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Posts Tagged ‘Derechos Fundamentales’

Dentro de una horas el Consejo de Ministros va a aprobar el estado de alarma. Después de que varios tribunales no ratificasen las medidas propuestas por las autonomías, pese a una amplia comprensión por parte de la Judicatura, y que numerosas voces afirmasen la necesidad de aplicar este instrumento constitucional porque la legalidad ordinaria, aunque se reformen las leyes, no es suficiente.

En Geografía Subjetiva siempre hemos mantenido la necesidad de emplear los instrumentos que la Constitución ponen en mano de las autoridades, con las garantías propias de estos, y hemos criticado la inconveniencia de recurrir a la creatividad jurídica en la que un consejero decreta una medida propia del Derecho de Excepción como es el “toque de queda”. No hemos creído adecuado el puenteo a la ratificación judicial hecho en Aragón al aprobar las medidas por Decreto-Ley.

Es cierto que una serie de increíbles circunstancias hicieron inviables las necesarias prórrogas del estado de alarma que comenzó en marzo. Y es irreprochable que si la prórroga parlamentaria era imposible, se buscasen otras posibilidad. Hemos asistidos atónitos a dirigentes políticos y mediáticos que han tildado de antidemocrático un instrumento constitucional y lleno de garantías, más que las otras medidas adoptadas hasta el día de hoy.

En la insoslayable revisión jurídica que se deberá hacer de las medidas durante la pandemia, además de los importantes pronunciamientos pendientes del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, habrá que proponer un mejor esquema jurídico, más definido y claro que las disposiciones vigentes que nunca habían sido puestas en vigor y a prueba con la exigencia de este 2020.

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Independientemente de la sentencia del TSJ de Madrid denegando la ratificación de las medidas de la Comunidad al amparo de la orden del Ministerio, sentencia que a todas luces es una transgresión del principio legal y jurisprudencial Iura novit curia, podemos reconocer dos tendencias en la disparidad de las resoluciones judiciales que han ido dictándose desde el fin del estado de alamar que afectó a toda España.

La primera tendencia es la que considera que el actual marco normativo permite el confinamiento de los casos no sospechosos haciendo una interpretación extensiva del artículo 3 in fine de la Ley Orgánica 3/1986. De esta interpretación, mayoritaria, provienen las resoluciones judiciales que ratifican las medidas sanitarias.

La segunda tendencia es la que considera que no cabe una interpretación extensiva de la restricción de derechos fundamentales sin un fundamento personal (enfermedad o sospecha) y que no hay un terreno intermedio entre la legalidad ordinaria y la legalidad de excepción. En la referida sentencia del TSJ de Madrid se menciona en el último fumdamento jurídico, aunque no se entra al haber encontrado, para no hacerlo, el ardid del título habilitante.

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El derecho de los periodista a no desvelar sus fuentes es una garantía para el ejercicio de la prensa en una sociedad democrática. Como se ha escrito reiteradamente este derecho no constituye un privilegio para los periodistas, aunque sea un derecho profesional, sino una garantía para todos nosotros.

En consecuencia, los medios ocasionalmente tienen que publicar noticias sin dar datos sobre sus fuentes y procurando que no sean identificables. Nada se puede objetar a ello.

Las fuentes deben desvelar, eso sí, a los encargados del medio que pueden y deben exigir comprobaciones extraordinarias que no se harían en otro caso. Es bueno separar lo que ha dicho una fuente anónima, de lo dicho por otra y no unirlo todo en una mezcla informe y sin matices. Las responsabilidad de los periodiastas y de los medios es grande porque ellos constituyen el único control respecto a la veracidad de sus fuentes.

Aunque en ocasiones, al leer determinadas piezas, se tiene la sensación de que nada de esto sucede y que se busca a determinadas fuentes para que digan las cosas que se espera que digan, y se amalgama todo con la única intención de crear información. Además no se busca la confirmación en fuentes no anónimas que sean citadas en el texto. Uno puede conjeturar que algún periodista o algún medio está confundiendo el derecho a no desvelar la fuente, con un supuesto derecho a inventársela.

