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Posts Tagged ‘Derecho Procesal’

Cíclicamente, normalmente cuando la derecha política y judicial ve en peligro algunos de sus baluarte de control dentro del Poder Judicial, comienza una enorme polémica que tiene el fin declarado de garantizar la independencia del Poder Judicial y el verdadero de conservar cuotas de poder dentro de los órganos de gobierno de los jueces.

Tomemos en serio sus palabras y pensemos por un momento que las cerradas defensas de la independencia del Poder Judicial no es más que una táctica partidista y que apoyarían lo que ahora rechazan si le beneficiara a la derecha política y judicial.

La independencia del Poder Judicial es tratada, si nos creemos lo que dicen, como un fin en sí mismo. Una de las finalidades del sistema democrático es la independencia del Poder Judicial. Realmente la independencia del Poder Judicial no es un fin, sino un simple medio para obtener algo mucho más importante: un pronunciamiento imparcial y conforme a la Ley.

Los diferentes sistemas democráticos han creado mecanismos diferentes con el fin de que sus jueces operen imparcialmente y sujetos a la ley, pero esos mecanismos solamente sirven si están bien ordenados a su fin, es decir, si logran imparcialidad y subjeción a la legalidad.

Puede darse que el Poder Judicial sea absolutamente independiente, mucho más de lo que se quepa imaginar ahora, y que los jueces y magistrados sean parciales y/o que no apliquen las disposiciones legales. La independencia es una garantía, no sé si necesaria, pero desde luego no es una garantía suficiente.

En muchas ocasiones los debates en España se centran en un punto y se oscurecen todos los demás. Dado que la independencia del Poder Judicial por sí no garantizan ni imparcialidad ni sometimiento a la Ley, ¿por qué nunca hablamos de las demás garantías? ¿por qué parece que con la independencia, y concretamente con una interpretación corporativista de la independencia, se garantiza todo lo demás?

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Uno de los muchos problemas que está teniendo la reacción jurídica a la pandemia es la falta de mecanismos ágiles para que los tribunales puedan tener criterios unificados. Y no es consecuencia del Estado de las autonomías, porque la Justicia es una, sino de la mera disparidad que los diversos tribunales territoriales tiene cuando intentan resolver una ratificación de medidas conforme a la Ley.

La unificación de criterios, como no puede ser otras forma, debería venir del Tribunal Supremo. En una situación como la presente no tiene sentido esperar que el cauce de los recursos ordinarios genere una casación ante el Tribunal Supremo. Debería abrirse la puerta al pronunciamiento del Tribunal Supremo desde el principio.

¿Pero cómo? La reciente Ley 3/2015 ha clarificado las competencias judiciales para entender de las ratificaciones de las medidas, pero no se ha resuelto la cuestión que nos ocupa. La solución podría haber creado, en este ámbito, una cuestión prejudicial no suspensiva ante el Tribunal Supremo para que con toda celeridad pueda asentar una doctrina común a todos los tribunales.

Si en muchos casos la profusión normativa crea una enorme inseguridad jurídica, en este la inseguridad jurídica a la hora de tomar decisiones ha sido causada en una buena parte de la imposibilidad de adelantar los criterios judiciales. Es algo que hay que rectificar, porque parece que las medidas sanitarias van a seguir dictándose.

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A muchos nos ha resultado sorprendente que el Tribunal Superior de Justicia no haya ratificado las medidas de la Comunidad de Madrid que aplicaba las aprobadas por el Consejo Interterritorial porque la Comunidad no haya invocado una determinada ley en la exposición de motivos de la orden del consejero y que, al no haber sido invocada, no haya “título legal habilitante” para las referidas medidas.

El Derecho no está sujeto a prueba, salvo la norma consuetudinaria y el Derecho extranjero en casos de Derecho Internacional Privado. Son los tribunales los que conocen el Derecho y han de aplicarlo, lo que sintetiza en las palabras latinas iura novit curia. Si bien los letrados de las partes argumentan jurídicamente sus pretensiones, los jueces y magistrados solamente están vinculados a las pretensiones, no a sus razonamientos jurídicos y menos a las normas aducidas (da mihi factum, dabo tibi ius).

¿Qué consecuencia tiene esto? Que si alguien solicita al juez algo y funda su petición en una norma que no le confiere lo que pide, pero el juez conoce otra que sí, puede el juez perfectamente otorgarle su pretensión (y también en sentido negativo).

La aplicación es evidente. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid conoce la norma que la Comunidad de Madrid no aduce como “título legal habilitante” para las medidas que solicita y además ha sido invocada por el Minisiterio Fiscal y así consta en la sentencia.

