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Posts Tagged ‘Navarra’

El CIS ha publicado su Barómetro del mes de julio y como suele ser habitual, incluso en el mes de agosto, se cayó la web de este organismo a la hora que anunciaron que estaría disponible. Esto pone de manifiesto que para el frikismo político no hay periodo de descanso.

Ésta es la intención directa de voto y la estimación que los técnicos del CIS hacen:
EstimacionCIS072015El CIS no hace proyección de escaños con tanta distancia de los procesos electorales. Nosotros sí lo hacemos porque entendemos que, a pesar de toda la labilidad de hacerlo ahora, nos da una perspectiva aproximada de dónde están las cosas en una democracia representativa como la nuestra, donde prima el número de escaños sobre el número de votos.

Hemos aplicado nuestro método pero actualizado con los datos que nos han proporcionado los últimos comicios celebrados este año. Y a día de hoy, proyectando las estimaciones del CIS en nuestro Congreso de los Diputados el resultado sería el siguiente:
ResumenProyeccionCIS072015
ResumenProyeccionCIS072015Tarta3DLa proyección en cada de las cincuenta y dos circunscripciones que está dividido nuestro país es la siguiente:

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Algunas ideas:

1) Gracias al dominio que los populares tienen de las circusncripciones menos pobladas, optimizan sus votos en escaños más que ningún otro partido. El PP obtiene una sobrerrepresentación sistémica.

2) Ningún “pacto a dos”, salvo la GroKo, alcanza la mayoría absoluta. Un pacto PP+C’s se situaría a 152 (-24) y un pacto PSOE+Pod. llegaría a 150 (-26), que sumándole los tres de IU adelantaría por un solo diputado al pacto entre los de Rajoy y Rivera. Todo quedaría en manos de las fuerzas nacionalistas y regionalistas y no hay que olvidar que CiU y ERC suman 23 escaños.

3) Un “pacto a tres” PSOE+Pod.+C’s alcanzaría los 176 diputados necesarios para la mayoría absoluta (pacto de los muy complicados). Un “pacto a tres” liderado por el PP se me plantea imposible.

4) Un confluencia entre IU y Pod. podría situarle en una posición mejor que la mera suma de escaños (46) de esta proyección. Presentarse con candidaturas separadas solamente les perjudica a ellos, porque los dos se dirigen al mismo electorado.

5) La estrategia será más importante que nunca.

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Municipales, Ceuta y Melilla

Aragón

Asturias

Baleares

Canarias

Cantabria

Castilla y León

Castilla-La Mancha

Comunitat Valenciana

Extremadura

La Rioja

Madrid

Murcia

Navarra

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El lunes, al conocerse el nombramiento del nuevo ministro de Sanidad, publiqué una entrada que era un cuadro con todos los ministro de Sanidad desde 1977, su titulación académica y su profesión. La volvemos a reproducir a continuación.

Ministros constitucionales de Sanidad
Pero soy consciente que esto no sirve para dar un panorama completo de quiénes son los máximos dirigentes de la sanidad en España, dado que el grande de descentralización en esta materia es altísimo.

Por ello he realizado con nuevo cuadro, con casi los mismos parámetros que hace dos días, pero centrándome únicamente en los diecinueve consejeros autonómicos con competencias que antes eran propias del Ministerio de Sanidad (en Ceuta y Melilla, que tienen algunas competencias sanitarias, la atención sanitaria dependen del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria que sí depende del Ministerio de Sanidad).

El perfil técnico está mucho más presente que en los últimos años del Ministerio, dado que doce de los consejeros/as tienen titulación sanitaria.

Consejeros de Sanidad

 

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Hoy he visto en un tweet el siguiente con los países que tienen los colores rojo y/o azul en sus banderas. Son la mayoría.

Color banderas países

En un ataque de conocimiento inútil me he planteado si sucedería los mismo con nuestras autonomías y ésta es la versión celtíbera del anterior mapa.

Mapa banderas autonomías
Ya podemos comenzar las discusiones sobre si el celestito de la bandera gallega es azul o sobre si el carmesí de la bandera murciana debe ser considerado rojo o no.

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MezcladoraLa Sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997 conmovió los cimientos de nuestro sistema institucional y, sobre todo, de las relaciones entre las normas estatales y autonómicas. Fueron recurridas la Ley 8/1990 y el Texto Refundido de la Ley del Suelo aprobado por Real Decreto-Legislativo 1/1992.

