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Posts Tagged ‘Liberalismo’

Manifestación antiabortista
La democracia liberal es un sistema aburrido. Los ciudadanos pueden hacer caer al gobierno, es decir, la conspiración popular está legitimada y legalizada y hasta se financia a costa del Estado. Los sistemas no democráticos necesitan ser ellos los que exterioricen lo político, porque si no lo harán otros. Por ello organizan actos grandiosos, momentos patrióticos inolvidables y manejan una estética impensable e innecesaria para una democracia.

Una cosa que siempre les ha encantado a los sistema o democrático es la acumulación de personas para manifestar un respaldo popular que no se atrevían a contrastar en la frialdad de las urnas. Siguiendo la poco democrática doctrina de Schmitt daban un valor legitimador fundamental a las manifestaciones externas, por controladas y orquestadas que estuvieran o precisamente por ello.

Manifestarse, con todo, es un derecho fundamental en las democracias liberales. Un derecho fundamental cuya trascendencia político-constitucional se agota en su ejercicio. El gobierno no tiene que hacer lo que le digan los manifestantes que hagan ni dejar de hacer algo que a los manifestantes les parezca mal. Su legitimidad la ha recibido de las urnas y no de las calles. Otra cosa es que, estratégicamente, considere oportuno o no atender las peticiones de los manifestantes.

El gobierno presidido por José María Aznar apoyó la Guerra de Irak contra numerosas manifestaciones en contra. Tenía la legitimidad para hacerlo y lo hizo. El gobierno de Rodríguez Zapatero, que lleva muchas más manifestaciones en contra que Aznar en sus dos mandatos, tiene la legitimidad para presentar la reforma de la regulación del Aborto y las Cortes la de aprobarla, por más personas que salgan a la calle con su correspondiente multiplicación por veinte.

Si realmente la mayoría de los españoles están en contra de la nueva regulación, lo inteligente, por parte del PP, sería hacer de este tema el eje de la próxima campaña electoral, pero me temo que no va a ser así porque la mayoría de los españoles no están en contra.

Los manifestantes tienen todo el derecho a salir a la calle, derecho que han podido ejercer a la perfección. Pero no tienen que confundir la manifestación con el ejercicio de soberanía, que en una democracia liberal se da en los colegios electorales y es suma, en este caso sí, de millones de voluntades. Unas elecciones son aburridas, pocos coloristas y, la verdad, siempre me vienen a la memoria el montón de horas como interventor o como presidente de mesa, pero aún no hemos encontrado una mejor forma de preguntarle a los españoles que es lo que mayoritariamente quieren.

Una manifestación no tiene ningún valor político-constitucional más allá de la expresión política de los manifestantes, que generalmente son el sector más concienzado con el asunto en concreto y que puede que hayan hecho de ése el centro de sus agendas políticas particulares.

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Paternalismo alimentario

No pensaba que iba a hablar otra vez sobre el paternalismo hiberniense, pero la visita a un supermercado ha hecho emerge otra vez este tema de la profundidad anímica en la que pensaba que la había encerrado.
Sobre los champiñones encontré este ilustrativo y paternalista cartel. Sin comentarios.

No pensaba que iba a hablar otra vez sobre el paternalismo hiberniense, pero la visita a un supermercado ha hecho emerge otra vez este tema de la profundidad anímica en la que pensaba que la había encerrado.

Sobre los champiñones encontré este ilustrativo y paternalista cartel. Sin comentarios.

Champiñones

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Paternalismo eléctrico

El de la foto es el modelo de enchufe que utilizan en Irlanda (es posible que en más sitios, pero como soy poco viajado no lo sé). La entrada de arriba es puramente de seguridad, ya que no aporta ninguna corriente eléctrica, sino que permite el paso de ésta a las dos entradas “normales”.
La evidente finalidad es que no pase corriente por el enchufe cuando no hay nada enchufado y así evitar que alguien meta sus deditos en las ranuras, como si no pudiera meter tres deditos. La consecuencia de este paternalismo eléctrico es que hay que fabricar enchufes diferentes y adaptadores, como si en los países en los que no se da tanta medida la gente estuviera electrocutándose continuamente.
Supongo que habrá gente que el invento le resulte encantador (hay enchufes de seguridad que no necesitan de tres entradas), pero a mí me parece un exceso de paternalismo, la verdad, y eso que no soy yo precisamente un apóstol contra la intervención del Estado en la vida social.

