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Posts Tagged ‘Estados Unidos’

En la actualidad el Comité Olímpico Internacional exige para admitir un nuevo comité olímpico nacional que éste represente a un Estado reconocido por la comunidad internacional (Regla 30 de la Carta Olímpica). Anteriormente el criterio había sido más laxo y territorios no constituídos en Estado habían visto admitidos a sus comités nacionales con la condición de que las federaciones deportivas que lo componen fueran las únicas que operaban en su territorio (véase el texto de aplicación de las normas 27 y 28 de la Carta Olímpica..

Determinados Estados segregaron la representación olímpica de sus metrópolis y de los territorios no metropolitanos y todavía continúa esa marca en algunos de los comités olímpicos nacionales que forman parte del COI.

Lo que queda del IMPERIO BRITÁNICO, es decir, los territorios que en todo el mundo dependen del gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte presenta cuatro equipos olímpicos en representación de sus cuatro comités nacionales. Son los equipos de Gran Bretaña (883 medallas en los Juegos Olímpicos), Bermudas (1 medalla), Caimán y las Islas Vírgenes Británicas. Como nos señaló Diego González solamente en los Juegos podemos ver un equipo británico de fútbol, algo inexistente en las competiciones internacionales donde juegan por separado Escocia, Gales, Inglaterra e Irlanda del Norte.

Antiguo territorio del Imperio Británico era NUEVA ZELANDA. De los territorios bajo su jurisdicción salen dos equipos olímpicos, el de Nueva Zelanda (120 medallas) y el de las Islas Cook , que es un territorio que tiene una autonomía y el ejercicio de facultades soberanas tales como un amplio ius tractandi e incluso el ius legationis.

CHINA está representada por tres equipos olímpicos. El de la República de China, bajo de la denominación de China Taipei (24 medallas en los Juegos Olímpicos), el de Hong Kong (3 medallas) y el de la República Popular de China (608 medallas).

Los territorios bajo la jurisdicción de LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA presentan cinco equipos olímpicos. El de los Estados Unidos (2828 medallas en los Juegos), Guam, Islas Vírgenes (1 medalla), Puerto Rico (9 medallas) y Samoa Americana.

Y terminamos nuestro recorrido con los territorios bajo la jurisdicción de los PAISES BAJOS presentan dos equipos: el neerlandés (415 medallas) y el de Aruba.

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Los electores del Presidente de los Estados Unidos deben reunirse, en el lugar y la hora que determine la legislación de su estado, el primer lunes después del segundo miércoles de diciembre de acuerdo con la legislación federal (3 US Code § 7). Este año es el 14 de diciembre.

Habrá cincuenta y una reuniones parciales de los electores que conforman el Colegio Electoral, pero ninguna de todos ellos. No es un error, sino una decisión deliberada de los autores de la Constitución. ¿Por qué?

La principal magistratura electiva en los tiempos natilicios de los Estados Unidos era la del Rey de Polonia. La historia de las intervenciones extranjeras e internas en el proceso de elección de los reyes polacos era una sucesión de lo peor que podía sucederle a un país: intrigas, sobornos, candidatos cuya principal virtud era haber sido el amante de la Zarina, reyes que se marchaban si conseguían otra corona y un largo etcétera de infamias.

A los fundadores de los Estados Unidos les aterraba la idea de que el Presidente de su nuevo país pudiera convertirse en una versión trasatlántica del rey polaco y quisieron poner medios institucionales para evitar que ello fuera así. Eran conscientes que, siendo como eran un país con recursos limitados y pocas grandes fortunas, sobornar a los electores podía salirle realmente barato a cualquier potencia de la época y tener un simpático aliado en aquella parte del mundo.

Alexander Hamilton explica en el capítulo LXVIII de The Federalit Papers señala que esta elección descentralizada impide las presiones sobre el cuerpo elector (más sencillas si está reunido en un solo lugar) y, además siendo un órgano “ad hoc” resulta más difícil preparar el terreno para su corrupción y las tentaciones a la influencia extranjera.

En la reelección sin límites veía Hamilton una acumulación de ventajas, mientras que Thomas Jefferson consideraba que las grandes potencias extranjeras solamente tendría que pujar una sola vez para conseguir que su candidato fuera Presidente, ya que consideraba que echar del puesto a un Presidente en ejercicio era prácticamente imposible (algo que él mismo comprobó falso cuando le ganó las Elecciones al Presidente Adams tras un solo mandato).

