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Posts Tagged ‘fraude de ley’

La crítica de una parte de la derecha y de toda la ultraderecha al estado de alarma no era una cuestión de convicción, sino de oportunismo político. Los mismos que pidieron el estado de alarma, quizá pensando que el gobierno no iba a atreverse, semanas después estaban horrorizados por el funcionamiento de orden constitucional.

La dificultad y coste de las sucesivas prórrogas del estado de alarma, desembocó en su finalización por pérdida de cualquier fundamento jurídico a todas las fases de desescalada.

Muchas comunidades se encontraron de repente gestionando una pandemia sin los poderes necesarios, pero con el deber cumplido respecto de la estrategia nacional de sus partidos. A partir de entonces los dirigentes autonómicos han andado a tientas y los tribunales se han dividido a la hora de confirmar judicialmente las medidas de mayor calado.

Un sector de los jueces considera que las medidas propuestas por las comunidades autónomas no pueden encontrar sostén en el orden jurídico general y que deberían tener su lugar dentro del orden jurídico excepcional, en este caso el estado de alarma.

Los que se oponían al estado de alarma mantenían que se podía obtener el mismo efecto con la legislación general. Como ya comenté en su momento en Twitter esta interpretación no propone otra cosa que un fraude constitucional al pretender conseguir los efectos de una institución con los de otra, en definitiva, si la Constitución establece los estados especiales es para ser usados cuando sean precisos, no para crear unos “cuasiestados especiales”.

Además se une a la deficiencia anterior el hecho de que se pierde todo tipo de garantía externa, porque en estos “cuasiestados especiales” no hay control parlamentario y ya hay propuestas de que no haya forma alguna de control judicial, todo ello saltándose las reservas de Ley y de Ley Orgánica.

Pese a que estemos en una pandemia, en la actualidad no vivimos constitucionalmente una situación de excepcionalidad, de forma que las disposición autonómicas en materia de Covid-19 no son “Derecho de excepción”, sino mero Derecho Administrativo sometido a todas las cautelas habituales.

Es comprensible que las necesidades del momento primen sobre cuestiones jurídicas, pero eso tendría explicación en los primeros momentos. Ahora no tiene ningún sentido prohibir el ejercicio del derecho de reunión por medio de la orden de un consejero autonómico fuera de un estado de alarma.

Tanto Feijoo como Urkullu eran seguros ganadores de sus elecciones, pero la suspensión de las elecciones gallegas y vascas fue una decisión con un anclaje legal dudoso y que plantea un precedente peligroso: un presidente suspende unas elecciones por una cuestión de salud pública sin ninguna previsión legal. O se pone remedio legislativo inmediato o estamos abriendo la puerta a peligros futuros.

Estamos, cada vez, rodeados de un espíritu decisionista. Entiendo en este contexto por decisionista aquello que pone la resolución política sobre lo jurídico en caso de conflicto. Es cierto que en el mundo del Derecho existe una sentencia que dice “salus populi, maxima lex”, pero se refiere a una excepción y no a un principio fundamental. Las democracias eligieron hace mucho gobernarse por normas y no por decisiones, que pidiendo ser bienintencionadas, pueden destruir el estado de Derecho.

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Ganemos Madrid y Podemos llevan semanas hablando de que la mejor forma de hacer una convergencia o, como ahora se dice, una candidatura de Unidad Popular es la creación de un partido instrumental.

¿Qué es un partido instrumental?

Los representantes de Ganemos Madrid y de Podemos, por ahora, fundarían un partido político que tiene el único objetivo de presentarse a las elecciones con las ventajas que el sistema electoral le da a los partidos políticos.

Este partido tendría un grupo restringido de militantes, acordado previamente por las fuerzas fundadoras, y unos órganos constitutivos del órganos también acordados previamente por esas mismas fuerzas. El partido no tiene otra misión que la de servir de plataforma electoral a las formaciones que van a converger en su fundación. El partido no va a tener vida propia, como su nombre indica es un mero instrumento.

¿Qué problemas jurídicos plantea un partido instrumental?

Cayo Lara ha mostrado sus reticencias en torno a la legalidad de esta fórmula. Y la verdad es que yo también tengo mis dudas. De hecho el artículo 2.1 de la Ley Orgánica de Partidos Políticos preceptúa que los promotores de un partido político han de ser personas físicas, cosa que no se da en el caso del “partido instrumental” que es una decisión de partidos preexistentes.

Además la figura del partido instrumental intenta eludir la federación, confederación o la unión de partidos del artículo 1.3 de la misma Ley o las figuras de la agrupación de electores o de la coalición electoral de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que tienen unas mayores exigencias o de firmas para concurrir o de plazos.

Para que distintas fuerzas políticas puedan presentarse juntas a las elecciones hay previstos cauces en nuestra legislación electoral y ninguno de ellos prevé un partido instrumental. Una confederación de partidos sería una solución plenamente legal y cercana a sus intenciones.

De lo contrario bien alguien podría acordarse de aquello que dice el artículo 6.4 del Código Civil:

Los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir.

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