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Posts Tagged ‘Derecho Fiscal’

Euros para hoy

La información de El País sobre la amnistía fiscal la justifica en datos obviamente proporcionados por el Ministerio de Hacienda sobre las bondades de este instrumento para recaudar a la desesperada y proporciona un precedente inmediato, el italiano, y otros, los británicos, los menciona sin cuantificarlo ni datarlos.

Las amnistías fiscales dejan con cara de tontos a los que pagan e incentivas muy poco que en el futuro los que cumplen con sus obligaciones tributarias (y pueden eludirlas) lo hagan.

Puede que el ministro Montoro haya preferido una salida fácil a fortalecer más aún a la Agencia Tributaria, pero el resultado no serán los millones que ingrese el Estado ahora, que no me cabe duda que serán unos cuantos, sino que será los muchísimos millones más que se defrauden esperando ulteriores amnistías con el incentivo añadido de que el Estado se impone a sí mismo una quita bastante interesante.

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Ayer hablamos de la propuesta del ministro De Guindos de que un código de autorregulación bancaria abriese el camino, sin necesidad de reforma normativa, a la dación en pago en determinados casos.

En la última parte de la nota de prensa del Ministerio de Economía y Competitividad se mencionan los incentivos fiscales que el Gobierno se plantea concederle a los bancos en el caso de que acepten la dación en pago, la carencia de dos años y la quita correspondiente.

Los incentivos pasan por considerar como fiscalmente deducible, en el Impuesto de Sociedades, el dinero que pierdan en estas operaciones de ‘dación en pago’. Esto quiere decir que el riesgo asumido ya no se queda en el fallido y en el pasivo del Banco, sino que es transferido al Estado, y a todos los españoles, en forma de beneficios fiscales.

Esto quiere decir que todo el dinero que pierdan los bancos por las hipotecas que no debieron conceder, los que los norteamericanos llaman ‘subprimes’, será repuesto a esas entidades quitándole dinero en impuestos. El Estado reduce sus ingresos para que los que se compraron casas que no podían pagar y a los que les dieron hipotecas que no les debieron conceder puedan comenzar a salir de rositas. Y mientras quitando calefacciones en centros de enseñanza.

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El ministro de Justicia ha anunciado el programa de su Ministerio ante la Comisión del Congreso encargada de su ramo. Ha hecho anuncio de todo tipo, dentro del tostón que suele ser este Ministerio, por lo que merece un comentario aparte. Para seguiré la nota de prensa del Ministerio de Justicia, ya que el Diario de Sesiones de hoy aún no está en la web del Congreso.

Anuncio de reforma de la elección del CGPJ. Ésta es una cuestión infinita que nada tiene que ver con la buena marcha de la Justicia y mucho con el corporativismo de los jueces y magistrados españoles y con la composición ideológicamente conservadora de nuestra Judicatura. Al PP y a Gallardón les da igual a quien puedan elegir los jueces y magistrados porque siempre elegirán a alguien de los suyos y a alguien aún más de los suyos.

El ministro Ruiz-Gallardón ha mostrado que lo que él entiende más importante es lo mismo que entiendo un estudiante de los tres primeros años de Derecho, emocionado con los grandes conceptos, pero nunca un abogado o un funcionario de Justicia que conocen de verdad el funcionamiento de la Justicia.

Es curiosa la gran medida de modernización de la Justicia: la distinción entre digitalización masiva y expediente electrónico, que dice el ministro que no es lo mismo. La pregunta que le podría formular al ministro: ¿es cómo se convierten en expedientes electrónicos los procedimientos vivos que están actualmente en papel si no es mediante una digitalización masiva?

Para hacer interoperativos los sistemas informáticos no es necesario crear una nueva Agencia, sino un poco de voluntad y trabajo en la correspondiente Dirección General, ya que además cuenta con la ventaja de que casi todas las autonomías están gobernadas por el PP. Pero lo más gracioso de todo esto es que uno de los anuncios de Gallardón está ya contenido en el Título V de la Ley 18/2011 y sin necesidad de crear más órganos, dando las funciones a un Comité Técnico.

Fruto del desconocimiento del funcionamiento real de la Justicia, por más que aprobara unas oposiciones hace décadas, es que no sabe detectar dónde está el principal problema de la Justicia, que no es la segunda instancia. Se propone una tasa, especial de caución, para disuadir de la apelación cuando los órganos más atascados no son precisamente los que atienden apelaciones, sino los que entienden en primera instancia.

Es más, esta tasa disuasiva será especialmente perjudicial para las partes más débiles en los procedimientos civiles, contenciosos o sociales, de forma que quien tenga recursos suficientes podrá seguir recurriendo sin fin y quienes no los tengan pues se conformarán sin la posibilidad de hacerlo por no poder satisfacer la tasa.

Sobre la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) no se dice más que lo referente al CGPJ y dos o tres vaguedades que todo el mundo suscribiría. Llama la atención que el ministro quiera delimitar funciones del TC y TS y recuperar el recurso previo de inconstitucionalidad para los estatutos de autonomía en el epígrafe de la LOPJ y no en uno específico sobre la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Nos esperan malos tiempos para la técnica jurídica.

La nueva Ley de Demarcación y Planta asumen el trabajo realizado por el Ministerio a lo largo del fructífero mandato del ministro Francisco Caamaño, el cual ya tenía redactado el Anteproyecto de Ley para la creación de los Tribunales de Instancia.

La nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM) parece mucho más paguata en las funciones que se le iban a otorgar al Ministerio Fiscal que las ideas que llevan años manejándose. Las cosas de los conservadores. De hecho lo que va a hacer el actual equipo de Justicia es retocar el Anteproyecto de LECRIM que ya elaboró el equipo socialista de Justicia.