Las recurrentes fueron los gobiernos de Aragón, Baleares, Canarias, Castilla y León, Cantabria y Cataluña y el legislativo de Navarra. Salvo el gobierno catalán todos los ejecutivos estaban controlados por el Partido Popular o apoyado por el Partido Popular. En el Parlamento de Navarra no había mayoría del partido en el gobierno y no sabemos de quién partió la iniciativa de recurrir y quienes la apoyaron.

Excepto la duda navarra y la derecha nacionalista catalana el resto de los recurrentes por violación del reparto competencial realizado en la Constitución y en los estatutos de autonomías eran comunidades regidas por el PP y claro, entonces el Presidente del Gobierno era Felipe González.

La sentencia 61/1997, de 20 de marzo, que resuelve los recursos acumulados y planteados tanto contra la Ley 8/1990 como contra el Real Decreto-Legislativo 1/1992 fue un auténtico seísmo jurídico.

Hasta entonces si una comunidad tenía una competencia determinada podía legislar sobre ella, con el límite de la legislación básica del Estado si había previsión de su existencia. En todo caso el Estado legislaba la totalidad de la materia siendo de aplicación en una comunidad lo establecido por ella y en lo no establecido la norma estatal que se consideraba generalmente subsidiaria.

Bajo la premisa de que quien no tiene la competencia no puede legislar ni subsidiariamente sobre ella se vino abajo, principalmente gracias a los recursos de las comunidades del Partido Popular, todo el sistema normativo urbanístico.

La doctrina administrativista nunca ha sido nada pacífica con esta sentencia y una parte de ella la consideran un gran error del Tribunal Constitucional, especialmente porque parece obviar el propio precepto constitucional establece la subsidiariedad de las disposiciones estatales y porque no tiene en cuenta de que en dos regiones de España, Ceuta y Melilla, en las que sus estatutos no prevén la asunción de la competencias urbanística y que al carecer de potestad legislativo tampoco pueden llenar el espacio dejado por el Constitucional.

Se considera que, al menos en el terreno urbanístico y de extender esta doctrina a otros derroteros también, España dejó de ser un Estado con cierta descentralización política a ser un Estado profundamente federal en el que hay terrenos vedados, aún subsidiariamente, al gobierno central.

La narrativa del PP insiste en atacar al sistema autonómico, vendiendo a sus fieles la idea de que las autonomías son de esa gente mala de la izquierda y que hay que garantizar un tope de competencias al Estado frente a las comunidades autónomas. Ése es su discurso, su realidad es la de reclamar competencias hasta un federalismo algo alucinante para nuestro texto constitucional y lo reiteran en el tiempo.

Nuevamente recurrieron nuevas leyes urbanísticas, este caso la Ley 8/2008 y el Real Decreto-Legislativo 2/2008 y fueron autonomías del PP, acompañadas en esta ocasión por el Grupo Parlamentario del PP en el Congreso. En esta ocasión la STC 141/2014, salvo una cuestión menos, no ha cometido el despropósito que los populares buscaban.

Mientras mantenían un recurso antiautonomista, recurrían intentando dejar al Estado sin poderes urbanísticos; mientras reclamaban un Estado central fuerte, querían que el jugoso asunto urbanístico solamente dependiera de sus regiones y más cuando gobiernan los malvados socialistas.

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España es Castilla

Los medios han sido aleccionados desde que el Rey Juan Carlos anunció su abdicación y casi ninguno de ellos ha hablado de coronación, sino de proclamación antes las Cortes. Los reyes castellanos tradicionalmente han sido proclamados y no ha habido una ceremonia parecida a las coronaciones de otras monarquías, y menos a los grandes fastos de las monarquías inglesas o de los borbones franceses.

Pero nuestra monarquía es española y no castellana y en las otras monarquías españolas los rituales de inicio de Reinado eran diferentes. En Aragón se practicaba la autocoronación, mientras que en Navarra se daba el sacramental de la coronación y la unción de los reyes.

Es cierto que tanto la autocoronación como el sacramental de coronación y unción son muchos más aparatos que la proclamación en Cortes y se dan dentro de las iglesias, que es algo de lo que han huido con mucho instinto en esta ocasión. En todo caso nadie ha dicho nada de la aceptación de lo castellano como lo español.

Felipe de Borbón y Grecia adoptará el nombre de Felipe VI para reinar en España hasta que se proclame la III República. Pero como indicamos en la entrada anterior el ordinal elegido es propio de Castilla, porque como Reyes de Aragón solamente ha habido cuatro reyes llamados Felipe (Felipe El Hermoso solamente fue rey en Castilla) de tal forma que el todavía Príncipe Felipe sería Felipe V en Aragón

En cambio en Navarra había tenido reyes de nombre Felipe antes de la instalación de los Habsburgo, concretamente a tres. Para establecer el ordinal navarro hay que restar al ya mencionado Felipe I de Castilla, de manera que el jueves tendremos a Felipe VIII.

