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Posts Tagged ‘Derecho Local’

Después de publicar el otro día una entrada sobre los bloqueos constitucionales que existen en nuestro sistema político y de mantener que la única forma razonable era reformar la Constitución (una idea quimérica), dejé sin señalar alguna posible solución a los bloqueos.

No lo puse porque estoy cansado de leer propuestas, generalmente de reforma electoral, que se fundan en la reforma constitucional, algo que el devenir político prácticamente le ha prohibido al pueblo español. Siendo cierto esto, creo que en la posible solución que proponga, podemos profundizar en el análisis de nuestra estructura constitucional y política en torno al bloqueo.

1. Bloqueo y parálisis

Nuestra Constitución incentiva el bloqueo. ¿Por qué digo esto? Porque el coste político de bloquear una institución es prácticamente nulo, ya que hay mecanismos constitucionales y legales que lo eliminan.

En principio la consecuencia necesaria de bloquear una institución debería ser paralizarla, pero nuestra Constitución, leyes y la práctica político-administrativa han imposibilitado el bloqueo.

2. Los mecanismos de prórroga

Si no se consigue investir a un Presidente del Gobierno, entonces la ley prevé un gobierno en funciones que puede mantener viva a la Administración y los tribunales han sido generosos a la hora de interpretar las facultades del gobierno en funciones que están definidas por una Ley, no por la Constitución, y que muchos entienden que pudieran ser plenas.

La Administración, que es lo fundamental, sigue funcionando sin alteración y la vida de los ciudadanos no se ve afectada por tener un gobierno en funciones.

Además el gobierno en funciones, que no tiene capacidad de presentar proyectos de Ley, sí tiene el instrumento del Decreto-Ley que es tanto una forma de innovación legislativa como un modo de iniciativa legislativa (ya que el Congreso puede decidir el trámite como proyecto de Ley). Junto a ello está intacta la capacidad de iniciativa de los grupos parlamentarios.

Pero si las garantías antes señaladas para que no haya coste social ni político del bloqueo institucional parecen pocas, la propia Constitución prevé la disolución automática de las Cortes en caso de no haber investido un Presidente tras dos meses después de la primera votación y la convocatoria de elecciones. De hecho bloquear puede ser lo mejor que se haga cuando se tienen buenas perspectivas electorales en caso de disolución automática.

Nuestra Constitución establece la prórroga automática de los Presupuestos Generales del Estado para que, si los nuevos no están aprobados cuando termine la vigencia de los últimos, permanezcan en vigor y todas las administraciones y todos los servicios cuenten con los cauces oportunos de financiación. Teniendo en cuenta que siempre caben modificaciones parciales de los Presupuestos prorrogados, incluso a través de Decreto-Ley, los efectos nocivos de la no aprobación de los Presupuestos Generales del Estado en su momento se amortiguan. Si hubiera un cierre, los incentivos para no aprobar los Presupuestos disminuirían.

Constitucionalmente los magistrados del Tribunal Constitucional tienen un mandato de nueve años. En 2007 se modificó el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional añadiendo un apartado tercero que establecía la prórroga automática del mandato de los magistrados si no se había producido la renovación en tiempo y forma. Esto evita la parálisis del Tribunal o que tenga que operar con un número muy reducido de magistrados, pero no desincentiva el bloqueo.

El mandato de cinco años de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no concluye el día que llega a esos cinco años, pues si la cámara que lo ha elegido o las dos cámaras no ha realizado la elección cuando llegue esa fecha, el mandado queda prorrogado. A falta de previsión constitucional en 2013 se estableció así en el artículo 570 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El CGPJ sigue ejerciendo sus funciones sin ningún límite a pesar de tener un mandato prorrogado, como sucede en el Tribunal Constitucional. Bloquear la renovación del CGPJ no tiene ningún coste en término de parálisis.

3. La ambivalencia de la prórroga

Nuestra Constitución establece la prórroga presupuestaria y una amplia continuidad del gobierno para evitar el cierre de la Administración, esto es, para que una crisis política no desemboque en un cierre de la Administración y que servicios fundamentales como la Sanidad, la Educación o la Seguridad Ciudadana dejen de prestarse porque no hay dinero presupuestado con el que pagar a sanitarios, docentes, policías o guardias civiles, ni para mantener la infraestructura activa.

