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Posts Tagged ‘elecciones vascas 2020’

En los estertores del verano escribía sobre el margen de supervivencia que tenía Ciudadanos en el actual panorama político. El presupuesto era que Ciudadanos debía olvidarse de ganar elecciones para transformarse en una fuerza influyente a ambos lados de su posicionamiento político. Un reto difícil que Ciudadanos comenzó a construir y que parece que se ha bajado al retrirar su apoyo inicial a los Presupuestos.

Ciudadanos tendrá que competir por el voto desde el centro a la derecha, tras haber renunciado a ser una opción para el votante de centro izquierda. La cuestión es cuánto voto de la derecha puede quedar entre sus redes.

A estas alturas me parece inevitable que Ciudadanos vaya en coalición a las próximas Generales con el Partido Popular, en una repetición de lo que hemos visto en las Elecciones Vascas. Los populares tienen que evitar que el voto residual a Ciudadanos les quite votos (los votos de C’s que habían de irse a Vox ya se fuera y no fueron pocos) y, sobre todo, escaños en los enrevesados cocientes de nuestro sistema electoral, de forma que la pérdida pueda suponer no sumar con Vox a la hora de la investidura.

Lógicamente Casado le va a hacer a Arrimadas una oferta de esas que no se puede rechazar. En primer lugar le dejará a los naranjas tener más candidatos en puestos de salida que los escaños que Ciudadanos pueda obtener en la más optimista de sus previsiones y, en segundo lugar, le ofrecerá a Arrimadas un puesto en el Consejo de Ministros y alguna Secretaría de Estado en otro Ministerio para los suyos.

Si Casado consigue la investidura en unión a Vox, todo lo que le haya ofrecido a Arrimadas por la coalición va a parecer nada en comparación al logro. Si Casado no lo consigue, a Casado le dará igual porque estará acabado y acompañará a Hernández-Mancha en el panteón de los presidentes populares que lo lograron La Moncloa.

Pase lo que pase, porque Arrimadas no va a tener más remedio que aceptar la oferta, Ciudadanos dejará de existir como entidad política diferenciada, más allá de su subsistencia en el registro de partidos políticos.

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La crítica de una parte de la derecha y de toda la ultraderecha al estado de alarma no era una cuestión de convicción, sino de oportunismo político. Los mismos que pidieron el estado de alarma, quizá pensando que el gobierno no iba a atreverse, semanas después estaban horrorizados por el funcionamiento de orden constitucional.

La dificultad y coste de las sucesivas prórrogas del estado de alarma, desembocó en su finalización por pérdida de cualquier fundamento jurídico a todas las fases de desescalada.

Muchas comunidades se encontraron de repente gestionando una pandemia sin los poderes necesarios, pero con el deber cumplido respecto de la estrategia nacional de sus partidos. A partir de entonces los dirigentes autonómicos han andado a tientas y los tribunales se han dividido a la hora de confirmar judicialmente las medidas de mayor calado.

Un sector de los jueces considera que las medidas propuestas por las comunidades autónomas no pueden encontrar sostén en el orden jurídico general y que deberían tener su lugar dentro del orden jurídico excepcional, en este caso el estado de alarma.

Los que se oponían al estado de alarma mantenían que se podía obtener el mismo efecto con la legislación general. Como ya comenté en su momento en Twitter esta interpretación no propone otra cosa que un fraude constitucional al pretender conseguir los efectos de una institución con los de otra, en definitiva, si la Constitución establece los estados especiales es para ser usados cuando sean precisos, no para crear unos “cuasiestados especiales”.

Además se une a la deficiencia anterior el hecho de que se pierde todo tipo de garantía externa, porque en estos “cuasiestados especiales” no hay control parlamentario y ya hay propuestas de que no haya forma alguna de control judicial, todo ello saltándose las reservas de Ley y de Ley Orgánica.

Pese a que estemos en una pandemia, en la actualidad no vivimos constitucionalmente una situación de excepcionalidad, de forma que las disposición autonómicas en materia de Covid-19 no son “Derecho de excepción”, sino mero Derecho Administrativo sometido a todas las cautelas habituales.

Es comprensible que las necesidades del momento primen sobre cuestiones jurídicas, pero eso tendría explicación en los primeros momentos. Ahora no tiene ningún sentido prohibir el ejercicio del derecho de reunión por medio de la orden de un consejero autonómico fuera de un estado de alarma.

Tanto Feijoo como Urkullu eran seguros ganadores de sus elecciones, pero la suspensión de las elecciones gallegas y vascas fue una decisión con un anclaje legal dudoso y que plantea un precedente peligroso: un presidente suspende unas elecciones por una cuestión de salud pública sin ninguna previsión legal. O se pone remedio legislativo inmediato o estamos abriendo la puerta a peligros futuros.

Estamos, cada vez, rodeados de un espíritu decisionista. Entiendo en este contexto por decisionista aquello que pone la resolución política sobre lo jurídico en caso de conflicto. Es cierto que en el mundo del Derecho existe una sentencia que dice “salus populi, maxima lex”, pero se refiere a una excepción y no a un principio fundamental. Las democracias eligieron hace mucho gobernarse por normas y no por decisiones, que pidiendo ser bienintencionadas, pueden destruir el estado de Derecho.

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