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Posts Tagged ‘Función Pública’

La captura anterior es una noticia de hoy de El País. Dice la redactora que el sistema de contratación es un galimatías y en el reportaje lo es, porque parece que la periodista no se ha enterado de mucho y que las distintas administraciones educativas le han vendido todas las burras. Tener periodistas especializados, por ejemplo en Educación, en un medio que pide 10€/mes por una suscripción digital, debería ser un imperativo. Y claro la redactora habla con las administraciones educativas y otros actores del sistema y cada cual le vende su burra, que acaba reflejaba en el texto.

Las plazas que no se han obtenido a través del concurso-oposición se cubrenpor medio de un procedimiento conocido como “bolsas de trabajo”. Es un procedimiento reglado que primero criba que los candidatos reúnan los requisitos y luego los ordena en función de sus méritos. Lo habitual es que haya una bolsa por especialidad, o incluso sub-especialidad, y cada una de ella tenga miles de integrantes. Puede suceder que en una especialidad haya pocos candidatos, pero no deja de ser una excepción. Cuando hay plazas vacantes para cubrir, se llama a los candidatos de la bolsa por orden.

¿Por qué si las administraciones tienen en casi todas las especialidades más candidatos que plazas vacantes a ofertar hay esa desesperación? La única respuesta que se ocurre es que quieran ahorrarse el sueldo del 1 de septiembre al 15 de septiembre y que esos profesores se incorporen el primer día de clase. En Andalucía está prevista una adjudicación masiva para los candidatos de las bolsas el día 14 y estos llegarán a los centros el primer día de clase.

Están haciendo lo que las administraciones educativas hacen siempre: racanear. Un racaneo consistente en no sustituir a profesores hasta que han pasado varias semanas (pese a que la normativa ya no lo exige) en nombrar a los profesores de las bolsas el día de antes o en esperar que una clase supere la máxima “ratio” legal para dotar una nueva unidad.

A las administraciones educativas se le están viendo todas las vergüenzas. Al menos la prensa no debiera encubrírselas.

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Todas las administraciones están anunciando una gran oferta de empleo público. Todos los gobernantes intentan vender lo que es una necesidad, como una medida para garantizar servicios y derechos. La realidad y las causas son otras.

Una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha determinado que es contraria al Derecho Comunitario la situación de los interinos en la administración española, entre otras cosas cierta discriminación salarial y el no ser indemnizados al finalizar su trabajo.

La ventaja económico-financiera que representaban los interinos para las administraciones, además de una fuente de clientelismo, desaparece ya que tienen que cobrar lo mismo y tener los mismos derechos que el resto de los trabajadores en caso de despido. Y es por ello por lo que las administraciones se lanzan a cubrir la llamada “interinidad estructural”, esto es, el número de interinos siempre presentes que a veces ocupan puestos que por las peculiaridades del Derecho Administrativo no pueden cubrir los funcionarios de carrera.

Este año saldrá miles de plazas que debieron salir a lo largo de décadas. Porque si bien los interinos con menos tiempo de servicio pagaron la crisis con la pérdida de empleo, permaneció una masa crítica de interinos ocupando plazas necesarias, que no salían a los cauces ordinarios de provisión, y que cercenaron la posibilidad de muchos jóvenes de acceder a este tipo de empleo.

Ahora saldrán todas esas plazas a la vez. En última instancia ha sido responsabilidad de todas las administraciones haber creado esa situación por un mal entendido ahorro y un interés clientelar. Si algo bueno tiene la sentencia del TJUE es que han perdido los incentivos económico-financieros para volver a hacerlo.

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Cada cierto tiempo salen en los medios los tremendos sueldos y jubilaciones de la élite empresarial de las grandes corporaciones y sobre todo de la banca. Los que justifican estos sueldos inimaginables dicen que se paga un talento, unos conocimientos y unos resultados acordes con la cuantía.

El otro día en El País se publicaba un reportaje sobre la gestión de la “hucha de las pensiones” que desde que fue creada ha conseguido 26.000.000.000 € con las inversiones que han realizado y que ganaban más que los grandes fondos. El equipo de inversiones no llegaba a la decena de funcionarios pagados como funcionarios (un buen sueldo pero nada del otro mundo).

