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Posts Tagged ‘Derecho Presupuestario’

Después de publicar el otro día una entrada sobre los bloqueos constitucionales que existen en nuestro sistema político y de mantener que la única forma razonable era reformar la Constitución (una idea quimérica), dejé sin señalar alguna posible solución a los bloqueos.

No lo puse porque estoy cansado de leer propuestas, generalmente de reforma electoral, que se fundan en la reforma constitucional, algo que el devenir político prácticamente le ha prohibido al pueblo español. Siendo cierto esto, creo que en la posible solución que proponga, podemos profundizar en el análisis de nuestra estructura constitucional y política en torno al bloqueo.

1. Bloqueo y parálisis

Nuestra Constitución incentiva el bloqueo. ¿Por qué digo esto? Porque el coste político de bloquear una institución es prácticamente nulo, ya que hay mecanismos constitucionales y legales que lo eliminan.

En principio la consecuencia necesaria de bloquear una institución debería ser paralizarla, pero nuestra Constitución, leyes y la práctica político-administrativa han imposibilitado el bloqueo.

2. Los mecanismos de prórroga

Si no se consigue investir a un Presidente del Gobierno, entonces la ley prevé un gobierno en funciones que puede mantener viva a la Administración y los tribunales han sido generosos a la hora de interpretar las facultades del gobierno en funciones que están definidas por una Ley, no por la Constitución, y que muchos entienden que pudieran ser plenas.

La Administración, que es lo fundamental, sigue funcionando sin alteración y la vida de los ciudadanos no se ve afectada por tener un gobierno en funciones.

Además el gobierno en funciones, que no tiene capacidad de presentar proyectos de Ley, sí tiene el instrumento del Decreto-Ley que es tanto una forma de innovación legislativa como un modo de iniciativa legislativa (ya que el Congreso puede decidir el trámite como proyecto de Ley). Junto a ello está intacta la capacidad de iniciativa de los grupos parlamentarios.

Pero si las garantías antes señaladas para que no haya coste social ni político del bloqueo institucional parecen pocas, la propia Constitución prevé la disolución automática de las Cortes en caso de no haber investido un Presidente tras dos meses después de la primera votación y la convocatoria de elecciones. De hecho bloquear puede ser lo mejor que se haga cuando se tienen buenas perspectivas electorales en caso de disolución automática.

Nuestra Constitución establece la prórroga automática de los Presupuestos Generales del Estado para que, si los nuevos no están aprobados cuando termine la vigencia de los últimos, permanezcan en vigor y todas las administraciones y todos los servicios cuenten con los cauces oportunos de financiación. Teniendo en cuenta que siempre caben modificaciones parciales de los Presupuestos prorrogados, incluso a través de Decreto-Ley, los efectos nocivos de la no aprobación de los Presupuestos Generales del Estado en su momento se amortiguan. Si hubiera un cierre, los incentivos para no aprobar los Presupuestos disminuirían.

Constitucionalmente los magistrados del Tribunal Constitucional tienen un mandato de nueve años. En 2007 se modificó el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional añadiendo un apartado tercero que establecía la prórroga automática del mandato de los magistrados si no se había producido la renovación en tiempo y forma. Esto evita la parálisis del Tribunal o que tenga que operar con un número muy reducido de magistrados, pero no desincentiva el bloqueo.

El mandato de cinco años de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no concluye el día que llega a esos cinco años, pues si la cámara que lo ha elegido o las dos cámaras no ha realizado la elección cuando llegue esa fecha, el mandado queda prorrogado. A falta de previsión constitucional en 2013 se estableció así en el artículo 570 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El CGPJ sigue ejerciendo sus funciones sin ningún límite a pesar de tener un mandato prorrogado, como sucede en el Tribunal Constitucional. Bloquear la renovación del CGPJ no tiene ningún coste en término de parálisis.

3. La ambivalencia de la prórroga

Nuestra Constitución establece la prórroga presupuestaria y una amplia continuidad del gobierno para evitar el cierre de la Administración, esto es, para que una crisis política no desemboque en un cierre de la Administración y que servicios fundamentales como la Sanidad, la Educación o la Seguridad Ciudadana dejen de prestarse porque no hay dinero presupuestado con el que pagar a sanitarios, docentes, policías o guardias civiles, ni para mantener la infraestructura activa.