Hasta 2016 no hay una seria injerencia extranjera en las Elecciones.

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La ley eletoral del estado Georgia (OCGA § 21-2-501) exige que los cargos públicos elegidos en este estado tengan el respaldo de más de la mitad de los votantes, de modo que si no es así, los dos candidatos más votados tienen que ir a una segunda vuelta.

El pasado 3 de noviembre se elegían los dos senadores por Georgia, una elección ordinaria al agotarse el mandato de seis años y otra especial por la renuncia hace un año del senado Isakson. En ninguna de las dos elecciones, ningún candidato ha obtenido más de la mitad de los votos, de forma que los dos más votados habrán de someterse nuevamente a las urnas.

Como ya todo sabemos, estos dos escaños definirán la mayoría republicana en el Senado o si los demócratas empatando y encomendándose al voto de desempate de la Vicepresidenta Harris, pueden tener mayoría. La agenda de la Presidencia de Biden depende de tener mayoría en las dos cámaras del Congreso, aunque la del Senado sea tan apurada e insuficiente para cerrar los debates.

Varios senados republicanos le han comentado a algunos medios que su silencio a la hora de reconocer la victoria de Biden se debe más a estos dos escaños en disputa que a participar de la estrategia de Trump. Esto puede obedecer a dos estrategias, que no se excluyen necesariamente:

– Considerar que un Presidente-electo tiene una gran fuerza de arrastre, y más en un estado que ganó, de modo que la polémica sobre la elección dificultará ese arrastre y una dedicación intensa a la campaña de Biden y de Harris.

– Ofrecer un acuerdo tácito a los demócratas, de modo que el reconocimiento general de la victoria de Biden por los senadores republicanos, implicaría una campaña menor de los demócratas, no acelerar la tremenda maquinaria de Stacey Abrams y que el ticket presidencial, especialmente Harris, no acampe en Georgia hasta el día de la segunda vuelta.

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Muchos de los análisis que en estas horas se están publicando inciden en la idea de que el Trumpismo es un problema para el Partido Republicano, que no puede vivir sin él, pero con él tampoco, porque moviliza como nunca a los adversarios. Creo que es un debate que se deshará con el tiempo, como sucedió con la preponderancia del Tea Party en su momento.

El Partido Republicano no necesita a Trump para nada. Gana con solvencia la Presidencia y el Congreso, gobierna un montón de estados y tiene mayoría en sus legislaturas. Eso lo hizo antes de Trump, con Trump y lo hará después de Trump. Para eso existen los partidos políticos que es darle estructura a una sensibilidad, o varias como el GOP o los demócratas, más allá de las personas que ocasionalmente ocupen cargos o sean candidatos.

Los candidatos republicanos al Congreso han obtenido mejores resultados que el Presidente. Mientras Trump tiene una desventaja en estos momentos en el voto popular del 2,9%, los candidatos republicanos a la Cámara de Representantes la tienen del 1,4%. La diferencia de votos entre las presidenciales entre la candidaturas presidenciales y las candidaturas a la Cámara es de 1.840.634 votos a favor de la presidencial, mientras que en el campo demócrata es de 4.160.751 a favor del Presidente electo, es decir, el Partido ha pesado más que el candidato.

El único peligro que tienen los republicanos con Trump es que monte su propio partido fuera del GOP y compita por parte de su electorado. Eso en un sistema electoral como el estadounidense es letal. Pero no sólo sería letal para el GOP, que a los pocos años se restablecería, sino también para Trump que no tendría ninguna posibilidad, con tres candidatos, de acercarse de nuevo a la Casa Blanca. Y el GOP es idefinido y Trump es muy mayor para intentarlo cada cuatro años.

Ello no quiere decir que los republicanos no le tenga que dar alguna vuelta a todo esto, porque desde 1992 solamente han ganado el voto popular una Elección Presidencial, las de 2004, y viven parapetados en el sistema electoral, que minimiza sus pérdidas y maximiza sus logros.

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Donald Trump se une al escogido grupo de presidentes de los Estados Unidos que solamente han servido por un único mandato, al haber perdido la reelección. Entre los muchos escenarios que en estas horas hemos leído, uno insistente habla de que Trumpo va a mantenerse activo para poderse presentar a las elecciones dentro de cuatro años.