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El PSN-PSOE lo tiene muy difícil en la actual situación política navarra. Comenzó siendo el sostén de Barcina y ahora no sabe cómo echarla de la Presidencia. Los números dan de sobra para que la ex alcaldesa de Pamplona salga con la vergüenza que merece del gobierno foral, pero el problema es el otro sumando de los números del PSN: Bildu.

Los socialistas saben que no pueden pactar con Bildu. El gobierno de Rajoy está tocado y ya se visibiliza en casi todas las encuestas. Están tirando de todos los resortes para intentar movilizar a los suyos, muchos de ellos pensionistas, que le están abandonando, pero nada les hace reaccionar. Los socialistas lo que tienen que hacen básicamente es no meter la pata y elegir un candidato/a que tampoco la meta y que esté dispuesto a formar gobierno con IU.

Pactar cualquier cosa con Bildu es un suicidio: tanto una moción de censura presentada por uno como una moción de censura presentada por el otro. Barcina no va a presentar una moción de confianza ni loca porque podrían hacerla caer sin tener que ponerse de acuerdo, evidenciar la imposibilidad de elegir un nuevo Presidente y tener que ir a elecciones anticipadas.

Las elecciones anticipadas es lo que el PSN-PSOE quiere, coincidiendo con las Europeas. Podría ser un primer triunfo para Rubalcaba y colocar a la amalgama UPN y PP ante la misma disyuntiva que ellos tienen ahora: o apoyar a los socialistas o todo en manos de Bildu. Barcina no desea esta posibilidad y parece haber decidido esperar hasta el fin de la legislatura.

La derecha navarra busca ganar tiempo mediante la técnica de “esperar a que escampe”. Esta técnica, en apariencia burda, no es fácil de llevar y de repente puede comenzar a desearse que termine el calvario con la segura derrota electoral. ¿De qué depende?

Simplemente de la presión que quiera y pueda meterle la oposición a Barcina. Una presión tan fuerte que lleve votos a la abstención solamente beneficia a Bildu y una presión suave a la Presidenta; el punto justo es complicado. Pero no sólo hay que hallar ese punto justo, sino que hay poder aplicarlo en medio de ese curioso mundo de los medios de comunicación regionales y tanta querencia le tienen normalmente a los gobernantes de derecha.

Complejos y difíciles son los pasos que tienen por delante los socialistas navarros, pero ellos saben por experiencia que Navarra se sacrifica si es el Gobierno de España el que está en juego.

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Las últimas votaciones en el Congreso desvelan para mí un cambio sustancial dentro de la dinámica política y de los apoyos parlamentarios a los que, hasta ahora, hemos asistido. El Partido Popular, sin necesitarlo por su mayoría absoluta, ha luchado denodadamente por conseguir los votos o la abstención de partidos nacionalistas o foralistas de derecha (CiU, PNV, UPN).

No es sólo una voluntad (discutible) de llegar a acuerdos, sino que constituye una táctica con la vista no puesta en esta legislatura, sino en el futuro, pudiendo constituirse en la nueva estrategia de la derecha española.

El PP ha destrozado exitosamente, durante años, a cualquier alternativa regional que compitiese por el electorado de derecha, pero se le han resistido algunas formaciones: Hasta ahora el Partido Regionalista de Cantabria (presidido por Miguel Ángel Revilla) va camino de la desaparición porque sin tocar poder, no es más que un conglomerado de concejales y alcaldes, y además le han faltado cuatro años más para convertirse en la marca cántabra del PSOE.

UPN rompió con el PP para poder hacer limpia interna de quienes se sentían más del PP que de UPN. En una votación en la que su voto no tenía importancia en el Congreso, se fue con el Gobierno y consiguió el nacimiento del PP de Navarra. Los peperos navarros se fueron a casa y los foralistas sin ambiciones capitalinas se quedaron en UPN, consiguiendo mantener las mismas cuotas de poder que antes. Ahora gobiernan con el PSN-PSOE y concurren a las generales con el PP.

Con PNV y CiU nunca lo han intentado porque las diferencias entre ellos y el PP en sus respectivas regiones es muy grande.

