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Posts Tagged ‘Derecho Laboral’

El pasado jueves, 12 de noviembre, el Presidente de la Junta de Castilla y León dictó un decreto en el que se establecen prestaciones obligatorias de carácter personal para el personal del Servicio de Salud de Castilla y León. Lo hace al amparo del artículo 11 del Real Decreto 926/2020, prorrogado por el Real Decreto 956/2020 (ahora restringido al ámbito sanitario o sociosanitario y en primavera no tenía límites la exigibilidad de acuerdo con el artículo 8.2 del Real Decreto 463/2020).

Efectivamente esta decisión trastoca lo dispuesto en otra normativa, alguna de rango legal, pero no por ello no tiene validez. El estado de alarma crea una situación excepcional en la que hay un Derecho de Excepción, que “puede excepcionar, modificar o condicionar durante ese periodo la aplicabilidad de determinadas normas, entre las que pueden resultar afectadas leyes, normas o disposiciones con rango de ley, cuya aplicación puede suspender o desplazar” (STC 82/2016), todo ello dentro de los límites constitucionales y de la Ley orgánica reguladora de los estados especiales.

No estamos acostumbrados a las prestaciones obligatorias de carácter personal porque el gran ejemplo, el servicio militar obligatorio, hace mucho que dejó de ser obligatorio. Ser miembro de una mesa electoral también es una prestación de este tipo, a la que uno no se puede negar salvo causa justificada y que no se encuentra remunerada, sino solamente indemnizados los gastos ocasionados por el servicio.

Pero sirve como ejemplo para ilustrar en qué consiste: tienes que hacer algo no en virtud de tus obligaciones delimitadas por las normas de aplicación, sino en virtud del Derecho de Excepción como en este caso o de acuerdo con la LOREG en el caso de las Elecciones. e hecho es una actividad tan obligatoria que el decreto del presidente de Castilla y León no asegura la remuneración, aunque sí prevé indemnizaciones.

Está plenamente habilitado a hacer lo que plasma en el Decreto 2/2020, porque en virtud del artículo 2.2. y 2.3 del Real Decreto 296/2020 es la autoridad delegada, puede imponer prestaciones obligatorias de carácter personal (artículo 11) y los servicios sanitarios y sociosanitarios están dentro de su gestión ordinaria (artículo 12).

De lo que sí me caben dudas es que si el responsable de la Consejería competente puede dictar “medidas específicas, pormenorizando su grado y forma de afectación” (artículo 4.2) toda vez que en el Decreto 2/2020 no establece ni siquiera de formar general estas medidas concretándola un mínimo que ulteriormente pueda ser pormenorizado.

El presidente de la Junta de Castilla y León no puede delegar una facultad que a su vez le ha sido delegada por el Gobierno de España. No puede dictar una norma habilitante en blanco para que la consejera, que no ha sido delegada, dicte las órdenes. Es una norma tan en blanco que, una vez en vigor, nadie sabe en qué consiste la prestación obligatoria de carácter personal.

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Después de muchos pronunciamientos de los juzgados de lo Social y de salas del mismo orden jurisdiccional de los Tribunales Superiores de Justicia (con una minoría de resoluciones en otro sentido), el Tribunal Supremo ha dictado sentencia indicando que la relación del ‘rider’ del caso es la propia de un trabajador por cuenta ajena y no la de trabajador autónomo. Dado que todos los ‘riders’ tienen las mismas relaciones laborales, los fundamentos jurídicos de esta sentencia son extensibles a todos los demás. El hecho de que haya sido dictada por el pleno de la Sala IV refuerza la “auctoritas” del pronunciamiento.

Por la noche, en el coche, escuchaba en la radio a uno de los fundadores de Glovo. Si hubiera comenzado a escuchar la entrevista sin saber a quién entrevistaba, hubiera pensado que se trataba del responsable de Cáritas o de alguna otra organización filantrópica. Este individuo hablaba de la colaboración con las pequeñas empresas locales y siempre rehuía que se trata de un negocio, lo cual es estupendo, porque las empresas están para ganar dinero.

Ellos “colaboran” con las empresas a las que sus ‘riders’ sirven, no tienen contrato con ellas de los que su empresa ingresa dinero. La cuestión no es si Glovo gana dinero, sino si lo hace dentro de la Ley. El Tribunal Supremo ha dicho que no, que la relación como trabajador autónomo no era la pertinente y que debe cambiarse para estar conforme a la Ley.