Supongamos que Trump, tras aceptar que no reconocer su derrota, sigue adelante y se presenta a las primarias republicanas para el año 2024. Todo lo que puede hacer es aspirar a un único mandaro en la Casa Blanca, pues la XXII Enmienda impide un tercer mandato, sea consecutivo o no. Su segundo mandato nacería ya muerto, porque todos estarían pensando más en la sucesión que en el presente. ¿Es ésa la mejor opción para el Partido Republicano?

Entre los republicanos hay bastante silencio, pero es un silencio más táctico que de otro tipo. Habrá un nutrido grupo de representantes, senadores, gobernadores y un ex vicepresidente que están comenzando a ver sus posibilidades de cara a la carrera de las primarias que se lanzará justo después de las “midterm” de 2022.

Nadie quiere descalificarse a priori, estando a favor o en contra de nada, porque las Elecciones de 2024 pueden ser unas elecciones sin reelección, normalmente más abiertad que unas en las que el Presidente comparece nuevamente ante los electores después de cuatro años.

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La nominación y confirmación de Amy Coney Barrett como jueza del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, después que los republicanos se desdijeran de la doctrina que habían empleado para no llevar a votación la nominación de Merrick Garland como nuevo juez para cubrir la plaza del repentinamente fallecido Antonin Scalia, llevó a los demócratas a anunciar que ampliarían el número de jueces del Tribunal, una amenaza que le resultó muy efectiva a Roosevelt para conseguir que los jueces modulasen su interpretación constitucional del New Deal. Ni Roosevelt, ni el Presidente electo Joe Biden inventaron este mecanismo, sino que sus orígenes podemos encontrarlos en la Early Republic.

El historiador estadounidense Gordon S. Wood fija temporalmente el primer periodo de la Historia de los Estados Unidos, la Early Republic, entre los años 1789 (la Constitución entró en vigor) y 1815 (final de la Guerra de 1812 contra Gran Bretaña).

Durante este periodo la instituciones que la Constitución diseñó fueron cogiendo estableciéndose y comenzaron a desarrollarse dinámicas que concretaron y especificaron las escasas disposiciones judiciales. No podemos pensar que lo que ahora es importante y significado lo fuera entonces.

Una de las instituciones federales que más ha cambiado en su consideración desde 1789 ha sido la Judicatura. El poder judicial fue rápidamente organizado por el Primer Congreso, concretamente a través de la Judiciary Act of 1789 (An Act to establish the Judicial Courts of the United States, 1 Stat. 73) y dispuso tres niveles de tribunales federales.

El  único tribunal establecido constitucionalmente, era el Tribunal Supremo, que esta ley dispuso que estuviera compuesto por su presidente y cinco jueces (sección 1). Su compentencia estaba fijada en la Constitución y la sección 13 de esta ley la detalló, una sección que sería el centro normativo del mítico caso Marbury v. Madison de 1803.

La base del sistema judicial eran los tribunales de distrito, uno por cada estado que había ratificado la Constitución en ese momento (faltaban Rhode Island y Carolina del Norte) y dos distritos adicionales, uno para Kentucky, que por entonces formaba parte de Virginia, y otro para Maine que era parte del estado de Massachusets (sección 2). Los tribunales de distrito tenían la competencia que le asignaba expresamente la ley (sección 8).

El escalón intermedio era el más curioso. Todos los distritos, salvo Kentucky y Maine, estaban dentro de uno de los tres circuitos, cuyo tribunal estaba compuesto por un juez de distrito, normalmente el del distrito donde tenían lugar las sesiones, y dos jueces del Tribunal Supremo (sección 4). Los jueces del Tribunal Supremo dedicaban la mayor parte de sus jornadas a recorrer el circuito que les había correspondido impartiendo justicia en estos tribunales intermedios. Era algo muy oneroso para ellos, de lo que siempre quisieron ser relevados y no lo consiguieron definitivamente hasta 1891. Los tribunales de distritos tenían la totalidad de la competencia, salvo las expresamente reservadas al Tribunal Supremo o a los tribunales de distrito (sección 11).

Ser juez no era algo especialmente prestigioso en aquella época. De hecho pocos de los abogados habían pisado una facultad de Derecho y normalmente se formaban en el despacho de un abogado, hasta que se consideraban preparados para ser examinados por el juez estatal y admitido a litigar en su tribunal. Ser juez era un paso más en la carrera pública y los jueces desempañaban en muchas ocasiones funciones que no eran estrictamente judiciales.

