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La ley eletoral del estado Georgia (OCGA § 21-2-501) exige que los cargos públicos elegidos en este estado tengan el respaldo de más de la mitad de los votantes, de modo que si no es así, los dos candidatos más votados tienen que ir a una segunda vuelta.

El pasado 3 de noviembre se elegían los dos senadores por Georgia, una elección ordinaria al agotarse el mandato de seis años y otra especial por la renuncia hace un año del senado Isakson. En ninguna de las dos elecciones, ningún candidato ha obtenido más de la mitad de los votos, de forma que los dos más votados habrán de someterse nuevamente a las urnas.

Como ya todo sabemos, estos dos escaños definirán la mayoría republicana en el Senado o si los demócratas empatando y encomendándose al voto de desempate de la Vicepresidenta Harris, pueden tener mayoría. La agenda de la Presidencia de Biden depende de tener mayoría en las dos cámaras del Congreso, aunque la del Senado sea tan apurada e insuficiente para cerrar los debates.

Varios senados republicanos le han comentado a algunos medios que su silencio a la hora de reconocer la victoria de Biden se debe más a estos dos escaños en disputa que a participar de la estrategia de Trump. Esto puede obedecer a dos estrategias, que no se excluyen necesariamente:

– Considerar que un Presidente-electo tiene una gran fuerza de arrastre, y más en un estado que ganó, de modo que la polémica sobre la elección dificultará ese arrastre y una dedicación intensa a la campaña de Biden y de Harris.

– Ofrecer un acuerdo tácito a los demócratas, de modo que el reconocimiento general de la victoria de Biden por los senadores republicanos, implicaría una campaña menor de los demócratas, no acelerar la tremenda maquinaria de Stacey Abrams y que el ticket presidencial, especialmente Harris, no acampe en Georgia hasta el día de la segunda vuelta.

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El otro día me refería a las mayorías desprotegidas, que son aquéllas que establece una norma que necesita de una mayoría menor para ser modificada, de modo que en vez de obtener la mayoría requerida, se reforma la ley y se rebaja la exigencia. En la entrada puse como ejemplo la reforma de la Ley de RTVE que llevó a cabo el PP durante la presidencia de Mariano Rajoy, haciendo que el presidente de RTVE fuera elegido por mayoría absoluta, modificando la ley que marcada los dos tercios del Congreso.

El otro día recordé un bue ejemplo de una mayoría desprotegida, fuera de nuestro sistema político.

En 2011 la Fixed-term Parliaments Act quitó a la Corona la prerrogativa de disolver el Parlamento y convocar elecciones (prerrogativa ejercida de hecho por el Primer Ministro). Desde entonces la legislatura quedó fijada en cinco años y solamente cabía convocar elecciones por medio de una mayoría de dos tercios de la Cámara de los Comunes del número de total de escaños, incluidos los vacantes. Se estableció otro procedimiento, más tortuoso, en el que es necesario aprobar una moción de no confianza al gobierno y en el plazo de catorce días la Cámara no aprobar una moción de confianza en sentido contrario.

Boris Johnson y sus aliados norirlandeses tenían la mayoría absoluta, pero los laboristas se negaban a una convocatoria extraordinaria como la de 2017 en la que sí asintieron y los dos grandes partidos reunieron los dos tercios necesarios. Una autocensura era implanteable. Por tres veces los conservadores intentaron aprobar la convocatoria de las elecciones, pero no fue posible alcanzar los dos tercios de votos, ya que la oposición o bien votaba en contra (unos pocos), o bien se abstenían (casi todos).

Vista la negativa los conservadores decidieron tomar otra vía, aprovechando un propuesta de los nacionalistas escoceses y liberales-demócratas. En el Reino Unido todas las leyes, tengan trascendencia constitucional o no, se aprueban con la misma mayoría, que es la simple. Se presentó un proyecto de Ley que si bien no modificaba la ley de 2011, convocaba elecciones generales por sí misma, por ministerio de la Ley que diríamos por aquí.

En cuestión de días el Parlamento aprobó la Early Parliamentary General Election Act 2019 que convocaba las elecciones de acuerdo con la sección 2 (7) de la Fixed-term Parliaments Act, pero no contando con las mayorías ni con los procedimientos requeridos.