Enchufe irlandés
El de la foto es el modelo de enchufe que utilizan en Irlanda (es posible que en más sitios, pero como soy poco viajado no lo sé). La entrada de arriba es puramente de seguridad, ya que no aporta ninguna corriente eléctrica, sino que permite el paso de ésta a las dos entradas “normales”.

La evidente finalidad es que no pase corriente por el enchufe cuando no hay nada enchufado y así evitar que alguien meta sus deditos en las ranuras, como si no pudiera meter tres deditos. La consecuencia de este paternalismo eléctrico es que hay que fabricar enchufes diferentes y adaptadores, como si en los países en los que no se da tanta medida la gente estuviera electrocutándose continuamente.

Supongo que habrá gente que el invento le resulte encantador (hay enchufes de seguridad que no necesitan de tres entradas), pero a mí me parece un exceso de paternalismo, la verdad, y eso que no soy yo precisamente un apóstol contra la intervención del Estado en la vida social.

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george-w-bush
A George W. Bush le quedan menos de veinticuatro horas como Presidente de los Estados Unidos. A Bush no le echa del despacho la victoria de Obama, sino la XXII Enmienda a la Constitución de los EEUU que consagró la limitación de dos mandatos, después de que F. D. Roosevelt no siguiese la costumbre iniciada por el propio Washington y consiguiera cuatro elecciones seguidas.

Puede que Obama haya derrotado a un Partido Republicano que representaba los mismos valores políticos que los de Bush y que los ciudadanos quisieran darle una bofetada al Presidente en la cara de John McCain, pero lo cierto es que la disposición constitucional hizo imposible la derrota de Bush a manos de Obama.

La carrera política de George W. Bush ha sido, como carrera política, fulgurante, ya que de gobernador reelegido del importante estado de Texas consiguió la Presidencia en el primer intento en el que se propuso. Sin duda sus éxitos electorales no pueden explicarse sin dos elementos fundamentales: la genialidad electoral de Karl Rove y la revolución conservadora de los años noventa que llevó a que Newt Gingrich condicionase como nunca antes la política de un Presidente, en ese momento el demócrata Bill Clinton. Es cierto también que Bush logró la reelección después de una elección que, por lo menos, merecen el calificativo de “tormentosas” y fue el segundo candidato con más votos. La reelección fue más cómoda.

Pero tampoco es menos cierto que su segundo mandato ha sido una larguísima espera a su relevo, especialmente claro cuando los demócratas arrebataron la mayoría en el Congreso en las elecciones legislativas de 2006. Ha provocado una ausencia absoluta de liderazgo, elemento sin el cual el complejo sistema político norteamericano se bloquea y se paraliza.

Bush agota su segundo mandato dejando a los Estados Unidos con su ejército metido en dos conflictos bélicos en los que ya no está siquiera claro cual qué sería una victoria, en los que los objetivos no se definieron claramente y que se están comiendo el ya deficitario presupuesto federal.

Bush sale del Despacho Oval dejando una crisis económica mundial como herencia más duradera. Una crisis económica que tiene como raíz las doctrinas económicas a las que su partido y él se adhirieron ciegamente desde 1980. En medio de señales alarmantes de las debilidades internas del sistema (como fue el caso Enron) no tuvo el conocimiento o la valentía de aplicar las medidas adecuadas y se comportó dogmáticamente.