De hecho en el primer Tribunal Supremo se dio el caso, hoy inimaginable, de que uno de los jueces renunciase para presidir un tribunal estatal. En efecto John Rutledge renunció al Tribunal Supremo para encabezar el máximo tribunal civil de Carolina del Sur.

John Jay, uno de los autores de The Federalist Papers, durante su mandato como presidente del Tribunal Supremo estuvo al frente de los negociadores de un nuevo tratado con Gran Bretaña y lejos de sus funciones judiciales. De hecho dejó la presidencia del Tribunal para presentarse a las elecciones a gobernador de Nueva York y en 1801 renunció a la nominación para volver a ocupar la presidencia del Supremo. Oliver Ellsworth, siendo presidente del Supremo, fue enviado a Francia por el Presidente John Adams para negociar los términos del fin de la Quasi-War.

Todo cambió en 1801. El Partido Federalista, partidario de un gobierno federal fuerte y de una interpretación nacionalizadora (centralizadora) de la Constitución, perdió las elecciones celebradas en 1800 tanto la Presidencia como el Congreso y vieron pronto que el poder les iba a ser esquivo en adelante. Decidieron hacer de los tribunales una fortaleza gobernada por los federalistas desde donde controlar y limitar las decisiones de los partidarios de la descentralización, los demócratas-republicanos de Jefferson y Madison. Los federalistas también tenían una tendencia más aristocratizante que Madison, un aristócrata moderado, o que Jefferson, más cercano a posiciones democráticas.

Oliver Ellsworth había renunciado, al volver a París, a su puesto de presidente del Tribunal Supremo. Como dijimos John Jay no quiso volver a recorrer el circuito. Entonces el Presidente Adams puso al frente del Tribunal Supremoa su secretario de Estado, John Marshall, que fue confirmado por un Senado con una mayoría que había perdido las elecciones en 1800 y se mantenía en el cargo hasta el 4 marzo de 1801.

Eso era solamente el primer paso. De acuerdo con la ley de 1789 toda la judicatura federal estaba compuesta por veintitres jueces, lo cual se antojaba escaso para consolidar una oposición judicial. Los federalistas, once días después del nombramiento de Marshall y diecinueve antes de que el Presidente y el Congreso terminaran su mandato, aprobar la Judiciary Act of 1801 (An Act to provide for the more convenient organization of the Courts of the United States, 2 Stat. 89), que aportaba las siguientes novedades:

1) Creaba unos nuevos tribunales permanentes de circuito, con jueces con nombramiento para ellos, de forma que se hizo preciso el nombramiento de dieciocho jueces nuevos, tres por ciurcuito, los cuales habían pasado de tres a seis. Quince de estos jueces fueron nominados y confirmados en pocos días (uno el día antes de terminar la Presidencia de Adams).

2) Establecía un tribunal de circuito en el Distrito de Columbia y daba una amplia facultad al Presidente para nombrar jueces de paz para éste, la cual fue usada por Adams para nombrar cuarenta y dos jueces dos días antes de la expiración de su mandato y que fueron confirmados inmediatamente.

3) Reducía el número de miembros del Tribunal Supremo. La sección 3 preveía que cuando se produjera una vacante no se pudiera cubrir, reduciéndose el Tribunal Supremo a cinco miembros. Dada la afiliación federalista de los jueces, se le quitaba a los Presidentes jeffersonianos la posibilidad de influir en el Tribunal Supremo.

Los republicanos-demócratas decidieron aprovechar su mayoría en la Cámara, tener la Presidencia y haber conseguido la mayoría en el Senado gracias al abandono de dos senadores federalistas para ser jueces de un circuito, para revocar la ley de 1801, volver a dejar en seis los miembros del Supremo y liquidar los tribunales de circuito, dejando sus jueces de ser tales en lo que ha sido el único caso federal de remociones by operation of Law de jueces según el Artículo III y no cambio de puesto por efecto de una reorganización. Para ello aprobaron la Judiciary Act of 1802 (An Act to amend the Judicial System of the United States, 2 Stat. 156), que fue un terremoto político y constitucional. De esta época y sobre los asuntos mencionados anteriormente son dos grandes sentencias: la ya citada Marbury v. Madison y Stuart v. Laird.

