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Ángel Munárriz: Iglesia S.A. Dinero y poder de la multinacional vaticana en España. Akal. Madrid, 2019

Ángel Munárriz es periodista de InfoLibre y cubre la información sobre la Iglesia Católica en este medio digital. Este libro puede ser visto como una recopilación, que en ocasiones llega a ser síntesis, de su trabajo periodístico.

Dividiría el libro en dos partes. La primera es la que trabaja sobre informaciones, hechos y datos que resulta interesante y a partir de ahí reflexiona sobre la cuestión del dinero dentro de la Iglesia Católica española.

La segunda es puramente panfletaria y se centra en introducciones históricas y presentaciones teológicas que tienen una profundidad muy escasa. Para calificar la teología de Ratzinger de alguna manera hay que haberla leído, al menos las obras más relevantes, y conocer el papel del ahora Papa emérito en el Vaticano II. Si las personas que saben un poco de política distinguen entre un conservador, un liberal o un ultraderechista, en la Iglesia hay distinciones que no son meramente nominales, porque tienen consecuencias prácticas importantes.

Hay un problema de definición del concepto (sociológico) de Iglesia. ¿Qué es la Iglesia a efectos del libro? Da la impresión de que el autor se encuentra sobrepasado en ocasiones, y es para estarlo, porque la multiplicidad de formas jurídicas o sociales que adoptan la Iglesia en cada momento es realmente abrumadora.

Pero metodológicamente es una cuestión trascendental definir el objeto de estudio. Tiene claro que son las diócesis y la Conferencia Episcopal (como periodista le da una desmedida importancia a la Conferencia), sabe que hay un universo de fundaciones, organizaciones no gubernamentales, asociaciones y hermandades que llegan a casi cualquier esquina. Atisba, y ello es una de las mayores elipsis, el sector de las congregaciones y órdenes religiosas, pero no termina por ubicarlas bien, ni siquiera cuando trata la cuestión educativa en la que la Iglesia son las órdenes y congregaciones y no las diócesis o la Conferencia Episcopal.

Cuando se refiere a la pertenencia al Opus Dei, el autor ve muy bien la existencia de pertenencias líquidas (“puede ser del Opus, sin ser del Opus”), pero no la convierte en una guía para el conjunto del libro. La pertenencias líquidas y el aire de familia wittgensteiniano son fundamentales a la hora de definir a la Iglesia española.

Parte de un presupuesto erróneo a la hora de estudiar la Iglesia española, que es la idea de que siendo la Iglesia una institución jerarquizada, todo acontece de arriba hacia abajo y hay órganos centrales de mando. Efectivamente la Iglesia se define como jerárquica, pero es una jerarquía que se usa cuando es necesaria, en momento clave, no es una continua dirección en cada aspecto.

En la materia económica la descentralización económica no es una excusa, es real, y si bien viene heredada de otras formas de organización política y social, ahora es un modo de reducir el riesgo. Si alguien tuviera el control sobre el dinero de todas las instituciones religiosas en España, un error podría ser una ruina absoluta. Ahora los errores se pagan por diócesis y no se propagan.

La idea de que la Conferencia Episcopal controla a toda la Iglesia española es errónea y se conecta con el poco manejo de las congregaciones y órdenes religiosas por parte del autor, ya que éstas tienen una jerarquía propia y una autonomía, cuando no independencia, especialmente en lo económico, bastante lejos del control de los obispos.

La idea de identificar a la Iglesia española como una filial de un Estado teocrático, el Vaticano, es una burda caricatura, justificable para estar en la portada, pero poco más. De hecho el autor habla de la oposición de determinados obispos al Papa Francisco, algo que sería imposible si el Vaticano tuviese esa capacidad de control absoluta que insinúa en otros puntos.

El hecho de que no haya centralización no quiere decir que en la Iglesia española no haya concertación en determinadas acciones y de hecho la Conferencia Episcopal es el instrumento para esa concertación, como otras conferencias y organizaciones menos llamativas pero igualmente efectivas.