La ley de 2011 establecía una mayoría de dos tercios que hacía precisa la concurrencia de los dos grandes partidos del Reino Unido a la hora de convocar elecciones, como sucedió en 2017, pero esa mayoría de dos tercios se cimentaba en una ley que podía ser modificada o excepcionada, como hemos visto, por una mayoría simple.

Se puede llenar un ordenamiento de fuertes mayorías para tomar numerosas decisiones, pero si las normas que las establecen no requieren al menos la misma mayoría para ser modificadas o excepcionadas, no tienen ningún sentido.

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La ley federal (3 US Code 7) establece que el primer lunes después del tercer miércoles de diciembre (14 de diciembre) se reunan los electores presidenciales para emitir su voto. Cuando escribo esto (5 de noviembre) parece que el resultado final va a ser ajustado y quien gane puede que tenga poco margen de error a la hora de que tuviera que sufrir faithless electors, es decir, electores que a la hora de emitir su voto no lo hacen por el candidato por el que se había comprometido.

La Convención Constitucional estableció el Colegio Electoral sobre la idea de que serían elegidos ciudadanos insignes que votarían quién debería ser la cabeza de la República. Rápidamente cada partido presentaba una lista de electores que, de ganar, votarían por el candidato de ese partido (aunque en aquella época los candidatos tenían la deferencia aristocrática de no hacer personalmente campaña). De hecho durante las primeras décadas los electores, en algunos estados, no eran elegidos popularmente sino por la legislatura estatal o un colegio de delegados electo “ad hoc”.

No existe ninguna ley federal que obligue al elector a votar por el candidato con el que se había comprometido, pero muchos estados sí han establecido medidas para forzar el cumplimiento del compromiso como son la imposición de multas, cargos penales o la sustitución forzosa de los electores que no son fieles. Esta mismo año el Tribunal Supremo ha señalado la constitucionalidad de estas leyes en en el caso Chiafalo v. Washington y en Corolado Department of State v. Baca.

La Duodécima Enmienda a la Constitución establece la necesidad de alcanzar la mayoría de los electores designados, que si son 538, se situará en 270 como ya es de común conocimiento. En el caso de que no se alcance, los tres con  más votos (de haber al menos tres) serán los candidatos entre los que la Cámara de Representantes tendría que elegir. La elección en la Cámara de Representantes no se hace por miembros, sino por cada uno de los estados que tiene un voto y su sentido se decide de acuerdo con el voto de los representantes de éste. De esta forma California con 53 representantes tiene el mismo peso que Idaho con un solo representante.

Hace varias semanas publicamos en Geografía Subjetiva una valoración sobre quién hubiera ganado la Presidencia, desde el año 2000, en función de la Cámara elegida el mismo día de las elecciones presidenciales. La conclusión era que el vencedor en el Colegio Electoral hubiera obtenido al menos los veintiseis estados necesarios para acceder a la Casa Blanca.

La misma previsión se da para la Vicepresidencia con la excepción de que en este caso el cuerpo electoral es el Senado que también vota por estados. El hecho de que cada estado tenga únicamente dos senadores hace que sea más fácil que el voto de un estado quede indeterminado si los dos senadores pertenecen a partidos diferentes. En la simulación que hicimos en la Vicepresidencia no hubiera habido tanta facilidad para conseguir que el ganador en el Colegio Electoral fuera elegido ya que en ninguna de las cincos ocasiones estudiadas ni republicanos ni demócratas alcanzaban los veintiseis estados.

¿Qué sucedería este año?

Hay que indicar que todavía hay muchas elecciones para representantes y senadores en el aire, de modo que hay que poner algunos estados en la columna de “sin decidir”.

En la Presidencia los republicanos cuentan con veinticinco estados y los demócratas con diecinueve. La mayoría en las delegaciones de Arizona y Iowa en la Cámara aún están por decidir.  Georgia, Michigan, Minnesota y Penssylvania estarían empatada. De forma que en el caso, por ejemplo, de que Biden llegara al 14 de diciembre con escaso margen y algunos electores fallaran a su compromiso, la Presidencia continuará teniendo de titular a Donald Trump.