John Marshall se había convertido en la gran figura del Tribunal Supremo y éste había dejado de ser un poco prestigioso órgano judicial del que se salía lo antes posible para conseguir mejores puestos. Siguiendo la estela de Ellsworth había conseguido que el Tribunal se pronunciase con una sola voz sobre los casos, de forma que en las sentencia solamente constaba la opinión mayoritaria del Tribunal y no el seriatim, es decir, la serie de opiniones de los distintos jueces que antecedían al fallo. Unos lo atribuían al liderazgo de Marshall y otros, junto al liderazgo, a cierta pereza de los otros magistrados que veían como Marshall hacía solo todo el trabajo y no se notaba su pasividad al no tener que escribir su opinión personal sobre el caso que se resolvía.

Tras la dimisión de Alfred Moore, Jefferson pudo nominar a su primer juez y estuvo sumamente acertado. Su elección fue Williamk Johnson que se convertiría en el gran oponente a Marshall en el Tribunal. Intentó recuperar el seriatim, pero consiguió la posibilidad de hacer pronunciamientos propios, los votos particulares (dissenting opinions). Ha sido el juez que más votos particulares ha firmado.

Después de la muerte de William Paterson, Jefferson nombró a Henry Brockholst Livingston. Fue un fracaso porque se unió normalmente a las opiniones de Marshall. Visto el fracaso Jefferson al crear en 1807 un séptimo circuito amplía en uno los puestos del Tribunal Supremo que pasan a ser siete y nomina para el nuevo puesto a Thomas Todd, que supone una nueva traición porque no sólo se une a Marshall, sino que no hace practicamente nada en el Supremo. Las nominaciones de James Madison fracason igualmente, pues Duvall adoptó una actitud parecida a Todd y Joseph Story fue el sintetizador del Derecho Constitucional de inspiración federalista de Marshall que quedó sistematizado en sus Commentaries on the Constitution of the United States.

Visto al fracaso de la ampliación del Tribunal Supremo los republicanos-demócratas se olvidaron de nuevas modificaciones y esperaron a que el tiempo pasara. Y tuvo que pasar mucho para que John Marshall abandonara el Tribunal tras más de treinta y cuatro años de servicio.

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La ley federal (3 US Code 7) establece que el primer lunes después del tercer miércoles de diciembre (14 de diciembre) se reunan los electores presidenciales para emitir su voto. Cuando escribo esto (5 de noviembre) parece que el resultado final va a ser ajustado y quien gane puede que tenga poco margen de error a la hora de que tuviera que sufrir faithless electors, es decir, electores que a la hora de emitir su voto no lo hacen por el candidato por el que se había comprometido.

La Convención Constitucional estableció el Colegio Electoral sobre la idea de que serían elegidos ciudadanos insignes que votarían quién debería ser la cabeza de la República. Rápidamente cada partido presentaba una lista de electores que, de ganar, votarían por el candidato de ese partido (aunque en aquella época los candidatos tenían la deferencia aristocrática de no hacer personalmente campaña). De hecho durante las primeras décadas los electores, en algunos estados, no eran elegidos popularmente sino por la legislatura estatal o un colegio de delegados electo “ad hoc”.

No existe ninguna ley federal que obligue al elector a votar por el candidato con el que se había comprometido, pero muchos estados sí han establecido medidas para forzar el cumplimiento del compromiso como son la imposición de multas, cargos penales o la sustitución forzosa de los electores que no son fieles. Esta mismo año el Tribunal Supremo ha señalado la constitucionalidad de estas leyes en en el caso Chiafalo v. Washington y en Corolado Department of State v. Baca.

La Duodécima Enmienda a la Constitución establece la necesidad de alcanzar la mayoría de los electores designados, que si son 538, se situará en 270 como ya es de común conocimiento. En el caso de que no se alcance, los tres con  más votos (de haber al menos tres) serán los candidatos entre los que la Cámara de Representantes tendría que elegir. La elección en la Cámara de Representantes no se hace por miembros, sino por cada uno de los estados que tiene un voto y su sentido se decide de acuerdo con el voto de los representantes de éste. De esta forma California con 53 representantes tiene el mismo peso que Idaho con un solo representante.

Hace varias semanas publicamos en Geografía Subjetiva una valoración sobre quién hubiera ganado la Presidencia, desde el año 2000, en función de la Cámara elegida el mismo día de las elecciones presidenciales. La conclusión era que el vencedor en el Colegio Electoral hubiera obtenido al menos los veintiseis estados necesarios para acceder a la Casa Blanca.

