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Posts Tagged ‘Derecho Procesal’

smi-plastico-vidrioSe echaban de menos esos tiempos en los que los sábados podíamos desayunar leyéndonos los Reales Decretos-Leyes aprobados por el Consejo de Ministros el día anterior. Gracias al apoyo del PSOE al gobierno del PP, en lo que es una Gran Coalición, vergonzosa para los socialistas.

El PSOE va a aprobar con el PP el techo de gasto, antesala de los Presupuestos Generales del Estado que contarán con su apoyo con voto favorable o abstención, lo que haga falta. A cambio de dejar de ser la oposición y pasar a ser un partido de gobierno fuera del Gobierno, los populares han accedido a una subida del 8% en el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para que la Gestora del PSOE tenga algo de vender como si pusiesen un precio a su sumisión.

Dice el texto normativo del BOE de ayer:

smi-para-2017

El SMI dejó de ser el índice de referencia para multitud de cuestiones laborales, sociales o administrativas con el Real Decreto-Ley 3/2004, aprobado por un recién elegido Rodríguez Zapatero. Efectivamente aquella norma subió el SMI, pero también descafeinó la subida.

El artículo 1 estableció la desvinculación del salario mínimo interprofesional de otros efectos distintos de los laborales quedando como referencia para diez cuestiones laborales entre las que destacan la inembargabilidad del salario o el límite de responsabilidad del Fondo de Garantía Social, así como las bases de cotización para la Seguridad Social o el cálculo del desempleo. Nació el ya famoso IPREM en el artículo 2.

Lo interesante de toda subida del SMI, que era la repercusión en los salarios superiores al SMI, la inmensa mayoría, fue cortocircuitada porque los Convenios Colectivos que lo empleasen podían seguir con el aprobado con el Gobierno de Aznar para ese año (Disposición Transitoria 2ª). Solamente los que cobraban el SMI vieron subir sus retribuciones.

El modelo que se ha seguido en 2016 es el mismo. Se sube, pero se cortocircuita nuevamente su efecto en Convenios Colectivos, acuerdos y contratos privados y normas no estatales de acuerdo con la voluntad que determine el Gobierno (voluntad que todos sabemos cuál es).

La consecuencia del gran logro de la Gestora del PSOE no es otra cosa que la subida del salario a los que cobran la cuantía exacta del SMI. Si como la prensa publicó hace dos años, recogiendo informes de la OCDE y el FMI, un tercio de los trabajadores españoles ya estaban por debajo del SMI: ¿alguien piensa que si ya están en la ilegalidad con la subida simplemente no se van a quedar aún más lejos? El tema es de Estado de Derecho y eso nadie lo quiere tocar.

La Gestora del PSOE no ha conseguido casi nada para lo mucho, muchísimo que han entregado.

Hay que señalar que la Proposición de Ley, tomada en consideración positivamente por el Congreso, y presentada por el Grupo Parlamentario de Podemos sí reconecta la subida con las normas no estatales, Convenios Colectivos y acuerdos y contratos privados, aunque simultáneamente deja sin repercutir la subida en los sueldos que, en cómputo anual, fuera superior al nuevo SMI. Bastante mejor que lo del PSOE, pero aún insuficiente.

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Un juez encargado del Registro Civil decidió denegar la inscripción del nombre “Lobo” como nombre de un bebé tal y como solicitaban sus padres. Después vinieron los chistes, las adhesiones, los rechazos, la inevitable búsqueda de firmas en change.org, todo propio de una serpiente de verano de aquellos veranos en los que no había noticias.

Los padres interpusieron un recurso ante la Dirección General de los Registros y el Notariado (DGRN) del Ministerio de Justicia que les ha dado la razón y ha ordenado la inscripción del recién nacido con el nombre “Lobo”.

Y ahora viene el momento simpático en los que los medios vienen a dar cuenta de esta noticia. Así titularon El Mundo y El Español:

Lobo - El Mundo

Lobo - El Español
Han aplicado una lógica impecable en lo formal pero errada en lo material. La idea es que si un juez ha resuelto algo, el recurso que resuelve sobre lo que el juez ha dictado es tan judicial como la resolución primigenia del juez.

Y ahí es donde está el error. Los jueces encargados del Registro Civil son jueces, pero su trabajo en estos organismos no es jurisdiccional, sino administrativo. Es por lo que una resolución de un juez que solamente puede ser revisada por otro órgano judicial en los casos de Registro Civil es revisada por un órgano administrativo como es la DGRN y solamente se puede recurrir a los tribunales, en este caso civiles, contra la resolución de la DGRN.

La no jurisdiccionalidad de la labor de los jueces al frente de los registros civiles quedó fuera de dudas cuando el pleno del Tribunal Constitucional inadmitió varias cuestiones de constitucionalidad contra la Ley 13/2005 (del matrimonio homosexual) precisamente por este motivo: los encargados de los Registros Civiles no realizan funciones jurisdiccionales (AATC  505/2005 y 508/2005).

En 2011 se aprobó la Ley 20/2011 que transformaba el Registro Civil en un Organismo Autónomo y liberaba a los jueces de su dirección, asunto que todavía no ha sido llevado a la práctica por la intención del PP de transferir el Registro Civil a los registradores de la propiedad.

Otros medios hablando de “Justicia”, en vez de “La Justicia”, fueron más correctos.

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El fraude de Ley es el uso de una norma para conseguir fines diferentes a los previstos por la norma empleada.

La Constitución establece que los diputados y los senadores gozarán de la inmunidad parlamentaria, el aforamiento en caso de enjuiciamiento penal y de inviolabilidad por las opiniones vertidas en sede parlamentaria. La finalidad de estas tres previsiones es proteger a los diputados y senadores y que pueden ejercer en libertad la representación de los ciudadanos para la que han sido elegidos.

Aforamiento, inmunidad e inviolabilidad son instituciones al servicio del ejercicio de la representación política de los diputados y senadores, esto es, guardan una relación de accesoria. Si no se ejerce la representación ni la inmunidad, ni el aforamiento, ni la inviolabilidad tienen sentido jurídico.

Un senador, una senadora, como Rita Barberá, que se blinde en aforamiento, inmunidad e inviolabilidad pero no ejerza  la representación para la que ha sido elegida, está incurriendo en fraude legal y debería aplicarse el principio general del Derecho, que refleja el artículo 6.4 del Código Civil: la aplicación de la norma eludida que no es otra que la regulación común de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

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AudienciaNacionalPSOECs
Éste es el acuerdo entre Ciudadanos y el PSOE. Primero en 2008, luego 2009 y también en 2011 desde este blog pedimos que la corrupción dejará de ser competencia de los juzgados y tribunales del lugar donde se comete el delito, para serlo de la Audiencia Nacional.

A lo largo de su historia, este órgano jurisdiccional ha mostrado su capacidad para luchar con éxito contra el terrorismo y contra el narcotráfico. Ahora hay cierta euforia judicial en la instrucción de casos de corrupción, una intensidad que contrasta con la inactividad cuando se presentaron las denuncias, de donde devienen los casos de hoy y cuando realmente se estaba dando la gran corrupción.

La corrupción es complicada y la cercanía del juez a la situación no ayuda, antes bien entorpece. Es por ello que la Audiencia Nacional permite una distancia conveniente y el hecho de que su jurisdicción sea nacional no divide las tramas corruptos que superan el estrecho margen del partido judicial.

Un motivo más para que Pedro Sánchez alcance la investidura.

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Carlos Fabra presidió la Diputación Provincial de Castellón de 1995 a 2011. El número de causas abiertas en los juzgados de Castellón era ingente, porque correspondía la instrucción a los juzgados de primera instancia del lugar donde presuntamente se habían cometido los delitos. Esto era así porque Carlos Fabra no estaba aforado pues ningún aforamiento corresponde a los presidentes de las diputaciones.

Las instrucciones se eternizaron y algunas investigaciones abiertas, que no se habían convertido en imputación contra él, prescribieron. La dilación de las instrucciones no solamente se debía al colapso generalizado de la Justicia española, sino a que los jueces que servían esos juzgados, solicitaban traslado. Había quien decía que hubieran pasado nueve jueces y cuatro fiscales no era debido al azar.

Si Carlos Fabra hubiera estado aforado las instrucciones y las enjuiciamientos hubieran sido más rápidos.

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Audiencia de CAT
Este tweet me sorprendió. No me sonaba la existencia de ninguna Audiencia de Cataluña. En aquella comunidad hay cuatro audiencias provinciales y un Tribunal Superior de Justicia, pero una audiencia para todo el territorio catalán, la verdad era que no me sonaba. Me miré la Ley Orgánica del Poder Judicial y tampoco.

El misterio se resuelve leyendo la noticia. Resulta que el misterioso tribunal era la Audiencia Nacional (con sede en Madrid por cierto).

En medio de una actualidad que parece toda una sección de tribunales, llama la atención que la organización judicial, cuyos órganos son noticia continuamente, sea tan desconocida que se ponga este tweet y que el mismo no haya sido rectificado tres horas después por un medio importante.

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El juzgado de instrucción que investiga los abusos cometidos por un grupo de sacerdotes de la Archidiócesis de Granada solamente mantiene la imputación para el líder de los “Romanones”, mientras que no la mantiene para el resto de los miembros del clan no porque crea que no hay indicios racionales, sino porque considera que ha pasado el plazo de prescripción. No voy a entrar en valorar la decisión del magistrado y será la Audiencia quien lo haya de hacer.

Dado que los indicios racionales de comportamiento delictivo sí están allí y que ninguna prescripción los borra, es el momento en el que tiene que actuar el Papa Francisco de actuar con todos los medios y su alcance y aplicarles las máximas sanciones canónicas a este grupo.

La suspensión “a divinis” para los sacerdotes por toda su vida sería una buena sanción. Así tendría que entretenerse al menos en buscarse el sustento en otra dedicación que no les deje tanto tiempo libre.

El Papa Francisco ha liderado este asunto. Ahora le toca cerrarlo para la mayoría de los incursos. Y respecto del inefable arzobispo de Granada no tengo más que decir que un retiro indefinido con los jerónimos sería tremendamente beneficioso para su alma.

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El Ministerio de Justicia ha querido reivindicar las tasas judiciales a través de los tremendos ingresos que según este departamento han proporcionado a las arcas públicas. Desde el Ministerio han falicitado a los medios de comunicación la nada despreciable cantidad de 512 millones de euros desde la aprobación de la Ley 10/2012, que comenzó a recaudar en el último mes de ese mismo año.

Os cuento un secreto. Gallardón no estableció las tasas judiciales, sino que éstas ya eran exigibles desde la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

Concretamente el artículo 35 de esa norma estableció la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil y contencioso-administrativo. Quedaba fuera el orden penal (como ahora) y el orden social.

Lo que sucedía era que el apartado 3 de este artículo previó un amplio supuesto de exenciones a la tasa tanto respecto a determinados procedimientos como a determinados sujetos. Los procedimientos civiles y contencioso-administrativos exentos eran:

a) La interposición de demanda y la presentación de posteriores recursos en materia de sucesiones, familia y estado civil de las personas.

b) La interposición de recursos contencioso-administrativos y la presentación de ulteriores recursos en materia de personal, protección de los derechos fundamentales de la persona y actuación de la Administración electoral, así como la impugnación de disposiciones de carácter general.

Los sujetos exentos eran:

a) Las entidades sin fines lucrativos que hayan optado por el régimen fiscal especial de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal especial de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

b) Las entidades total o parcialmente exentas en el Impuesto sobre Sociedades.

c) Las personas físicas.

d) Los sujetos pasivos que tengan la consideración de entidades de reducida dimensión de acuerdo con lo previsto en la normativa reguladora del Impuesto sobre Sociedades.

En definitiva, las tasas habían quedado confinadas por medio de las exenciones a las empresas sujetas totalmente al Impuesto de Sociedades en cuestiones mercantiles y contencioso-administrativas. Y desde el 1 de enero de 2003 así era y de hecho el Estado ingresaba sus milloncejos por el ejercicio de la potestad jurisdiccional. Lo que hace la nueva Ley, la de Gallardón, es eliminar la exenciones y poner al día las tasas.

Dado q ue la tasa era recaudada desde primeros del año 2003 es recaudación debe ser descontada de lo que se ha recaudado con la Ley de Gallardón. Para que nos hubiéramos hecho una idea de lo que realmente ha incrementado la recaudación el Ministerio nos debería haber indicado el aumento, no el total sumada la tasa anterior y la nueva.

Dice el Ministerio de Justicia que en el primer mes de la tasa, el de diciembre de 2012, se recaudó 8,7 millones, lo cual estaría por debajo de la media mensual de ese año. Esa bajada en la recaudación se explica que a la entrada en vigor de la Ley no estaban preparados los impuestos autoliquidables de la AEAT y había multitud de dudas por parte de los actores jurídicos sobre a aplicación de la tasa en cientos de casos específicos.

La recaudación de esta tasa en 2013, según el Informe de Recaudación de la AEAT, fue de 317 millones. Si tomamos como referencia de la antigua tasa el ejercicio el ejercicio de 2012 (con un mal mes de diciembre achacable al Gobierno) vemos que ese año la recaudación fue de 172 millones, de modo que el incremento real de la recaudación fue 142 millones.

Afirma Justicia que este año, supongo que hasta octubre, se ha recaudado 187 millones. De mantenerse el mismo ritmo de recaudación se llegaría a los 224 millones y una incremento sobre 2012 de 52 millones.

En el mejor de los casos las tasas judiciales de Gallardón han aportado a la Hacienda del Estado 194 millones de euros y no los 512 que afirma el Ministerio de Justicia.

Pero este maquillaje de datos no es lo único, porque habrá alguno que piense que buenos son esos euros y que es mejor que nada, por más que el Ministerio jugando a la ambigüedad haya imputado a una ley de 2012 parte de lo que es efecto de una ley de 2003.

Diez comunidades autónomas comparten con el Ministerio de Justicia la gestión de este servicio público. Es curioso que el ingreso de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional se hace en la Hacienda estatal, por más que en las regiones con la competencia transferida se gaste igualmente (pero ése es otro debate).

Los gastos, de acuerdo con las normas presupuestarias aplicables a 2014, eran los siguientes:

El incremento de la recaudación a través de las tasas judiciales solamente han supuesto un 1.46% y algo más del 3% en el año anterior. A cambio de ese ingreso absolutamente despreciable dentro del gasto de Justicia e irrelevante dentro de los Presupuestos Generales del Estado muchas personas se han visto impedidas de acceder a los tribunales en apelaciones sociales o en el control de la acción de la Administración a través de los recursos contencioso-administrativos.

Las tasas judiciales eran contra los ciudadanos y estos datos muestran a las claras que lo único que buscaba era impedir el uso de su derecho a acceder a los tribunales. La estrategia del Partido Popular es siempre la misma: para mejorar un servicio hay que echar a los ciudadanos que no corresponden con el estándard del PP a la calle, sea en Justicia o Educación.

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IU no consigue hacerse con un hueco dentro de la lucha por el populismo que vive la política española. Ha propuesto que los delitos de corrupción no prescriban.

De esta forma los ha equiparado a los delitos que persigue la Corte Penal Internacional (crímenes de guerra, crímenes contra la Humanidad, crimen de Genocicio o crimen de agresión).

El resultante de todo ellos sería que en España un traficante de drogas o un asesino sí podrían ver prescrito sus delitos y un tráfico de influencia siempre sería perseguible. Todo un ejemplo de proporcionalidad.

IU yerra a plantear mal el debate. El artículo 131 del Código Penal, interpretado con bastante jurisprudencia, establece la prescripción de los delitos en relación con la penalidad máxima que el mismo Código establece para ellos, salvo en el caso de los delitos antes citados, junto a los delitos terroristas que causan muerte que no tienen prescripción.

La imprescriptibilidad debe ser reservada para los delitos más atroces, porque de lo contrario pierde sentido. Lo que sí podríamos pensar si los delitos contra la Administración Pública deberían regirse solamente sobre la regla general o deberían tener un plazo de prescripción más largo al ser particularmente difíciles de investigar para la Justicia.

¿De qué más podría haber hablado IU en vez de proponer la imprescriptibilidad? Pues de que la prevaricación del artículo 404 CP siempre conllevase cárcel y que las penas por estos delitos sean mayores o no pueden ser suspendidas.

También hubiera cabido la posibilidad de proponer un nuevo sistema de investigación, instrucción y enjuiciamiento de estos delitos, ahora que la Audiencia Nacional tiene menos carga de trabajo con el terrorismo.

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Una de las serie de entradas de este blog más reutilizadas ha sido una, de cuatro posts titulada “La jurisprudencia como fuente del Derecho” (I, II, III y IV). Reutilizada porque me consta que en el primer año fue presentada como trabajo para algunos profesores de Derecho poco duchos en Internet.

Estas entradas ponían en cuestión la tesis de que la jurisprudencia, en el Derecho Español, no es fuente del Derecho al no haber sido reconocida como tal en el sistema de fuente del título preliminar del Código Civil. De la mano de otras normas de rango legal y posteriores a la actual redacción de ese título preliminar concluímos que al menos en tres sectores del ordenamiento jurídico, coincidentes con los órdenes social, penal y contencioso-administrativo de nuestros juzgados y tribunales.

Lo que es una convicción de los operadores jurídicos cada día ha estado más claro en la doctrina y parece que va a tener su primera plasmación explícita en una norma de rango de Ley. El Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial consagra su título IV a la vinculación del Poder Judicial al sistema de fuentes establecido y en sus artículos establece las siguientes vinculaciones: a la Constitución, a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, a los derechos y libertades fundamentales, a los tratados internacionales, al Derecho de la Unión Europea, a las leyes, la desvinculación de reglamentos ilegales y, lo que nos importa, el alcance de la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

El artículo 32 establece ya claramente su naturaleza de fuente normativa:

1. La Jurisprudencia del Tribunal Supremo a la que se atribuya el carácter de doctrina jurisprudencial vinculante será de obligada aplicación para todos los Jueces y Tribunales en el ejercicio de la potestad jurisdiccional.

Los poderes públicos están obligados a observar la doctrina jurisprudencial vinculante en sus actuaciones.

[…]

Y los artículos siguientes establecen el cauce para declarar cuál es esa doctrina jurisprudencial vinculante, creando una especie de “legislativo judicial” en cada una de las salas del Tribunal Supremo y publicando en el BOE esa doctrina declarada.

Crean un novedoso procedimiento, la cuestión jurisprudencial previa y finalmente obliga a todos los tribunales a seguir, salvo motivación, sus propios precedentes en tanto no haya una doctrina vinculante establecida. Y finalmente, como clave del sistema, el recurso de casación por infracción de la doctrina jurisprudencial vinculante.

Prevén el cambio de doctrina jurisprudencial vinculante pero no hay articulación entre esta doctrina y la Ley, de forma que no se establece la obligatoriedad de modificarla en caso de cambio en la norma legal que la sustentaba, ni tampoco se aclara la jerarquía en caso de conflicto entre Ley y jurisprudencia, pudiéndose inferior de la sistemática aunque es lamentable que no se establezca expresamente.

Frente a un modelo más o menos espontáneo de nacimiento de la doctrina jurisprudencial, depuración, establecimiento y reconocimiento, el Ministerio de Justicia ha optado por un modelo centralizado y explícito de establecimiento, con paralelismos a la actividad del legislador. Esperemos al trámite parlamentario.

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