Feeds:
Entradas
Comentarios

Posts Tagged ‘Derecho Internacional’

Dentro del argumentario general según el cual a los territorios españoles con movimientos secesionistas no les conviene la independencia es que los nuevos estados no podrían entrar en la Unión Europea ya que otros estados vetarían su ingreso para no alentar el secesionismo dentro de su propio territorio.

Sabemos que en Escocia es probable que se celebre un referéndum sobre su independencia del Reino Unido, asunto que merece alguna entrada específica. Ya se ha comenzado a utilizar este argumento sosteniendo que España vetará el ingreso de Escocia en la Unión Europea si se independiza del Reino Unido (cosa que ahora no es tan deseable como antes, dicho sea de paso).

Es un argumento algo simple, ya que si bien un país puede intentar para el ingreso de una antigua región convertida en estado independiente, entonces tiene que justificar que los socios comunitarios deben perder las ventajas que sus empresas tienen en aquella región independizada, ventajas propias de que esa región siga perteneciendo a la Unión Europea.

En la noticia que enlazo se señala la existencia de un contraargumento jurídico, discutible pero defendible también, de que se está dando una sucesión de estados en cuanto a la pertenencia a la Unión Europea, de forma que Escocia pertenecería a la Unión continuando con la pertenencia que ya adquirió el Reino Unido. Argumento iusinternacionalista que sin duda conocen hace tiempos en tierras hispánicas.

Read Full Post »

El pasado 15 de febrero se publicó en el BOE la denuncia del Tratado de Bruselas de 1948, y otros tratados conexos, por el que se instituía la Unión Europea Occidental (UEO) y por tanto se retira de ella. No es una actuación unilateral del gobierno español sino la consecuencia jurídica del acuerdo político de disolver esta organización al entrar en vigor el Tratado de Lisboa y asumir la UE las competencias en esta materia que tenía la UEO (que nada tenía que ver con la UE).

Esta organización internacional nacida como mecanismo europeo de defensa y seguridad en plena Guerra Fría nunca ha tenido una existencia importante y comparable con su equivalente trasatlántica, la OTAN.

Es la segunda organización internacional que fenece tras la nueva configuración de la UE: la CECA desapareció al transcurrir el plazo de vigencia de su Tratado fundacional y no haber una renovación.

A pesar de esta aparente simplificación del sistema europeo y comunitario de organizaciones internacionales queda mucho camino pendiente para conseguir una estructura organizativa más sensata, más eficaz y todo bajo la cobertura jurídica e institucional común de la UE.

Read Full Post »

Un grupo de abogados, cercanos o miembros de una secta alemana, ha presentado una denuncia contra el Papa Benedicto XVI ante la Corte Penal Internacional (CPI). Parece que estos letrados no se han leído ni las normas procesales (principio de subsidiariedad en un mecanismo bastante complejo), ni la definición de los tipos penales, ni el hecho de que el Estado de la Ciudad del Vaticano no es parte en el tratado que instituye la CPI.

Al menos con la información facilitada a los medios de comunicación esta denuncia es una payasada jurídica en búsqueda de notoriedad informativa para ellos y su secta.

Read Full Post »

Todo lo que viene ocurriendo con la Ley Sinde y la evidente incapacidad del actual ordenamiento español en materia de propiedad intelectual para proteger este derecho que dice proteger, me ha hecho recordar un caso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que, en otro aspecto de la propiedad, fue el primer caso de cientos que declaró violación del Protocolo 1 de la Convención Europea de Derechos Humanos.

El caso se llama Inmobiliaria Saffi contra Italia y la sentencia se dictó el 28 de julio de 1999. Inmobiliaria Saffi era una empresa que, entre otras actividades en el sector, alquilaba vivienda. De acuerdo con la legislación italiana obtuvo un mandamiento judicial, tras un procedimiento, de desahucio. Hasta ahí todo iba bien, pero la legislación italiana tenía la peculiaridad de prohibir expresamente la utilización de fuerzas del orden para hacer efectivo el desahucio.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que había una violación del derecho a la propiedad (artículo 2 del Protocolo 1 a la CEDH). Era cierto que Italia le reconocía el derecho de propiedad, le concedía un recurso que terminó en una sentencia tras un procedimiento con las debidas garantías, pero todo ello era puramente imaginario ya que, al estar prohibida la intervención de las fuerzas del orden, los inquilinos podían impedir, con su mera negativa a abandonar la vivienda, la efectividad del derecho de propiedad.