Entiendo que los constituyentes establecieron estas dos prórrogas precisamente para que un bloqueo político no tuviese duros efectos sobre la ciudadanía y que la presión para que no haya cierre, ejercida por un grupo sin mucha conciencia, le dé ventaja negociadora a unos sobre otros. El legislador orgánico ha seguido este principio, en una interpretación teleológica de la Constitución, al establecer las otras dos prórrogas indicadas.

Esta elección de los constituyentes, absolutamente defendible, tiene su coste que es la institucionalización de la prórroga al crear minorías de bloqueo no difíciles de alcanzar (sólo es necesario un actor) y que el bloqueante no suele tener ningún “castigo”.

4. ¿Hay alternativas?

Naturalmente hay alternativas. Existen caminos intermedios entre la prórroga sin fin y el cierre. Se pueden enunciar varios intermedios, aunque yo solamente voy a mencionar algunos sobre los que he pensado, aunque desgraciadamente requerirían reforma constitucional.

En la cuestión de la investidura cabe adoptar el sistema vasco-asturiano que es más difícil de bloquear y genera fuertes incentivos para el acuerdo. Este sistema admite una pluralidad de candidatos a la investidura y los diputados pueden votar a unos de los candidatos o en blanco, saliendo elegido el que en la primera ronda obtenga la mayoría absoluta y en la segunda ronda el más votado. Intentar bloquear la investidura no tiene sentido, porque se facilitaría la investidura del oponente.

Respecto a los Presupuestos Generales del Estado cabe recoger la solución a los bloqueos presupuestarios que se da en el ámbito municipal (art. 197 bis. 5 LOREG) que permite a los alcaldes unir los presupuestos a una moción de confianza, de forma que en el caso del rechazo de los presupuestos se habrá de presentar y prosperar una moción de censura al alcalde en el plazo de un mes. En el caso de no presentarse o no prosperar, los presupuestos se entenderán aprobados y el alcalde dotado de confianza por la corporación. La inspiración tomada del tercer párrafo del artículo 49 de la Constitución de la V República Francesa es evidente. Una solución de este tipo podría plantearse a nivel nacional.

Las mayorías exigidas para la renovación del Tribunal Constitucional son extremas y más para un organismo que se renueve una tercera parte cada tres años, de modo que un vuelco en su composición no es posible, salvo que se acumulen renovaciones pendientes. Exigir mayoría absoluta podría ser una buena idea, porque amplias los posibles acuerdos y desincentivas los bloqueos, al poderse el bloqueante quedar fuera del acuerdo. En el caso de una renovación por tres quintos el mandato podría ser superior a si se hace por otra mayoría, incentivando así los grandes acuerdos.

Algo similar podría hacerse en el CGPJ, aunque no estaría de más que la renovación no fuera total.

5. En definitiva no hay que elegir entre un sistema político basados en las prórrogas automáticas y la falta de incentivos a pactar o la amenaza del cierre de las instituciones o el fin de las disponibilidades presupuestarias. Los acuerdos pueden ser incentivados de múltiples formas como un mandato más prolongado y desincentivados por la posibilidad de una mayoría menor. Un sistema político maduro no debe permitirse convertir en normal lo que son mecanismos de seguridad, por si falla los procedimientos ordinarios.

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Para saber cuánto va a gastar España en Educación fijarse en los Presupuestos Generales del Estado es una mala idea. ¿Por qué? Porque los gastos que están dentro de la política de gasto 32 (Educación) solamente son los que competen directamente al Gobierno de España (que solamente gestiona Ceuta, Melilla, servicio exterior y una parte de las becas).

La Educación es una de las políticas más descentralizadas que tenemos hay que observar qué gastan comunidades autónomas y corporaciones locales, especialmente las segundas. Las transferencias del Estado a comunidades y corporaciones locales no son finalistas, normalmente, de modo que será la decisión de éstas en sus respectivos presupuestos las que cierren el gasto educativo de España.

España no gasta algo más de dos mil millones de euros en Educación. Es una afirmación de ignorancia presupuestaria.

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La legislación en materia de Haciendas Locales divide el gasto de las corporaciones locales en seis áreas de gasto, que luego se subdividen en las “políticas de gasto” para luego comenzar las divisiones en programas. Vamos a repasar el gastos que cada diputación dedica a cada una de estas áreas, marcando la media del área en la suma del presupuestos de las treinta y ocho diputaciones de Derecho Común.