Todo esto por no mencionar el apoyo de las tesis negacionistas del cambio climático, el amparo de los creacionistas o la tendencia a llevar lo religioso a fuente de la acción política de su gobierno (dotándolo de una oficina en la Casa Blanca). ¿La elección de Obama es el fin de la hegemonía neoconservadora o solamente un lapsus liberal en unos Estados Unidos en los que el conservadurismo inhabita en todas las esferas, como mantiene Micklethwait?

No sé si George W. Bush ha sido o no el peor Presidente de los Estados Unidos, pero desde luego se ha hecho un lugar en la Historia si realmente ha sido el peor. Decía George Santayana, algo repetido hasta la saciedad, que los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla. Aceptando este apotegma como verdadero la consecuencia es que los peores personajes de la historia de cada país deben ser recordados para poder ser evitados. Es una forma algo retorcida por la que los que despreciamos al cuadragésimo tercer Presidente de los Estados Unidos le otorgaremos la inmortalidad que solamente la memoria puede otorgar.

Bush ha significado muchas cosas negativas, pero hay una especialmente grave: el triunfo de un inútil. Su mandato ha sido la materialización del esperpento alimentado por la derecha norteamericana de que “Joe el Fontanero” sabe realmente qué hacer frente a lo que piensen y crean los que llevan su vida dedicada al estudio de los problemas de cada esfera del saber.

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Me hace gracia como las palabras de la Reina recogidas en el libro de Pilar Urbano han provocado un “cisma” entre las bases de los dos grandes partidos y sus cuadros dirigentes a nivel nacional. Parece que las direcciones están interpretando un papel que sus bases ni comprenden ni comparten.

Mientras que las bases socialistas han saltado a una contra las palabras de la Reina (se puede comprobar en la Blogosfera), la ejecutiva socialista se ha puesto a defender enfáticamente a la Reina. Hasta cierto punto es comprensible, ya que el PSOE está en el gobierno y tiene el deber de apoyar a las instituciones constitucionales, incluso cuando éstas se olvidan de sus obligaciones políticas. Pero una cosa es desempeñar un papel institucional y otra cosa es dar la impresión de que el partido monárquico en España es el PSOE, posición que buena parte de su militancia no comparte.

Si lo del PSOE es curioso, lo del PP llega al extremo de la risa. Se han puesto el disfraz de “centro reformista republicanote” y unos cuantos dirigentes populares se han lanzado a criticar las palabras de la Reina. Mientras tanto, las bases populares, que son conservadoras-monárquicas y no liberales, se deleitaban con las frases de la esposa del Rey.

En este fútil episodio, que sin duda desaparecerá pronto de todos los medios, las direcciones de cada uno de los partidos han dado satisfacción a las bases del contrario. Cuando cada cual quiere hacer cosas que no corresponden a su ser político, entramos en el terreno de la impostura política, un terreno en donde lo más fácil es hacer el ridículo.

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La actual situación económica es el momento de todos los partidos de la oposición, en diversos países, para poder acceder a sus respectivos gobiernos. Las dimensiones internacionales de la crisis son evidentes para todos los ciudadanos, pero los ciudadanos, cuando las cosas van mal, tienden a buscar un cambio como revulsivo, como una forma de reaccionar.

En los próximos años se va establecer una cierta ortodoxia socialdemócrata, más flexible que la antigua, pero se va convertir en el estándar de la política económica de todos los partidos con opción de gobierno en Occidente. Las diferencias políticas se van a ventilar en terrenos no económicos, como antes cuando el estándar neoliberal era el reinante.

No dejaba de ser curioso que el Partido Popular consiguiese empatar con el PSOE en las encuestas coincidiendo con el peor momento de su crisis interna. Los resultados de las próximas citas electorales (elecciones gallegas y vascas) si son negativos serán tomados por los muchos críticos a Rajoy para intentar moverle la silla, seguros como están que las próximas elecciones, si permanece este escenario, serán propicias para los populares. La crisis interna del PP no tendrá consecuencias electorales, porque pasará desapercibida en medio de la crisis financiera internacional, salvo que se pongan a jugar a la escisión.