Antes de entrar en lo que considero acierto, me llama la atención que el autor ponga a Alemania como modelo de separación de Iglesia y Estado en materia económica. En Alemania continúan vigentes los artículos de la Constitución de Weimar que establece a las iglesias como corporaciones de Derecho Público y le confiere, entre otros muchos, el derecho a contratar funcionarios o a la existencia de escuelas públicas confesionales. Es cierto que pueden cobrar un recargo a la renta y no financiarse de la recaudación del IRPF, pero ello es solamente una parte de un sistema mucho de relaciones mucho más estrechas que el español.

El autor está muy acertado cuando dice que la Iglesia no busca ganar dinero, que no es una sociedad anónima (¿entonces qué sentido tiene el título?) y que su interés por el dinero es para mantenerse y que mantenerse es tremendamente caro, de forma que necesitan mucho dinero y patrimonio. Frente a todos los demás individuos e instituciones sociales, la Iglesia juega con ventaja, dado que la tradición política española le ha reportado una serie de privilegios normativos y económicos que no tiene ningún otro actor social.

El autor muestra implícitamente un presupuesto obvio al tratar las diferencias entre la Iglesia con otros actores: en la Iglesia nunca se dividen los bienes, por ello un pequeño incremento patrimonial en un año se convierte en inmenso al cabo de cincuenta.

Lo más recomendables del libro, lamentablemente disperso, es el análisis de la argumentación eclesiástica que el autor llama “comodines”. El primer es el “comodín de Cáritas” o de las obras sociales, que justifica todo comportamiento económico y financiero de la Iglesia y sirve para confundir a la ciudadanía sobre el destino del principal modo de financiación directa que es la casilla del IRPF.

Señala el autor que la Iglesia presume y se ampara en unas obras sociales que están financiadas por el Estado y no por la Iglesia. En Geografía Subjetiva hace años publicamos los datos de lo que organizaciones católicas habían recibido de la casilla de “otros fines sociales”.

El segundo podemos llamarlo el “comodín de la oveja negra” de forma que todo comportamiento reprobable siempre es individual y nunca sistémico. El tercero lo llama el autor el “comodín de la tradición” que se emplea para rebajar la importancia de los privilegios o para justificarlos como algo que pertenece a nuestra forma de ser y por tanto no tiene sentido cuestionarlos. El autor se refiere al “comodín de la descentralización” pero de ese asunto ya hemos hablado.

Acierta Munárriz al ver que la estrategia negociadora de la Iglesia se funda en siempre pedir más, nunca estar contenta y jugar continuamente el papel de víctima. Señala como numerosos medios de comunicación propios y afines apoyan sus posturas negociadoras y se utilizan todos los medios de la comunicación postmoderna para fortalecer su posición negociadora.

El autor explica muy bien la evolución del conjunto de acuerdos y leyes que han permitido a la Iglesia tener una serie de privilegios que le garantizan una situación económico-financiera sin igual. La explicación de casos, aunque puntuales y ya publicados en los medios de comunicación, ilustran desde su fragmentariedad la situación general.

Se trata en detalle la cuestión de las inmatriculaciones: antecedentes, procedimiento y uso. Se echa de menos que se explique el procedimiento ordinario de inmatriculación de bienes y las garantías de este procedimiento para mostrar precisamente lo grande que es el privilegio y lo nocivo que es. Y esto es una constante: supone una comunidad de presupuestos y criterios con sus lectores que le impide llegar a los fundamentos.

Munárriz, como buen andaluz, conoce bien la importancia de la Semana Santa y hace una descripción muy buena, lo cual contrasta mucho con la idea de que la Iglesia pueda controlar a las hermandades para transmitir un mensaje ortodoxo o reaccionario. La Iglesia utiliza a las hermandades para que los siete días de Semana Santa tenga un significado religioso, aunque ligero y algo folklórico, en vez de convertirse en una mera excusa para irse una semana a la playa si hace bueno.

Más intenso es todo en los colegios. La Iglesia quiere evangelizar y otros vemos que es una forma de adoctrinar. La cuestión no es lo quiera hacer la Iglesia, sino quién lo paga y qué coste social tiene. En ello Munárriz está muy acertado.