Nuevamente la Vicepresidencia es torna en problemática porque en este momento los republicanos tendrían veintidós estados, los demócratas veintiuno, cinco empates y dos aún indecisos.

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Actualización del día 9.

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Normalmente, cuando han ido las elecciones estadounidenses, nos hemos ido a la cama a horas indecentes, pero con un claro ganador. Ahora esto se prolonga durante dos jornadas y comienza a parecerse a esos encantadores escrutinios irlandeses que vivimos pegados a la retransmisión de la RTE.

Mi “timeline” en Twitter se ha llenado hoy de comentarios jocosos sobre lo que se está prolongando el recuento en estas elecciones en los Estados Unidos. Si de algo estamos orgullosos los españoles es de lo eficacez que somos contando votos, de forma que una hora y media después del cierre de los colegios electorales están todos los escaños o concejalías repartidos, unos celebrando, otro penando y varios cientos de miles de presidentes de mesa, vocales de mesa, interventores y apoderados volviendo a su casa para descansar.

Nuestro sistema electoral tiene eso que Pablo Simón llama bajo “coste cognitivo”. Uno vota por un partido, se cuentan las papeletas y se dice a cuántas corresponden a cada partido, se suman los votos en blanco y nulos y si no se ha metido la pata, pues cuadra con el número de personas que han votado. No es raro que a alguien no le cuadre (dan mucho juego para esas confusiones los interventores que votan en la mesa pero que no están en el censo de la mesa) y se cuente otra vez, pero es un rato pequeño. Se rellenan las actas y se firman, se dan los datos al funcionario para que los transmitan y los frikis de las elecciones los veamos en nuestros ordenadores y se espera a un vehículo policial, en algunos casos, para trasladar a los presidentes de mesa a la sede de la Junta Electoral de Zona.

¿Realmente es siempre así de sencillo nuestro sistema? Pues no, hay un punto negro y ese lo encontramos en las elecciones al Senado. En las provincias se eligen cuatro senadores por el bonito sistema de listas abiertad (en las islas y en las ciudades norteafricanas el número es menor), pero el votante solamente tiene tres votos, de modo que una papeleta puede salir de la urna siendo nula (por el motivo que sea), sin ningún voto, con un voto, con dos votos o con tres votos, es decir, hay cinco posibilidades frente a las tres en el Congreso.

¿Qué problema tiene esto? Que el número de papeletas no indica necesariamente el número de votos, pues no todo el mundo votará a sus tres candidatos, de forma que eso de multiplicar las papeletas por tres no es la solución. Entonces los miembros de la mesa y los representantes de los partidos políticos comienzan a hacer palitos y a rezar para que al finalizar todos tengan los mismos palitos en cada uno de los candidatos, porque de no ser así hay que volver a hacer palitos. Los errores vienen normalmente del cansancio o despiste de alguno de los intervinientes. En ocasiones se utiliza la pizarra del aula para llevar un conteo “unitario”.

Pues si el Congreso está recontado, celebrado o llorado en una hora y media, el Senado se puede alargar unas cuantas horas más y terminar de madrugada. Ésa es la parte que no vemos en nuestras Elecciones Generales y la que más tiempo y paciencia emplean y, desde luego, la menos eficiente de todos nuestros procesos electorales.

Teniendo en cuenta que en la papeleta de hoy en cualquier estado de los Estados Unidos no sólo está la elección del Presidente, sino de un representante en la Cámara federal, posiblemente un senador federal, un representante estatal, un posible senador estatal, algunos referendos, el gobernador o mil cargos más parece que no duran tanto y más cuando lo hacen todo en una papeleta y tachando.

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Los mapas electorales en ocasiones son engañosos porque representan la extensión del territorio y no la cantidad de los electores. Todos hemos a personas que interpretaban determinados mapas como victoria de quien precisamente había sido derrotado, simplemente porque su color se extendía más en el espacio.