Al Partido Popular solamente le queda esperar y ver. Esperar a que Zapatero finalice la legislatura y ver cómo será el “pagano” de la crisis internacional si las cosas no cambian sustancialmente o si los datos atenúan al menos la sensación. Ellos saben que las medidas que han apoyado son paliativas y estamos ante un saco roto.

El único problema que tiene el Partido Popular es que la legislatura acaba de comenzar y que hasta de la crisis se termina cansando la población, pudiendo la saturación hacer exitosa la estrategia de los socialistas de sacar otros temas, para que las diferencias afloren y con ellas los sectores perdedores del congreso popular del pasado junio. Una estrategia, la de los socialistas, que no es una operación de distracción, sino que sobre todo es la expresión de una convicción política profunda: que lo urgente, no desplace a lo importante.

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Hablaré de Economía y de la situación que estamos viviendo, a pesar de que me he resistido todo lo que he podido. Lo he hecho porque esto es demasiado complejo para que alguien, sin mucha formación económica como yo, venga a decir algo que iba a ser un digesto de cosas leídas.

Lo que voy a hacer no se diferenciará mucho de lo que temo, pero sí creo que tiene la ventaja de haber intentado distanciarme un poco. Voy a escribir por punto, que es lo que más me sirve para ordenarme cuando demasiadas ideas me fluyen.

1) La decisión de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos me ha hecho recordar la diferencia que Max Weber hace entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. La primera es la ética del investigador, del predicador o del activista que se mueve únicamente con sus convicciones y mira la coherencia del mundo con ésta. La segunda debería ser la ética del político, que al tomar decisiones tiene que mirar por las consecuencias de lo que decide. Ha habido representantes que se han guiado únicamente por la convicción, por votar de acuerdo con sus principios últimos, asumiendo incluso que la responsabilidad no va con ellos.

2) Lo peor no es que haya habido representantes que hayan votado guiados únicamente de una ética de la convicción, lo peor es que hay, sin duda, muchos representantes que solamente se han guiado por el hecho de que las elecciones están a la vuelta de la esquina y quieren permanecer un bienio más en Washington. Ellos han hecho campaña y carrera política sobre la idea de que el Estado es algo muy malo y ahora ellos están encerrados en sus propias exageraciones (y nosotros con ellos) ya que sus electores se las han creído y por ellas les han votado.

3) Me hace gracia que se “sobreinterprete” una decisión de la Cámara de Representantes de los EEUU. Es una cámara que está continuamente de elecciones, por el mandato dura solamente dos años. Es sumamente volátil y tiene una dinámica diferente al Senado desde tiempos inmemoriales [véase Alexis de Tocqueville: La democracia en América] Es una cámara en la que sus miembros están normalmente ocupados recaudando fondos para su propia campaña (excepto algunos pocos que son clásicos y que no tiene rival en su distrito) y no están como para leerse ciento y pico páginas de legislación engorrosa, cuando los “think tanks” te dan una hojita con los argumentos que puedes defender [vid. John Micklethwait: Una nación conservadora]. Ni son sensatos, ni se han estudiado profundamente los intereses a devengar en la operación de rescate. Están atrapados en su propia encerrona.

4) A mí, como a otros muchos nos da asco que se tenga que ir al rescate de determinados sectores con el dinero de todos, especialmente cuando esos sectores han sido irresponsables, se han vuelto loco con las ganancias y los resultados a corto plazo y han ganado una barbaridad. Llevo semanas intentando que el asco no me nuble el entendimiento. Mantener a flote el sistema financiero es necesario, es la base de nuestra economía y sin crédito y sin seguridad en los depósitos todo se irá al “carajo” (con perdón), porque detrás de ellos nos vamos todos nosotros. Tampoco nos olvidemos que en España y en otros países los bancos están sujetos a unas regulaciones más estrictas que otros sectores, lo cual lleva aparejada la garantía del Estado.