La pretensión del procedimiento de ratificación es confirmar o no la adeucación de las medidas al ordenamiento jurídico. El juez debe resolver sobre el sistema de fuentes y aquí el TSJ de Madrid no lo hecho, porque ha omitido una norma, por no ser invocada en la orden pero sí por el Ministerio Fiscal, para considerar la ausencia de “título legal habilitante”. El conocimiento judicial podía haber suplido esta carencia.

He repasado las últimas sentencias de la Sala Tercera del Tribunal Supremo (del orden contencioso-administrativo que es el que está entendiendo las ratificaciones) sobre el principio “iura novit curia” y una de las que profundiza en la cuestión (STS 18/12/2019, FJ 6º) dice:

Conforme a los principios de iura novit curia y da mihi factum, dabo tibi ius, el órgano jurisdiccional puede —y debe— fundar el fallo en el derecho adecuado a la solución del caso, pudiendo así emplear argumentaciones jurídicas propias y distintas de las invocadas por las partes, si conducen a aceptar o rechazar las pretensiones deducidas, […]

Hace unos meses, la STS 3/6/2020 FJ3º señala:

Desde el Derecho romano, rige también al caso el principio general procesal condensado en el aforismo ” da mihi factum dabo tibi ius” (dame los hechos, yo te daré el Derecho), muy vinculado al principio iura novit curia.

Tal principio de aportación de parte o de rogación, que continúa vigente -con matizaciones en el proceso contencioso-administrativo, pero justamente para reforzar los poderes y atribuciones del juzgador en orden a la prueba y a las pretensiones-, esencial en el ámbito procesal civil (también en el contencioso-administrativo y el social), indica la facultad de las partes -y la carga- de suministrar al Tribunal, en sus escritos de alegación, los hechos y el material probatorio que estimen preciso para apoyar sus pretensiones y la obligación del juez de resolver el litigio conforme a la norma aplicable al caso.

Y podemos recurrir a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional: SSTC 111/1991, 144/1991 , 59/1992 , 88/1992, 90/1993, 258/1993, 112/1994, 222/1994, 165/1996 y 136/1998. De la STC 29/1999, fundamento jurídico 2º, merece la pena reproducir el siguientepárrafo:

“el juicio sobre la congruencia de la resolución judicial exige confrontar la parte dispositiva de la sentencia y el objeto del proceso, delimitado por referencia a sus elementos subjetivos -partes- y objetivos -causa de pedir y petitum- y en relación a estos últimos elementos viene afirmándose que la adecuación debe extenderse tanto al resultado que el litigante pretende obtener, como a los hechos y fundamentos jurídicos que sustentan la pretensión. Doctrina que no impide que el órgano judicial pueda fundamentar su decisión en argumentos jurídicos distintos de los alegados por las partes, pues, como expresa el viejo aforismo iura novit curia, los Jueces y Tribunales no están obligados al motivar sus sentencias a ajustarse estrictamente a las alegaciones de carácter jurídico aducidas por las partes, tal y como también de forma reiterada ha señalado este Tribunal”.

¿Por qué no aplicó el TSJ de Madrid una norma pertinente? ¿Por qué no la aplicó conociéndola y habiendo sido invocada por el Ministerio Fiscal? ¿No sería ya un problema de incongruencia y no en la no aplicación del Iura novit curia?

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smi-plastico-vidrioSe echaban de menos esos tiempos en los que los sábados podíamos desayunar leyéndonos los Reales Decretos-Leyes aprobados por el Consejo de Ministros el día anterior. Gracias al apoyo del PSOE al gobierno del PP, en lo que es una Gran Coalición, vergonzosa para los socialistas.

El PSOE va a aprobar con el PP el techo de gasto, antesala de los Presupuestos Generales del Estado que contarán con su apoyo con voto favorable o abstención, lo que haga falta. A cambio de dejar de ser la oposición y pasar a ser un partido de gobierno fuera del Gobierno, los populares han accedido a una subida del 8% en el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para que la Gestora del PSOE tenga algo de vender como si pusiesen un precio a su sumisión.

Dice el texto normativo del BOE de ayer:

smi-para-2017

El SMI dejó de ser el índice de referencia para multitud de cuestiones laborales, sociales o administrativas con el Real Decreto-Ley 3/2004, aprobado por un recién elegido Rodríguez Zapatero. Efectivamente aquella norma subió el SMI, pero también descafeinó la subida.