Desde hace unos años existen unos mapas que representan los territorios en hexágonos y cada escaño es un hexágono, modificando el tamaño de los territorios en virtud de su representación (lo he visto sobre otro utilizado por los medios británicos en las elecciones a la Cámara de los Comunes del Reino Unido).

Desde 2016 he leído muchos análisis en clave sociológica, o social, de los resultados de las Elecciones. El problema es que muchos tratan de explicar, desde una clave social o sociológica, algo que no es tal, sino una mera institución electoral.

Ningún cuerpo elegido es reflejo de la sociedad, pero hay algunos que especialmete no lo son, como el Colegio Electoral cuando la mayoría de los electores no coinciden con el voto popular o cuando sucedió algo parecido en el Parlamento de Cataluña cuando el partido más votado no fue el que más escaños tenía.

Intentar explicar un resultado en el Colegio Electoral en su conjunto en términos de cambio social o de tendencia social es una absoluta equivocación, como muestra que el Colegio y la sociedad tienen mayorías diferentes. Antes de hablar de la sociedad estadounidense, empleando los resultados del Colegio Electoral, no hay que olvidar que desde 1992 los republicanos solamente han ganado una vez el voto popular, en 2004, hace dieciseis años.

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Los dirigentes nacionales de los populares situaron a las fiestas navideñas como el límite temporal del estado de alarma. Casado y los suyos querían hacer del PP el partido pro-navidades frente a la coalición de gobierno y los partidos que han apoyado la prórroga de la alarma que serían los anti-navidades. La innovación había llegado a crear una nueva dicotomía política en torno a las celebraciones de diciembre.

Parece que las propuestas en este sentido de los populares se han ido disolviendo desde la aprobación de la prórroga por el Congreso, mientras varios presidentes autonómicos del Partido Popular están tomando severas medidas para contener la pandemia en sus respectivos territorios.

Pero como a los populares les encantan estas luchas sobre nimiedades es conveniente recordar alguna cosa. Tras las elecciones de junio de 2016, Mariano Rajoy fracasó en su primer intento de ser investido y los relojes para la convocatoria automática de las elecciones se pusieron en marcha el 31 de agosto de 2016. Dos meses tras esa primera votación y habrían nuevas elecciones.

Comenzó una profunda guerra sucia con la connivencia del Felipismo en el PSOE, guerra que fue su final, para que los socialistas facilitasen una investidura forzada de Rajoy para tener el gobierno más débil de la democracia, un gobierno que cayó en mayo de 2018 en manos de la misma mayoría absoluta que le hizo perder incluso la primera votación de la segunda investidura.

Mariano Rajoy y Ana Pastor, entonces presidenta del Congreso, fijaron el 31 de agosto de 2016 como fecha para la primera votación. Si Rajoy no lograba la investidura el plazo de dos meses vencería el 1 de noviembre y el día quincuagésimo cuarto (art. 42.1 LOREG) posterior a la convocatoria era el domingo, 25 de diciembre de 2016.

El Partido Popular preparó la celebración de elecciones generales el día de Navidad como uno de sus mecanismos de presión para conseguir los votos necesarios para la investidura. Aquí vemos el nacimiento del partido pro-navidades con el argumento de o me invistes o tendréis que votar con el mantecado en la boca.

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Es cierto que viendo los populares que el hecho de tener que votar el 25 de diciembre por la elección de fechas, se le podía volver en contra presentaron una proposición de Ley Orgánica, apoyada por todas las fuerzas, para que las elecciones fueran el 18 de diciembre, también domingo.

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Parece que en Vox no saben hacer elecciones, lo cual no puede extrañar a nadie. Tenían convocadas elecciones a sus órganos provinciales y el desastre ha sido tal, por la denuncia de irregularidades y de fraude electoral, que Abascal se plantea suspender todas las elecciones en Vox.

Su plan es que solamente los dos principales órganos nacionales, la Ejecutiva y la Presidencia de Vox sean elegible por los afiliados, mientras que el resto de los responsables provinciales o locales serán elegidos por estos órganos nacionales, o el encargado provincial elegirá a determinados encargados municipales, salvo en las localidades más grandes que los eligirían a nivel nacional.