Tanto en el PP, como en PNV, CiU y UPN, se han dado cuenta de que son partidos semejantes en la mayoría de sus planteamientos programáticos, ideológicos y religiosos. También se han dado cuenta que el nacionalismo, tanto el español como el periférico, les ayuda a los dos en cuentos hacen que el debate no esté en cuestiones tangibles sino en cuestiones de identidad y de contraidentidad, donde la derecha actualmente gana. De esta forma cuando se enfrentan ganan ambos, porque no compiten por el mismo espacio electoral y los maximizan.

El cambio de estrategia es éste: atacaremos mediáticamente a los nacionalistas periféricos y ellos a nosotros para poder llegar a la totalidad de los respectivos ‘cleavages’ identitarios; después de las elecciones nos apoyaremos para evitar gobiernos de izquierda tanto en las regiones (Euskadi, Catalunya y Navarra) como en el Gobierno de España.

¿Realmente es un cambio? Sí y no. Sí porque renuncia ahora explícitamente a ocupar el espacio de la derecha naiconalista o foralista. No es porque fue el criterio postelectoral de 1996 y que los populares mantuvieron hasta la mayoría absoluta de 2000.

Fue en el 2000 cuando Aznar decidió prescindir del mundo y mantener un tono de arrogancia cuyas consecuencias su partido ha tenido que sufrir durante más de una década. Ahora el PP vuelve a pensar en el futuro más allá de los resultados concretos y define una estrategia a largo que le facilite el Gobierno de España a cambio de abandonar cualquier intención en Euskadi (donde se alejan todo lo que pueden de Patxi López), Catalunya o Navarra.

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Ayer, como ya nos hicimos eco en GS, Álvarez Cascos disolvió al parlamento asturiano y convocó nuevas elecciones autonómicas. Dada la pluralidad y diversidad de límites y condiciones que hay a la hora de convocar elecciones anticipadas, tanto si se ha conseguido investir presidente como si no se ha conseguido.

El Estado regula esta materia en la Constitución y las Comunidades en sus respectivos Estatutos de Autonomía, con la excepción de Euskadi que lo hace en su ley de gobierno y Galicia que lo hace parcialmente también en su ley de gobierno.

En el que caso de que no haya elección posible de un presidente la norma general es la convocatoria de nuevas elecciones pasados dos meses desde la primera votación de investidura. Otros son más precisos en el plazo temporal, como Euskadi e Illes Balears que señalan el plazo de sesenta días desde la primera votación, Navarra amplía el plazo a tres meses pero desde la celebración de las elecciones y Castilla-La Mancha obliga a la investidura del candidato del partido con más escaños (no dice nada el Estatuto del empate a escaños).

Sobre la capacidad del presidente para disolver la cámara legislativa hay mucha más variedad: desde la no previsión estatutaria de disolución anticipada en Canarias hasta la disolución sin límites estatutarios de Catalunya, Illes Balears o Euskadi. Entre las Comunidades que tienen limitaciones es común la de disolver cuando se está tramitando una moción de censura y cuantitativamente las limitaciones se multiplican en Madrid, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, La Rioja, Madrid, Murcia y Navarra.

Que yo conozca el único caso de nuevas elecciones por imposibilidad de elegir un presidente se dio en Madrid después de las elecciones de mayo de 2007, planteándose una dificilísima cuestión estatutaria. El adelanto electoral se ha dado más en las Comunidades que accedieron por la ‘vía rápida’ a la autonomía (uno en Andalucía, dos en Catalunya y dos en Euskadi) y creo que el adelanto astur es el primero en las Comunidades de la ‘vía lenta’.

 

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La ‘devolución’ a Escocia, en una primera instancia, de competencias municipales y después de su propio parlamento (proceso que se ha dado en otras ‘nations’) planteó la cuestión de los diputados de ese antiguo reino podían votar leyes que afectaban solamente a los ciudadanos ingleses pero los diputados ingleses no podían decidir sobre las materias devueltas al Parlamento escocés. Esto, descrito un poco a lo bruto, es lo que se llama ‘West Lothian Question’.

¿Existe esto en España? Parecería que no, pero hay determinadas materias en la que hay diputados, que representan determinados territorios, que pueden decidir sobre lo que se hace o no en otro lugar, mientras que los representantes de ese lugar no tienen reciprocidad.

Esto sucede en España, específicamente en materia fiscal. Los diputados canarios y norteafricanos (17) votan sobre el IVA, cuando en sus autonomías no se aplica este impuesto. Los diputados alaveses, vizcaínos, guipuzcoanos y navarros (23) votan la Ley del IRPF cuando en estos cuatro territorios forales el IRPF es decidido por el Parlamento de Navarra y por las Diputaciones Forales en el caso de los vascos.

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