5) No me atrevería a calificar de bueno el “plan de rescate”, pero tampoco de malo. Puede que sea una especie de tratamiento paliativo que no terapéutico, pero sí estoy convencido de que en las actuales circunstancias hay que ganar tiempo para intentar reformar las cosas. Intentar diferir la hecatombe no sólo no es mala idea sino que es una obligación.

6) Los papeles se han cambiado indudablemente. Los liberales ahora son intervencionistas y los intervencionista (o más allá) son ahora de lo más liberal. Yo que antes y ahora soy socialdemócrata creo que hay que intervenir, al igual que antes también pensaba que había que intervenir, especialmente en los sectores fundamentales de la Economía. No me vale socializar las pérdidas, pues lo que ahora se gaste la sociedad tiene que recuperarlo por la vía que sea (ganancias en sociedad o por los impuestos), ni desear el colapso del Capitalismo que un buen grupo de paleo-marxistas ven cada día más cerca.

7) Hay sectores que habrá que dejar a su suerte, no se puede con todo, pero el motor debe seguir funcionando, aunque tengamos agujeros en la carrocería. En el futuro, que nadie se olvide de lo que está pasando y que no nos dejemos llevar nuevamente por los cantos de sirena de la segunda gran utopía del siglo XX.

8) La situación necesita de liderazgo y el Presidente George W. Bush ha demostrado que no lo posee (no es un descubrimiento nuevo). Pero la situación también requiere de saber generar confianza, de “mover ficha” y tomar medidas para que contener la caída. Quedarse quieto no genera mucha confianza que digamos.

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La entrada que dediqué a expresar mi lío monumental con todo el tema del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha ocasionado la habitual polémica, en la que no han faltado los tópicos tertulianos de siempre sobre la separación de poderes. José Antonio Gil Celedonio en dos magníficos comentarios pone el dedo en la llaga en el verdadero problema del poder, la separación de poderes y la soberanía popular. Esta cuestión era el núcleo, sin duda mal expresado, de mi parálisis intelectual en este tema.

Consecuencia de todo lo cual me gustaría indicar algunas cuestiones, aunque sea de forma sintética, e intentar aclarar determinados conceptos.

1) En una democracia los poderes del Estado emanan del pueblo. Que el poder legislativo tiene una dependencia directa de la voluntad popular es claro y que el poder ejecutivo, aunque en España sea de forma indirecta, tiene una procedencia popular también lo es.

2) El problema se plantea en cómo podemos decir que el poder judicial emana del pueblo si el pueblo poco o nada tiene que decir en la composición de ese poder. Habrá quien mantenga que el poder judicial se limita a juzgar y a aplicar lo juzgado según la voluntad popular expresada en las leyes. Este argumento, ingenioso, sería también extensible al ejecutivo y efectivamente fue empleado en los primeros tiempos de las “monarquías constitucionales”.

3) La separación de poderes en nuestro país, tal y como se encuentra diseñada en la Constitución, no es estricta ya que todos los poderes pueden interactuar sobre los otros. El legislativo de entrada nombra el jefe del ejecutivo y puede censurarlo y a través de su acción legislativa puede frenar la política del ejecutivo.

4) El poder ejecutivo tiene la capacidad de disolver el poder legislativo, con pequeñas limitaciones y puede, incluso, ejercer la potestad de dictar normal con rango de Ley. La potestad presupuestaria se encuentra muy equilibrada entre ambos poderes, pese a que la Ley de Presupuestos la aprueba el legislativo.

5) El poder judicial puede decidir la inaplicación e incluso la nulidad de normal sin rango de Ley dictadas por el ejecutivo. Igualmente puede anular actos administrativos del poder ejecutivo, lo que otros países es impensable. El poder judicial puede remitir al Tribunal Constitucional (que es un tribunal pero no pertenece  al poder judicial) una cuestión de inconstitucionalidad contra una norma con rango de Ley.