01 Deuda Pública
02 Servicios Públicos Básicos
03 Protección social

04 Bienes carácter preferente
05 Actuaciones económicas
06 Actuaciones generales

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El Ministerio de Justicia ha querido reivindicar las tasas judiciales a través de los tremendos ingresos que según este departamento han proporcionado a las arcas públicas. Desde el Ministerio han falicitado a los medios de comunicación la nada despreciable cantidad de 512 millones de euros desde la aprobación de la Ley 10/2012, que comenzó a recaudar en el último mes de ese mismo año.

Os cuento un secreto. Gallardón no estableció las tasas judiciales, sino que éstas ya eran exigibles desde la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

Concretamente el artículo 35 de esa norma estableció la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil y contencioso-administrativo. Quedaba fuera el orden penal (como ahora) y el orden social.

Lo que sucedía era que el apartado 3 de este artículo previó un amplio supuesto de exenciones a la tasa tanto respecto a determinados procedimientos como a determinados sujetos. Los procedimientos civiles y contencioso-administrativos exentos eran:

a) La interposición de demanda y la presentación de posteriores recursos en materia de sucesiones, familia y estado civil de las personas.

b) La interposición de recursos contencioso-administrativos y la presentación de ulteriores recursos en materia de personal, protección de los derechos fundamentales de la persona y actuación de la Administración electoral, así como la impugnación de disposiciones de carácter general.

Los sujetos exentos eran:

a) Las entidades sin fines lucrativos que hayan optado por el régimen fiscal especial de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal especial de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

b) Las entidades total o parcialmente exentas en el Impuesto sobre Sociedades.

c) Las personas físicas.

d) Los sujetos pasivos que tengan la consideración de entidades de reducida dimensión de acuerdo con lo previsto en la normativa reguladora del Impuesto sobre Sociedades.

En definitiva, las tasas habían quedado confinadas por medio de las exenciones a las empresas sujetas totalmente al Impuesto de Sociedades en cuestiones mercantiles y contencioso-administrativas. Y desde el 1 de enero de 2003 así era y de hecho el Estado ingresaba sus milloncejos por el ejercicio de la potestad jurisdiccional. Lo que hace la nueva Ley, la de Gallardón, es eliminar la exenciones y poner al día las tasas.

Dado q ue la tasa era recaudada desde primeros del año 2003 es recaudación debe ser descontada de lo que se ha recaudado con la Ley de Gallardón. Para que nos hubiéramos hecho una idea de lo que realmente ha incrementado la recaudación el Ministerio nos debería haber indicado el aumento, no el total sumada la tasa anterior y la nueva.

Dice el Ministerio de Justicia que en el primer mes de la tasa, el de diciembre de 2012, se recaudó 8,7 millones, lo cual estaría por debajo de la media mensual de ese año. Esa bajada en la recaudación se explica que a la entrada en vigor de la Ley no estaban preparados los impuestos autoliquidables de la AEAT y había multitud de dudas por parte de los actores jurídicos sobre a aplicación de la tasa en cientos de casos específicos.

La recaudación de esta tasa en 2013, según el Informe de Recaudación de la AEAT, fue de 317 millones. Si tomamos como referencia de la antigua tasa el ejercicio el ejercicio de 2012 (con un mal mes de diciembre achacable al Gobierno) vemos que ese año la recaudación fue de 172 millones, de modo que el incremento real de la recaudación fue 142 millones.

Afirma Justicia que este año, supongo que hasta octubre, se ha recaudado 187 millones. De mantenerse el mismo ritmo de recaudación se llegaría a los 224 millones y una incremento sobre 2012 de 52 millones.

En el mejor de los casos las tasas judiciales de Gallardón han aportado a la Hacienda del Estado 194 millones de euros y no los 512 que afirma el Ministerio de Justicia.

Pero este maquillaje de datos no es lo único, porque habrá alguno que piense que buenos son esos euros y que es mejor que nada, por más que el Ministerio jugando a la ambigüedad haya imputado a una ley de 2012 parte de lo que es efecto de una ley de 2003.

Diez comunidades autónomas comparten con el Ministerio de Justicia la gestión de este servicio público. Es curioso que el ingreso de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional se hace en la Hacienda estatal, por más que en las regiones con la competencia transferida se gaste igualmente (pero ése es otro debate).

Los gastos, de acuerdo con las normas presupuestarias aplicables a 2014, eran los siguientes:

El incremento de la recaudación a través de las tasas judiciales solamente han supuesto un 1.46% y algo más del 3% en el año anterior. A cambio de ese ingreso absolutamente despreciable dentro del gasto de Justicia e irrelevante dentro de los Presupuestos Generales del Estado muchas personas se han visto impedidas de acceder a los tribunales en apelaciones sociales o en el control de la acción de la Administración a través de los recursos contencioso-administrativos.

Las tasas judiciales eran contra los ciudadanos y estos datos muestran a las claras que lo único que buscaba era impedir el uso de su derecho a acceder a los tribunales. La estrategia del Partido Popular es siempre la misma: para mejorar un servicio hay que echar a los ciudadanos que no corresponden con el estándard del PP a la calle, sea en Justicia o Educación.

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Ayer estaba entretenido con mi cuenta de Twitter y me fijé en el enésimo meme con aspiraciones de infografía provenientes de la sala de máquina de la verdadera izquierda, la postcomunista o la bolivariana que da lo mismo.

Era éste:

RescateBankia

Desde luego es indignante y muy cabreante lo que se transmite en la imagen: el gasto sanitario y educativo de todo el país es más de cuatro veces menor que lo pagado para rescatar a Bankia.

¿Es cierto lo que dice la imagen? De entrada, y sin entrar en detalles todavía, hay dos pistas que nos invitan a pensar que el que lo hizo no tiene demasiada idea de lo que estaba hablando.

Primero. Sobre la cuantía de educación pone el logo del Ministerio de Educación y Ciencia que ya no existem puesto que ahora el departamento se llama Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. Una pijada pero la cosa apunta maneras.

Segundo. Sobre la cuantía de la sanidad pone el logo de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). Popularmente se conoce a la sanidad pública como la “seguridad social”, pero los que se meten en fregados presupuestarios saben que la TGSS se ocupa del cobro de las cotizaciones y del abono de las prestaciones acordadas por otros organismos del sistema. Y no, no gestiona un solo hospital. Eso depende de los sistemas públicos de salud. No es una pijada: no es tener ni puñetera idea.

Vayamos a las cifras, que es lo interesante. El que redactó esta pretenciosa infografía supuso que todo el gasto educativo de España es el del Ministerio de Educación. Ni todo ni la mayor parte del gasto educativo español lo hace el Ministerio, sino las comunidades autónomas, y el gasto del Ministerio no es solamente educativo sino también cultural y deportivo como reza su actual denominación. Lo mismo sucede en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que no todo es Sanidad.

Pues bien, según la Ley de Presupuestos Generales del Estado en política educativa el Gobierno preveía un gasto para 2014 de 2.174.996,11€. Para Sanidad el gasto previsto por el Gobierno central era 3.839.755,95€.

Estos gastos, que no coinciden con los de la ilustración, corresponden únicamente a la Administración General del Estado y no computa el que presupuestan las comunidades autónomas en Educación y en Sanidad. Para saber lo que España gasta en Sanidad y Educación hay que examinar los presupuestos autonómicos ya que las comunidades que son las prestadoras de los servicios educativos y sanitarias para casi todos los españoles.

¿Cuál es? Veamos el siguiente cuadro.

GastoEDUySAN

El gasto tanto en Educación como en Sanidad supera la cuantía del rescate de Bankia, que más o menos es el que pone. La suma de las dos cifras es tres veces superior al rescate y tengamos en cuenta que los más de ochenta y cuatro mil millones de euros es solamente para este año en curso.

Mucho dinero estamos gastando en Bankia, nuestro enfado está más que justificado, pero no somos un país tan mierda que gastamos más cuatro veces más en rescatar a Bankia que en la Educación y en la Sanidad de sus ciudadanos. Esto es mentira al servicio del populismo y la demagogia, quizá postcomunista o bolivariana.

NOTA: el gasto educativo y el sanitario son superiores incluso a este cuadro, porque no se computa el dinero presupuestado por las administraciones locales, municipios y diputaciones. Por ejemplo, los edificios de los colegios de infantil y primaria son competencia de las corporaciones locales y, sumando colegios en toda España es mucho dinero.

Los presupuestos de Asturias y de Navarra se encuentran prorrogados. Para Asturias rigen los de 2013 y para Navarra los de 2012.

FUENTES: Los datos han sido extraídos de las respectivas normas presupuestarias y de los documentos completos cuando éstas no expresaban las cuantías de las funciones.

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Alan García, en la primera ocasión que fue Presidente del Perú, anunció solemnemente ante el congreso y vistiendo su banda presidencial que su país solamente iba a desembolsar en pago de la deuda una cantidad fija, el 10%, sobre el total de los ingresos por exportaciones. De hecho proclamó un impago.

Como lógicamente el Estado peruano perdió toda la financiación externa, recurrió a un mecanismo que había hecho furor durante las décadas anteriores: la emisión de moneda para pagar los compromisos del Estado. La inflación fue tal que hubo que cambiar en dos ocasiones de moneda, una decisión que no aportó ninguna solución.

Muchos han criticado desde los sectores más a la izquierda la reforma constitucional que tuvo como resultado el actual artículo 135 de la Constitución. Acusan a los que la apoyaron de ceder ante los mercados y el neoliberalismos y contraponer sus intereses a los de los españoles.

Básicamente el artículo 135 de la Constitución establece que España se compromete a pagar su deuda pública y que ningún Presidente tendrá poder para presentarse ante las Cortes Generales y decir que dejamos de pagar la deuda. Luego vienen una serie de disposiciones sobre control presupuestario a modo de refuerzo.

Que un país se comprometa a pagar sus deudas no creo que sea malo ni reprobable. Que los que nos prestan su dinero, en muchas ocasiones nosotros mismos, quieren que les sea devuelto con los intereses acordados no se pueden juzgar como algo desproporcionado: todos queremos que nos devuelvan el dinero y con intereses si así lo pactamos.

Las consecuencias de no pagar son muy sencillas: nadie te vuelve a prestar porque se arriesgan a perder su dinero.

Un Estado cuyo presupuesto tiene que estar en déficit, como el español en la actualidad, necesita de dinero prestado para tener dinero con el que pagar lo que no consigue ingresar.

Incluso cuando un Estado tiene un presupuesto equilibrado o un presupuesto con superávit necesita de la deuda. ¿Por qué? Porque ese Estado puede necesitar dinero para hacer determinadas inversiones que supera su capacidad anual.

Hay una necesidad común a todos los Estados, independientemente de que se encuentren en superávit o déficit; ningún Estado dispone de todos los ingresos el primer día del ejercicio presupuestario de tal forma que en ocasiones tiene que recurrir a préstamos a corto plazo para algo tan vano como pagar a tiempo sueldos o pensiones a la espera de los ingresos que le permitirán devolver lo recibido.

Si uno no paga su deuda ni podrá financiar su déficit, ni tendrá esos préstamos a corto que te permiten llegar a tiempo en pagos perentorios como son los sueldos de los empleados públicos y las pensiones.

Decir que la reforma del artículo 135 de la Constitución ataca los servicios públicos y a las prestaciones sociales es radicalmente falso. Esta reforma lo que nos ha garantizado es que nos presten dinero para pagar a las personas que hacen posibles esos servicios públicos y poder atender el pago de la mayor prestación social que en España son las pensiones.

El PSOE no debería avergonzarse ni mirar para otro lado cuando desde más allá de la Socialdemocracia se le acusa por haber impulsado y apoyado esta reforma constitucional. Debería enorgullerse, debería defenderla y decir las cosas por su nombre.

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La verdad es que el Consejo de Política Fiscal ha sido preparado con esmero. El ministro Montoro amenazó con intervenir el Principado de Asturias para ver si conseguía que UPyD votase de una vez a Álvarez-Cascos, pero solamente ha conseguido un acuerdo de los de Rosa Díez con el PSOE.

Igualmente filtró sus reparos al Plan andaluz de reducción del déficit. Todo ello pretendía dejar de un lado de Andalucía y Cataluña tendrán que hacer un esfuerzo de un 44% del total autonómico cuando su población representa el 33% y su PIB un 32.3%.

Pero lo peor de todo es que el Gobierno de España no ha dado importancia a que tres comunidades autónomas hayan presentado nuevas cifras de déficit de 2011, algunas con desviaciones del 1% del PIB, todo lo cual ha llevado al ministro Montoro a tener que rectificar la cifra del déficit.

Es fácil volver a hacer de los andaluces el objetivo de chanzas, pero lo cierto es que esta comunidad tiene mejores datos fiscales que muchas de las que sucesivamente han sido puestas como ejemplo y, sobre todo, no ha maquillado sus cuentas en ningún momento.

El instrumento de la intervención ya lo debió haber tenido el Gobierno de Rodríguez Zapatero, porque se han comprobado que las comunidades del Partido Popular hicieron todo lo posible para engordar su déficit. No lo tuvo porque carecía de la mayoría parlamentaria y ni CiU, ni PNV, ni PP le iban a dar una posibilidad ‘contra sus intereses’ a medio plazo.

Montoro ha demostrado que emplea la intervención más como una amenaza política que como un cauce jurídico para hacer cumplir con objetivos. Es así porque tres comunidades con unas fuertes desviaciones, especialmente la de Madrid, se han ido de rositas, sin la menor corrección y sin conocer cómo es la sombra de la intervención.

El PP deja cabalgar a sus anchas a sus baronías regionales mientras carga de sacrificios a las regiones en las que no gobierna ni tiene opciones en el próximo medio milenio.

Así no se es creíble ni dentro de nuestras fronteras, ni fuera de ellas.

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Cuando el Gobierno presentó el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2012 se me ocurrió que sería interesante compararlo con los Presupuestos Generales para 1912, los de hace un siglo, y comprobar las variaciones que uno y otro presentan.

La primera sorpresa en mi investigación es que hace un siglo pasó exactamente lo mismo que en este año: al comenzar el ejercicio se prorrogaron los Presupuestos para 1911 que estuvieron vigentes todo el año. Parece que nosotros sí vamos a tener Presupuestos para 2012, pero por ahora seguimos con los de 2011.

De tal manera que la comparación la decidí hacer entre los prorrogados para 1912 y los proyectados para 2012.

A nadie le resulta extraño si digo que la comparación presenta algunas dificultades que hay que salvar. La primera es que la técnica presupuestaria ha variado en un siglo, basándose los Presupuestos de inicios del siglo XX en la clasificación orgánica y en una incipiente económica, no estando presente la clasificación por política y programas que no había sido aún inventada.

A todo ello hay una clasificación orgánica previa que hoy no empleamos (obligaciones del Estado y obligaciones de los Ministerios), así como secciones presupuestarias que han perdido el sentido por la casi efectiva desaparición del tráfico jurídico del derecho real conocido como ‘censo’.

El contenido de las secciones ha cambiado, como también ha cambiado la relación de departamentos ministeriales. Las políticas de buena parte de los actuales ministerios, los económicos y sociales, se encontraban repartidas entre los ministerios de Fomento y de Gobernación y normalmente eran política, especialmente las sociales, muy incipiente o más centradas en la beneficencia que en otros aspectos. Por ejemplo en Fomento irían los actuales ministerios de Economía, Agricultura y Fomento; y en Gobernación los de Sanidad, Administraciones Públicas, Empleo y Seguridad Social e Interior, así como Correos. También hay que indicar que hemos integrado órganos inexistentes en las secciones donde estaban los órganos que realizaban sus funciones, por ejemplo, el Consejo General del Poder Judicial en el Ministerio de Justicia.

Por todo ello lo primero que hemos tenido que hacer es trasladar nuestra clasificación presupuestaria a la de 1911. ¿Cómo lo hemos hecho? A partir de los resúmenes de los montos por políticas del Proyecto para 2012 hemos atribuido éstas a una sección presupuestaria de 1911. Con algunos ajustes hemos encajado una cosa en la otra.

Luego viene el asunto de la moneda, ya que los de 1911 están redactados en pesetas de aquellos tiempos y los de 2012 en nuestros euros. Hemos optados por hacer una comparación basada en el porcentaje que cada sección representa en el conjunto del Presupuesto respectivo y no hemos comparado monedas diferentes con un siglo de distancia.

Unas notas: si ahora tenemos un problema con la deuda pública, el de 1912 era de rechupete; el gasto militar y eclesiástico no son lo que eran. [Pincha para ampliar]

Fuentes: Presupuestos Generales para 1911 y Proyecto de PGE para 2012

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En el debate entre la Vicepresidenta y la portavoz del PSOE, la primera le echó en cara al Gobierno anterior que no enviase los Presupuestos a las Cortes y que ni siquiera enviase a las cámaras la prórroga de los Presupuestos.

Los Gobiernos, en virtud de la Ley General Presupuestaria, tienen que presentar antes del 1 de octubre el Proyecto. El Real Decreto de disolución de las Cortes Generales fue publicado en el BOE el 27 de septiembre de 2011, de modo que eran imposible presentar un Proyecto de Ley a unas cámaras de no tenían posibilidad constitucional de debatirlo y someterlo a aprobación. Unos Presupuestos Generales del Estado están fuera de las competencias de la Diputación Permanente de forma que disueltas las Cortes es imposible remitir un Proyecto de Ley de Presupuestos.

La Vicepresidenta también reprochó al anterior Gobierno que tampoco hubiera mandado la prórroga de los Presupuestos a las Cortes. Este reproche es el que más me ha sorprendido, toda vez que tanto la Constitución como la Ley General Presupuestaria prevén las prórroga automática de los Presupuestos, de modo, hasta donde llega mi conocimiento, no es necesaria la remisión de ninguna prórroga presupuestaria y menos que deba ser votada (no hay lugar a una situación como la que intermitentemente sucede en los Estados Unidos). Llama la atención aún más cuando en la exposición de motivos del primer Decreto-Ley del Gobierno de Mariano Rajoy se expone exactamente esto y no apunta ninguna necesidad ulterior, por más que en algunas ocasiones se hayan podido dictar normas complementarias no obligatorias para el periodo de prórroga (para el Estado solamente recuerdo un Decreto-Ley en 1982).

En resumen, las acusaciones de la Vicepresidenta están fuera de lugar, porque remitir un Proyecto de Ley de Presupuestos a unas Cortes disueltas o que vas a disolver el día después y sin que se agote el plazo legal es un soberana estupidez y hubiera sido severamente criticado por la Vicepresidente. La remisión de una prórroga debe pertenecer a otro ordenamiento en el que la prórroga no es automática;es aconsejable que la Vicepresidenta sepa qué país gobierna. Y, sobre todo, más que aconsejable es deseable que envíen de una vez el Proyecto de Presupuestos y dejen de hacer electoralismo con el principal instrumento de Gobierno.

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Reuters anunció el pasado jueves que el Gobierno de España ha inflado la cifra de déficit para que el próximo año su gestión parezca cuasimilagrosa. A lo largo de la jornada hubo varios desmentidos pero al final del día, El Economista informaba que Reuters se reafirmaba en la información y en sus fuentes en las instituciones comunitarias.

Lo que sí quedó claro el jueves es que en la Comisión Europea están algo más que enfadado por la tardanza de Mariano Rajoy en presentar los Presupuestos Generales del Estado para 2012.

Esta tardanza no se explica de ninguna forma.

Los estudios previos y los cálculos más o menos mecánicos que son necesarios para la preparación de los Presupuestos se van realizando durante todo el año, para que el 1 de octubre el Proyecto pueda estar listo. Habrá que hacer modificaciones en virtud de las decisiones políticas que se tomen, pero la mayor parte del trabajo presupuestario está realizado.

El Partido Popular tiene mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados y en el Senado. No tiene necesidad de llegar a ningún pacto y puede adoptar todas las decisiones precisas para acelerar la aprobación del Presupuesto. El Gobierno no sólo no ha impulsado el procedimiento parlamentario, sino ni siquiera ha presentado el Proyecto de Ley.

Nada impediría que el lunes el ministro de Hacienda se presentara en las Cortes con los Presupuestos, pero todos los españoles saben que no lo hacen para no emborronar sus buenas expectativas electorales en Andalucía y, ahora, la oportunidad de acabar con Álvarez-Cascos en Asturias. Eso lo sabemos nosotros, lo saben en las instituciones europeas y lo saben los mercados. Un electoralismo regional no le da confianza a nadie y confianza era el principal producto que vendía Rajoy.

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