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Posts Tagged ‘Derecho Presupuestario’

No soy demasiado entusiasta del programa ‘Salvados’, no obstante lo veo ocasionalmente. Creo que el programa y su presentador rinden mucho más cuando tienen a un ‘friki’ delante de la cámara que a alguien que está acostumbrado al medio, a los periodista y que se ha visto en situaciones más comprometidas, de forma que termina hablando de lo que quiere y el periodista y sus espectadores pensando que habla de lo que ellos pretendía que hablaran.

El otro día Gregorio Peces-Barbas dio varios de esos buenos pases y todo el mundo terminó hablando de la ex novia noruega del Príncipe de Asturias y no del tema de la financiación y patrimonio de la Monarquía.

Una de las falacias que utilizó era que no era del interés de nadie cuánto costaba la limpieza de las dependencias del Palacio de la Zarzuela. Este argumento, falaz, es un clásico para los defensores de la opacidad de cualquier organización pública: la transparencia alimenta el cotilleo. La siguiente pregunta es por qué saber los gastos de limpieza del Congreso o de la Universidad en la que él trabaja, y las empresas que se encargan de ello y eso no es malo ni genera un cotilleo aterrador.

Es evidente que la curiosidad que despierta la Familia Real no la despierta la Universidad Carlos III, ni el Congreso de los Diputados, ni mi centro de trabajo. Pero aquí nos encontramos con una cuestión de principios que también afecta a la Monarquía.

El dinero con el que se financian las instituciones del Estado es un dinero que es quitado coactivamente a los ciudadanos y que, por tanto, debe poder ser fiscalizado por estos ciudadanos, por entidades que los representen o por algún aburrido, que los aburridos también pagan. El problema de descalificar la transparencia o la fiscalización por parte de ciudadanos interesados o entidades es que en un presupuesto se pueden ocultar ingresos y gastos dudosos, y también destinos dudosos.

La transparencia es una actitud y un valor que solamente se entienden con la práctica, con la repetición de actos que generan un hábito o héxis. La transparencia nos ayuda a todos y, después de lo que ha pasado con el Urbanismo en nuestro país, sería conveniente no dudar que el ocultismo no es bueno, ni para las cosas que a Peces-Barbas le puedan parecer irrelevantes.

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Parece que el ministro Montoro se ha montado a los hombros de la demagogia y de las soluciones fáciles. Ampliar el plazo de devolución de la desviación de los ingresos cedidos a las Comunidades, con un coste para los maltrechos PGE, y tipificar penalmente los incumplimientos del Presupuesto son magníficos ejemplo de esto.

Lo segundo es un anuncio poco creíble en primer lugar porque el PP gobierna casi todas las administraciones importantes de nuestro país, por lo que esa penalización sería poner una espada de Damocles a sus propios compañeros de partido que si bien individualmente no pintan nada, tanto presidente autonómico, de diputación y alcalde de ciudad de más de 50.000 habitantes juntos y a una pueden convertirte en el primer cónsul de España en Paro (Reino de Bután).

En segundo lugar este anuncio no es serio porque buena parte del déficit no se debe a una subida en los gastos anteriores, sino principalmente a una bajada en los ingresos sobre los que se calculan los gastos.

Los presupuestos de ingresos nunca pueden estar cerrados, salvo con algunas excepciones, de forma que lo que se dice que se va a ingresar es una estimación de lo que va a suceder. Hay administraciones, con bastantes medios y mejor voluntad, que realizan los cálculos la situación económica de su ámbito territorial, la incidencia en la tributación, así como la probabilidad de que se sigan produciendo o se generen nuevas fuentes de ingresos o varíe su cuantía.

Pero lo que muchas administraciones hacen, mayoritariamente municipales, es decidir los gastos y ponerse a imaginarse ingresos para llevar al equilibrio presupuestario, por ejemplo introduciendo una buena partida de ingresos por sanciones administrativas (algo imposible de prever) o suponiendo que otra administración les transferirá un dinero que esa otra administración no tiene ni pensado transferir, así como computar enajenaciones poco probables (y solamente son ejemplos).

En tercer lugar, porque tanto el ministro Montoro como el ministro Soria saben una partida presupuestaria (normalmente se habla de aplicaciones) puede ser variada mediante la transferencia de crédito y que también puede haber modificaciones presupuestaria, así como otras figuras más sutiles. Es decir, es sumamente complicado que alguien, sin ser un mandril, gaste más de lo presupuestado porque puede modificar la cuantía de mil maneras.