El artículo 1 estableció la desvinculación del salario mínimo interprofesional de otros efectos distintos de los laborales quedando como referencia para diez cuestiones laborales entre las que destacan la inembargabilidad del salario o el límite de responsabilidad del Fondo de Garantía Social, así como las bases de cotización para la Seguridad Social o el cálculo del desempleo. Nació el ya famoso IPREM en el artículo 2.

Lo interesante de toda subida del SMI, que era la repercusión en los salarios superiores al SMI, la inmensa mayoría, fue cortocircuitada porque los Convenios Colectivos que lo empleasen podían seguir con el aprobado con el Gobierno de Aznar para ese año (Disposición Transitoria 2ª). Solamente los que cobraban el SMI vieron subir sus retribuciones.

El modelo que se ha seguido en 2016 es el mismo. Se sube, pero se cortocircuita nuevamente su efecto en Convenios Colectivos, acuerdos y contratos privados y normas no estatales de acuerdo con la voluntad que determine el Gobierno (voluntad que todos sabemos cuál es).

La consecuencia del gran logro de la Gestora del PSOE no es otra cosa que la subida del salario a los que cobran la cuantía exacta del SMI. Si como la prensa publicó hace dos años, recogiendo informes de la OCDE y el FMI, un tercio de los trabajadores españoles ya estaban por debajo del SMI: ¿alguien piensa que si ya están en la ilegalidad con la subida simplemente no se van a quedar aún más lejos? El tema es de Estado de Derecho y eso nadie lo quiere tocar.

La Gestora del PSOE no ha conseguido casi nada para lo mucho, muchísimo que han entregado.

Hay que señalar que la Proposición de Ley, tomada en consideración positivamente por el Congreso, y presentada por el Grupo Parlamentario de Podemos sí reconecta la subida con las normas no estatales, Convenios Colectivos y acuerdos y contratos privados, aunque simultáneamente deja sin repercutir la subida en los sueldos que, en cómputo anual, fuera superior al nuevo SMI. Bastante mejor que lo del PSOE, pero aún insuficiente.

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Un juez encargado del Registro Civil decidió denegar la inscripción del nombre “Lobo” como nombre de un bebé tal y como solicitaban sus padres. Después vinieron los chistes, las adhesiones, los rechazos, la inevitable búsqueda de firmas en change.org, todo propio de una serpiente de verano de aquellos veranos en los que no había noticias.

Los padres interpusieron un recurso ante la Dirección General de los Registros y el Notariado (DGRN) del Ministerio de Justicia que les ha dado la razón y ha ordenado la inscripción del recién nacido con el nombre “Lobo”.

Y ahora viene el momento simpático en los que los medios vienen a dar cuenta de esta noticia. Así titularon El Mundo y El Español:

Lobo - El Mundo

Lobo - El Español
Han aplicado una lógica impecable en lo formal pero errada en lo material. La idea es que si un juez ha resuelto algo, el recurso que resuelve sobre lo que el juez ha dictado es tan judicial como la resolución primigenia del juez.

Y ahí es donde está el error. Los jueces encargados del Registro Civil son jueces, pero su trabajo en estos organismos no es jurisdiccional, sino administrativo. Es por lo que una resolución de un juez que solamente puede ser revisada por otro órgano judicial en los casos de Registro Civil es revisada por un órgano administrativo como es la DGRN y solamente se puede recurrir a los tribunales, en este caso civiles, contra la resolución de la DGRN.

La no jurisdiccionalidad de la labor de los jueces al frente de los registros civiles quedó fuera de dudas cuando el pleno del Tribunal Constitucional inadmitió varias cuestiones de constitucionalidad contra la Ley 13/2005 (del matrimonio homosexual) precisamente por este motivo: los encargados de los Registros Civiles no realizan funciones jurisdiccionales (AATC  505/2005 y 508/2005).

En 2011 se aprobó la Ley 20/2011 que transformaba el Registro Civil en un Organismo Autónomo y liberaba a los jueces de su dirección, asunto que todavía no ha sido llevado a la práctica por la intención del PP de transferir el Registro Civil a los registradores de la propiedad.

Otros medios hablando de “Justicia”, en vez de “La Justicia”, fueron más correctos.

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El fraude de Ley es el uso de una norma para conseguir fines diferentes a los previstos por la norma empleada.

La Constitución establece que los diputados y los senadores gozarán de la inmunidad parlamentaria, el aforamiento en caso de enjuiciamiento penal y de inviolabilidad por las opiniones vertidas en sede parlamentaria. La finalidad de estas tres previsiones es proteger a los diputados y senadores y que pueden ejercer en libertad la representación de los ciudadanos para la que han sido elegidos.