Si un fondo como el Fondo de Reserva de la Seguridad Social hubiera estado gestionado por la banca, los costes de las retribuciones de los directivos, los incentivos y los mil conceptos retributivos, así como una jubilación sustanciosa (y no eso de MUFACE) se hubieran llevado un buen pellizco de lo que hubieran podido sacar, si lo hubieran logrado.

Vistos los beneficios del Fondo de Reserva de la Seguridad Social y vista la remuneración de sus gestores, cabe preguntarse si otras remuneraciones están justificadas o se autojustifican por parte de un grupo privilegiado que coopta a sus miembros y que hace su trabajo muchas veces sin tener que responder por sus resultados, ya que son contratados una y otra vez después de arruinar a sus empresas.

 

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El periódico digital eldiario.es daba cuenta de una sentencia de un juzgado madrileño de lo contencioso-administrativo que obligaba a la Comunidad de Madrid a pagarle el mes de julio y parte de septiembre a una profesora interina que había estado cubriendo una plaza vacante.

Hasta ahí una batalla judicial más entre el profesorado y sus respectivas administraciones educativas.

Lo interesante es la definición que se da de interino: funcionarios con una oposición aprobada pero que no tienen una plaza fija. Un interino solamente es funcionario durante el tiempo en el que está trabajando y, en Educación como es este caso, los hay que aprobaron los exámenes pero no consiguieron plaza al ser superados en el concurso de méritos, los hay que aprobaron uno de los ejercicios únicamente, los hay que una vez aprobaron una prueba de acceso a una bolsa de interinos e incluso los hay que nunca han aprobado nada de nada.

De hecho el artículo 10.1 del Estatuto Básico del Empleado Público da el concepto con una gran claridad:

1. Son funcionarios interinos los que, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, son nombrados como tales para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:

a) La existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera.

b) La sustitución transitoria de los titulares.

c) La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración superior a tres años, ampliable hasta doce meses más por las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto.

d) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un periodo de doce meses.

Sensu stricto la definición [si entendemos por oposición el conjunto de concurso-oposición] es de lo que en el mundillo de la Educación se conoce como “expectativa de destino”, esto es, un funcionario de carrera que no ha obtenido destino definitivo.

 

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La Neopolítica ha cargado contra la figura de los asesores, como lo hace el PP cuando los asesores no los nombra él. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha decidido prescindir de todos los asesores externos y confiar únicamente en el consejo de los funcionarios municipales.

La figura del asesor ha sido utilizada por el PP principalmente para crear una administración paralela, de naturaleza política y no funcionarial, y llenarla de fieles del partidos y de sus cargos públicos. Personas sin ninguna preparación destacada, muchas veces por debajo de lo deseable, y sin ningún tipo de cualidades llenaban despachos en cantidades cada vez mayores con sueldos proporcionales a su incapacidad y lealtad al amo. Chavales de veintipocos años escalaban por las asesorías del partido en las diferentes administraciones mientras se dedicaban a cuidar de sus carreras, a desarrollar sus cargos orgánicos o sencillamente a ejercer de chivatos (porque para ser comisario político hay que tener algo de fuste).

La solución sencilla es prescindir de los asesores. El problema es que el funcionariado ni lo sabe todo, ni lo tiene que saber. Como funcionario que soy creo que nosotros nos situamos en el plano del ser, que conocemos bastante bien, pero nos cuesta movernos al plano del deber ser que es el propio de los políticos.

Supongamos que soy alcalde de una ciudad mediana y quiero modificar las medidas en materia de ayuda a la conciliación familiar. Lo mejor que puedo hacer es traer a alguien que conozca el tema a fondo, con cualificación contrastable, que esté al día en las acciones de otros municipios y que además tenga la habilidad para adaptar todo ello a las peculiaridades de mi municipio y a mis disposiciones presupuestarias.

Y hay materias tan política que necesitan siempre a alguien experto y entre ellas está la comunicación política e institucional. Buena parte de los problemas de la nueva alcaldesa es que no hay nadie profesional, con experiencia y capacidad para saber cerrar la crisis comunicativa, prever las acciones del adversario y organizar una respuesta contundente. Tampoco lo hay en el partido instrumental, ni en Podemos, ni en Ganar Madrid, ni en Convocatoria por Madrid, ni en los ex-IU, ni en cualquier otros grupúsculo.