La legislación española en materia de protección de la propiedad intelectual reconoce derechos, da medios jurisdiccionales, pero no garantiza en el sentido del artículo 1 de la CEDH la efectividad de este derecho. Si aplicamos la doctrina de este caso, que se reiteró hasta la saciedad ya que era un problema estructural en Italia, al caso de las descargas de archivos de series, películas y música, resulta bastante claro que España no está proporcionando a los titulares del derecho humano a la propiedad medios adecuados y eficaces para proteger un derecho que se encuentra en nuestra Constitución (si bien sin posibilidad de amparo) y en el principal instrumento internacional de derechos humanos en el que España es parte.

Read Full Post »

El PSOE ha iniciado el camino hacia las elecciones municipales y autonómicas con una campaña para animar a los ciudadanos extranjeros, que en virtud de tratados o del principio de reciprocidad, tienen reconocido el derecho al voto en los próximos comicios locales.

Con un lema de sabor estadounidense, ‘Inscríbete para votar’, intenta informa a los nuevos votantes para que realicen los trámites pertinentes para poder ser incluidos y en el censo electoral y poder ejercer efectivamente el voto.

El voto inmigrante plantea determinadas incógnitas para las próximas elecciones municipales:

1) En España hay más de cinco millones de extranjeros residentes. No todos podrán votar ya que solamente es aplicable a los ciudadanos de Ecuador, Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Nueva Zelanda y Noruega y siempre que se encuentren en España en situación regular y cumplan con las condiciones añadidas. A priori el número de los que efectivamente realicen los trámites y estén en el censo electoral.

2) Una vez que se compruebe el número de electores inscrito hay que ver los que realmente vayan a votar, aunque siendo una inscripción voluntaria lo normal es que la práctica totalidad de los que realicen los trámites acudan en mayo al colegio electoral.

3) La pregunta del millón es a quién va a votar y, sobre todo, si el comportamiento de los inmigrantes va a ser o bien como ‘cleavage’, o bien como ciudadanos españoles abstractos (que no existen) que eligen sobre criterios estrictamente racionales (que no existen), o bien utilizando la criteriología de su misma zona. Las encuestas post-electorales tendrán en éste uno de sus puntos más interesantes.

4) El hecho de que esta iniciativa sea de factura socialista, no quiere decir que los otros partidos no hayan desarrolla ya estrategias para captar el voto inmigrante, tales como la integración de inmigrantes en sus órganos ejecutivos, grupos de debates o tener interlocutores en estos colectivos que, a la vez, sean la puerta de entrada del partido en sus grupos sociales.

Read Full Post »

Benedicto XVI, como cualquier otro Papa, no acostumbra dar ruedas de prensa. A los obispos de Roma, desde hace medio siglo, les encanta salir en televisión, que sus viajes y celebraciones sean retransmitidos en directo, que los medios repliquen sus notas de prensa, así como los resúmenes de sus textos doctrinales. La Santa Sede tiene una concepción unidireccional y por tanto propagandística de los medios de comunicación: un camino de difusión de su mensaje pero que nunca puede interpelar.

No es nuevo. Los gobernantes con menor legitimidad democrática son los que menos ruedas de prensa realizan. Pensemos por ejemplo en las ruedas de prensa de los máximos dirigentes norcoreanos, chinos, cubanos o de cualquier otro régimen poco o nada democrático.

El Vaticano pone a su portavoz, de vez en cuando, ante la prensa e éste intenta capear el temporal como mejor entiende. De todas formas la forma preferida de trato de estos portavoces es la confidencia, el ‘off-the-record’ y la pequeña filtración. Es difícil que den la cara los máximos dirigentes y cuando lo hacen no se dan cuenta que los que les preguntan no son sus subordinados y que sus palabras podrán ser reproducidas infinitamente.