Aforamiento, inmunidad e inviolabilidad son instituciones al servicio del ejercicio de la representación política de los diputados y senadores, esto es, guardan una relación de accesoria. Si no se ejerce la representación ni la inmunidad, ni el aforamiento, ni la inviolabilidad tienen sentido jurídico.

Un senador, una senadora, como Rita Barberá, que se blinde en aforamiento, inmunidad e inviolabilidad pero no ejerza  la representación para la que ha sido elegida, está incurriendo en fraude legal y debería aplicarse el principio general del Derecho, que refleja el artículo 6.4 del Código Civil: la aplicación de la norma eludida que no es otra que la regulación común de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

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AudienciaNacionalPSOECs
Éste es el acuerdo entre Ciudadanos y el PSOE. Primero en 2008, luego 2009 y también en 2011 desde este blog pedimos que la corrupción dejará de ser competencia de los juzgados y tribunales del lugar donde se comete el delito, para serlo de la Audiencia Nacional.

A lo largo de su historia, este órgano jurisdiccional ha mostrado su capacidad para luchar con éxito contra el terrorismo y contra el narcotráfico. Ahora hay cierta euforia judicial en la instrucción de casos de corrupción, una intensidad que contrasta con la inactividad cuando se presentaron las denuncias, de donde devienen los casos de hoy y cuando realmente se estaba dando la gran corrupción.

La corrupción es complicada y la cercanía del juez a la situación no ayuda, antes bien entorpece. Es por ello que la Audiencia Nacional permite una distancia conveniente y el hecho de que su jurisdicción sea nacional no divide las tramas corruptos que superan el estrecho margen del partido judicial.

Un motivo más para que Pedro Sánchez alcance la investidura.

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Carlos Fabra presidió la Diputación Provincial de Castellón de 1995 a 2011. El número de causas abiertas en los juzgados de Castellón era ingente, porque correspondía la instrucción a los juzgados de primera instancia del lugar donde presuntamente se habían cometido los delitos. Esto era así porque Carlos Fabra no estaba aforado pues ningún aforamiento corresponde a los presidentes de las diputaciones.

Las instrucciones se eternizaron y algunas investigaciones abiertas, que no se habían convertido en imputación contra él, prescribieron. La dilación de las instrucciones no solamente se debía al colapso generalizado de la Justicia española, sino a que los jueces que servían esos juzgados, solicitaban traslado. Había quien decía que hubieran pasado nueve jueces y cuatro fiscales no era debido al azar.

Si Carlos Fabra hubiera estado aforado las instrucciones y las enjuiciamientos hubieran sido más rápidos.

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Audiencia de CAT
Este tweet me sorprendió. No me sonaba la existencia de ninguna Audiencia de Cataluña. En aquella comunidad hay cuatro audiencias provinciales y un Tribunal Superior de Justicia, pero una audiencia para todo el territorio catalán, la verdad era que no me sonaba. Me miré la Ley Orgánica del Poder Judicial y tampoco.

El misterio se resuelve leyendo la noticia. Resulta que el misterioso tribunal era la Audiencia Nacional (con sede en Madrid por cierto).

En medio de una actualidad que parece toda una sección de tribunales, llama la atención que la organización judicial, cuyos órganos son noticia continuamente, sea tan desconocida que se ponga este tweet y que el mismo no haya sido rectificado tres horas después por un medio importante.

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El juzgado de instrucción que investiga los abusos cometidos por un grupo de sacerdotes de la Archidiócesis de Granada solamente mantiene la imputación para el líder de los “Romanones”, mientras que no la mantiene para el resto de los miembros del clan no porque crea que no hay indicios racionales, sino porque considera que ha pasado el plazo de prescripción. No voy a entrar en valorar la decisión del magistrado y será la Audiencia quien lo haya de hacer.

Dado que los indicios racionales de comportamiento delictivo sí están allí y que ninguna prescripción los borra, es el momento en el que tiene que actuar el Papa Francisco de actuar con todos los medios y su alcance y aplicarles las máximas sanciones canónicas a este grupo.

La suspensión “a divinis” para los sacerdotes por toda su vida sería una buena sanción. Así tendría que entretenerse al menos en buscarse el sustento en otra dedicación que no les deje tanto tiempo libre.

El Papa Francisco ha liderado este asunto. Ahora le toca cerrarlo para la mayoría de los incursos. Y respecto del inefable arzobispo de Granada no tengo más que decir que un retiro indefinido con los jerónimos sería tremendamente beneficioso para su alma.

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