Hay centros educativos religiosos donde el adoctrinamiento es más intenso, pero hace mucho tiempo que la Iglesia renuncia a hacer una “evangelización profunda” en sus centros religiosos. Se conforman con una pátina para que el Catolicismo sociológico, muchas veces más intransigente que el militante, continúe.

En conclusión: Munárriz hace un buen trabajo al que le sobran muchas consideraciones, bien por conocidas, bien por el tono. En este caso lo nuclear hubiera convertido a este libro en esencial, porque tiene madera para ello. Nunca hay que olvidar que no es una obra académica.

Queda por escribir, y esto trasciende las pretensiones de este libro, una buena comprensión del confesionalismo religioso, es decir, la relación de la Iglesia con el Estado en la que no importa que los individuos sean creyentes, sino que lo sean las instituciones y que la sociedad esté mediatizada.

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El resultado de dos referendos, el del Brexit y el del acuerdo de paz en Colombia, han arrojado resultados inesperado y, precisamente por inesperados, se han tornado en resultados desastrosos. Muchos analistas coinciden, junto a una cantidad enorme de causas, en que los convocantes, seguros de la victoria de su opción, no se han empleado a fondo en el referéndum, de forma que su desidia ha dejado abierta la puerta a la victoria.

Ahora hay una curiosa polémica, en la que se requiere ridiculizar el “no” de los valones al CETA (Acuerdo comercial de la UE con  Canadá) sobre la base de su escaso peso demográfico, de su extensión o de que pueden ser los únicos. Parece que si las facultades de control de los tratados de Bélgica que su Constitución le da (y que la Unión preserva) no debieran ser nunca ejercidas, que deberían consentir en la ratificación simplemente porque se ha negociado y firmado.

Referendos o ratificación, elementos esenciales en él ejercicio de la soberanía de un Estado, es visto un mero trámite que debe pasarse y solamente con la decisión “correcta”. Si no se decide “lo correcto”, el procedimiento debe ser eliminado.

Los referendos para las decisiones importantes, en las que tiene sentido que la soberanía popular se exprese, y el procedimiento de ratificación de los tratados internacionales tiene sentido: que la voluntad de quien tiene poder no sea suplantada por los negociadores.

Si los ejecutivos, nacionales o comunitarios, quieren que se apruebe en referéndum su acuerdo o se ratifique su tratado, deben tratar a los ciudadanos o al agente ratificador como adultos, saber que ellos depende todo y no someterlos a campañas de chantaje del tipo o consentís o es el caos por vuestra culpa.

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El Español publicó una pésima crónica en la que mezclaban y confundías conceptos fundamentales sobre tratados tales como firma, negociación o ratificación, con ocasión de la oposición de la cámara legislativa de la belga de Valonia a la ratificación por parte de su país del acuerdo comercial con Canadá, de acuerdo con la Constitución Federal. Hay varios manuales muy buenos de Derecho Internacional Público que explican de un modo muy didáctico el proceso de negociación, firma y ratificación de un Tratado.

El Español quiere ridiculizar la posición de Valonia sobre la base de su poco peso poblacional en el conjunto de la Unión Europea, pero como no entiende el proceso dentro de la Unión ellos hacen el ridículo.

La ratificación de un tratado por cada uno de los Estados que componen la UE es siempre de acuerdo con sus normas constitucionales, de modo que cada uno de ellos tiene el mismo peso jurídico a la hora de la ratificación de estos tratados. Si el peso poblacional fue lo único determinante a la hora de ratificar tratados o aprobar normas en la UE, unos cuantos Estados decidirían por los demás.

Bélgica es un Estado de complejo diseño federal, donde se superponen dos niveles, las comunidades (culturales) y las regiones (económicas), con instituciones propias. Para evitar que la el Gobierno Federal pudieran imponer decisiones a las comunidades y a las regiones dentro de sus competencias mediante la adopción de Tratados Internacionales, los cuales tienen superioridad normativa.

En la actualidad, especialmente a través del Derecho Comunitario, a las Comunidades Autónomas se le imponen decisiones en cuya adopción no han podido tomar parte, ya que el Estado Español no permite la presencia de representantes regionales dentro de sus equipos de negociación, ni mucho menos hay un mecanismos para que las Comunidades puedan condicionar la postura del Gobierno en lo relacionado con  la Unión Europea y que afecte a sus competencias. Se consideran internamente simples relaciones internacionales.