Si Benedicto XVI hubiera dado una rueda de prensa, alguien podría haberle preguntado por algo que está dentro de sus competencias y que técnicamente aún forma parte de la Iglesia que dirige: Cajasur.

Se le podría haber pregunta si presionar al gobierno de Aznar para que eximiese a Cajasur de las normas generales fue una buena idea, cuál es su opinión sobre la negativa del Cabildo Catedralicio de Córdoba (propietario mayoritario de Cajasur) impidiese la fusión con Unicaja y el acuerdo de un plan de ajuste de empleos nada traumático. También habría sido posible recabar su opinión sobre la petición de 20 millones de euros que hace el Cabildo Catedralicio a cambio de aceptar que Cajasur sea absorbida por BBK y rescata por el Estado por 1.000 millones de euros, así como su parece sobre el recurso judicial que el Cabildo Catedralicio está pensando presentar por no haber recibido los 20 millones por una entidad que necesita un rescate de 800 millones.

Finalmente se le podría haber preguntado los motivos por el que el Estado de la Ciudad del Vaticano no se hace responsable de parte del rescate de Cajasur cuando ésta fue eximida de la normativa general en virtud de un tratado internacional entre España y el Estado del Vaticano.

Read Full Post »

La Ley de Enjuiciamiento Civil (año 2000) contenía tres mandatos al gobierno para elaborar tres proyectos de Ley de materias de máxima importancia y que requerían actualización.

La Disposición Adicional 18ª ordenada que, en el plazo de un año, el gobierno enviase a las Cortes un proyecto sobre Jurisdicción Voluntaria. La Disposición Adicional 19º mandaba lo mismo, pero en seis meses, y en materia concursal. La Disposición Adicional 20ª hacía lo propio y también en seis meses sobre ‘cooperación jurídica internacional en materia civil’, es decir, todo lo que es el Derecho Internacional Privado.

Desde entonces solamente hemos visto la aprobación de una de esas leyes, la Ley Concursal en 2003. Cuestiones tales como la administración de bienes de personas incapacitadas (algo importante en una sociedad envejecida) o la protocolización de testamentos está en manos de una norma de 1881, así como las adopciones entre españoles en una sociedad que ha creado numerosas figuras intermedias.

Las adopciones internacionales y multitud de cuestiones relativas a comercio internacional están en mano de un puñado de artículos del Código Civil, unos cuantos tratados internacionales y una jurisprudencia que se ha convertido en ley por la inactividad secular del legislador español en este tema.

Read Full Post »

El pasado 14 de septiembre Ignacio Sotelo publicaba en “El País” un artículo en el que abogaba por mejorar las relaciones con Marruecos dando Ceuta y Melilla como pago, ya que a juicio del autor ambas ciudades suponen un gasto inasumible en tiempos de crisis y constituyen fuentes de fricciones con un país vecino con el que se deben mantener buenas relaciones.

Ayer, también en “El País”, el Presidente de la Ciudad de Ceuta publicó un artículo de respuesta, con el que estoy de acuerdo. Es muy raro que yo esté de acuerdo con el Presidente Vivas. El artículo de respuesta era correcto y rebatía acertadamente las afirmaciones de Sotelo, aunque por la naturaleza política del firmante y de sus asesores, además de por la necesario limitación de espacio, no se profundizó en algunos aspectos que son dignos de mención y comentario.

Ignacio Sotelo fundamenta su artículo sobre un pragmatismo que quiere oír de todo tipo de nacionalismo, español o periférico, que le es útil para atacar los llamados ‘derechos históricos’ de los que hablaremos más adelante. El problema es que una cosa es ser nacionalista, otra no ser nacionalista y, una muy diferente, es ser un nihilista de la comunidad política, superando incluso a las concepciones más minimalistas del Estado.