Otra de sus joyas ha sido decir que España es el único país donde opera donde se ha “juridificado” el asunto de los ‘riders’. Y lo decía como un reproche. En más de una ocasión ser los primeros en regular algo es bueno y en este caso especialmente. Si no hay ley, impera la ley de la selva donde la empresa siempre gana. Intentar conseguir por la vía de la infracción de las leyes un marco normativo “ad hoc”, debería ser una causa para que las autoridades ni recibieran a quiénes adoptan esta estrategia.

Como dice @Huyelobo ahora hay que ver si este modelo, en igual con otras empresas y sectores, es tan rentable como decían que era o su rentabilidad se fundaba exclusivamente en pagar un salario de mierda a los ‘riders’.

Y dos cuestiones para finalizar:

1) Los derechos fundamentales, como a tener condiciones laborales dignas, son irrenunciables, porque siempre habrá personas que piensan que perjudicando a todos ganan, cuando hacen perder a todos, empezando por ellos mismos.

2) El Estado tiene que arbitrar medidas para que una evidente situación de fraude de Ley no tarde años en dilucidarse. Defender el Estado de Derecho es también defender el Estado de Derecho Laboral.

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smi-plastico-vidrioSe echaban de menos esos tiempos en los que los sábados podíamos desayunar leyéndonos los Reales Decretos-Leyes aprobados por el Consejo de Ministros el día anterior. Gracias al apoyo del PSOE al gobierno del PP, en lo que es una Gran Coalición, vergonzosa para los socialistas.

El PSOE va a aprobar con el PP el techo de gasto, antesala de los Presupuestos Generales del Estado que contarán con su apoyo con voto favorable o abstención, lo que haga falta. A cambio de dejar de ser la oposición y pasar a ser un partido de gobierno fuera del Gobierno, los populares han accedido a una subida del 8% en el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para que la Gestora del PSOE tenga algo de vender como si pusiesen un precio a su sumisión.

Dice el texto normativo del BOE de ayer:

smi-para-2017

El SMI dejó de ser el índice de referencia para multitud de cuestiones laborales, sociales o administrativas con el Real Decreto-Ley 3/2004, aprobado por un recién elegido Rodríguez Zapatero. Efectivamente aquella norma subió el SMI, pero también descafeinó la subida.

El artículo 1 estableció la desvinculación del salario mínimo interprofesional de otros efectos distintos de los laborales quedando como referencia para diez cuestiones laborales entre las que destacan la inembargabilidad del salario o el límite de responsabilidad del Fondo de Garantía Social, así como las bases de cotización para la Seguridad Social o el cálculo del desempleo. Nació el ya famoso IPREM en el artículo 2.

Lo interesante de toda subida del SMI, que era la repercusión en los salarios superiores al SMI, la inmensa mayoría, fue cortocircuitada porque los Convenios Colectivos que lo empleasen podían seguir con el aprobado con el Gobierno de Aznar para ese año (Disposición Transitoria 2ª). Solamente los que cobraban el SMI vieron subir sus retribuciones.

El modelo que se ha seguido en 2016 es el mismo. Se sube, pero se cortocircuita nuevamente su efecto en Convenios Colectivos, acuerdos y contratos privados y normas no estatales de acuerdo con la voluntad que determine el Gobierno (voluntad que todos sabemos cuál es).

La consecuencia del gran logro de la Gestora del PSOE no es otra cosa que la subida del salario a los que cobran la cuantía exacta del SMI. Si como la prensa publicó hace dos años, recogiendo informes de la OCDE y el FMI, un tercio de los trabajadores españoles ya estaban por debajo del SMI: ¿alguien piensa que si ya están en la ilegalidad con la subida simplemente no se van a quedar aún más lejos? El tema es de Estado de Derecho y eso nadie lo quiere tocar.

La Gestora del PSOE no ha conseguido casi nada para lo mucho, muchísimo que han entregado.

Hay que señalar que la Proposición de Ley, tomada en consideración positivamente por el Congreso, y presentada por el Grupo Parlamentario de Podemos sí reconecta la subida con las normas no estatales, Convenios Colectivos y acuerdos y contratos privados, aunque simultáneamente deja sin repercutir la subida en los sueldos que, en cómputo anual, fuera superior al nuevo SMI. Bastante mejor que lo del PSOE, pero aún insuficiente.

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Págame tu despido

El gabinete de estudios del BBVA ha propuesto la implantación parcial del sistema austriaco de indemnización por despido, también vigente desde hace décadas en Brasil.

Según esta propuesta los trabajadores tendrán una nueva deducción en su nómina destinada a financiar parte de su indemnización por despido. Dado que la indemnización por despido solamente se da por razones ajenas al trabajador, no en los despidos disciplinarios, el trabajador termina pagando las decisiones del empresario.

