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Posts Tagged ‘estado de alarma’

Dentro de una horas el Consejo de Ministros va a aprobar el estado de alarma. Después de que varios tribunales no ratificasen las medidas propuestas por las autonomías, pese a una amplia comprensión por parte de la Judicatura, y que numerosas voces afirmasen la necesidad de aplicar este instrumento constitucional porque la legalidad ordinaria, aunque se reformen las leyes, no es suficiente.

En Geografía Subjetiva siempre hemos mantenido la necesidad de emplear los instrumentos que la Constitución ponen en mano de las autoridades, con las garantías propias de estos, y hemos criticado la inconveniencia de recurrir a la creatividad jurídica en la que un consejero decreta una medida propia del Derecho de Excepción como es el “toque de queda”. No hemos creído adecuado el puenteo a la ratificación judicial hecho en Aragón al aprobar las medidas por Decreto-Ley.

Es cierto que una serie de increíbles circunstancias hicieron inviables las necesarias prórrogas del estado de alarma que comenzó en marzo. Y es irreprochable que si la prórroga parlamentaria era imposible, se buscasen otras posibilidad. Hemos asistidos atónitos a dirigentes políticos y mediáticos que han tildado de antidemocrático un instrumento constitucional y lleno de garantías, más que las otras medidas adoptadas hasta el día de hoy.

En la insoslayable revisión jurídica que se deberá hacer de las medidas durante la pandemia, además de los importantes pronunciamientos pendientes del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, habrá que proponer un mejor esquema jurídico, más definido y claro que las disposiciones vigentes que nunca habían sido puestas en vigor y a prueba con la exigencia de este 2020.

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Independientemente de la sentencia del TSJ de Madrid denegando la ratificación de las medidas de la Comunidad al amparo de la orden del Ministerio, sentencia que a todas luces es una transgresión del principio legal y jurisprudencial Iura novit curia, podemos reconocer dos tendencias en la disparidad de las resoluciones judiciales que han ido dictándose desde el fin del estado de alamar que afectó a toda España.

La primera tendencia es la que considera que el actual marco normativo permite el confinamiento de los casos no sospechosos haciendo una interpretación extensiva del artículo 3 in fine de la Ley Orgánica 3/1986. De esta interpretación, mayoritaria, provienen las resoluciones judiciales que ratifican las medidas sanitarias.

La segunda tendencia es la que considera que no cabe una interpretación extensiva de la restricción de derechos fundamentales sin un fundamento personal (enfermedad o sospecha) y que no hay un terreno intermedio entre la legalidad ordinaria y la legalidad de excepción. En la referida sentencia del TSJ de Madrid se menciona en el último fumdamento jurídico, aunque no se entra al haber encontrado, para no hacerlo, el ardid del título habilitante.

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Aguado y Ayuso saben que la situación de la pandemia en la Comunidad de Madrid es mala y la perspectiva es además negativa. Piden la ayuda del Gobierno de España. Parece que es la necesidad de confinamientos es Madrid es indiscutible y que los instrumentos jurídicos del gobierno regional no son los suficientes, por más que antes hubieran dicho que sí.

Ayuso y Aguado necesitan un estado de alarma pero no pueden pedirlo. El estado de alarma fue una de los caballos de batalla de la derecha contra el Gobierno de España y fue tildado de dictadura constitucional. Ayuso jaleó en sede parlamentaria las concentraciones contra el estado de alarma y se gustó al decir que éstas irían a más. Después de todas esas concentraciones, excesos retóricos y torticeras maniobras políticas que buscaban únicamente buscaban la derrota del Gobierno en una prórroga del estado de alarma, pedirlo resulta vergonzoso. Podría acarrear pérdida de apoyo en los sectores de la derecha mediática más exaltada, una pérdida de apoyo que sabemos que tiene un destino.

El segundo motivo es que Casado y todo el PP ha puesto como bandera de su formación la gestión de Ayuso. Pedir el estado de alarma es reconocer el desastre y pedirle al “dictador” que les resuelva la papeleta que ellos no son capaces. Saben además que ahora Sánchez no va a cargar con toda la responsabilidad, sino que la Presidenta de la CAM será la responsable de dirigir el estado de alarma en su territorio, de forma que poder culpar al Presidente del Gobierno es igualmente difícil.

Espero que Ayuso y Aguado tengan más en cuenta los intereses de los ciudadanos que los cálculos políticos arriba expuestos.

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Comencemos con este maravilloso tweet del vicepresidente madrileño:

Algunos comentarios:

1) El partido con que el Aguado gobierna, es decir el PP, y el partido que es sostén último de su gobierno, esto es Vox, votaron en contra de la prórroga del estado de alarma, que es el instrumento político perfecto que la Constitución establece para situaciones como la que vivimos de pan de Covid-19. Luego los problemas jurídicos no son ni estructurales, del diseño constitucional, ni responsabilidad del Gobierno de España, sino consecuencia y responsabilidad directa de las decisiones de dos importantes grupos parlamentarios. Curiosamente a ellos no les hace ningún reproche.

2) La existencia de lo que él denomina “17 legislaciones distintas” y yo preferiría denominar “normativas” es una consecuencia de lo anterior. La retórica del “1 contra 17” intenta esconder el debate sobre la cualidad dentro del debate sobre la cantidad. En lo que Kant llamada la “Filosofía ambiental” se considera que lo simple, lo unitario, es mejor que lo disgregado, lo múltiple o lo diferente, de forma que muchos se suben al carro de esta idea que proviene de Grecia y está en nuestro mentalidad, para afirmar que siempre 1 es mejor que 17.

3) El debate que debería tenerse es si las normativas son buenas o no lo son. Se presupone que la variedad implica maldad por sí y que la unicidad bondad. No se habla de cuáles de las normativas han probado ser más efectivas, qué practicas mejores y cuáles peores y así, evaluando la multiplicidad de enfoques mejorar. No, dogmáticamente se afirma que una sola normativa es mejor porque sí.

4) En cuestiones como la Educación no tiene ningún efecto la existencia de diecisiete normativas, porque no hay ningún profesor, ni ningún alumno que simultáneamente dependa de dos administraciones educativas. Lo importante es que la regulación de su región sea buena, efectiva y se aplique correctamente.

5) Si Aguado quiere dejar de tener “temas jurídicos” solamente tiene que pedirle al Gobierno de España que establezca el estado de alarma en la totalidad o en parte de la Comunidad de Madrid. Entonces el control será doble: el del Congreso en las eventuales prórrogas y el de los tribunales en la posibles impugnación de la normativa dictada en aplicación del estado de alarma. Si por “temas jurídicos” entiende Aguado la eliminación de controles, como pidió su colega castellano-leonés, entonces debe saber que propugna actuaciones muy alejadas del espíritu y la norma de nuestra Constitución.

6) Y en las medidas contra la pandemia el problema no es cuántas medidas tomamos y quién es el emisor de esas medidas, sino la calidad de las mismas. Para nada sirve un protocolo nacional para Educación, cuando lo que se necesitan son treinta mil buenos protocolos, uno por cada centro y es lo que lamentablemente los dirigentes autonómicos no han sabido hacer.

7) Y llegamos al otro punto cardinal. A Aguado y al gobierno que vicepreside todo esto le da igual, porque sabotean siempre toda iniciativa del Gobierno de España. Ellos solamente quieren que el Gobierno de España retome el mal llamado “mando único” para poder responsabilizarlo de su incapacidad y desidia. Es por eso retórica y no llega a ser ni una idea política.

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La crítica de una parte de la derecha y de toda la ultraderecha al estado de alarma no era una cuestión de convicción, sino de oportunismo político. Los mismos que pidieron el estado de alarma, quizá pensando que el gobierno no iba a atreverse, semanas después estaban horrorizados por el funcionamiento de orden constitucional.

La dificultad y coste de las sucesivas prórrogas del estado de alarma, desembocó en su finalización por pérdida de cualquier fundamento jurídico a todas las fases de desescalada.

Muchas comunidades se encontraron de repente gestionando una pandemia sin los poderes necesarios, pero con el deber cumplido respecto de la estrategia nacional de sus partidos. A partir de entonces los dirigentes autonómicos han andado a tientas y los tribunales se han dividido a la hora de confirmar judicialmente las medidas de mayor calado.

Un sector de los jueces considera que las medidas propuestas por las comunidades autónomas no pueden encontrar sostén en el orden jurídico general y que deberían tener su lugar dentro del orden jurídico excepcional, en este caso el estado de alarma.

Los que se oponían al estado de alarma mantenían que se podía obtener el mismo efecto con la legislación general. Como ya comenté en su momento en Twitter esta interpretación no propone otra cosa que un fraude constitucional al pretender conseguir los efectos de una institución con los de otra, en definitiva, si la Constitución establece los estados especiales es para ser usados cuando sean precisos, no para crear unos “cuasiestados especiales”.

Además se une a la deficiencia anterior el hecho de que se pierde todo tipo de garantía externa, porque en estos “cuasiestados especiales” no hay control parlamentario y ya hay propuestas de que no haya forma alguna de control judicial, todo ello saltándose las reservas de Ley y de Ley Orgánica.

Pese a que estemos en una pandemia, en la actualidad no vivimos constitucionalmente una situación de excepcionalidad, de forma que las disposición autonómicas en materia de Covid-19 no son “Derecho de excepción”, sino mero Derecho Administrativo sometido a todas las cautelas habituales.

Es comprensible que las necesidades del momento primen sobre cuestiones jurídicas, pero eso tendría explicación en los primeros momentos. Ahora no tiene ningún sentido prohibir el ejercicio del derecho de reunión por medio de la orden de un consejero autonómico fuera de un estado de alarma.

Tanto Feijoo como Urkullu eran seguros ganadores de sus elecciones, pero la suspensión de las elecciones gallegas y vascas fue una decisión con un anclaje legal dudoso y que plantea un precedente peligroso: un presidente suspende unas elecciones por una cuestión de salud pública sin ninguna previsión legal. O se pone remedio legislativo inmediato o estamos abriendo la puerta a peligros futuros.

Estamos, cada vez, rodeados de un espíritu decisionista. Entiendo en este contexto por decisionista aquello que pone la resolución política sobre lo jurídico en caso de conflicto. Es cierto que en el mundo del Derecho existe una sentencia que dice “salus populi, maxima lex”, pero se refiere a una excepción y no a un principio fundamental. Las democracias eligieron hace mucho gobernarse por normas y no por decisiones, que pidiendo ser bienintencionadas, pueden destruir el estado de Derecho.

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