Para Sotelo no es defendible cualquier política que, en virtud de una idea de ‘nación’, anteponga determinadas pretensiones sobre la propia identidad o configuración a cuestiones prácticas. Es curioso que solamente a España le esté vetado hasta la más civilizada brizna de nación, mientras que a Marruecos no le critica ninguna de las concepciones nacionalistas que sustentan las rutinarias reivindicaciones de Ceuta y Melilla.

Sotelo tiene razón en decir que nos conviene tener relaciones buenas con Marruecos. Estoy de acuerdo y cualquier persona con dos dedos de frente lo estará, pero hay que preguntar de quien depende tener esas buenas relaciones. Al menos hay dos partes y, por lo visto, hay una empeñada en provocar ridículamente y esa parte no es España.

Es más Sotelo no menciona el motivo por el que él piensa que la entrega de Ceuta y Melilla a Marruecos garantizaría una buenas relaciones. Marruecos no mantiene relaciones sin fricciones con ninguno de sus vecinos (Mauritania, Argelia y España). Es más Marruecos, desde los años setenta, ha reivindicado el Sáhara Occidental (que lo tiene ocupado militarmente), Ceuta, Melilla y las Islas Canarias. Su agenda de ampliación territorial está clara. Solamente nos resta saber si Ignacio Sotelo estaría dispuesto a entregar las Islas Canarias para que determinadas empresas tengan más facilidades en Marruecos. Las buenas relaciones han de ser mantenidas por las dos partes y no solamente por una.

El chantaje implícito, que Sotelo bendice, de la necesidad de controlar la inmigración y el terrorismo nos coloca en la posición de eternos pagadores a cambio de que Marruecos cumpla con sus obligaciones como estado que quiere ser parte del ámbito económico europeo. En las relaciones internacionales nadie hace nada gratis, pero lo que propone Ignacio Sotelo conlleva que España deba someterse a una especie de nueva edición del vasallaje con Marruecos (tierras a cambio de protección de la inmigración y el terrorismo).

El autor del artículo quiere crear confusión sobre la población de Ceuta y Melilla. En Ceuta y Melilla no vivimos cuatro comerciantes y unos cientos de funcionarios, sino 150.000 españoles. Cae Sotelo en la trampa mental y en la xenofobia implícita, además de en desagradable coincidencia con la propaganda marroquí, de que los musulmanes ceutíes y melillenses no son españoles sino marroquíes. También habla de que Ceuta y Melilla viven del ‘comercio informal’ (eufemismo de ‘contrabando’) pero no se para a pensar que es Marruecos quien pone todos los obstáculos materiales y legales en su mano a que haya un comercio formal, que sería muy beneficioso para las regiones limítrofes y para las dos ciudades españolas.

Leyendo su artículo me he sentido retrotraído a los estudios de Historia en los que unos reyes se reunían y se repartían territorios y poblaciones como satisfacciones de guerra, para calmar los ánimos o como regalo de boda. Ignora cualquier idea de ciudadanía, de derechos personales o de contrato social cuando cree que comprar el buen entendimiento con Marruecos a cambio de dos ciudades españolas y sus habitantes es una buena idea. Parece que los ceutíes y los melillenses somos piezas de intercambio en la pobre estrategia mercantilista de Sotelo y no ciudadanos españoles.

El problema que tiene Sotelo es que confunde la retórica de los ‘derechos históricos’ con las consecuencias jurídicas que crean los acontecimientos, recogidas tanto en el Derecho de cada país como en el Derecho Internacional. Ignacio Sotelo no quiere hablar de Derecho y prefiere la óptica del amigo y el enemigo, de la victoria y la derrota, de la amenaza y el apaciguamiento. No quiere hablar de Derecho pero nunca habla de ciudades españolas, muy hábilmente, sino de plazas de soberanía y de dominación (¿sobre quién?).

No tiene razón Ignacio Sotelo cuando dice que Marruecos es una ‘democracia deficiente’. Marruecos es una dictadura de corte teocrático con algunas instituciones, sin poder real, que simulan ser democráticas. En Ceuta y Melilla hay un sistema democrático y un régimen de derechos y libertades, y lo que propone es que los territorios y las poblaciones sean entregados a un dictador que gobierna en nombre de Dios.