La misma previsión se da para la Vicepresidencia con la excepción de que en este caso el cuerpo electoral es el Senado que también vota por estados. El hecho de que cada estado tenga únicamente dos senadores hace que sea más fácil que el voto de un estado quede indeterminado si los dos senadores pertenecen a partidos diferentes. En la simulación que hicimos en la Vicepresidencia no hubiera habido tanta facilidad para conseguir que el ganador en el Colegio Electoral fuera elegido ya que en ninguna de las cincos ocasiones estudiadas ni republicanos ni demócratas alcanzaban los veintiseis estados.

¿Qué sucedería este año?

Hay que indicar que todavía hay muchas elecciones para representantes y senadores en el aire, de modo que hay que poner algunos estados en la columna de “sin decidir”.

En la Presidencia los republicanos cuentan con veinticinco estados y los demócratas con diecinueve. La mayoría en las delegaciones de Arizona y Iowa en la Cámara aún están por decidir.  Georgia, Michigan, Minnesota y Penssylvania estarían empatada. De forma que en el caso, por ejemplo, de que Biden llegara al 14 de diciembre con escaso margen y algunos electores fallaran a su compromiso, la Presidencia continuará teniendo de titular a Donald Trump.

Nuevamente la Vicepresidencia es torna en problemática porque en este momento los republicanos tendrían veintidós estados, los demócratas veintiuno, cinco empates y dos aún indecisos.

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Actualización del día 9.

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Normalmente, cuando han ido las elecciones estadounidenses, nos hemos ido a la cama a horas indecentes, pero con un claro ganador. Ahora esto se prolonga durante dos jornadas y comienza a parecerse a esos encantadores escrutinios irlandeses que vivimos pegados a la retransmisión de la RTE.

Mi “timeline” en Twitter se ha llenado hoy de comentarios jocosos sobre lo que se está prolongando el recuento en estas elecciones en los Estados Unidos. Si de algo estamos orgullosos los españoles es de lo eficacez que somos contando votos, de forma que una hora y media después del cierre de los colegios electorales están todos los escaños o concejalías repartidos, unos celebrando, otro penando y varios cientos de miles de presidentes de mesa, vocales de mesa, interventores y apoderados volviendo a su casa para descansar.

Nuestro sistema electoral tiene eso que Pablo Simón llama bajo “coste cognitivo”. Uno vota por un partido, se cuentan las papeletas y se dice a cuántas corresponden a cada partido, se suman los votos en blanco y nulos y si no se ha metido la pata, pues cuadra con el número de personas que han votado. No es raro que a alguien no le cuadre (dan mucho juego para esas confusiones los interventores que votan en la mesa pero que no están en el censo de la mesa) y se cuente otra vez, pero es un rato pequeño. Se rellenan las actas y se firman, se dan los datos al funcionario para que los transmitan y los frikis de las elecciones los veamos en nuestros ordenadores y se espera a un vehículo policial, en algunos casos, para trasladar a los presidentes de mesa a la sede de la Junta Electoral de Zona.

¿Realmente es siempre así de sencillo nuestro sistema? Pues no, hay un punto negro y ese lo encontramos en las elecciones al Senado. En las provincias se eligen cuatro senadores por el bonito sistema de listas abiertad (en las islas y en las ciudades norteafricanas el número es menor), pero el votante solamente tiene tres votos, de modo que una papeleta puede salir de la urna siendo nula (por el motivo que sea), sin ningún voto, con un voto, con dos votos o con tres votos, es decir, hay cinco posibilidades frente a las tres en el Congreso.

¿Qué problema tiene esto? Que el número de papeletas no indica necesariamente el número de votos, pues no todo el mundo votará a sus tres candidatos, de forma que eso de multiplicar las papeletas por tres no es la solución. Entonces los miembros de la mesa y los representantes de los partidos políticos comienzan a hacer palitos y a rezar para que al finalizar todos tengan los mismos palitos en cada uno de los candidatos, porque de no ser así hay que volver a hacer palitos. Los errores vienen normalmente del cansancio o despiste de alguno de los intervinientes. En ocasiones se utiliza la pizarra del aula para llevar un conteo “unitario”.

Pues si el Congreso está recontado, celebrado o llorado en una hora y media, el Senado se puede alargar unas cuantas horas más y terminar de madrugada. Ésa es la parte que no vemos en nuestras Elecciones Generales y la que más tiempo y paciencia emplean y, desde luego, la menos eficiente de todos nuestros procesos electorales.