Si Montoro, en vez de hacer demagogia, hubiera querido ser hoy un buen ministro de Hacienda, podría haber anunciado que se van a reformar las normas presupuestarias y de haciendas locales para restringir la introducción de elementos imaginativos en los presupuestos de ingresos, que las bases de ejecución del gasto sean más exigentes con las disponibilidades temporales o, si se toman en serio lo de las partidas, que modifiquen el nivel de vinculación de los créditos.

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La Casa Real ha anunciado que va a informar sobre el desglose de su Presupuesto, diciéndonos cuanto gastan en cada capítulo y otros conceptos presupuestarios. La Casa Real quiere ser transparente, pero realmente solamente está llegando con unas décadas de retraso a lo que todos los órganos constitucionales y administraciones hacen: precisar en qué piensan gastarse el dinero.

De hecho la Casa Real, con estas medidas de extraordinaria transparencia, va a llegar al nivel de transparencia financiera del Centro Nacional de Inteligencia, cuyos gastos los encontramos desglosados por Capítulos en los PGE para 2011, por ejemplo.

De camino, por eso de ponerse al nivel de los demás, la Casa Real también podría publicar la ejecución presupuestaria de 2009 y la ejecución de 2010 hasta septiembre, como hacen todos los que manejan dineros públicos.

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A través de MG llegué a este breve resumen de algunas de las intenciones que el PP, ya seguro de su victoria, empieza a sacar de lo oculto y secreto. Los populares proponen que las subvenciones sean transparentes porque los pérfidos socialistas han hecho de las subvenciones un mundo terrible, aunque sean los ayuntamientos y las autonomías populares quienes las concedan.

El problema de la propuesta popular, como otras muchas, es que no es creíble porque choca con el hacer precedente y la misma ideología de los conservadores españoles. La Ley 38/2003, General de Subvenciones, tuvo la virtud de ser la primera norma de rango legal que sistematizaba la normativa sobre subvenciones que se encontraba dispersa por normas financieras, generalmente de carácter reglamentario.

La Ley General de Subvenciones rompió una norma tradicional del Derecho Público, contenida en el celebérrimo Reglamento de Servicio de las Corporaciones Locales, que establecía un máximo de la cuantía de la subvención a la mitad de la actividad subvencionada. La Ley aprobada por los conservadores elevó esta cuantía a la totalidad de la actividad subvencionada.

De esta forma buena parte de la privatización de los servicios públicos, y específicamente de los servicios sociales, se ha construido a través de subvenciones consecuencia de convenios entre entidades y administraciones y no a través de contratos públicos en libre concurrencia que hubiera sido lo lógico y deseable. Es más esta norma posibilitó que se constituyeran entidades, sin ninguna experiencia, solamente para firmar convenios y tener una subvención que conlleva una serie de empleos y salarios, y todo ello sin tener que exponer un solo euro.

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Llevo bastante tiempo, quizá demasiado, echándole un buen vistazo a los presupuestos de la ciudad en la que vivo. Siempre el gobierno de Ceuta, abrumadoramente del PP, presenta un presupuesto equilibrado, en los que no hay cabida el déficit y siempre quedan unos eurillos libres cuando el aprueba la cuenta general para anunciar que ha habido superávit.

La deuda de la Ciudad de Ceuta se ha elevado hasta los trescientos millones de euros (para 82.000 habitantes) y se repiten las escenas habituales de proveedores no pagados a los que se les lleva a una situación difícil, a empresas que tienen que recurrir a los tribunales para cobrar o simplemente para que se les reconozca la deuda (una de las argucias contables).

La reforma constitucional obliga a los entes municipales a tener un presupuesto equilibrado (algo que muchos ya hacían mecánicamente), pero es insuficiente si no hay una legislación nueva y sumamente dura en materia de Hacienda Locales y de organización de las corporaciones locales a todos los niveles. Habrá Ley Orgánica que fije el déficit total, pero si no hay controles de nada servirá ni ésta ni ninguna reforma.

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En muchas de las páginas que leo aparece la expresión ‘deducción fiscal’ como una especie de bálsamo contra muchos malos. Muchos de lo que utilizan esta expresión y que querrían que se empleara el mecanismo no caen en la cuenta de dos cosas que son muy importante, aunque se encuentren en los implícitos.

