existencia de cuerpos intermedios que pudieran interponerse con éxito al monarca y que éste necesitase para hacer Derecho, que sería la expresión de la colusión de intereses entre los principales grupos sociales. Montesquieu no defiende nada que no sea los privilegios de la nobleza, a la que él pertenece, y la posibilidad de ésta de refrenar al rey en caso de querer terminar con su distinta y distinguida situación jurídica y social.

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Cíclicamente, normalmente cuando la derecha política y judicial ve en peligro algunos de sus baluarte de control dentro del Poder Judicial, comienza una enorme polémica que tiene el fin declarado de garantizar la independencia del Poder Judicial y el verdadero de conservar cuotas de poder dentro de los órganos de gobierno de los jueces.

Tomemos en serio sus palabras y pensemos por un momento que las cerradas defensas de la independencia del Poder Judicial no es más que una táctica partidista y que apoyarían lo que ahora rechazan si le beneficiara a la derecha política y judicial.

La independencia del Poder Judicial es tratada, si nos creemos lo que dicen, como un fin en sí mismo. Una de las finalidades del sistema democrático es la independencia del Poder Judicial. Realmente la independencia del Poder Judicial no es un fin, sino un simple medio para obtener algo mucho más importante: un pronunciamiento imparcial y conforme a la Ley.

Los diferentes sistemas democráticos han creado mecanismos diferentes con el fin de que sus jueces operen imparcialmente y sujetos a la ley, pero esos mecanismos solamente sirven si están bien ordenados a su fin, es decir, si logran imparcialidad y subjeción a la legalidad.

Puede darse que el Poder Judicial sea absolutamente independiente, mucho más de lo que se quepa imaginar ahora, y que los jueces y magistrados sean parciales y/o que no apliquen las disposiciones legales. La independencia es una garantía, no sé si necesaria, pero desde luego no es una garantía suficiente.

En muchas ocasiones los debates en España se centran en un punto y se oscurecen todos los demás. Dado que la independencia del Poder Judicial por sí no garantizan ni imparcialidad ni sometimiento a la Ley, ¿por qué nunca hablamos de las demás garantías? ¿por qué parece que con la independencia, y concretamente con una interpretación corporativista de la independencia, se garantiza todo lo demás?

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La nominación y confirmación de Amy Coney Barrett como jueza del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, después que los republicanos se desdijeran de la doctrina que habían empleado para no llevar a votación la nominación de Merrick Garland como nuevo juez para cubrir la plaza del repentinamente fallecido Antonin Scalia, llevó a los demócratas a anunciar que ampliarían el número de jueces del Tribunal, una amenaza que le resultó muy efectiva a Roosevelt para conseguir que los jueces modulasen su interpretación constitucional del New Deal. Ni Roosevelt, ni el Presidente electo Joe Biden inventaron este mecanismo, sino que sus orígenes podemos encontrarlos en la Early Republic.

El historiador estadounidense Gordon S. Wood fija temporalmente el primer periodo de la Historia de los Estados Unidos, la Early Republic, entre los años 1789 (la Constitución entró en vigor) y 1815 (final de la Guerra de 1812 contra Gran Bretaña).

Durante este periodo la instituciones que la Constitución diseñó fueron cogiendo estableciéndose y comenzaron a desarrollarse dinámicas que concretaron y especificaron las escasas disposiciones judiciales. No podemos pensar que lo que ahora es importante y significado lo fuera entonces.

Una de las instituciones federales que más ha cambiado en su consideración desde 1789 ha sido la Judicatura. El poder judicial fue rápidamente organizado por el Primer Congreso, concretamente a través de la Judiciary Act of 1789 (An Act to establish the Judicial Courts of the United States, 1 Stat. 73) y dispuso tres niveles de tribunales federales.

El  único tribunal establecido constitucionalmente, era el Tribunal Supremo, que esta ley dispuso que estuviera compuesto por su presidente y cinco jueces (sección 1). Su compentencia estaba fijada en la Constitución y la sección 13 de esta ley la detalló, una sección que sería el centro normativo del mítico caso Marbury v. Madison de 1803.

La base del sistema judicial eran los tribunales de distrito, uno por cada estado que había ratificado la Constitución en ese momento (faltaban Rhode Island y Carolina del Norte) y dos distritos adicionales, uno para Kentucky, que por entonces formaba parte de Virginia, y otro para Maine que era parte del estado de Massachusets (sección 2). Los tribunales de distrito tenían la competencia que le asignaba expresamente la ley (sección 8).