Read Full Post »

Un oportuno comentario en el blog me hizo pensar que podía estar desacreditando lo que decía el Departamento de Estado de los EUA sobre discriminación lingüística con el único argumento de un error garrafal cometido por una agencia federal estadounidense en 2003.

Así que lo que he hecho es volver sobre el Informe y hacer algunas consideraciones, así como traducir lo que dice ese bendito informe del Departamento de Estado de los EUA sobre las terribles violaciones de los derechos humanos que hacen los malvadísimos gobiernos catalán y balear.

Antes de poner el texto, permitidme dos consideraciones. El Informe, en términos generales, no realiza demasiados juicios de valor y se limita a ser lo más descriptivo posible. Esto no quiere decir que la selección de los temas que entran y los que se quedan fuera, no sea ya de por sí un importante juicio de valor.

El Informe dedica doscientas diez palabras  (210) al asunto lingüístico, en el texto oficial en inglés, y dos mil novecientas treinta y nueva (2.939) a los problemas de presuntas torturas y malos tratos en los centros de detención (gracias Egócrata).

Vayamos a lo que dice el Informe sobre la ‘discriminación lingüística’:

Continuó la controversia sobre las políticas lingüísticas, con quejas que mantienen que las actuales políticas violan el derecho a la educación en la ‘lengua materna’, o español castellano [Castilian Spanish] en 2007 el Defensor del Pueblo recibió aproximadamente cien quejas relativas a la política lingüística de Cataluña, y en marzo de 2008 la ONG “Plataforma por la libertad de elección lingüística” presentó una queja formal contra un escuela en el País Vasco. La escuela había rechazado ofrecer todas las materias en español.

En abril, treinta y nueve médicos del único hospital de Ibiza (una de las Islas Baleares) anunciaron que había decidido abandonar sus puestos de trabajo debido al nuevo requisito, según el cual los médicos tienen que demostrar en un examen que tienen un catalán fluido. El decreto, aprobado por el gobierno balear el 27 de marzo, exige que los médicos que trabajen en el servicio público hablen catalán y establece un plazo de tres años para aprenderlo. El sindicato de médico afirmó que el requisito no respondía a un beneficio público sino que respondía a una ‘obsesión política’. En respuesta al decreto, dos mil quinientas personas participaron en una manifestación de protesta por el requisito de aprender catalán.

De acuerdo con las fuerzas de seguridad, cuatro mil personas participaron en Barcelona en una manifestación, en septiembre de 2008, de protesta por la política lingüística del gobierno y en defensa del derecho a que la enseñanza se imparta en castellano.

[La traducción no es nada del otro mundo, lo sé]

Read Full Post »

Lo de las manifestaciones (de risa, creedme) que se están dando en la frontera entre España y Marruecos en Melilla ponen de manifiesto una diferencia fundamental entre las dos ciudades autónomas españolas.

En la frontera de Melilla existe una aduana comercial, es decir, pueden circular legalmente mercancías entre España y Marruecos por este paso. Las mercancías pagan los aranceles correspondientes y el camión sigue adelante.

Por el contrario en la frontera hispano-marroquí en Ceuta no hay aduana comercial, lo cual quiere decir que las mercancías que pasan diariamente desde el polígono de naves aledaño a la frontera hacia Marruecos y desde los mercados de Castillejos (ciudad marroquí fronteriza) hacia España lo hace de forma ilegal: contrabando. Es por ello por lo que los marroquíes han elegido hacer el numerito en Melilla y no en Ceuta, donde todos los comerciantes tienen proveedores en la Península.

Desde hace muchos años la sociedad civil ceutí (lo que queda de ella) viene reclamando que el Gobierno de España (se le reclamaba a Aznar y también a Rodríguez Zapatero) haga todas las gestiones conducentes para que se establezca una aduana comercial en la frontera ceutí. Sabemos que esto no depende exclusivamente del Gobierno español y que el marroquí no está demasiado dispuesto a ceder en algo que sería beneficioso (ingresos fiscales para ambos y desmantelamiento de las ‘mafias’ fronterizas).

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »