Feeds:
Entradas
Comentarios

Posts Tagged ‘Ley Orgánica del Poder Judicial’

Determinados sectores políticos y jurídicos han recordado la existencia de la Sentencia del Tribunal Constitucional 108/1986 para oponerla como un dique a la idea de reformar de la Ley Orgánica del Poder Judicial con la finalidad de romper con el bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que la actual redacción posibilita e incentiva.

El Tribunal Constitucional consideró que la elección de los vocales de extracción judicial por parte de las Cortes sería conforme a la Constitución siempre y cuando se tomasen “ciertas cautelas, como es la de exigir una mayoría cualificada de tres quintos en cada Cámara” para conseguir una finalidad, que no era otra que “asegurar que la composición del Consejo refleje el pluralismo existente en el seno de la sociedad y, muy en especial, en el seno del Poder Judicial” (FJ 13º).

Del texto de la sentencia se extrae claramente la existencia de una finalidad legítimamente constitucional (diversidad social y en el seno del Poder Judicial) y la existencia de “ciertas cautelas” y cita, como ejemplo de esas “ciertas cautelas” la exigencia de una mayoría de tres quintos.

La clave en la interpretación del Tribunal Constitucional no son los tres quintos. El Constitucional no tiene poder normativo, no es un poder constituyente, sino un garante de la primacía de la Constitución y su máximo intérprete y, aunque en ocasiones interpretar y normar puedan confundirse, tenemos aquí un ejemplo magnífico de la diferencia.

Indicar la necesidad de “ciertas cautelas” es establecer una criterio interpretativo para examinar la constitucionalidad de la Ley Orgánica 6/1985, que era la que se enjuició en esa sentencia y lógicamente es un criterio con proyección pro futuro como toda jurisprudencia.

La “mayoría cualificada de tres quintos” es citada como ejemplo o caso de esas “ciertas cautelas”, pero en ningún momento se dice que sea la única posible o que otras mayorías cualificadas u otros procedimientos electorales no puedan satisfacer el requisito hermenéutico de “ciertas cautelas”. Si el Tribunal Constitucional hubiera fijado la mayoría de tres quintos para los vocales de extracción judicial habría creado una norma constitucional, que es algo para lo que no tiene poderes.

La mayoría absoluta, que parece que va a ser el criterio establecido en la nueva norma, es también una mayoría cualificada y que se emplea en la Constitución para actos de suma importancia como es la aprobación de Leyes Orgánicas (muchas de las cuales regulan nuestros derechos fundamentales), la autorización para ratificar tratados que transfieren el ejercicio de facultades soberanas (así ingresamos en las Comunidades Europeas) o la censura y cese del Presidente del Gobierno.

Más de la mitad de los miembros del Congreso y del Senado para ratificar una elección no es pedir poco y más cuando para el elegir a una parte de los vocales (ocho de los veinte) sí requieren los tres quintos para ser elegidos. Esta reforma incorpora la experiencia del bloqueo y la búsqueda de remedios a éste que es un elemento nuevo en el juicio de constitucionalidad que el Tribunal habrá sin duda que acometer.

Read Full Post »

La Constitución confiere el ejercicio de la potestad legislativa a las Cortes Generales, con la salvedad de las circunstancias en las que el Gobierno puede dictar un Decreto-Ley o un Decreto-Legislativo. Las Cortes son las que hacen las leyes, que como todos sabemos son las normas superiores del ordenamiento.

El poder judicial es regulado por la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que como dice su nombre es una ley y, por tanto, debe ser aprobada por las Cortes Generales. El poder legislativo es el responsable de llenar de contenido la LOPJ que, al ser orgánica, escapa a una eventual modificación por parte del poder ejecutivo.

Ningún otro poder del Estado tiene la capacidad para parar una tramitación de una reforma de la LOPJ si así la aprueban las Cortes Generales. El único límite es el de constitucionalidad, que tendrá que ser determinado por el Tribunal Constitucional si se recurre a él.

El actual procedimiento de elección de vocales iguales a los judiciales de los de extracción parlamentaria, pero nada obliga a que sea así. De acuerdo con la doctrina de la STC 108/1986, fundamento jurídico 13º, pueden ser elegidos en sede parlamentaria o dentro de la carrera judicial y considera que la mayoría de tres quintos es una cautela. También es cierto que una mayoría absoluta es también una cautela, cierto que de menos intensidad, y una mayoría cualificada, siendo además la única forma de superar una situación de bloqueo que, constitucional en sus términos, no es querida en la norma suprema. La exigencia de una cautela no quiere decir que ésa sea la únicaq posible.

Nunca se debe olvidar que la norma es exigencia de cada momento y debe ser interpretadada de acuerdo al momento en el que se aplica, y muchos menos se debe considerar que un pronunciamiento sobre un caso determine todos los casos futuros tras treinta y cuatro años. La renovación parcial fue avalada recientemente, eso sí como posibilidad, en la STC 191/2016, 7º fundamento jurídico.

Las asociaciones judiciales, los partidos que vayan a votar en contra y todo ciudadano tiene el derecho a pronunciarse en contra del contenido de esta norma que todavía estar por definir, pero el derecho a definir lo que es la Ley le compete a las Cortes Generales. Dentro de la Constitución. No existe ninguna área del Derecho encomendada a las Cortes que requieran, para ser modificadas, mayorías facilitadoras de bloqueos fáciles y sin costes, salvo que lo exija la norma constitucional. Tampoco consta que las Cortes deban contar con el consentimiento de parte de los destinatarios de la norma.

La pretensión de crear una especie informe de Derecho constitucional consuetudinario está fuera de la arquitectura de la Constitución de 1978. Pero además es Derecho constitucional consuetudinario como tal es conservador y solamente es esgrimido cuando los proyectos de modificación legislativa, de modo que sería por añadidura un Derecho de ocasión.

Materialmente vivimos una situación en la que determinados órganos constitucionales se pueden renovar únicamente cuando la derecha tiene la representación mayoritaria que transfiere a estos, pero quedan bloqueados cuando es la izquierda la que tiene esa representación mayoritaria.

Read Full Post »