Desde el día en que Carmena fue elegida por los concejales se ha evidenciado una falta absoluta de organización en la comunicación, una agenda y una organización sensata de los mensajes. Eso sí, un buen Director de Comunicaciones no se sustituye con cien chavales voluntarios que metan propaganda en buzones: hay que pagarlo.

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SentidoComun
Los de Podemos Andalucía han condicionado el apoyo a la investidura de Susana Díaz a que los socialistas acepten tres propuestas que ellos califican “de sentido común”.

Me detendré en la última. Pide la reducción de altos cargos y de acuerdo con la dicción literal interpreto que un incremento de las plantillas de Educación, Sanidad y Bienestar Social correspondiente al ahorro hecho con la reducción de altos cargos.

Pero la expresión “hasta recuperar las plantillas menguadas” me hace pensar que quieren ir más allá. Cualquiera con dos dedos de frente sabe que la reducción de altos cargos no te permiten volver a la situación anterior a los recortes, de forma que hemos de concluir que o bien son tontos los de Podemos o bien están pidiendo volver a contratar al personal recortado. Suponiendo que no son tontos, lo que reclaman es contratar al personal recortado.

Me centraré en Educación que es de lo que sé algo. Cualquier recorte de personal tiene dos vías: amortización de plazas por alguna de las causas posibles, generalmente la jubilación, y el no llamamiento de interinos. Como no creo que reclamen de “desjubilación” de profesores, lo que reclama Podemos es la nueva contratación de los interinos hasta llegar a las plantillas anteriores a la crisis.

Podemos bien podía haber reclamado la convocatoria de oposiciones para cubrir las plazas amortizadas o incluso plazas que siempre son provisionales y que se dotan todos los años. Podría haberlo hecho, pero no lo hace. Podemos hace suyo el discurso pro-interino de Educación donde los que sacan su plaza son los malos, los que tienen que desempeñar los peores destinos y deben cobrar menos, haciendo de esta forma pública y constante penitencia por haber aprobado.

No es de sentido común seguir pidiendo interinidad, que es un precariado pero dentro del Derecho Administrativo, salvo que Podemos haya tomado partido, como parece que lo ha hecho, por los que no son capaces de aprobar las oposiciones que forman una casta dentro de la Educación andaluza en vez de hacerlo a favor del mérito, de la capacidad y de la limpieza.

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21Siempre he tenido la sensación de que en política hay muchos docentes, desde los universitarios a los de enseñanza primaria. Sería una caso privilegiado de lo que hace unos días señalábamos sobre cómo las trabas al acceso a la política le ha dejado en manos de funcionarios y aparatchiks.

El 57% de los funcionarios que iban en las listas europeas de los cinco partidos analizados eran funcionarios docentes. Algo más de universitarios que de otros niveles, pero ninguna diferencia excesiva. De tal manera que podemos calcular que cerca del 20% de estos candidatos son docentes.

DocentesTotal
A la hora de estar en los puestos de salida hay algunas variaciones menores entre el porcentaje de los docentes elegidos y el de los docentes candidatos. Preparación, disponibilidad horaria, falta de incompatibilidades y ganas de cambiar explican este curioso hecho.

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Siempre me han resultado muy raros esos funcionarios de los cuerpos superiores de la Administración que tienen bastante propiedades, llevan un gran tren de vida y disponen de bastante dinero líquido. Me han llamado la atención porque sus sueldos, siendo buenos dentro de la función pública, no dan por mucho que los estires para tener esa capacidad económica.

Durante mucho tiempo ha habido, y permanece, un pacto oculto por el que, a cambio de una remuneración buena y discreta, se consienten actividades que vulneran la exclusividad y pueden afectar a la imparcialidad.

Esto explica el motivo por el que dentro del Partido Popular se considera que los sobresueldos de las cuentas de Bárcenas son algo sin demasiada importancia. De hecho creo que no comprenden la atención de los medios y que les deja perplejos que unos simples sobresueldos se les asocie con la corrupción.

