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Posts Tagged ‘Filosofía Política’


Hoy el Rey debería haber estado en Barcelona, porque es el que transfiere a los jueces el poder de impartir justicia
(Teodoro García, secretario general del PP)

Si tuviera que recomendarle a alguien una selección de lecturas, una de las que estarían en esa lista, sería las páginas que Max Weber dedica a los tres tipos puros de dominación o legitimación. Proporcionan una capacidad de análisis increíble sobre el poder y sus justificaciones.

Decía este autor alemán, cuando trata de la rutinización del carisma, que desaparecido el líder carismático se crean formas de transmitir el carisma a los nuevos dirigentes y pone como ejemplo la ordenación sacerdotal. Las insignes palabra de Teodoro García, secretario general del PP, confunde lo que es nombrar a unos jueces con lo que es ordenar a unos sacerdotes. El Rey no les transfiere a los nuevos jueces ningún poder sobrenatural o natural de impartir Justicia, porque su selección y sus funciones están señaladas en el ordenamiento jurídico. En ninguna norma se señala que la presencia del Rey en un acto protocolario sea necesaria.

Podríamos conjeturar que Teodoro García piensa que eso de “en nombre del Rey” hace que toda la administración de la Justicia sea un acto vicario del monarca, y no es mál que un resto también protocolario de otra forma de dominación, la tradicional, en la que ningún funcionario lo era del Estado, sino del monarca.

No creo que Teodoro García tenga concepción alguna de lo que es la Monarquía Parlamentaria, ni siquiera sobre el Estado o la Democracia. Lo suyo es mantener alta la crispación, aunque haga el ridículo como ahora. Pese a ello debería saber el número dos del segundo partido de España que el ideal de los Estados contemporáneos no es lo carismático, ni lo tradicional, sino lo que Weber llamaba “legal con administración burocrática”, esto es, normas abstractas aplicadas por funcionarios profesionales. Y en el Poder Judicial esos funcionarios son los jueces.

¿Es lo anterior una pedantería de un bloguero? Es probable, pero ello no quita para que alguien que escala a un puesto relevante en la política de nuestro país conozca lo básico y no confunda al Rey de la Constitución de 1978 con un brujo que transmite su poder de hacer justicia a sus discípulo o con un monarca que gobierna el Reino como si fuera de su propiedad y hace que sus criados resuelvan los conflictos que surjan. Ése no es el Rey de la Constitución de 1978.

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La Transición política fue un proceso político y social muy interesante, de acuerdo y de límites. A lo largo del tiempo, cuando hubo que contarla y para ello lo primero era construir una versión oficial de la Transición. Los méritos son fáciles de expresar, pero los límites que impusieron un escaso margen de maniobra o se silenciaron, se reinterpretaron haciendo virtud de la necesidad.

Al principio el sistema se tocó suavemente y luego, a lo sumo, se reconoció voluntad reformadora (de ahí el nombre de la Ley de Reforma Política) y no constituyente. La misma Ley de Reforma Política era una Ley Fundamental del Régimen, aprobada según el procedimiento fijado para ello. Las Cortes elegidas a partir de la Ley de Reforma Política era las ordinarias y el procedimiento para elaborar la Constitución fue el establecido para la modificación o adición de las leyes fundamentales.

¿Por qué se siguió un complicado proceso de reformas legales dentro del esquema institucional franquista en vez de convocar unas Cortes Constituyentes? Sencillamente, porque no se podía. Las élites sabían lo que iba suceder, pero muchos cuadros del régimen y el Franquismo sociológico debían ser contemporizados con la idea de que todo iba a ser seguir permaneciendo esencialmente igual, salvo algunas reformas necesarias que la inmensa mayoría reconocían urgentes.

De aquí surgió el mito: en España habíamos sido tan estupendos, que habíamos conseguido cambiar de régimen sin necesidad de hacer una ruptura jurídica. Lo que se había tenido que hacer casi a la fuerza, se convierte en un logro. Muchas personas creen que ésta es una forma óptima de actuar, cuando es raro, costoso y poco deseable.

Los cambios de régimen político pueden hacerse desde una legalidad a otra o con una ruptura de la legalidad. Sin irnos más lejos en la Historia, mucho de los antiguos Estados comunistas rompieron abruptamente con el régimen político anterior y no esperaron una legitimidad procedente de ese régimen.

Hay quiénes consideran que este paso continuo de un régimen a otro es necesario para que haya legitimidad de origen:

Este tweet sostiene que el régimen establecido en la II República era ilegítimo porque no procedía de la legalidad del régimen anterior, sino de la espantada de Alfonso XIII al interpretar correctamente el resultado de esa aparente victoria de los monárquicos en las Elecciones Municipales.

El concepto de “legitimidad de origen” tiene su origen en la clásica distinción de Bartolo de Sassoferrato entre legitimidad de origen y legitimidad de ejercicio. Para ser gobernante seha de poseer un “titulum” que habilite a ello y si no se tiene, se será un usurpador. Al usurpador, de acuerdo con la doctrina medieval y moderna, se le puede resistir por todos, en todas las condiciones y con todos los medios (hasta Francisco Suárez no se objetó esta postura).

Es lógico que se exija un “titulum” cuando se funciona dentro de un régimen y que se desprecie al que quiere gobernar sin “titulum”, pero exigir “titulum” a un nuevo régimen muestra una confusión conceptual tremenda, ya que el usurpador es una persona, no un régimen.

Pero además si el usurpador se asienta en el poder, termina generando una nueva legitimidad. Europa está llena de patéticos aspirantes a los diferentes tronos, existentes o pasados, fundados en que no se qué costumbre o normas de monarquías desaparecidas y que consideran usurpadores a los demás.

La llamada legitimidad de origen solamente es exigible a las personas y responden respecto al régimen propio. No es exigible al régimen, que prosperará o no dependiendo de su capacidad para sustituir al otro régimen y es una cuestión política y no jurídica. De otro modo, viviríamos en medio de absurdos políticos, jurídicos e históricos, según el cual una régimen no es legítimo porque su monarca originario se hizo con el territorio por la fuerza y no tenía “titulum”.

Y no, la II República ni buscaba ni quería la legitimidad de la Monarquía Alfonsina. Su legitimidad se fundaba, como régimen democrático, en la voluntad del pueblo. No en vano su primer gobierno fue la transformación del Comité Revolucionario, muestra de una clara y sana voluntad rupturista.

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