Teniendo en cuenta que en la papeleta de hoy en cualquier estado de los Estados Unidos no sólo está la elección del Presidente, sino de un representante en la Cámara federal, posiblemente un senador federal, un representante estatal, un posible senador estatal, algunos referendos, el gobernador o mil cargos más parece que no duran tanto y más cuando lo hacen todo en una papeleta y tachando.

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Los mapas electorales en ocasiones son engañosos porque representan la extensión del territorio y no la cantidad de los electores. Todos hemos a personas que interpretaban determinados mapas como victoria de quien precisamente había sido derrotado, simplemente porque su color se extendía más en el espacio.

Desde hace unos años existen unos mapas que representan los territorios en hexágonos y cada escaño es un hexágono, modificando el tamaño de los territorios en virtud de su representación (lo he visto sobre otro utilizado por los medios británicos en las elecciones a la Cámara de los Comunes del Reino Unido).

Desde 2016 he leído muchos análisis en clave sociológica, o social, de los resultados de las Elecciones. El problema es que muchos tratan de explicar, desde una clave social o sociológica, algo que no es tal, sino una mera institución electoral.

Ningún cuerpo elegido es reflejo de la sociedad, pero hay algunos que especialmete no lo son, como el Colegio Electoral cuando la mayoría de los electores no coinciden con el voto popular o cuando sucedió algo parecido en el Parlamento de Cataluña cuando el partido más votado no fue el que más escaños tenía.

Intentar explicar un resultado en el Colegio Electoral en su conjunto en términos de cambio social o de tendencia social es una absoluta equivocación, como muestra que el Colegio y la sociedad tienen mayorías diferentes. Antes de hablar de la sociedad estadounidense, empleando los resultados del Colegio Electoral, no hay que olvidar que desde 1992 los republicanos solamente han ganado una vez el voto popular, en 2004, hace dieciseis años.

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Como tantos he aprovechado que Amazon Prime Video ha puesto en su oferta las siete temporadas de El Ala Oeste de la Casa Blanca para hacerle la décima o un décima revisita. Conforme pasa el tiempo uno disfruta lo mismo, pero es mucho más crítico con los planteamientos que aparecen en esa serie.

Buena parte de los capítulos se ve a un presidente y a un cuadro de consejeros dedicados en cuerpo y alma en caerle bien a gente que no les va a votar en la vida, mientras descuidan a sus votantes. Siempre estaban por detrás de las iniciativas de la oposición, que controlaba el legislativo, y además querían ganarles en sus temas.

Es cierto que en ocasiones se plantea la cuestión, pero sabiendo que la “Administración Bartlet” es parcialmente un trasunto de la “Administración Clinton”, se explica mucho mejor en qué contexto George Lakoff publicó No pienses en un elefante. Este libro no dice más que si te sitúa en el marco de tu oponente (valores, prioridades, imaginario o lenguaje entre otros) siempre perderás, de forma que solamente saliéndote del marco adverso y situándote en el tuyo puedes tener un terreno favorable.

Tengo la impresión de que se ha caído nuevamente en esto. Trump deja caer continuamente que él cuestionará un resultado que no sea su reelección y comienzan los analistas, los columnistas y los propios líderes del Partido Demócrata a estudiar cuál sería el margen de victoria incuestionable (otra cosa es el margen del voto popular que permita ganar en el Colegio Electoral).

Pensar un margen de victoria incuestionable es entrar en el debate de Trump, como si él tuviera derecho a cuestionar porque sí un resultado, por muy estrecho que fuera. El margen aceptable de victoria para Biden es tener 178 votos electorales, que es lo que exige la XII Enmienda, y no satisfacer un criterio como el de Trump, que renuncia en todo caso a ser el más votado.

Aceptar que Biden tiene que vencer con un margen superior al establecido constitucionalmente es aceptar el argumento de Trump de que todo lo que esté por debajo es fraude y victoria electoral. Es cimentar el derecho de alguien que puede perder tanto el voto popular, como el Colegio Electoral.

Puede ganar Trump o ganar Biden. El resultado no está claro en mi opinión, pero lo que no se puede permitir es que la victoria sea más exigente para un candidato que para otro y, mucho menos, que alguien pueda considerarse vencedor porque el adversario no le ha ganado con un margen que los suyos estúpidamente han propuesto.

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