Entiendo que los constituyentes establecieron estas dos prórrogas precisamente para que un bloqueo político no tuviese duros efectos sobre la ciudadanía y que la presión para que no haya cierre, ejercida por un grupo sin mucha conciencia, le dé ventaja negociadora a unos sobre otros. El legislador orgánico ha seguido este principio, en una interpretación teleológica de la Constitución, al establecer las otras dos prórrogas indicadas.

Esta elección de los constituyentes, absolutamente defendible, tiene su coste que es la institucionalización de la prórroga al crear minorías de bloqueo no difíciles de alcanzar (sólo es necesario un actor) y que el bloqueante no suele tener ningún “castigo”.

4. ¿Hay alternativas?

Naturalmente hay alternativas. Existen caminos intermedios entre la prórroga sin fin y el cierre. Se pueden enunciar varios intermedios, aunque yo solamente voy a mencionar algunos sobre los que he pensado, aunque desgraciadamente requerirían reforma constitucional.

En la cuestión de la investidura cabe adoptar el sistema vasco-asturiano que es más difícil de bloquear y genera fuertes incentivos para el acuerdo. Este sistema admite una pluralidad de candidatos a la investidura y los diputados pueden votar a unos de los candidatos o en blanco, saliendo elegido el que en la primera ronda obtenga la mayoría absoluta y en la segunda ronda el más votado. Intentar bloquear la investidura no tiene sentido, porque se facilitaría la investidura del oponente.

Respecto a los Presupuestos Generales del Estado cabe recoger la solución a los bloqueos presupuestarios que se da en el ámbito municipal (art. 197 bis. 5 LOREG) que permite a los alcaldes unir los presupuestos a una moción de confianza, de forma que en el caso del rechazo de los presupuestos se habrá de presentar y prosperar una moción de censura al alcalde en el plazo de un mes. En el caso de no presentarse o no prosperar, los presupuestos se entenderán aprobados y el alcalde dotado de confianza por la corporación. La inspiración tomada del tercer párrafo del artículo 49 de la Constitución de la V República Francesa es evidente. Una solución de este tipo podría plantearse a nivel nacional.

Las mayorías exigidas para la renovación del Tribunal Constitucional son extremas y más para un organismo que se renueve una tercera parte cada tres años, de modo que un vuelco en su composición no es posible, salvo que se acumulen renovaciones pendientes. Exigir mayoría absoluta podría ser una buena idea, porque amplias los posibles acuerdos y desincentivas los bloqueos, al poderse el bloqueante quedar fuera del acuerdo. En el caso de una renovación por tres quintos el mandato podría ser superior a si se hace por otra mayoría, incentivando así los grandes acuerdos.

Algo similar podría hacerse en el CGPJ, aunque no estaría de más que la renovación no fuera total.

5. En definitiva no hay que elegir entre un sistema político basados en las prórrogas automáticas y la falta de incentivos a pactar o la amenaza del cierre de las instituciones o el fin de las disponibilidades presupuestarias. Los acuerdos pueden ser incentivados de múltiples formas como un mandato más prolongado y desincentivados por la posibilidad de una mayoría menor. Un sistema político maduro no debe permitirse convertir en normal lo que son mecanismos de seguridad, por si falla los procedimientos ordinarios.

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La afirmación que da título a esta entrada es uno de los grandes lemas políticos y victimistas del Partido Popular.

La elección del alcalde o alcaldesa se encuentra regulada en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (artículo 196). Como sabéis una Ley Orgánica solamente requiere la posesión o el logro de la mayoría absoluta para poder ser aprobada, circunstancia con la que el PP ha contado en dos ocasiones.

¿Por qué no ha reformado el Partido Popular el sistema de elección de los alcaldes?

Sencillamente porque no le conviene. Los populares buscan que haya un acuerdo entre todos los partidos, pero no una obligación legal, dado que esto podría perjudicarle en un plazo relativamente breve.

La razón es sencilla. Hasta ahora la derecha ha conseguido numerosos éxitos electorales por concurrir unida a las elecciones. La posibilidad de que la Alcaldía se le asigne directamente a la fuerza más votada, puede llevar a la división y fragmentación de la candidatura del Partido Popular y en especial en aquellos municipios donde la sociología del votante del conviene, ya que una candidatura de derecha fuerte gana con un solo voto más.

Veamos lo mismo con el siguiente ejemplo:

Municipio 1
Un municipio entre 20.000 y 50.000 habitantes que elige veintiún concejales. Aunque el PP no ha conseguido la mayoría absoluta y una hipotética unión de los cuatro partidos restantes es muy improbable, es cierto que la disparidad entre ellos y las posturas asumidas por cada partido hacen que el alcalde sea el popular.

Pero imaginemos que en este municipio es elegido alcalde automáticamente el cabeza de lista de la candidatura más votada. Un grupo de descontentos con entidad suficiente dentro del PP puede organizar una lista alternativa a la oficial y hacerse con la Alcaldía consiguiendo poco más de la mitad de los votos populares. Y teniendo en cuenta las singulares características de las Elecciones Municipales y el personalismo de los alcaldes populares, esto no es descartable. Veamos esto reflejado en la siguiente tabla:

Municipio 2
Una modificación tan sustancial del modo de elegir alcalde (el que gana aunque sea por un voto se lleva la Alcaldía) también produciría un cambio radical en el sistema de partidos a nivel local, donde lo importante sería solamente es la minoría más votada, por pequeña que fuese, e intentar capear el temporal en los plenos con una oposición absolutamente mayoritaria en contra.

El Partido Popular no ha reformado la Ley, ni siquiera lo ha propuesto seriamente, porque destrozaría la cohesión municipal de su formación, y también del resto. Es puro conveniencia política, sin principios, porque si la circunstancia fuera diferente tendrían otro criterio que les beneficiase.

Si realmente les interesase que el alcalde fuera el más votado, hace tiempo hubieran apoyado la elección directa del primer edil a dos vueltas o con voto preferencial.

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La legislación en materia de Haciendas Locales divide el gasto de las corporaciones locales en seis áreas de gasto, que luego se subdividen en las “políticas de gasto” para luego comenzar las divisiones en programas. Vamos a repasar el gastos que cada diputación dedica a cada una de estas áreas, marcando la media del área en la suma del presupuestos de las treinta y ocho diputaciones de Derecho Común.

01 Deuda Pública
02 Servicios Públicos Básicos
03 Protección social

04 Bienes carácter preferente
05 Actuaciones económicas
06 Actuaciones generales

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Presupuesto Barcelona

Presupuesto Valencia

Presupuesto Sevilla

Presupuesto Alicante

Presupuesto Málaga

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Tweet Division Provincial
El diseño del mapa provincial tuvo sus dosis de convencionalismo. Las provincias eran unidades territoriales nuevas, inspiradas en el modelo francés, de modo que dividir los antiguos reinos en las nuevas divisiones iba a tener algún grado de arbitrariedad.

¿Permanece desde mitad del siglo XIX esa arbitrariedad? Las identidades creadas casi de la nada, como fueron las provincias españoles, han dejado de ser percibidas como artificiales o arbitrarias. Los residentes de una provincia llevan más de ciento cincuenta años poniendo el nombre de su provincia junto a su localidad, marchando a la capital provincia a los asuntos administrativos de cierto fuste, como hasta hace poco a cualquier cosa que no fuera lo más básico en lo público y en privado.

Las identidades son creadas, pero dejan el momento en el que empiezan a sentirse como “naturales”. A muchos les parece que actual división autonómica es “artificial” en muchos aspectos, pero los millones de los nacidos en las autonomías las viven como el espacio normal.

Ninguna división política o territorial es natural. Todas son arbitrarias, convencionales, pero la costumbre, el olvido y la identidad aprendida hace que nos olvidemos de su primigenia condición. La conciencia provincial es fuerte, incluso mucho más que las diputaciones.

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Por primera vez en muchos años se pone en un programa de Gobierno, que todavía está en el aire, la eliminación de las diputaciones provinciales. En este blog llevamos muchos tiempo pronunciándonos a favor, pero hay que matizar alguna cosa.

El documento de acuerdo entre Ciudadanos y el PSOE prevé la creación de un órgano, el Consejo Provincial de Alcaldes, para atender a la prestación de servicios y a las inversiones en las poblaciones de menos de 2.000 habitantes.

Las diputaciones tienen un sesgo que beneficia a las zonas menos pobladas de las provincias, porque precisamente  esos territorios son su principal objetivo. La eliminación de las diputaciones sin más y la entrega de sus servicios, inversiones y presupuestos a las comunidades autónomas, implicaría que buena parte de la España rural desaparecería de la agenda política de los gobiernos autonómicos. Debe establecerse un mecanismo para compensar la debilidad poblacional-electoral , una vez eliminado el aparato administrativo que se dedicaba a estas partes del país, demasiado costoso.

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Poco después del 20-D, entre las cientos de cosas, ideas y propuestas que se hacen cada día y que parecen a los tres minutos, los de Podemos propusieron un gobierno de izquierda liderado por un “Presidente independiente”. Algo parecido se había estado oyendo en los espacios que se muestran claramente partidarios de la GroKo.

Cristina Cifuentes se confundió al decir que no esto no era posible, ya que ni la Constitución, ni el Reglamento del Congreso exigen que el Presidente del Gobierno sea diputado o senador. De hecho, no serlo no le impide hablar en las Cortes porque el turno de palabra al Presidente le corresponde en su calidad de Jefe del Gobierno y no de miembro del legislativo.

Esto que está así dispuesto y no por descuido (y que alimentó las aspiraciones del general Armada de ser elegido por el Congreso) para el Presidente del Gobierno de España, no se replica como tantas cosas en el ámbito autonómico. Todos los Estatutos de Autonomía de las comunidades exigen que el Presidente autonómico sea elegido entre los miembros del legislativo, lo cual cierra la posibilidad de que haya un Presidente autonómico independiente (que no pertenezca a ningún partido).

En las ciudades con Estatuto, siguiendo más la legislación municipal, la exigencia es la de ser miembro de la Asamblea y en el caso de Melilla se exige que el Presidente haya encabezado alguna de las candidaturas que concurriera a las Elecciones.

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No me gusta que los alcaldes sean elegidos independientemente de los concejales, porque los consistorios municipales, sin ser parlamentos, sí tienen que sostener las decisiones de los alcaldes y sus equipos de gobierno y un alcalde con una mayoría absoluta de concejales en contra tendrá severas dificultades.

Como este tema es cíclico los populares lo han vuelto a sacar. Proponen nuevamente la elección directa de los alcaldes como una medida de regeneración democrático (lo de Bárcenas y la financiación ilegal no tiene nada que ver con eso y por ello no hablan del tema).

Los populares defienden este sistema, que también tuvo sus defensores entre los socialistas, no porque lo consideren mejor ni más democrático, sino porque es más conveniente para sus intereses electorales. En muchos municipios siempre gana y ganará el PP porque representa políticamente todo lo que va desde el centro a la extrema derecha y los votos de izquierda, aunque sean más, se dividen entre dos, tres o cuatro formaciones, sin contar las que no logra superar la barrera.

Solamente dificilísimos acuerdos entre estas numerosas formaciones y siempre que el PP no haya optimizado sus votos hasta la mayoría absoluta, permite que los populares no gobiernen. La idea que los populares retoman es que el alcalde se elijan directamente, de manera que al ser elegido el más votado, entonces el candidato del PP ganará siempre y no tendrá que enfrentarse a un acuerdo entre los concejales de la mayoría fragmentada.

Llegados a este punto la idea no me parece del todo mal, pero con una condición: que la elección sea a dos vueltas. Esto es que se presente todo el que quiera y si ningún candidato obtiene la mayoría absoluta de votos, los dos más votados pasan a una segunda vuelta donde es elegido el más votado. Así podríamos evitar que alguien al que no han votado la mayoría de los ciudadanos, sea su alcalde.

Ya me imagino la objeción: hacer dos rondas electorales es caro. Cierto. Pero se puede conseguir un efecto similar en una segunda ronda a través de la segunda vuelta instantánea o alguna forma de voto transferible, que sería algo así: yo ordeno a todos los candidatos según mi orden de preferencia; recontamos los primeros votos, luego los segundos y así sucesivamente hasta que algún candidato llega a la mayoría absoluta.

¿A qué ya no mola estimados estrategas del Partido Popular?

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Cuando la Vicepresidenta del Gobierno presentó el Real Decreto-Ley que daba sede normativa la subida impositiva insistía una y otra vez en que ésa era una subida progresiva. Dicho en bruto ‘progresivo’ es que el que más tiene paga más, pero no más porque paga más al tener más y aplicársele el mismo tipo impositivo, sino porque se le aplica un tipo impositivo mayor.

Pero más allá de las posibles interpretaciones sobre el concepto de ‘progresividad’ lo que nadie puede afirmar que sea progresivo es que quien tenga más pague menos en circunstancias similares.

El IBI se calcula sobre el valor catastral, que normalmente es inferior al valor de mercado, y que se calcula según una serie amplia de variables. Lo que alguien paga de IBI depende, fundamentalmente, del tipo impositivo que su Ayuntamiento establezca dentro de la horquilla de la Ley estatal sobre el valor catastral (con algunos matices).

La subida del IBI para las viviendas en los municipios con valores catastrales revisados desde 2002 mediante ponencia, la mayoría, se hará sobre los bienes que pertenezca a la mitad de más valor. Simulemos la siguiente situación, que puede darse en múltiples casos.

Digamos que soy propietario de un bien residencial con un valor catastral de 120.000€ en un municipio donde el valor que determina la mitad del municipio es 100.000€; en ese municipio tendré que soportar la subida del IBI. En cambio si soy propietario de una vivienda con valor catastral de 140.000 en un municipio cuyo valor determinante de la mitad es 150.000€ no me será de aplicación la subida.

El problema es obvio: quien tiene algo de menos valor puede que termine viéndose afectado por la subida mientras que el que tiene un valor mayor puede encontrarse con el mismo ‘sello de la contribución’.

La subida del IBI la pagarán los propietarios en municipios con menor nivel de valor frente a propietarios en municipios con mayor mitad. El PP ha querido ser ‘progresivo’ a nivel municipal, sin darse cuenta que la exigencia constitucional de progresividad para el sistema tributario no tiene como medida la distribución del valor o de la renta en un municipio, sino en todo el país.

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El nombramiento de Alberto Ruiz-Gallardón Jiménez como ministro de Justicia deja vacante la Alcaldía de Madrid, que será ocupada por la Primera Teniente de Alcalde, Ana Botella, y no por el cargo ese que Gallardón inventó de Vicealcalde.

En Twitter ha surgido el hashtag #queremoseleccionesenmadrid diciendo que, dado lo decisivo que fue Gallardón para que el PP ganara en mayo en la capital, su marcha del Ayuntamiento requiere que los ciudadanos se puedan volver a pronunciar.

Técnicamente los ciudadanos elegidos concejales, aunque la estructura de nuestra política hace pensar, y muchos piensan, que se elijan alcaldes o presidentes. No se puede decir que los populares, técnicamente, engañaron al presentar a Ruiz-Gallardón Jiménez como candidato, sabiendo que iba a ser ministro. En cierto sentido hay un engaño moral, porque Ruiz-Gallardón Jiménez fue el único protagonista en la campaña del PP al Ayuntamiento y se comprometió a terminar el mandato, pero como moral que es no tiene trascendencia jurídica.

No se piensen que la mayoría de los ciudadanos saben qué votan exactamente: el personalismo y el presidencialismo han calado tanto que la mayoría de los españoles desconocen que nuestro sistema es representativo-parlamentario y, a veces, piensan que el funcionamiento de este sistema es un fraude y no lo que dicen las normas.

La petición de nuevas Elecciones Municipales en Madrid es absurda porque nada cambiaría. Ruiz-Gallardón Jiménez no le ganó las elecciones a un alcalde socialista, sino que fue el pacífico sucesor de un alcalde popular en horas bajas pero con una sólida mayoría absoluta.

Es cierto que los resultados del PP en el municipio capitalino mejoraron lo suficiente para mantener la mayoría absoluta, pero no es menos cierto que los resultados del PP en el municipio de Madrid, en todas las elecciones, no dejan lugar a dudas de que volverían a ganar las elecciones, por lo que la petición de nuevas elecciones municipales es aún más incomprensible.

Lo curioso de todo esto es que, hace unos pocos años, fue el PP quien sí pidió elecciones anticipadas por el nombramiento de un candidato electo a un cargo para otro. Cuando Manuel Chaves fue nombrado Vicepresidente, dimitió como Presidente de la Junta, y entonces Javier Arenas comenzó una campaña diciendo que los andaluces no habían vota a Griñán (ya Vicepresidente de la Junta) y que la democracia estaba en juego si no celebraban elecciones autonómicas.

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