Naturalmente esas deducciones se ingresarán en un fondo, público proponen, que deberá mantener al menos el valor de ese dinero, por lo que deberá invertir ese dinero. Hay dos opciones: o lo invierte en deuda pública española como se hace con la “hucha de las pensiones”, o bien se contrata con ese dinero fondos de inversiones de la banca de forma que el BBVA y el resto de la banca ganan con las operaciones de este fondo con dinero detraido obligatoriamente a los trabajadores.

Se empieza repartiendo los costes de los despidos que no son responsabilidad del trabajador y año a año, presión a presión, informe a informe, el empresariado va luchando para que la parte que los trabajadores financian de sus decisiones sea mayor. Progresivamente las indemnizaciones pierden el sentido disuasivo y terminan desapareciendo porque se han convertido en una deducción al trabajador que solamente beneficia al empresario y a los administradores del fondo que gestione el dinero acumulado.

Todo ello por no hablar, yendo directamente al fraude, de los despidos para cobrar solamente la parte “obrera” de la indemnización y que sustituye a las retribuciones salariales durante un periodo.

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El otro día en El Blog Salmón hacían una buena exposición de la jurisprudencia constitucional que dejaba fuera de juego la peregrina idea de Esperanza Aguirre de que la Huelga General del 29-M. Después el autor, cerrada la exposición jurídica, se pone a lanzar insidias contra los convocantes de la Huelga General diciendo, en la misma línea que la ministra Báñez, que la Huelga era un pulso a la soberanía parlamentaria y que lo que se intentaba con ésta era apostar por vía poco democráticas para cambiar la agenda del Gobierno.

El autor, bajo el pseudónimo de IC, no cae en la cuenta de que tanto la huelga como la manifestación, otra forma de intentar alterar la agenda de un gobierno, se encuentran dentro del catálogo de derechos subjetivos que forman parte de lo que es una democracia en Occidente (lo digo porque quizá el modelo de IC sea la democracia rusa de V. Putin donde ganar como sea unas elecciones da el poder absoluto e ilimitado).

Presionar la agenda del gobierno con acciones públicas es legítimo y bueno, indican una sociedad viva e independiente de los dictados de un gobierno. Cientos de agentes políticos tienen oficinas, gastan sustanciosas cantidades de dinero y de recursos humanos para presionar cada línea de su interés en la agenda de todo gobierno y todavía no se le ha leído a IC quejarse amargamente de esa amenaza a la soberanía parlamentaria.

Como IC sabe, pero no la ministra Báñez, la soberanía es popular y no parlamentaria, aunque tanto él como yo hemos adoptado de denominación británica por no complicarle demasiado la vida a la ministra Báñez porque salir de golpe del desconocimiento es complicado y traumático.

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Los socialistas han anunciado que van a interponer un recurso de inconstitucionalidad a la reforma laboral de Rajoy, salvo que se introduzcan modificaciones sensibles. Por el propio tenor de las declaraciones de la portavoz del PSOE se desprende que los socialistas están esperando el trámite del Real Decreto-Ley como Ley para presentar el recurso a esta última norma.

El Real Decreto-Ley quiere establecer un sistema estable con un instrumento normativo que solamente admite, según la jurisprudencia constitucional, un sistema coyuntural, sin entrar a las cuestiones sustantivas.

No es la primera vez que esto ocurre y que el Real Decreto-Ley del caso fue declarado inconstitucional, perviviendo la norma a pesar de todo, porque, posteriormente a la convalidación, había sido tramitada como Ley ordinaria.

La reforma laboral definitiva será la que salga de la Ley que más que previsiblemente se tramite tras la convalidación y no deteniéndose en cuestiones formales sobre el alcance del Decreto-Ley que a efectos prácticos no sirven para casi nada más allá de la satisfacción de unos cuantos académicos.

Y a falta de leer el recurso que interpongan los diputados socialistas y, naturalmente pasados unos años, la sentencia del Tribunal Constitucional que se dicte, tengo la convicción de que determinados puntos de la reforma son inconstitucionales tanto por el vaciamiento de la negociación colectiva, como por la descompensación de la relación contractual que convierte la contratación laboral en algo camino de ser más perjudicial para la parte más débil que la mera contratación civil.

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Los que buscan el desmontaje del modesto estado del bienestar, que hemos conseguido edificar, consideran que los mecanismos que intentan compensar los desequilibrios de las relaciones laborales se han encontrado con el límite último que nuestro sistema establece a los cambios unilaterales: la Constitución.