La primera es que cada deducción cuesta dinero, porque es un dinero que no recaudas. De hecho el total de las deducciones se contabilizan en el llamado ‘Presupuesto de Gastos Fiscales’. Las deducciones tienen que tener una finalidad muy clara y tienen que ser evaluadas continuamente, porque pueden generar efectos adversos a los inicialmente deseados (el ejemplo es la ya felizmente desaparecida deducción por compra de vivienda). En una etapa que reducción del déficit hay que andarse con mucho cuidado con los dispendios en gastos fiscales, que pueden comerse el ahorro en gasto público.

La segunda es que hay un grupo de deducciones fiscales que son enormemente regresivas y que premian más al que más tiene, ya que muchas de ellas no tienen en cuenta los ingresos del que se va a deducir, por no decir que es posible que algunas deducciones solamente estén al alcance de unos cuantos.

Proponer incentivos en forma de deducciones fiscales tiene, como tercera idea, el problema de que el dinero deducido puede que no vaya precisamente a donde quieres que vaya. Frente al incentivo finalista, la deducción tiene la incapacidad de ser controlada.

Esto no es un canto contra las deducciones fiscales. Tiene que haberlas y tienen que ser servir a nos fines, pero no son ni la panacea ni la mejor solución y a veces te incrementan los gastos, porque das algo que pagas y deduces otro algo adicional que indirectamente también pagas (por ejemplo las deducciones por capitalización en los sistemas privados de pensiones).

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Durante esta semana he visto un cartel, en un corcho informativo de mi centro laboral, en el que se reclama, con cierta confusión, el mantenimiento de MUFACE. Para quienes no conozcan el significado de estas siglas les diré que son las de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado y es algo así como la Seguridad Social para los funcionarios públicos del Estado o los que pertenecen a los cuerpos estatales aunque su gestión sea autonómica.

Tras la creación, a principio de los años sesenta de la Seguridad Social, donde se integraron ‘legis ministerio’ todas las mutualidades existentes para el sector privado, hubo que esperar a mitad de los años setenta para que casi todas las mutualidades funcionariales se integraran en una, la actual MUFACE, perviviendo algunas para funcionarios locales (desaparecida ya), para funcionarios de Justicia o el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS).

La Seguridad Social es un órgano autónomo de la Administración del Estado que administra las cotizaciones de los trabajadores autónomos y por cuenta ajena y abona las diferentes prestaciones que se determinen. Las cotizaciones constituyen la masa de dinero con la que, generalmente, se pagan las prestaciones (jubilación, enfermedad común, accidente, incapacidad permanente, orfandad, viudedad). En el caso de los funcionarios las cotizaciones son muy bajas.

En los Presupuestos Generales del Estado las prestaciones de la Seguridad Social no se mezclan con otro tipo de gastos y lo que se aporta desde los Presupuestos para financiar los complementos a las pensiones mínimas o a las prestaciones no contributivas (por citar algunas) están en el capítulo de transferencias corrientes.

¿Qué pasa con las pensiones de los funcionarios públicos? Algo bastante diferente. El dinero de las pensiones de funcionarios (no de todos los empleados públicos), se encuentra consignado en el Capítulo I (Gastos de personal) con la denominación de ‘Clases Pasivas’. En resumen, las pensiones de los funcionarios constan a efectos presupuestos como salarios, es decir, están en el mismo lugar.

Los gastos de personal para 2010 (antes del recorte) eran de 26.847.770.000€, de los cuales  17.255.200.000€ (64.27% del Capítulo I) correspondían a personal en activo y 9.592.570.000€ (33.73%) a las clases pasivas, es decir, a los funcionarios jubilados. Esto quiere decir que aproximadamente uno de cada tres euros en personal va destinado al pago de pensiones. Si se eliminase del Capítulo I el pago de las pensiones, entonces nos encontraríamos con un adelgazamiento de los gastos de personal de un tercio.

Supongamos que el sistema de Clases Pasivas desaparece y con éste todo el sistema de mutualidades. Conforme fuese pasando el tiempo el número de miembros de las clases pasivas iría disminuyendo y no acontecería ninguna incorporación, mientras que las nuevas prestaciones serían abonadas por la Seguridad Social. Evidentemente el funcionario costaría más, ya que habría que pagarle a la Seguridad Social las cotizaciones correspondientes, pero a un plazo medio se habría normalizado esta situación.