Buena parte de los dirigentes del PP proceden de los cuerpos superiores funcionariales de modo que muchos de ellos han visto los sobresueldos (como asesoría informal y remunerada, despachos de abogados a nombre del sobrino o el próspero ejercicio del “interesarse por”) como algo connatural al servicio público. Muchos parecen venir de un mundo donde al sueldo se le unen otros complementos con los que se cuenta porque si se viviera del sueldo, no se podría llegar la donosura de existencia que se lleva y se parecería uno más a esos tristes funcionarios que solamente viven con su sueldo.

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Uno de los vicios seculares de nuestras Fuerzas Armadas es su gran número de mandos. Casi todo el que sale como alférez de una academia militar termina siendo teniente coronel o coronel, el rango inmediatamente inferior a general. Hay tenientes coroneles y coroneles para completar siete ejércitos más, con escasa, nula o ridícula ocupación pero con remuneraciones crecientes y algunos con serias opciones a ascensos.

Esto ha provocado tradicionalmente varios efectos negativos sobre las Fuerzas Armadas y el Estado en su conjunto. Hay un coste creciente para un personal realmente muy superior en número al realmente necesario ya que normalmente únicamente se exige para ascender no ser torpe, no portarse mal y esperar pacientemente el transcurrir de los años. El coste de este personal, del mejor remunerado por su rango, es tremendo.

La reforma de las Fuerzas Armadas es una de esas reformas aplazadas y sustituidas por pequeños intentos, chapuzas o remiendos. Siguen sobrando tenientes coroneles y coroneles sin ninguna opción del alcanzar el Generalato y también sobran generales pero ése es otro debate.

La Ley 15/2014 de de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa ha establecido la posibilidad de que los militares de carrera puedan tengan prevista una situación administrativa en el caso de que obtengan un puesto de trabajo en la Administración Civil sin necesidad de pasar a la reserva. Esto que parece lógico, no es inocuo, pues posibilita que estos excedentes de generales frustrados puedan pasar a la nómina de la Administración Civil, haciendo otra chapucera reforma militar.

El problema es que estos tenientes coroneles, coroneles y algún comandante no se van a conformar con un puesto del grupo C ó del grupo B, ni siquiera del grupo A2. Ellos querrán que sus galones sean reconocidos con un puesto molón del grupo A1, pero de los que tienen los mejores complementos.

¿Qué aportará un militar provisto de uno de estos puestos sin tener preparación alguna? Lealtad a quien le nombró. Los puestos del grupo A1, en las administraciones generales, suelen ser los responsables de los servicios, los que firman los informes comprometidos, los que marcan el terreno de la legalidad, de manera que es mejor tener a alguien leal y de orden que a un pelagatos que se ha hartado de estudiar Derecho Administrativo y que cualquier día acaba firmando un informe de los que no gustan.

Así podrían desaparecer las oposiciones libres para acceder a esos puestos, ya que con suma facilidad todos ellos podrían ser ocupados por comandantes, tenientes coroneles y coroneles en servicio en la Administración Civil a través de procedimientos de provisión de puestos de trabajo legalmente previstos para “racionalizar” el gasto del Ministerio de Defensa y llegar la Administración Civil de militares leales.

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El Consejo de Ministros de ayer aprobó otro Real Decreto-Ley para realizar ciertos cambios en la normativa educativa no universitaria como elevar el número de alumnos por aula o modificar las horas lectivas de los profesores y la compensación por exceso.

Lo llamativo es que esto último se haya hecho por Real Decreto-Ley, ya que la normativa del horario del profesorado se encontraba establecida por la Orden Ministerial de 29 de junio de 1994 por la que se aprueban las instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de los institutos de educación secundaria, es decir, un reglamento de la más baja jerarquía normativa.

El inepto ministro Wert que, a pesar de haber estudiado no sacó ningún aprovechamiento, se ha propuesto reformar una Orden Ministerial mediante un Real Decreto-Ley, esto es, utilizando una norma con rango legal para situaciones de especial urgencia cuando podía haberlo hecho prácticamente cualquier mañana en su despacho del Ministerio. Un uso manifiestamente abusivo e inconstitucional del Decreto-Ley.

Ahora lo que ha hecho ha sido elevar una parte minúscula del diseño del horario a rango legal y dejar partes importantes en un rango reglamentario sencillamente incomparable y que más temprano que tarde va a comenzar a crear problemas en la aplicación concreta.

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