6) Tanto el poder legislativo como el judicial tienen un administración propia y ambos pueden dictar normas reglamentarias (no confundir con los reglamentos parlamentarios), lo cual normalmente ha estado reservado al poder ejecutivo.

7) ¿Cómo conseguimos que el poder judicial emane del pueblo? La salida de mayor calidad democrática es que los miembros de este poder sean elegidos directamente por el pueblo, pero parece que esta opción no tiene demasiados adeptos. Otra es la que se ha empleado en España en algunas ocasiones, que es que sean las cámaras legislativas, como depositarias de la voluntad popular, las que elijan a los miembros del CGPJ (que a los del poder judicial).

8) Hay quienes consideran que el gobierno de los jueces y los mismos jueces solamente deben ser elegidos entre ellos. A esto se le conoce con el nombre de cooptación. El problema de la cooptación sería que se le entregaría un poder del Estado a un grupo de personas que nada tienen que ver con el pueblo y que no responden ante él. La cooptación es dudosamente democrática por más que sea el sistema que muchos jueces españoles consideran el mejor. La cooptación es el sistema del corporativismo que entre otras muchas cosas fue uno de los elementos del Antiguo Régimen con los que terminó la Revolución Francesa.

9) Si alguien quiere una separación estricta de poderes debe tener en cuenta las siguientes consecuencias: los tres poderes deberían tener legitimidad democrática, el poder ejecutivo no podría disolver al legislativo ni el legislativo elegir ni censurar al ejecutivo y el poder judicial no podría controlar de ninguna forma los actos ni del poder ejecutivo ni del poder legislativo.

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Sigo dando la lata con la encuesta postelectoral del CIS (y lo que rondaré). El CIS plantea el debate sobre la necesidad de impuestos para sufragar servicios públicos, es decir, quiere medir el grado de Liberalismo, entendido como “adelgazamiento del Estado”, que hay entre los españoles.

La octava pregunta del cuestionario del CIS dice: “Algunas personas piensan que deberían mejorarse los servicios públicos y las prestaciones sociales, aunque haya que pagar más impuestos (estas personas se situarían en el punto 0 de la escala). Otras piensan que es más importante pagar menos impuestos, aunque eso signifique reducir los servicios públicos y prestaciones sociales (éstas estarían en el punto 10) y hay otras que se sitúan en posiciones intermedias. ¿En que lugar se situaría Ud.?”

En otras preguntas sobre los debates actuales (valores morales, adopción por parte de los homosexuales, inmigración, terrorismo) se nota la diferencia ideológica y de otra índole, pero en esta cuestión la diferencia máxima no llega ni a un punto, sobre los diez de la escala.

Es curioso como todas las tendencias políticas, todas las clases sociales, los dos sexos, todas las edades o los niveles de estudios se sitúen indefectiblemente a favor de la imposición fiscal para mantener los servicios públicos. La media es 3.82 y ningún grupo supera la barrera del cinco.

Con todo no deja de haber cosas realmente curiosas. Son los agricultores, las personas sin estudios (ni siquiera los primarios), los que viven en municipios de menos de 2.000 habitantes y los de más de sesenta y cinco años son los que más cerca se encuentran del cinco. Que el segmento más a la derecha se acerque al cinco no debería ser noticia pero también merece un comentario.

Como no quiero enrollarme excesivamente voy a hacerlo por puntos, que así me expreso mejor (al menos eso creo).

1) Que la media de ningún grupo se sitúe más cerca de la “concepción liberal del Estado” que de la “opción intervensionista del Estado” es fruto de una cultura política que ha concibe al Estado como elemento clave en el bienestar de los ciudadanos. El hecho de que tanto la II República, el Franquismo y la “Democracia del 78” hayan realizado políticas interventoras y reguladoras de los mercados dejan huella en la mentalidad de los españoles, y ello pese a que la “Democracia del 78” ha sido uno de los regímenes más liberalizadores de la Historia Contemporánea de España.

