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Posts Tagged ‘Derecho Registral’

Ayer saltó la noticia de que el Tribunal Supremo rechazaba una sentencia de la Audiencia Nacional que confirmaba una resolución de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) que ordenaba la cancelación de una inscripción de bautismo, en la archidiócesis de Valencia, por medio de una nota marginal. Como no he conseguido el texto de la sentencia, lo que diré en adelante depende de la nota de prensa de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y de los extractos contenidos en ella.

La cuestión estriba en que si los “libros sacramentales” deben ser considerados ficheros a efectos de la Ley de Protección de Datos (LPD). Hasta ahora, tanto la AEPD como la Audiencia Nacional consideraban que sí eran ficheros a efectos de la LPD, interpretación que ha sido rechazada por el Tribunal Supremo.

El concepto de “fichero” y la posible inclusión de los “libros sacramentales” dentro de este concepto jurídico depende de la interpretación. Dice el Tribunal Supremo que:

los Libros de Bautismo, son una pura acumulación de datos que comporta una difícil búsqueda, acceso e identificación en cuanto no están ordenados ni alfabéticamente, ni por fecha de nacimiento, sino sólo por las fechas de bautismo”.

Para el Tribunal Supremo los “libros sacramentales” no son ficheros, sino acumulación de datos sobre el argumento de que solamente son accesibles por la fecha de bautismo y las dificultades en la búsqueda que esto comporta. En todo caso, visto el artículo 3. b) de la LPD no deja de ser “curiosa” esta interpretación y muestra un claro activismo judicial al introducir una característica a la definición de “fichero” que no se encuentra en el texto legal (para que luego se diga que la jurisprudencia no es fuente del Derecho).

Cabe decir que el Tribunal Supremo considera que el atraso tecnológico en los archivos eclesiásticos le saca del ámbito de aplicación de la LPD. Tiene sentido plantear que si se plantea un mismo caso, pero en el que los “libros sacramentales” se encuentren informatizados, la resolución habría de ser otra. En todo caso el Tribunal Supremo está desincentivando la informatización y de los archivos eclesiásticos.

Se podrá estar de acuerdo o no con la interpretación del Tribunal Supremo, pero lo que esto pone de evidencia es que se cierra una vía para que el ejercicio de la apostasía tenga consecuencias registrales y públicas.

Somos muchos los que pensamos que el ejercicio de la apostasía forma parte del derecho fundamental a la libertad de conciencia. El problema no es la sentencia del Tribunal Supremo, ni que se haya parado la vía creada por gracias a una estrategia jurídica realmente ingeniosa (frente a la inacción de la Iglesia para reconocer la apostasía conforme al Derecho Canónico), el verdadero problema reside en que nuestro “Derecho Eclesiástico del Estado” está desfasado y no protege suficientemente el derecho individual a la libertad de conciencia.

Es hora ya de dejar de recurrir a vericuetos creativos, que siempre tendrán que ser sancionados por los tribunales. Es hora ya que el Poder Legislativo apruebe una verdadera Ley de Libertad de Conciencia que proteja, entre otros contenidos, a todas personas que no quieren pertenecer a una confesión de constar como miembros de alguna confesión o que quieren cambiar de confesión religiosa.

Ya puestos esa nueva Ley debería referirse, por dar humildemente alguna idea, a la interferencia entre ritos religiosos y conmemoraciones públicas, los espacios en los medios de comunicación públicos para celebraciones religiosas y programas de información de las distintas confesiones, o el régimen jurídico de las instituciones de carácter religioso.

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Una parte de las medidas del gobierno, aprobadas recientemente, se encaminan a facilitar la creación de nuevas empresas por medio de la eliminación de determinadas cargas burocráticas y fiscales.

Yo creía que era el momento de cambiar uno de los grandes absurdos de este país, pero no ha sido posible. El absurdo al que me refiere es que si uno quiere constituir una sociedad que limite su riesgo, entonces tiene que irse a un notario para que eleve a escritura pública la constitución de la sociedad y luego ésta escritura tiene que ir al Registro Mercantil para ser inscrita.

La teoría nos dice que la intervención del notario es para que haya un control de legalidad y que lo haga como fedatario público. La teoría es buena, pero falla su puesto en práctica cuando pasas nuevamente por el mismo trámite, pero ahora con un registrador mercantil para que revise lo que ya supuestamente el notario ha revisado e inscribir la constitución de la sociedad en el Registro.