Los Estados complejos, en los que el reparto de las competencias y la pluralidad de soluciones se manifiestan como su forma de ser, deben afrontar la forma en la que participan en la creación de normas internacionales, para que estas normas no desvirtúen la voluntad de sus ciudadanos que también expresan los entes infraestatales. El establecimiento de vetos, de participación en la negociación e incluso la concesión de “ius tractandi” limitado a estos entes infraestatales es una muestra de este camino.

 

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PROCEDIMIENTO DE INVESTIDURA

Hubo semanas en las que tuvimos la sensación de que ningún líder político intentaría la investidura y que por tanto los mecanismos constitucionales para disolver las Cortes no podrían activarse.

En el Partido Popular tenían el plan que les proporcionaba el Dictamen del Consejo de Estado 1985/2003. Tras las Elecciones a la Asamblea de Madrid de 2003 se dio una situación parecida a la actual, ya que tras la traición de dos diputados socialistas era imposible la investidura de ninguno de los líderes. Solamente el arrojo de Rafael Simancas, al presentarse a una investidura imposible, puso en marcha el procedimiento estatutario de disolución de la Asamblea.

El hecho de que los preceptos del Estatuto de Madrid que regulan la disolución automática de la cámara sean idénticos a los de la Constitución hizo pensar entre los populares que se podría utilizar esta “doctrina legal” para disolver las Cortes sin necesidad de la requerida votación de investidura.

El Dictamen hace una interpretación teleológica de los preceptos constitucionales entendiendo que buscan dar solución a un bloqueo en la investidura devolviéndole la voz a los ciudadanos. Para ello los letrados del Consejo idearon un procedimiento “praeter Constitutionem” en el que la primera votación de la primera investidura era sustituida por una votación constatando la imposibilidad de la investidura.

Un procedimiento ingenioso pero más allá de los límites constitucionales. Un procedimiento que no fue empleado siquiera en una comunidad y que podía haberse encontrado con una gran oposición jurídica en el caso de las Cortes. Podríamos vernos con un procedimiento que provocase unas Elecciones y que legado un momento el Tribunal Constitucional lo declarase inconstitucional.

Nuevamente una investidura fallida salva la laguna constitucional en este caso, pero la laguna existe y puede “dar la cara” nuevamente. Está claro la situación no se habría mantenido perpetuamente ya que los diputados y los senadores tienen un mandato máximo de cuatro años.

Todos los partidos tienen en su agenda una cantidad variable de reformas constitucionales, quizá mereciera la pena la constitucionalización del procedimiento establecido en el Dictamen del Consejo de Estado en el caso de investidura imposible y en el que nadie tampoco quiera enfrentarse a una investidura fallida con absoluta seguridad.

Puestos a revisar cosas podríamos plantearnos si este método de investidura es mejorable.

En España hay dos comunidades autónomas, Asturias y Euskadi, que tienen otro procedimiento de elección que premia los apoyos frente a los bloqueos. Se pueden presentar múltiples candidatos y será elegido, en última instancia, el que tenga más votos si ninguno consigue la mayoría absoluta. Este procedimiento hubiera desatascado la situación ya que la mayoría absoluta del PP y Podemos partidaria de repetir las Elecciones no habría conseguido su objetivo con tanta facilidad. Se incentivas las actitudes a favor de formar gobierno que las que bloquean y especulan con un futuro rédito electoral.

Es cierto que en Asturias, pese a este sistema, la imposibilidad de elegir un Presidente les llevó a la repetición de las Elecciones, pero la probabilidad de empate es menor en una cámara de 350 diputados como el Congreso que en una de 45 como es la Junta General del Principado.

GOBIERNO EN FUNCIONES

Con total seguridad vamos a superar el medio año con un gobierno en funciones y en estos meses se han planteado cuestiones nuevas que deberían ser atendidas cuando el legislador pueda desarrollar su principal función, además de cumplir con su primera obligación que no es otra que la de investir a un Presidente del Gobierno.