2) Es curioso que sean los agricultores los menos amigos de los impuestos cuando son los grandes beneficiados de las subvenciones europeas, que se come el presupuesto de la UE (financiado con el IVA, un impuesto, por si los agricultores no lo saben) y que supone un grave obstáculo para el desarrollo económico de muchos países.

3) Aún es más sorprendente que otro de los grupos más cercanos al cinco sea el de mayores de sesenta y cinco años, puesto que, como los agricultores, son los grandes beneficiados de los impuestos, tanto a través de las pensiones que cobran de la Seguridad Social, que también se financia a través de impuestos, como por los servicios que utilizan gratuita e intensamente, generalmente los servicios sanitarios.

4) Más comprensible me resulta el resultado, superior al cuatro, dentro de los municipios de menos de 10.000 habitantes, porque en estas localidades puede existir un cierto déficit de servicios públicos que pagan pero que no reciben. En todo caso la diferencia con la media es muy corta.

5) El grupo que se encuentra más cercano al cinco es el de las personas que no tienen estudios (4.67). Unos de los servicios que ofrece el Estado y que más agradecen sus beneficiarios es la Educación y es significativo que las personas que menos han estado en el sistema educativo más cercanas se encuentren al cinco, mientras que los que han tiempo lo han estado sean los que más lejos se encuentran. No quiero entrar a valorar otras explicaciones más políticamente incorrectas.

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La Constitución es intencionadamente vaga en muchos aspectos. Es una de las consecuencias del llamado “consenso constitucional”. En el texto constitucional se dice una cosa, su contraria y se contemplan consecuencias de concepciones adversas. Un tema especialmente poco claro en nuestra Constitución es del estatuto de la Iglesia Católica dentro de la Democracia Española que la Constitución define.

Nuestro sistema de relaciones entre el Estado y las confesiones religiosas se caracteriza por la asimetría, ya que la Iglesia Católica tiene una prevalencia sobre la demás tanto por su expresa mención en la Constitución, como por la concepción sociologista que refleja el artículo 16.3 in fine.

La Iglesia se empeña en que la sociedad es católica y sólo se fija en el número de bautizados (por ello rechaza sistemáticamente las apostasías). Para fijar el “censo” de los católicos, la Iglesia no quiere ni hablar de la práctica religiosa o de la opinión que le merece a buena parte de los españoles (es la institución menos valorada) o se detiene en algo tan fácil como el número de personas que utilizan preservativos, en frontal convención con los mandatos morales de la Iglesia Católica.

La cooperación con las confesiones religiosa y la practica que se ha estado haciendo de esta cooperación está dejando sin sentido lo que dice el inicio del mismo artículo, el 16.3: “Ninguna confesión tendrá carácter estatal.”

Es cierto que no se obliga a nadie a pertenecer a una religión, pero medidas como las de la Comunidad de Madrid, de incorporar a sacerdotes católicos en los Comités de Ética de los hospitales públicas es una medida de estatalización de una confesión religiosa. La incorporación de individuos a los órganos públicos, no en razón de la persona, sino del oficio que desempeña dentro de una confesión religiosa es estatalización de la religión.

La incorporación de sacerdotes en calidad de tales a estos Comités también entra en contradicción con el artículo 16.1. Que los sacerdotes tengan que ser recusados por los que quieran y sepan que están en el Comité, es un procedimiento complejo y lento, y más cuando se trata de decisiones médicas que deben tomarse con inminencia.

La Comunidad de Madrid, en uno de sus ejercicios ejemplares de Liberalismo, obliga a que los Comités escuchen las opiniones de un ministro católico, independientemente de las creencias del paciente y sin preguntarle a él, bajo la injustificada presunción de todos somos católicos.

A pesar de la ambigüedad de la Constitución, lo que no se puede es pervertir el sentido de las palabras e integrar en organismo públicos al clero por ser clero. Eso es estatalización de la religión y por tanto es inconstitucional. Una aconfesionalidad mal definida se ha convertido en la puerta trasera por la que no ha dejado de acrecentarse la confesionalidad católica de España.

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