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Posts Tagged ‘estados especiales’

Dentro de una horas el Consejo de Ministros va a aprobar el estado de alarma. Después de que varios tribunales no ratificasen las medidas propuestas por las autonomías, pese a una amplia comprensión por parte de la Judicatura, y que numerosas voces afirmasen la necesidad de aplicar este instrumento constitucional porque la legalidad ordinaria, aunque se reformen las leyes, no es suficiente.

En Geografía Subjetiva siempre hemos mantenido la necesidad de emplear los instrumentos que la Constitución ponen en mano de las autoridades, con las garantías propias de estos, y hemos criticado la inconveniencia de recurrir a la creatividad jurídica en la que un consejero decreta una medida propia del Derecho de Excepción como es el “toque de queda”. No hemos creído adecuado el puenteo a la ratificación judicial hecho en Aragón al aprobar las medidas por Decreto-Ley.

Es cierto que una serie de increíbles circunstancias hicieron inviables las necesarias prórrogas del estado de alarma que comenzó en marzo. Y es irreprochable que si la prórroga parlamentaria era imposible, se buscasen otras posibilidad. Hemos asistidos atónitos a dirigentes políticos y mediáticos que han tildado de antidemocrático un instrumento constitucional y lleno de garantías, más que las otras medidas adoptadas hasta el día de hoy.

En la insoslayable revisión jurídica que se deberá hacer de las medidas durante la pandemia, además de los importantes pronunciamientos pendientes del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, habrá que proponer un mejor esquema jurídico, más definido y claro que las disposiciones vigentes que nunca habían sido puestas en vigor y a prueba con la exigencia de este 2020.

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Independientemente de la sentencia del TSJ de Madrid denegando la ratificación de las medidas de la Comunidad al amparo de la orden del Ministerio, sentencia que a todas luces es una transgresión del principio legal y jurisprudencial Iura novit curia, podemos reconocer dos tendencias en la disparidad de las resoluciones judiciales que han ido dictándose desde el fin del estado de alamar que afectó a toda España.

La primera tendencia es la que considera que el actual marco normativo permite el confinamiento de los casos no sospechosos haciendo una interpretación extensiva del artículo 3 in fine de la Ley Orgánica 3/1986. De esta interpretación, mayoritaria, provienen las resoluciones judiciales que ratifican las medidas sanitarias.

La segunda tendencia es la que considera que no cabe una interpretación extensiva de la restricción de derechos fundamentales sin un fundamento personal (enfermedad o sospecha) y que no hay un terreno intermedio entre la legalidad ordinaria y la legalidad de excepción. En la referida sentencia del TSJ de Madrid se menciona en el último fumdamento jurídico, aunque no se entra al haber encontrado, para no hacerlo, el ardid del título habilitante.

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La crítica de una parte de la derecha y de toda la ultraderecha al estado de alarma no era una cuestión de convicción, sino de oportunismo político. Los mismos que pidieron el estado de alarma, quizá pensando que el gobierno no iba a atreverse, semanas después estaban horrorizados por el funcionamiento de orden constitucional.

La dificultad y coste de las sucesivas prórrogas del estado de alarma, desembocó en su finalización por pérdida de cualquier fundamento jurídico a todas las fases de desescalada.

Muchas comunidades se encontraron de repente gestionando una pandemia sin los poderes necesarios, pero con el deber cumplido respecto de la estrategia nacional de sus partidos. A partir de entonces los dirigentes autonómicos han andado a tientas y los tribunales se han dividido a la hora de confirmar judicialmente las medidas de mayor calado.

Un sector de los jueces considera que las medidas propuestas por las comunidades autónomas no pueden encontrar sostén en el orden jurídico general y que deberían tener su lugar dentro del orden jurídico excepcional, en este caso el estado de alarma.

Los que se oponían al estado de alarma mantenían que se podía obtener el mismo efecto con la legislación general. Como ya comenté en su momento en Twitter esta interpretación no propone otra cosa que un fraude constitucional al pretender conseguir los efectos de una institución con los de otra, en definitiva, si la Constitución establece los estados especiales es para ser usados cuando sean precisos, no para crear unos “cuasiestados especiales”.

Además se une a la deficiencia anterior el hecho de que se pierde todo tipo de garantía externa, porque en estos “cuasiestados especiales” no hay control parlamentario y ya hay propuestas de que no haya forma alguna de control judicial, todo ello saltándose las reservas de Ley y de Ley Orgánica.

Pese a que estemos en una pandemia, en la actualidad no vivimos constitucionalmente una situación de excepcionalidad, de forma que las disposición autonómicas en materia de Covid-19 no son “Derecho de excepción”, sino mero Derecho Administrativo sometido a todas las cautelas habituales.

Es comprensible que las necesidades del momento primen sobre cuestiones jurídicas, pero eso tendría explicación en los primeros momentos. Ahora no tiene ningún sentido prohibir el ejercicio del derecho de reunión por medio de la orden de un consejero autonómico fuera de un estado de alarma.

Tanto Feijoo como Urkullu eran seguros ganadores de sus elecciones, pero la suspensión de las elecciones gallegas y vascas fue una decisión con un anclaje legal dudoso y que plantea un precedente peligroso: un presidente suspende unas elecciones por una cuestión de salud pública sin ninguna previsión legal. O se pone remedio legislativo inmediato o estamos abriendo la puerta a peligros futuros.

Estamos, cada vez, rodeados de un espíritu decisionista. Entiendo en este contexto por decisionista aquello que pone la resolución política sobre lo jurídico en caso de conflicto. Es cierto que en el mundo del Derecho existe una sentencia que dice “salus populi, maxima lex”, pero se refiere a una excepción y no a un principio fundamental. Las democracias eligieron hace mucho gobernarse por normas y no por decisiones, que pidiendo ser bienintencionadas, pueden destruir el estado de Derecho.

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