Una variación sobre el sistema en cascada de designación del alcaldes durante el Franquismo, con muchas semejanzas con el mal llamado “centralismo democrático” propio de los regímenes comunistas.

No tienen todas consigo de que este mecanismo satisfaga las exigencias de democracia interna contenidas en la Constitución y en la Ley Orgánica de Partidos. Es difícil que un partido donde solamente dos órganos sean sometidos a elección, pase el filtro del artículo 7.1 en el que se habla de que toda la estructura interna debe ser democrática y que deben haber procedimientos de control de los electos. El hecho de que toda la estructura interna sea designada queda pobre democráticamente hablando.

Es obvio que a Abascal le molestan las peleas internas y más que arbitrar un proceso limpio e incontestable de elecciones internas, se plantea eliminarlas. En el fondo extrañarse que en Vox el mecanismo básico de la democracia sea prescindible, es tan exótico como destacar que los bocadillos llevan pan o que la lluvia cae del cielo.

Pero ello no hace menor el problema. Abascal quiere que unas elecciones lo resuelvan todo, unas elecciones internas que en circunstancias generales ganará sí o sí y es posible que llegado el momento le sobren hasta esas únicas elecciones, pese a que no le cabe duda de que las ganaría, porque tiene que soportar votos en contra, nulos, en blanco, abstención o los muchos indicadores de descontento existentes incluso en el mundo de los líderes indiscutibles.

Sí hay que agradecerle que muestre su idea de que cuanta menos democracia tengamos los españoles, mejor. Una votación que resuelva desde el Gobierno de España hasta el del último ayuntamiento. Prefiero la posibilidad de la disidencia, de que haya elecciones competitivas (suele haber problemas cuando no las hay) y que cada instancia sea refrendada por los ciudadanos y que ellos mismos le exijan responsabilidades. Sé que Abascal prefiere otra cosa.

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Parece que un ex director de El Mundo nos va a “alegrar” periódicamente con sus aportaciones a la edición en español de The New York Times. David Jiménez se ha despachado esta semana con el clásico ataque a la clase política (poco preparada y obediente al líder) con una falsa equidistancia, que encubre una obsesiva fijación hacia una parte de la clase política.

El artículo en sí mismo no deja de ser una relación sin orden, ni lógica, de los tópicos de la regeneración política riverista de la pasada década. Sencillamente tengo la impresión de haber leído y escuchado mil veces lo mismo.

Lo realmente estupendo del artículo es la solución que Jiménez plantea a los males de la clase política. En la línea de todo lo que le antecede en el artículo es simplón y recurrente: las listas abiertas. De las listas abiertas he escrito un montón de veces, pero me parece oportuno sintetizar algunos de los costes que tienen sus pretendidas ventajas.

1) En España ya tenemos listas abiertas. ¿Sí? Sí, esa papeleta sepia, inmensa en muchas provincias, que se emplea para elegir a los senadores. Aparecen los nombres de todos los candidatos y uno tiene que señalar tres de ellos (el número de las cruces varías en las islas y en las ciudades norteafricanas). Casi todos los electores pone las tres cruces a los candidatos del mismo partido que votó en el Congreso, con cierto margen al “jugueteo”. Casi nadie se molesta en conocer el nombre, ideas y curriculum de todos los candidatos al Senado para decidirse en su voto en lista abierta.

2) Las listas abiertas en las circunscripciones grandes se convierten en una locura y normalmente los ciudadanos votan a todos los candidatos propuestos por un partido. Tiene un coste cognoscitivo enorme. En las pasadas elecciones en Madrid se presentaron 12 candidaturas para cubrir sus 37 diputados, lo que supondría 444 candidatos en la papeleta; en Barcelona subiría a 512 candidatos; en Valencia 225; o en Sevilla 156. Los ciudadanos tendrían que coger días de vacaciones para estudiar a los candidatos y así tuviera sentido la propuesta que Jiménez hace suya.

3) Si para corregir este problema reducimos el tamaño de las circunscripciones, entonces la elección perderá la cierta proporcionalidad que tienen, para convertirse en mayoritario. Una elección en listas abiertas tiene un claro efecto favorable al partido que más votos consiga, eliminando las minorías, como sucede en las elecciones senatoriales en las que el resultado 3-1 suele ser el habitual.

4) Precisamente por todo lo anterior, ayuda a los partidos concentrados territorialmente.

5) Es un sistema ideal para poder votar al partido que se cree mejor y a la vez a ese personaje de la “Isla de las tentaciones” que se presenta, a ese futbolísta con el que mi equipo ganó la Copa del Rey o a un “colgao” que sacan en determinados programas de televisión. Ya veo a determinados programas de entretenimiento, en televisión y en radio, lanzando a sus candidatos raritos como si de Eurovisión tratara.

6) El sistema de listas abiertas prima a los candidatos que son más conocidos sobre los menos populares. Las candidaturas pueden transformarse en una pasarela de celebridades políticas y/o sociales de las localidades o las provincias. Será imposible convencer a alguien a que deja una determinada posición profesional para competir contra todos los alcaldes de la provincia y todos los locutores de radio y tertulianos de la zona.

Me dejo muchas cosas pero creo que las principales quedan apuntadas: coste cognitivo (que diría Pablo Simón), imposibilidad de conseguir los fines propuestos, tendencia mayoritaria, eliminación de las minorías o concurso de popularidad.

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Hoy he estado repasando la STC 197/2014 en la que se declara la constitucionalidad de la reforma del Estatuto de Autonomía para Castilla-La Mancha que redujo el número de diputados en las Cortes autonómica al que determinara la Ley Electoral entre un mínimo de 25 y un máximo de 35.

La sentencia es larguísima en cuanto a los antecedentes de hecho y en los fundamentos jurídicos es prolija en responder a las máculas de constitucionalidad menores antes de abordar el principal: si ese número de diputados respetaban la exigencia de proporcionalidad en las elecciones autonómica ex art. 152.1 CE, con las modulaciones que el propio artículo señala.

Los altos tribunales son muy precavidos en cuestiones relativas al sistema electoral, porque un pronunciamiento muy preciso podría limitar al Legislativo de tal manera que el tribunal sería el nuevo legislador positivo. Ésta es una de las causas que hacen casi imposible un pronunciamiento general del Tribunal Supremo de los Estados Unidos sobre el “gerrymandering” y aquí que el Tribunal Constitucional no entrara de verdad en la cuestión de la proporcionalidad. Es un motivo loable, dejar al Legislativo su lugar, pero este empeño puede no ser tan impecable en determinadas circunstancias.

Los recurrentes presentaron una serie de simulaciones y proyecciones que mostraban que el nuevo sistema emanante de la Reforma del Estatuto consagraba un sistema mucho menos proporcional y en consecuencia menos plural. Arguyeron que se aplicaba de hecho una barrera o umbral mucho mayor, porque a la hora de que una candidatura obtuviera un diputado, iba a requerir muchos más votos.

El Tribunal Constitucional, con la ponencia del magistrado Fernando Valdés Dal-Ré, determina sorprendentemente que solamente se puede hablar de violación de la proporcionalidad a través del umbral, cuando el umbral esté establecido normativamente. Es un argumento que contradice la trayectoria del Tribunal que busca más la realidad de la norma sometida a su juicio y su virtualidad que su dicción literal.

Cualquier conocedor de los diversos sistemas electoral vigentes en España es conscientes que los umbrales electorales establecidos normativamente (el número mínimo de votos recibidos para poder ser contado en la adjudicación de escaños) tiene poca eficacia en las Elecciones Generales o Autonómicas y sí cierta importancia en las Locales. Ello no quiere decir que no haya umbrales electoral, pero son fácticos. Una norma aparentemente neutra, aplicada a una realidad no neutra, deviene en no neutra.

El segundo elemento negativamente sorprendente del pronunciamiento del Tribunal Constitucional es el rechazo de las proyecciones y simulaciones planteadas a la hora de justificar la mayor o menor proporcionalidad de un sistema electoral. El Tribunal argumenta que su control es a priori y abstracto y que esas proyecciones y simulaciones quieren llevar el juicio de constitucionalidad al control a partir de un caso hipotético. Parece convincente el argumento si no nos hubiéramos encontrado sentencias dictadas expresamente sobre situaciones hipotéticas que la aplicación de una norma pudiera producir. Salvo una incongruencia gruesa, como que una ley establezca la mayoría de edad a los 45 años, que es evidente y no necesita de nada más que la mera contrastación, en el resto de los juicios de constitucionalidad dimanantes de un recurso, la hipótesis y sus consecuencias son precisas a la hora de razonar la constitucionalidad de una norma.

Pero el tercer elemento es el peor. Mantiene la sentencia que la exigencia de la proporcional es un objetivo irrealizable. Se refugia el Tribunal en que la proporcionalidad perfecta es imposible de conseguir, algo obvio, para considerar la proporcionalidad algo así como un ideal regulativo sin fuerzas normativa, salvo que se establezca un sistema mayoritario, lo cual entraría dentro de la categoría de transgresión grosera que antes se indicaba.

El Constitucional viene a decir que todo lo que no sea establecer un sistema mayoritario y no tenga unos umbrales normativos vergonzosos, es proporcional. Cabría haber esperado de este órgano algo más de finura a la hora de definir qué es proporcional, en primer lugar porque una definición negativa es de malos juristas y, en segundo lugar, porque es fácil que se presenten sistemas electorales muy poco proporcionales.

También hay que señalar que los recurrentes hicieron una interpretación poco precisa del artículo 152.1 CE. Este precepto no ordena la proporcionalidad, con una salvedad, en los resultados de las candidaturas, sino en el reparto de los diputados entre las circunscripciones.

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Como parte del acuerdo de investidura de 2015, Ciudadanos obligó al PP a modificar la Ley Electoral de la Región de Murcia y eliminar las cinco circunscripciones existentes, pasándose los cuarenta y cinco miembros de la Asamblea Regional a ser elegidos en circunscripción única. Murcia y Asturias eran hasta entonces las dos únicas comunidades autónomas que tenían circunscripciones inferiores a la provincia para sus elecciones autonómicas.

En mayos los resultados de las Elecciones Autonómicas, empleando la circunscripción única, fueron los siguientes:

Si hubiéramos recuperado las cinco antiguas circunscripciones, los resultados hubieran sido:

Y la relación entre porcentaje de voto y porcentaje de escaños en las dos situaciones, con una sola circunscripción o con las cinco:

1)  Hay que hacer notar que en las Elecciones de 2019 tres formaciones (IU y sus coaligados, Somos Región y Coalición Municipalista MC) alcanzaron un porcentaje de votos superiores al 2%, pero sin llegar a traspasar el umbral del 3%. El conjunto de estas fuerzas supera el 6% de los votos, pero no consiguen ningún escaño.

2) El caso de los socialistas es curioso. Habrían obtenido el mismo porcentaje de representación empleado ambos sistemas. Su sobrerrepresentación 4,31%. Ni el anterior ni el actual sistema electoral puede ser responsabilizado de los éxitos o fracasos del PSRM.

3) Cuando se planteó la reforma de la Ley Electoral los populares solamente la aceptaron porque sin ella no había investidura. Nunca un portavoz ha atacado tan duramente una propuesta legislativa por la que iba a votar a favor, como lo hizo el portavoz popular con esta norma al ser votada en la Asamblea Regional. La sobrerrepresentación de los populares, y en sus peores comicios de las últimas décadas, fue del 9.83%, que supone un exceso de cuatro diputados. En cambio cuando se aplica el sistema de circunscripción única la sobreprerresentación baja a 3,17%, que equivale a un diputado. El sistema anterior hubiera otorgado el mayor número de diputados al PP sin ser el partido con mayor número de votos.

4) En el sistema de cinco circunscripciones hubiera perjudicado a Ciudadanos con un 3,10% de infrarrepresentación, Vox con -2,80 y a Podemos con un 3,33%.

5) El sistema de cinco circunscripciones hubiera mostrado el premio a la concentración del voto en el caso de la candidatura municipalista que habría ganado un escaño por Cartagena, zona donde es especialmente fuerte esa coalición de partidos localistas.

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