El escalón intermedio era el más curioso. Todos los distritos, salvo Kentucky y Maine, estaban dentro de uno de los tres circuitos, cuyo tribunal estaba compuesto por un juez de distrito, normalmente el del distrito donde tenían lugar las sesiones, y dos jueces del Tribunal Supremo (sección 4). Los jueces del Tribunal Supremo dedicaban la mayor parte de sus jornadas a recorrer el circuito que les había correspondido impartiendo justicia en estos tribunales intermedios. Era algo muy oneroso para ellos, de lo que siempre quisieron ser relevados y no lo consiguieron definitivamente hasta 1891. Los tribunales de distritos tenían la totalidad de la competencia, salvo las expresamente reservadas al Tribunal Supremo o a los tribunales de distrito (sección 11).

Ser juez no era algo especialmente prestigioso en aquella época. De hecho pocos de los abogados habían pisado una facultad de Derecho y normalmente se formaban en el despacho de un abogado, hasta que se consideraban preparados para ser examinados por el juez estatal y admitido a litigar en su tribunal. Ser juez era un paso más en la carrera pública y los jueces desempañaban en muchas ocasiones funciones que no eran estrictamente judiciales.

De hecho en el primer Tribunal Supremo se dio el caso, hoy inimaginable, de que uno de los jueces renunciase para presidir un tribunal estatal. En efecto John Rutledge renunció al Tribunal Supremo para encabezar el máximo tribunal civil de Carolina del Sur.

John Jay, uno de los autores de The Federalist Papers, durante su mandato como presidente del Tribunal Supremo estuvo al frente de los negociadores de un nuevo tratado con Gran Bretaña y lejos de sus funciones judiciales. De hecho dejó la presidencia del Tribunal para presentarse a las elecciones a gobernador de Nueva York y en 1801 renunció a la nominación para volver a ocupar la presidencia del Supremo. Oliver Ellsworth, siendo presidente del Supremo, fue enviado a Francia por el Presidente John Adams para negociar los términos del fin de la Quasi-War.

Todo cambió en 1801. El Partido Federalista, partidario de un gobierno federal fuerte y de una interpretación nacionalizadora (centralizadora) de la Constitución, perdió las elecciones celebradas en 1800 tanto la Presidencia como el Congreso y vieron pronto que el poder les iba a ser esquivo en adelante. Decidieron hacer de los tribunales una fortaleza gobernada por los federalistas desde donde controlar y limitar las decisiones de los partidarios de la descentralización, los demócratas-republicanos de Jefferson y Madison. Los federalistas también tenían una tendencia más aristocratizante que Madison, un aristócrata moderado, o que Jefferson, más cercano a posiciones democráticas.

Oliver Ellsworth había renunciado, al volver a París, a su puesto de presidente del Tribunal Supremo. Como dijimos John Jay no quiso volver a recorrer el circuito. Entonces el Presidente Adams puso al frente del Tribunal Supremoa su secretario de Estado, John Marshall, que fue confirmado por un Senado con una mayoría que había perdido las elecciones en 1800 y se mantenía en el cargo hasta el 4 marzo de 1801.

Eso era solamente el primer paso. De acuerdo con la ley de 1789 toda la judicatura federal estaba compuesta por veintitres jueces, lo cual se antojaba escaso para consolidar una oposición judicial. Los federalistas, once días después del nombramiento de Marshall y diecinueve antes de que el Presidente y el Congreso terminaran su mandato, aprobar la Judiciary Act of 1801 (An Act to provide for the more convenient organization of the Courts of the United States, 2 Stat. 89), que aportaba las siguientes novedades:

1) Creaba unos nuevos tribunales permanentes de circuito, con jueces con nombramiento para ellos, de forma que se hizo preciso el nombramiento de dieciocho jueces nuevos, tres por ciurcuito, los cuales habían pasado de tres a seis. Quince de estos jueces fueron nominados y confirmados en pocos días (uno el día antes de terminar la Presidencia de Adams).

2) Establecía un tribunal de circuito en el Distrito de Columbia y daba una amplia facultad al Presidente para nombrar jueces de paz para éste, la cual fue usada por Adams para nombrar cuarenta y dos jueces dos días antes de la expiración de su mandato y que fueron confirmados inmediatamente.

3) Reducía el número de miembros del Tribunal Supremo. La sección 3 preveía que cuando se produjera una vacante no se pudiera cubrir, reduciéndose el Tribunal Supremo a cinco miembros. Dada la afiliación federalista de los jueces, se le quitaba a los Presidentes jeffersonianos la posibilidad de influir en el Tribunal Supremo.

Los republicanos-demócratas decidieron aprovechar su mayoría en la Cámara, tener la Presidencia y haber conseguido la mayoría en el Senado gracias al abandono de dos senadores federalistas para ser jueces de un circuito, para revocar la ley de 1801, volver a dejar en seis los miembros del Supremo y liquidar los tribunales de circuito, dejando sus jueces de ser tales en lo que ha sido el único caso federal de remociones by operation of Law de jueces según el Artículo III y no cambio de puesto por efecto de una reorganización. Para ello aprobaron la Judiciary Act of 1802 (An Act to amend the Judicial System of the United States, 2 Stat. 156), que fue un terremoto político y constitucional. De esta época y sobre los asuntos mencionados anteriormente son dos grandes sentencias: la ya citada Marbury v. Madison y Stuart v. Laird.

John Marshall se había convertido en la gran figura del Tribunal Supremo y éste había dejado de ser un poco prestigioso órgano judicial del que se salía lo antes posible para conseguir mejores puestos. Siguiendo la estela de Ellsworth había conseguido que el Tribunal se pronunciase con una sola voz sobre los casos, de forma que en las sentencia solamente constaba la opinión mayoritaria del Tribunal y no el seriatim, es decir, la serie de opiniones de los distintos jueces que antecedían al fallo. Unos lo atribuían al liderazgo de Marshall y otros, junto al liderazgo, a cierta pereza de los otros magistrados que veían como Marshall hacía solo todo el trabajo y no se notaba su pasividad al no tener que escribir su opinión personal sobre el caso que se resolvía.

Tras la dimisión de Alfred Moore, Jefferson pudo nominar a su primer juez y estuvo sumamente acertado. Su elección fue Williamk Johnson que se convertiría en el gran oponente a Marshall en el Tribunal. Intentó recuperar el seriatim, pero consiguió la posibilidad de hacer pronunciamientos propios, los votos particulares (dissenting opinions). Ha sido el juez que más votos particulares ha firmado.

Después de la muerte de William Paterson, Jefferson nombró a Henry Brockholst Livingston. Fue un fracaso porque se unió normalmente a las opiniones de Marshall. Visto el fracaso Jefferson al crear en 1807 un séptimo circuito amplía en uno los puestos del Tribunal Supremo que pasan a ser siete y nomina para el nuevo puesto a Thomas Todd, que supone una nueva traición porque no sólo se une a Marshall, sino que no hace practicamente nada en el Supremo. Las nominaciones de James Madison fracason igualmente, pues Duvall adoptó una actitud parecida a Todd y Joseph Story fue el sintetizador del Derecho Constitucional de inspiración federalista de Marshall que quedó sistematizado en sus Commentaries on the Constitution of the United States.

Visto al fracaso de la ampliación del Tribunal Supremo los republicanos-demócratas se olvidaron de nuevas modificaciones y esperaron a que el tiempo pasara. Y tuvo que pasar mucho para que John Marshall abandonara el Tribunal tras más de treinta y cuatro años de servicio.

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Hoy el Rey debería haber estado en Barcelona, porque es el que transfiere a los jueces el poder de impartir justicia
(Teodoro García, secretario general del PP)

Si tuviera que recomendarle a alguien una selección de lecturas, una de las que estarían en esa lista, sería las páginas que Max Weber dedica a los tres tipos puros de dominación o legitimación. Proporcionan una capacidad de análisis increíble sobre el poder y sus justificaciones.

Decía este autor alemán, cuando trata de la rutinización del carisma, que desaparecido el líder carismático se crean formas de transmitir el carisma a los nuevos dirigentes y pone como ejemplo la ordenación sacerdotal. Las insignes palabra de Teodoro García, secretario general del PP, confunde lo que es nombrar a unos jueces con lo que es ordenar a unos sacerdotes. El Rey no les transfiere a los nuevos jueces ningún poder sobrenatural o natural de impartir Justicia, porque su selección y sus funciones están señaladas en el ordenamiento jurídico. En ninguna norma se señala que la presencia del Rey en un acto protocolario sea necesaria.

Podríamos conjeturar que Teodoro García piensa que eso de “en nombre del Rey” hace que toda la administración de la Justicia sea un acto vicario del monarca, y no es mál que un resto también protocolario de otra forma de dominación, la tradicional, en la que ningún funcionario lo era del Estado, sino del monarca.

No creo que Teodoro García tenga concepción alguna de lo que es la Monarquía Parlamentaria, ni siquiera sobre el Estado o la Democracia. Lo suyo es mantener alta la crispación, aunque haga el ridículo como ahora. Pese a ello debería saber el número dos del segundo partido de España que el ideal de los Estados contemporáneos no es lo carismático, ni lo tradicional, sino lo que Weber llamaba “legal con administración burocrática”, esto es, normas abstractas aplicadas por funcionarios profesionales. Y en el Poder Judicial esos funcionarios son los jueces.

¿Es lo anterior una pedantería de un bloguero? Es probable, pero ello no quita para que alguien que escala a un puesto relevante en la política de nuestro país conozca lo básico y no confunda al Rey de la Constitución de 1978 con un brujo que transmite su poder de hacer justicia a sus discípulo o con un monarca que gobierna el Reino como si fuera de su propiedad y hace que sus criados resuelvan los conflictos que surjan. Ése no es el Rey de la Constitución de 1978.

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