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Después de muchos pronunciamientos de los juzgados de lo Social y de salas del mismo orden jurisdiccional de los Tribunales Superiores de Justicia (con una minoría de resoluciones en otro sentido), el Tribunal Supremo ha dictado sentencia indicando que la relación del ‘rider’ del caso es la propia de un trabajador por cuenta ajena y no la de trabajador autónomo. Dado que todos los ‘riders’ tienen las mismas relaciones laborales, los fundamentos jurídicos de esta sentencia son extensibles a todos los demás. El hecho de que haya sido dictada por el pleno de la Sala IV refuerza la “auctoritas” del pronunciamiento.

Por la noche, en el coche, escuchaba en la radio a uno de los fundadores de Glovo. Si hubiera comenzado a escuchar la entrevista sin saber a quién entrevistaba, hubiera pensado que se trataba del responsable de Cáritas o de alguna otra organización filantrópica. Este individuo hablaba de la colaboración con las pequeñas empresas locales y siempre rehuía que se trata de un negocio, lo cual es estupendo, porque las empresas están para ganar dinero.

Ellos “colaboran” con las empresas a las que sus ‘riders’ sirven, no tienen contrato con ellas de los que su empresa ingresa dinero. La cuestión no es si Glovo gana dinero, sino si lo hace dentro de la Ley. El Tribunal Supremo ha dicho que no, que la relación como trabajador autónomo no era la pertinente y que debe cambiarse para estar conforme a la Ley.

Otra de sus joyas ha sido decir que España es el único país donde opera donde se ha “juridificado” el asunto de los ‘riders’. Y lo decía como un reproche. En más de una ocasión ser los primeros en regular algo es bueno y en este caso especialmente. Si no hay ley, impera la ley de la selva donde la empresa siempre gana. Intentar conseguir por la vía de la infracción de las leyes un marco normativo “ad hoc”, debería ser una causa para que las autoridades ni recibieran a quiénes adoptan esta estrategia.

Como dice @Huyelobo ahora hay que ver si este modelo, en igual con otras empresas y sectores, es tan rentable como decían que era o su rentabilidad se fundaba exclusivamente en pagar un salario de mierda a los ‘riders’.

Y dos cuestiones para finalizar:

1) Los derechos fundamentales, como a tener condiciones laborales dignas, son irrenunciables, porque siempre habrá personas que piensan que perjudicando a todos ganan, cuando hacen perder a todos, empezando por ellos mismos.

2) El Estado tiene que arbitrar medidas para que una evidente situación de fraude de Ley no tarde años en dilucidarse. Defender el Estado de Derecho es también defender el Estado de Derecho Laboral.

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La sentencia del Tribunal Constitucionaln que resolvió que las tasas judiciales (STC 140/2016) propuestas por el ministro Gallardón eran inconstitucionales, contenía un “obiter dictum” realmente llamativo y que podría ser en el futuro objeto de una explosiva sentencia.

El Tribunal Constitucional mantiene que ejercer o no un derecho al que se tiene derecho no tiene estar esencialmente limitado por una cuestión económica, como es una fuerte tasa judicial. En ese momento el Tribunal añade una reflexión, que no pertenece al caso, en la que se dice que el descuento del 50% de una sanción de tráfico por presentar alegaciones ni recurrir podría ser considerado una violación como la mencionada anteriormente.

Dice la sentencia:

Asimismo, la reducción del importe de la sanción en caso de pago voluntario, prevista tanto en materia tributaria (art. 188 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria), como de tráfico (arts. 93 y 94 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, que aprueba el texto refundido de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad), no representa en muchos casos una verdadera opción en el caso de pequeñas cuantías, más bien la única salida en términos económicos que tiene el afectado, incluso aunque esté convencido de la ilicitud del acto sancionador, puesto que reclamar judicialmente le supone sufragar una suma igual o superior a la de la propia multa. Todo esto facilita de facto una inmunidad de jurisdicción a la Administración pública autora de esas resoluciones.

No sé si alguien ha utilizado este “obiter dictum” como idea para algún recurso, pero merecería la pena, porque la situación que describe el Tribunal es lamentable, porque no se incentiva la correcta aplicación del Derecho, sino el pago, algo que no puede hacer la Administración Pública, haciendo que el derecho a alegar o a recurrir se eliminan de hecho.

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