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Se dice que los políticos y sus partidos hacen una política simplista, basada más en lemas y en emociones. También se acusa a los medios de comunicación de participar en esta “estrategia” y transmitir un mensaje y una imagen que se adecua perfectamente a esa concepción de la política. A veces pienso que es la política que quieren los ciudadanos, una política “fast food”, fácilmente dirigible y como si de una película se tratase distinga entre los buenos (los míos) y los malos (los otros).

Otros de los tópicos políticos mantiene que la norma más importante que cada año aprueban las Cortes es la Ley de Presupuestos Generales del Estado,  que tiene su réplica en las leyes presupuestarias autonómicas y miles de presupuestos de las corporaciones locales.

Quitando los cuatro argumentos esperables sobre los PGE, prácticamente nada de ellos ha trascendido a la opinión pública, y la inversión provincial únicamente ha sido informada cuando ha habido un cruce de reproches entre los diputados y senadores de algunas circunscripciones, justo antes de comenzar sus vacaciones navideñas, que llegan hasta febrero.

Ni los políticos en el gobierno han empleado tiempo en explicar pormenorizadamente en qué se van a gastar el dinero, ni los medios (con excepciones) han hecho este esfuerzo explicativo dado el silencio de los políticos, ni mucho menos se encuentran ciudadanos “enfadados” porque no se les informe decentemente de la utilización concreta del dinero de nuestro impuestos, más allá de algunas generalidades.

Si hiciéramos una rápida encuesta sobre la cuantía total de los gastos presupuestados en unos cuantos ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas o en el gobierno de España, nos sorprenderíamos de la ignorancia casi segura. ¿Responsables? Todos.

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Déficit y deuda

Los números y conceptos económicos no son mi fuerte, pero llevo bastante tiempo detectando como algunos medios y muchísimos ciudadanos confunden lo que es el déficit y el endeudamiento. Ambos conceptos suenan mal, pero no son lo mismo.

El déficit no es otra cosa que una situación en la que los gastos superan a los ingresos (grosso modo). Si la situación es contraria, hablamos de superávit.

El endeudamiento es la cantidad de dinero que una entidad pública en este caso tiene que pagar a lo largo del tiempo. Evidentemente no toda la deuda se afronta a la vez, sino que está diferida en el tiempo.

La primera consecuencia es que la existencia de superávit no implica la ausencia de endeudamiento. De hecho España ha tenido endeudamiento (bajo respecto a otros países) a pesar de casi un lustro de superávits presupuestarios. De hecho alcanzar el superávit no lleva a reducir el endeudamiento, ya que se pueden aumentar los gastos o aminorar los ingresos previstos con ese dinero en vez que adelantar pagos de la deuda.

El déficit sí suele generar endeudamiento ya que es la forma normal de financiarlo. Hay veces que no se recurre a la deuda para afrontar el déficit sino a la venta de activos, como Gordon Brown acaba de hacer en el Reino Unido.

En definitiva, déficit y endeudamiento no son lo mismo. Puede haber endeudamiento en situación de superávit y de hecho sucede. Eliminar el déficit no es sinónimo de eliminar el endeudamiento.

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Soy consciente de que no he hablado nada de la subida de impuestos. Quería tener un tiempo para pensar tranquilamente y creo que ahora sí puedo dar una idea más razonada.

La subida de impuestos, con todo el respeto, no ha sido solamente en los impuestos indirectos, ya que la eliminación de la deducción de los cuatro euros equivale, materialmente, a una subida en los tramos.

La clave de esta subida no es otra, en mi opinión, que la necesidad de que el Estado funcione como dinamizador o motor primero de la economía, porque las deudas de las empresas y las familias les impide el consumo y, lo que es peor, los que mantienen solvencia no dedican su dinero ni a la inversión ni al consumo, sino al ahorro que va alcanzando cuotas significativas.

Si los actores económicos que tienen dinero no lo gastan y esa disminución del gasto a lo único que lleva es a un empeoramiento de la situación de la Economía, tiene que ser el Estado el actor que asuma esta función. En este caso no es cierto que el dinero en manos particulares vaya a la economía real, sino que se queda en depósitos bancarios, de unos bancos que han endurecido el crédito hasta el extremo.

Otra cosa será la asignación de los nuevos recursos. El hecho de que, sobre todo, estén destinados a las rentas más bajas y a las situaciones más difíciles que la crisis han generado no es solamente un ejercicio de coherencia política, sino que también es la mejor forma de poner en circulación ese dinero, porque no cabe la posibilidad de ahorro en esas familias.

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