La duplicidad de trámites iguales es una pérdida de tiempo tremenda. Pero el problema es que también es una pérdida de dinero (y no sólo porque el tiempo sea dinero) ya que tiene que pagar los honorarios obligatorios (tengan el nombre que tengan) de estos dos “funcionarios” y nunca son pequeños.

El que quiera montar una empresa habrá de desembolsar una buena cantidad de dinero en un trámite duplicado y en el momento en el que el dinero hace más falta, que es al inicio de la actividad empresarial. Dejar que el contrato privado de constitución de sociedad tenga acceso al Registro sería una buena forma de ayudar a las empresas nacientes.

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Las declaraciones de Dionisio Muñoz, portavoz del PSOE en la Asamblea de Melilla, en las que hablaba de españoles de toda la vida y de nuevos españoles pueden haber sido ocasión de escándalo.

Desde luego la dicción literal es cuando menos afortunada, pero un conocimiento cercano de la política y de la sociedad en las dos ciudades autónomas aclaran las circunstancias y el verdadero significado de las palabras de Dionisio Muñoz.

El proceso de reconocimiento de la nacionalidad española a buena parte de la población musulmana de Ceuta y de Melilla fue el momento de inflexión de la fuerza política que el PSOE tenía en estas dos ciudades.

Se culpó a los socialistas de haber regalado el DNI, de “vender” las dos ciudades al reconocer que habitantes de varias generaciones son españoles y de, por medio del reconocimiento de la nacionalidad, estar preparando la entrega de Ceuta y Melilla a Marruecos.

Desde entonces los resultados de los socialistas en la política local de Ceuta y Melilla ha sido difícil, unido todo ello al escaso mérito (por ser generoso) de los dirigentes de cada momento.

El PP se dedica a considerar que los musulmanes de estas dos ciudades son o españoles de segunda o ni siquiera españoles. No lo dicen oficialmente, sino a través de una amplia red social de transmisión de opiniones en lo que se llama,  en marketing, “puertas calientes”. Hay comentarios e insinuaciones que textualmente no dicen nada escandaloso, pero que todos saben cómo interpretar.

Hábilmente ha fichado a algunos musulmanes, que no tienen muchos signos de identidad de su grupo de origen, para darse una imagen plural, aunque siempre los mantiene en puestos y posiciones con escaso poder de decisión.

Lo gracioso de todo esto es que estos musulmanes adoptan rápidamente el discurso reaccionario del PP, acusan a los socialistas de “vender Ceuta y Melilla”, pero no acordándose que una parte sustancial de ese discurso entreguista son sus propias nacionalidades.

En este contexto hay que entender, a mi modo de ver, las desafortunadas palabras de Dionisio Muñoz. Que esta interpretación es correcta lo respalda el hecho de que Mustafá Aberchán, líder de Coalición por Melilla y socio electoral del PSOE en las generales, no ha saltado a desautorizarlas porque él conoce el contexto en el que se produce y que la persona a la que se dirigen hace el juego a los que dicen continuamente que él, el diputado musulmán del PP, no es español.

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Hay una fuerte polémica sobre las miles de viviendas ilegales que se construyeron en Marbella en los infaustos años de gobierno municipal del GIL. Ahora mismo el centro de la discusión se centra en si los compradores de esas viviendas deben o no pagar las compensaciones y los costes del proceso de legalización, ya que muchos consideran que son compradores de buena fe.

Sobre la buena fe del tercero adquirente pivota toda esta polémica. La buena fe, especialmente, en las transmisiones patrimoniales es una exigencia tradicional que se remonta al Derecho Romano. Pero no es solamente una exigencia, sino que además es una circunstancia que puede modificar la responsabilidad civil hasta su extinción y elimina las causas de nulidad de un negocio jurídico.

Supongamos un caso arquetípico de adquisición de buena fe. Una persona fallece y transmite su casa a su hijo. El fallecido, o finado, tiene un hijo extramatrimonial y desconocido para su otro hijo, que únicamente diez años después del fallecimiento de su padre consigue una sentencia judicial firme de reconocimiento de su filiación. Justo después del pronunciamiento judicial, el hijo que había heredado decide vender la casa antes de la ejecución de la sentencia, aprovechando que no ha habido ninguna anotación preventiva en el Registro de la Propiedad.