La literatura jurídica sobre el tema es escasa y la referencia más citada ha sido este artículo de Brage y Reviriego donde se analizan dos sentencias del Tribunal Supremo que abordan decisiones de un gobierno en funciones y plantean cuestiones interesantes, aunque no las desarrollan.

Los límites al Gobierno en funciones, que es una definición legal aunque tiene cierta tradición administrativa en los primeros años de la Constitución, están claros, pero el concepto jurídico indeterminado de “despacho ordinario de los asuntos públicos” se antoja casi críptico.

Está claro que la Ley del Gobierno maneja la variable de la urgencia a la hora de tomar decisiones y de hecho no le impide la adopción de un Real Decreto-Ley, de modo que podemos considerar la urgencia uno de los datos para tener en cuenta a la hora de medir las competencias de un Gobierno en funciones.

La segunda variable es el tiempo que dure el periodo de “en funciones” del Gobierno. No tiene la misma trascendencia aplazar asuntos cuando es cuestión de dos meses la entrada del nuevo Gobierno que cuando se va a demorar mucho más tiempo o ni siquiera hay la certeza de que no hayan a repetirse las Elecciones.

El despacho ordinario incluye las relaciones internacionales y nuestra pertenencia a la Unión Europea. En el plano internacional/comunitario es irrelevante que el gobierno esté internamente en funciones y la estructura internacional o comunitaria no van a detenerse porque en uno de sus miembros haya una situación de interinidad.

Es quizá aquí donde la situación es delicada, porque un gobierno saliente puede comprometer a un gobierno entrante. Pero la toma de decisiones en este campo competente constitucionalmente al Gobierno y en segundo lugar tiene que evitarse hipotecas no deseadas.

CONTROL PARLAMENTARIO y TRÁMITE LEGISLATIVO

El Gobierno en funciones decía tener decenas de informes jurídicos que indicaban que no debía someterse al control parlamentario que el Congreso quería ejercer. No sé si mostraron algunos de estos informes, pero si así fue yo lo desconozco. El Gobierno en funciones no ha querido solicitar dictamen al Consejo de Estado quizá porque los dictámenes de este órgano son públicos.

El hecho de que el Gobierno se encuentre en funciones no impide el ejercicio de sus funciones por parte de las Cortes y más cuando el Gobierno no ha sido elegido.

También se ha presentado proposiciones de Ley que, de no haber mediado la disolución automática, habría tenido que tramitarse, planteándose la cuestión de si el Gobierno en funciones está capacitado para prestar su conformidad o no a proyectos legislativos que aumenten gastos o disminuyan ingresos, como exige la Constitución.

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Algunos de estos puntos serán resueltos por el Tribunal Constitucional y otros han desaparecido tras la disolución de las Cortes. Las situaciones de bloqueo o de crisis institucional nos hacen apreciar las insuficiencias del sistema institucional y no estaría de más que se intentasen solucionar regulando y/o aclarando.

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Para España Palestina es algo raro de tipificar, pues es una especie de autonomía que formalmente no depende de nadie, que tiene muchas facultades que normalmente le atribuimos a un Estado, pero a la que no se le reconoce la estatalidad.

La votación en el Parlamento del Reino Unido, la decisión del gobierno sueco y la próxima votación en la Asamblea Nacional de Francia han dado aires nuevos en nuestro país y dentro de la Unión Europea a este reconocimiento.

España reconoció al Estado de Israel en los términos dimanantes de los actos de las Naciones Unidas que crearon establecieron un plan de dos Estados. España, si reconoce a Palestina como Estado, no hará otra cosa que ser coherente con el reconocimiento que ya se hizo de Israel.

El gobierno israelí indica que este reconocimiento no tiene ninguna utilidad. La verdad es que me cuesta seguir el argumentario israelí, pero sí resulta más claras las consecuencias del reconocimiento, ya que, por ejemplo, las operaciones militares sobre Cisjordania y Gaza ya no será jurídicamente para España operaciones sobre un territorio ocupado militarmente durante un largo periodo de tiempo, sino que serán operaciones en un Estado extranjero y que eventualmente podrían calificarse como agresión; resultarían jurídicamente difícil de justificar los puestos militares en el interior o las barreras, así como el establecimiento e incluso el mantenimiento de las colonias.

Si no tuviera ninguna utilidad el reconocimiento, a Israel le daría igual que el resto de la comunidad internacional reconociera o no a Palestina y a su ANP como un Estado.

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IU no consigue hacerse con un hueco dentro de la lucha por el populismo que vive la política española. Ha propuesto que los delitos de corrupción no prescriban.

De esta forma los ha equiparado a los delitos que persigue la Corte Penal Internacional (crímenes de guerra, crímenes contra la Humanidad, crimen de Genocicio o crimen de agresión).

El resultante de todo ellos sería que en España un traficante de drogas o un asesino sí podrían ver prescrito sus delitos y un tráfico de influencia siempre sería perseguible. Todo un ejemplo de proporcionalidad.

IU yerra a plantear mal el debate. El artículo 131 del Código Penal, interpretado con bastante jurisprudencia, establece la prescripción de los delitos en relación con la penalidad máxima que el mismo Código establece para ellos, salvo en el caso de los delitos antes citados, junto a los delitos terroristas que causan muerte que no tienen prescripción.

La imprescriptibilidad debe ser reservada para los delitos más atroces, porque de lo contrario pierde sentido. Lo que sí podríamos pensar si los delitos contra la Administración Pública deberían regirse solamente sobre la regla general o deberían tener un plazo de prescripción más largo al ser particularmente difíciles de investigar para la Justicia.

¿De qué más podría haber hablado IU en vez de proponer la imprescriptibilidad? Pues de que la prevaricación del artículo 404 CP siempre conllevase cárcel y que las penas por estos delitos sean mayores o no pueden ser suspendidas.

También hubiera cabido la posibilidad de proponer un nuevo sistema de investigación, instrucción y enjuiciamiento de estos delitos, ahora que la Audiencia Nacional tiene menos carga de trabajo con el terrorismo.

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Libertad Digital es un medio de comunicación que aparece en los papeles de Bárcenas donde parecen constar salidas de dinero de la Caja B del Partido Popular para comprar acciones de ese medio en una ampliación de capital que, por lo visto, no despertó el mínimo interés entre los inversores serios.

No veo los programas de debate o tertulias de La Sexta y desde el día de las Elecciones Generales de 2011 no entro en Libertad Digital, cuando lo hice para comprobar que ese mismo día le habían cerrado el blog al tonto útil de Pío Moa. Pero casualmente vi una noticia de Libertad Digital en la que decía que “Monedero recibe un repaso antológico por su ignorancia en economía”.

Confieso que me picó la curiosidad y leí la noticia en la que daba cuenta de que un tertuliano le había dicho a Monedero que reformar las reglas del Banco Central Europeo no era algo tan sencillo como él pensaba y decía, ya que al estar aprobados sus estatutos por un tratado internacional (protocolo nº4 al TFUE) requiere la unanimidad de los Estados-Parte por la aplicación supletoria de la Convención de Viena de Derecho de Tratados entre Estados . Supongo que fue así, como el periodista Pablo Molina dice.

Para acusar a alguien de ignorancia hay que saber un poco de lo que se está hablando. Pablo Molina, el periodista, no se da cuenta de que no están hablando de Economía, sino de Derecho, concretamente de Derecho Comunitario y de Derecho Internacional, que si bien está en relación con la política monetaria y ésta es un instrumento económico, las reglas de modificación del Estatuto del BCE no es un tema económico ni de lejos.

Vamos, que el periodista cae en el mismo error del que acusa a Monedero: ninguno tienen ni idea de Derecho. Y los dos hablan: el político diciendo que van a realizar cambios que España no puede hacer sola y el periodista confundiendo Economía y Derecho. Éste es el nivelazo.

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Por más que el Comunity Manager de Izquierda Unida quiera transmitir que el Tribunal de Justicia de la Unión Europa (TJUE) ha dictado una sentencia influido por las protestas sociales contra los desahucios y la política bancaria de España, la realidad es que el TJUE y su sentencia es fruto del estado de derecho, del margen de estado de derecho que en una organización internacional como la UE se está construyendo y la vigilancia del tribunal comunitario sobre el incumplimiento de España de las obligaciones contenidas en una directiva y la consulta realizada por un órgano jurisdiccional español.

Y es mejor que los tribunales tengan como referencia las normas jurídicas y no las influencias, presencia o no de un movimiento social o de un grupo de presión. Solamente de esta forma podemos aspirar a que un simple ciudadano pueda hacer prosperar sus pretensiones. De lo contrario, si las cosas debieran ser como IU desea que fueran, solamente prosperarían ante los tribunales las causas y las pretensiones con amplia movilización sin atender a otros criterios, desde la igualdad o la justicia material.

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Existe proyecto de Ley para expropiar la empresa argentina Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) a la empresa española REPSOL que en principio contempla la indemnización a la compañía propietaria, que si se adecua al precio de YPF no incumpliría ninguna norma de Derecho Internacional. El proyecto filtrado, pese a que no es oficial, nadie duda que proceda de la Presidencia.

Este tipo de acciones, como la expropiación de bienes extranjeros por ser extranjeros, hace que la inversión en países que las realizan se convierta en mero riesgo. Una inversión con alto riesgo busca únicamente una alta rentabilidad inmediata que compense la pérdida por una decisión gubernamental. No es sensato lo que ha decidido el Gobierno de Argentina, por más que deseen recuperar el control de sus recursos petrolíferos y solventar el déficit energético del país.

El Gobierno de España, por otro lado, se encuentra en una situación difícil. Una reacción desproporcionada puede poner en peligro a otros inversores en Argentina, mientras que la credibilidad como ‘gobernante fuerte’ de Mariano Rajoy desaparece incluso para su audiencia política. Ni Rajoy ni Soria saben muy bien qué hacer, de manera que esperan que la Unión Europea haga algo realmente decisivo.

La Presidenta argentina no ha obrado de una forma irreversible. Ha movido sus piezas en las provincias en forma de retirada de licencias por baja producción y ha filtrado un proyecto de Ley para poder dar marcha atrás y conseguir que REPSOL se siente en la mesa con quien la Presidenta diga y no con quien el presidente de REPSOL decida.

Es posible una negociación y que Brufau pueda convencer a sus accionistas que es mejor invertir más en Argentina antes de perder la mitad de la explotación y de las reservas de la compañía petrolera.

Nota nada marginal. El PSOE ha obrado muy correctamente, estando con el Gobierno sin fisuras, tanto como incorrectamente lo hubiera hecho el PP y sus respaldos mediáticos de estar en la oposición.

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Una de las primeras contradicciones del Gobierno ha sido hacer de la prometida excepción (nombrar embajadores políticos) la normalidad y colocar al frente de la que sin duda es la embajada más importante que tiene España, la de Washington DC, a un ex ministro de Aznar y destacado dirigente del Partido Popular.

Realmente lo que expresa el Gobierno de Rajoy es que las mejores embajadas irán a parar a la dirección de políticos populares y las de menos calada a los diplomáticos, que al fin y al cabo son funcionarios y están para eso.

¿Ha hecho bien el Gobierno y el Ministerio de Asuntos Exteriores? Sí y no. Creo que es importante que las embajadas tengan al frente a personas que relevancia política dentro del partido en el gobierno y que su palabra no tenga que pasar veinte filtros hasta llegar al ministro y cuarenta hasta alcanzar los ojos o los oídos del Presidente.

Nombrar a alguien que ha sido ministro de Defensa y que tiene un papel importante dentro del partido que tiene la mayoría parlamentaria no es mala idea. Es un buen perfil, lo malo es que luego, por cosas de la política interna, resulta que ese perfil lo tiene Federico Trillo, un señor poco amante de la verdad y algo más que dudoso.

Los populares hacen grandes alardes de las virtudes del cuerpo diplomático cuando están en la oposición y luego hacen algo lógico: nombrar a personas de su confianza para los puestos más importantes.

Lo que queda por hacer es mucho porque la siempre aplazada reforma del Servicio Exterior sigue estando pendiente, por más que tantos ministros socialistas como populares hayan intentado, sin éxito, impulsarla. El anterior ministro al menos puso algunas bases sobre las que trabajar para tener un modelo de Servicio Exterior útil para los intereses de España.

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