Ese conjunto de elementos, desde grupos de discusión hasta los más rastreros opinadores cavernarios, parecen que han descubierto que en nuestra Constitución se recogen ciertos elementos del sistema vigente que restringen sus aspiraciones.

La Constitución, como sabemos o como deberíamos saber, fue fruto de una serie de complejísimos acuerdos entre fuerzas políticas con fuertes diferencias ideológicas, de modo que para que la derecha pudiera mantener elementos fundamentales tales como la Corona y unas bases constitucionales del sistema electoral que le favorece históricamente, tuvieron que ceder en otros aspectos.

Buena parte de las decisiones o de los logros negociadores del PSOE y del PCE fue la constitucionalización de determinados derechos sociales y la inclusión de algunos principios y cláusulas dentro del texto con la finalidad de blindar unas garantías mínimas y hacerlas independientes de circunstancias y de mayorías políticas como las actuales.

Parte del consenso constitucional está en las disposiciones sociales y a cambio de ellas las formaciones de izquierda hicieron concesiones tales como la renuncia a que la estructura salarial o las remuneraciones del sector privado pudieran ser establecidas por el Gobierno, con la excepción del SMI. Y como fue fruto de un acuerdo complejo e integrador la Constitución resultante es muy rígida, por más que ahora moleste a quienes consideran que es su momento para convertir en un conjunto definitivamente la naturaleza ‘social’ de España.

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He leído con toda la atención posible el discurso de investidura del nuevo Presidente del Gobierno. Entre las muchas cosas que insinúa y las levísimas concreciones me ha llevado la atención las pretensiones programáticas de atacar la Justicia como mecanismo de igualdad y de legalidad.

La idea básica es: vamos a agilizar la Justicia favoreciendo, u obligando, a acudir al arbitraje o a la mediación para resolver los conflictos en vez de hacerlo en los tribunales de Justicia.

Esto era más que esperable en los temas laborales, que precisamente es el orden jurisdiccional que necesita menos agilización, pues la mayoría de las causas reciben sentencia entre el primer y el tercer desde la interposición de la demanda.

Si el orden social no necesita de agilización, al menos en la primera instancia que es donde terminan la mayoría de las causas, la intención de resolver los conflictos por instituciones extrajudiciales solamente puede obedecer a un intento de romper la relativa paridad de armas que el proceso social proporciona a la parte más débil, que es el trabajador.

En el momento que las leyes laborales lo permitan, veremos cómo antes de firmar un contrato de trabajo hay que dar la conformidad con el sometimiento a una institución de arbitraje, cercana a alguna organización empresarial. Los laudos arbitrajes estarán prácticamente blindados a cualquier recurso.

Aunque me horripile esta huida de la Justicia, auspiciada por el PP, la esperaba. La que no esperaba era la expuesta más adelante como solución a los problemas del orden jurisdiccional civil. Aunque sí apunta continuar el proyecto de la Nueva Oficina Judicial, recurre a la desjudicialización de asuntos como vía para tener una justicia más rápida.

Una Justicia independiente e imparcial, especialmente en los niveles más habituales de la sociedad, es la garantía para una resolución conforme a Derecho de los conflictos. Es cierto que la Justicia también tiene que ser rápida, pero una ‘justicia’ dependiente y parcial por muy rápida que sea no tiene valor.

En el momento de firmar cualquier contrato en los que no haya paridad entre los contratantes, la inmensa mayoría de los contratos, la parte fuerte podrá imponer, con el apoyo de la Ley, a la débil la resolución en una institución de arbitraje que sea comprensiva con sus intereses.

Rajoy que, en la parte ‘bonita’, habló de la independencia y de la imparcialidad judicial, cuando entra en materia y en intereses concretos ve a la Justicia y a los jueces como amigos de la igualdad ante la Ley y prefiere instituciones que suplanten a los jueces y que los consagren.

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Roger ha vuelto con uno de sus temas claves en MG: la liberalización de los horarios comerciales. Tiene razón y sus argumentos son, en principio, poco atacables, pero a mí hay algo que hace que me resista, a pesar de mi deseo de que un domingo todo esté abierto.

Ese algo es que creo que no se va a pagar a buena parte de los trabajadores. En la mayoría de los establecimientos comerciales, especialmente los medianos y pequeños, se va a decir a los trabajadores que se reparten el fin de semana por el mismo salario o se van al paro, que hay unos cuantos millones de parados deseando hacer ese trabajo por menos dinero que ellos. Y es que en buena parte de Celtiberia eso de ‘plegar’ a la hora en la que te dejan de pagar está muy mal visto.

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