El comprador es un señor, de otra provincia, que por motivos profesionales se desplaza de su lugar de origen. Ve el anuncio en una agencia inmobiliaria y siendo un absoluto desconocedor del litigio de filiación, viendo que en el Registro no hay constancia de nada y que el vendedor es el propietario, compra la casa.

Cuando el hijo extramatrimonial pide la ejecución de la sentencia y la modificación de su sucesión de su padre, se lleva la desagradable sorpresa de que el único bien de la herencia ha sido vendido. Mantiene que la compraventa es nula porque él era propietario, según la sentencia dictada pero todavía no ejecutada, y no ha dado su consentimiento a la compraventa. Se dirá que el adquirente no debe ser afectado porque compró de buena fe, con toda la información que sensatamente le era exigible conocer, por lo que el asunto se debe resolver entre los dos hermanos.

La pregunta que ahora nos planteamos: ¿los compradores de Marbella son compradores de buena fe? Pues depende de cómo se mire y ya hay quienes quieren hacer un buen negocio de este tema, que lo es.

Concretamente el problema estriba en el conocimiento o no que tuviera el adquirente de la situación de ilegalidad en la que se encontraban las viviendas. El PGOU era y es la regla y el PGOU es una norma jurídica de carácter reglamentario, pero norma al fin y al cabo, publicada oficialmente, cuyo desconocimiento no exime de su cumplimiento. Surge el eterno debate si los planos tienen que ser publicados o no.

Pero hemos de tener en cuenta que al estar en un ámbito sancionador, o similar, podríamos calificar la atenuante de desconocimiento vencible sobre la ilegalidad de las licencias de obras. Y aquí nos encontramos con otro problema, los actos administrativos tienen presunción de legalidad y una licencia es un acto administrativo, por lo que un ciudadano no tiene que cuestionarse si lo es.

Teniendo en cuenta que había más de cuatrocientos recursos presentados por la Junta de Andalucía contra esas licencia ante el Tribunal Superior de Justicia: ¿sigue habiendo o no buena fe? Y si a estos añadimos los procedimientos penales por prevaricación, es decir, tomar una decisión “saltándose a la torera las normas o el procedimiento administrativo”, la idea de la buena fe se debilita.

La conclusión es que tendrá que resolverse caso por caso, como casi todo en Derecho. Habrá quienes tengan que pagar las compensaciones por la legalización y los que no, pero lo que no me explico todavía es la defensa que hace cierta oposición política andaluza de la buena fe generalizada de los adquirentes. Quizá lo haga porque son viviendas de lujo (las rentables para la corrupción marbellí).

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Hace aproximadamente una semana los medios de comunicación, en medio de una sequía vacacional que hace publicar casi cualquier cosa, dieron una amplia cobertura al proyecto de nueva Ley de Registro Civil, propuesta por el Presidente de Venezuela, Hugo Chávez.

El proyecto de Ley intenta evitar que se impongan a los niños nombre estrafalarios del tipo “Superman”. Los medios conservadores de nuestro país han puesto este proyecto legislativo como ejemplo de la intervención constante del gobierno venezolano en la vida cotidiana y en libertad individual de los venezolanos.

Lo que me extraña es que estos “defensores de la libertad absoluta” de los padres incluso para imponer nombres estrafalarios a los descendientes, es que no se hayan dado cuenta de que en nuestra Ley del Registro Civil existe inmemorialmente la misma disposición, concretamente el párrafo 2 del artículo 54, nada menos desde 1999 bajo el gobierno popular.

Chávez no es santo de mi devoción y me horrorizaría verlo al frente de mi país, pero no quiere decir que no pueda acertar de vez en cuando, aunque sea por casualidad. Creo que proteger la identidad de los neonatos del capricho de los padres que puedan convertirlos en objeto de burlar a lo largo de toda su vida entra dentro de lo que llamamos “interés superior del menor”. Es evidente que los padres tienen el derecho de imponer el nombre que quieran a sus hijos, pero éste no es un derecho absoluto hasta el punto de perjudicar potencialmente la consideración social de sus descendientes.

Me gustaría saber el nombre que los críticos con la medida venezolana (y de la española, aunque no lo digan). Apostaría mi patrimonio a que les otorgaron nombres comunes y generalmente tomados de algunos ascendientes. El proyecto de Ley venezolano no es ni estrafalario ni invasivo de la libertad, simplemente posibilita cierto sentido común a quién prefieren a Matt Damon o a Angelina Jolie que el futuro de sus hijos.

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