Lo mismo sucede con la Ley de Mediación en materia civil y mercantil: el Consejo de Ministro de Rodríguez Zapatero ya remitió a las Cortes un Proyecto de Ley. Vamos que Ruiz-Gallardón ha anunciado tres leyes en las que solamente tiene que copiar y pegar para luego corregir y hacerlas más convenientes a las partes más fuertes en los conflictos jurídicos.

Tres leyes que fueron aprobadas por el adelanto electoral. Si yo fuera Caamaño pediría los derechos de autor al menos, ya que Ruiz-Gallardón va a vivir todo su mandato del trabajo que ellos han hecho.

La Ley de Jurisdicción Voluntaria es una exigencia pendiente, desde 2000, cuando la entonces nueva Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) deja en vigor las normas de la anterior norma procesal civil en esta materia.

Dos ideas que me parecen interesantes:

La primera es tener un nuevo Código de Comercio que sustituya a la actual antigualla, donde casi todo está tácitamente derogado pero nada expresamente. Sería conveniente que el nuevo Código de Comercio reúna todas las normas de Derecho Mercantil que una pésima técnica legislativa, durante más de un siglo, han ido sembrando. De todas formas es mucho trabajo para Gallardón: menos mal que le queda la Comisión General de Codificación.

La segunda sería la de crear juicios rápidos en el procedimiento civil. En la nota de prensa del Ministerio no explica nada más y no sabemos si es una feliz idea de última hora o si el ministro dio más detalles en su comparecencia.

Aborto, Ley del Menor, Estatuto de la Víctima, reincidencia: demagogia barata.

En resumen: Ruiz-Gallardón piensa vivir del trabajo del anterior equipo del Ministerio de Justicia (eso alivia), perjudicar a las partes más débiles en los procedimientos, conservar el sistema de casta alrededor de la Judicatura y el Ministerio Fiscal y salir en los periódicos con algún anuncio demagógico al calor de alguna noticia morbosa de actualidad.

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Cuando la Vicepresidenta del Gobierno presentó el Real Decreto-Ley que daba sede normativa la subida impositiva insistía una y otra vez en que ésa era una subida progresiva. Dicho en bruto ‘progresivo’ es que el que más tiene paga más, pero no más porque paga más al tener más y aplicársele el mismo tipo impositivo, sino porque se le aplica un tipo impositivo mayor.

Pero más allá de las posibles interpretaciones sobre el concepto de ‘progresividad’ lo que nadie puede afirmar que sea progresivo es que quien tenga más pague menos en circunstancias similares.

El IBI se calcula sobre el valor catastral, que normalmente es inferior al valor de mercado, y que se calcula según una serie amplia de variables. Lo que alguien paga de IBI depende, fundamentalmente, del tipo impositivo que su Ayuntamiento establezca dentro de la horquilla de la Ley estatal sobre el valor catastral (con algunos matices).

La subida del IBI para las viviendas en los municipios con valores catastrales revisados desde 2002 mediante ponencia, la mayoría, se hará sobre los bienes que pertenezca a la mitad de más valor. Simulemos la siguiente situación, que puede darse en múltiples casos.

Digamos que soy propietario de un bien residencial con un valor catastral de 120.000€ en un municipio donde el valor que determina la mitad del municipio es 100.000€; en ese municipio tendré que soportar la subida del IBI. En cambio si soy propietario de una vivienda con valor catastral de 140.000 en un municipio cuyo valor determinante de la mitad es 150.000€ no me será de aplicación la subida.

El problema es obvio: quien tiene algo de menos valor puede que termine viéndose afectado por la subida mientras que el que tiene un valor mayor puede encontrarse con el mismo ‘sello de la contribución’.

La subida del IBI la pagarán los propietarios en municipios con menor nivel de valor frente a propietarios en municipios con mayor mitad. El PP ha querido ser ‘progresivo’ a nivel municipal, sin darse cuenta que la exigencia constitucional de progresividad para el sistema tributario no tiene como medida la distribución del valor o de la renta en un municipio, sino en todo el país.

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La ‘devolución’ a Escocia, en una primera instancia, de competencias municipales y después de su propio parlamento (proceso que se ha dado en otras ‘nations’) planteó la cuestión de los diputados de ese antiguo reino podían votar leyes que afectaban solamente a los ciudadanos ingleses pero los diputados ingleses no podían decidir sobre las materias devueltas al Parlamento escocés. Esto, descrito un poco a lo bruto, es lo que se llama ‘West Lothian Question’.

¿Existe esto en España? Parecería que no, pero hay determinadas materias en la que hay diputados, que representan determinados territorios, que pueden decidir sobre lo que se hace o no en otro lugar, mientras que los representantes de ese lugar no tienen reciprocidad.

Esto sucede en España, específicamente en materia fiscal. Los diputados canarios y norteafricanos (17) votan sobre el IVA, cuando en sus autonomías no se aplica este impuesto. Los diputados alaveses, vizcaínos, guipuzcoanos y navarros (23) votan la Ley del IRPF cuando en estos cuatro territorios forales el IRPF es decidido por el Parlamento de Navarra y por las Diputaciones Forales en el caso de los vascos.

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La subida de tributos que el PP sostiene para pagar la Sanidad bajo el nombre de ‘copago’ debería cumplir dos finalidades: evitar consultas abusivas y mejorar la financiación del sistema sanitario.

La Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC) publicó el pasado año un informe conclusivo después de estudiar las consecuencias de los diversos modelos de copago existentes (vía Polkillas).

Las conclusiones a las que llega el informe de la semFYC es que el ‘copago’ hace que bajen efectivamente el número de consultas, pero no mejora la financiación a largo plazo y tiene un efecto de inequidad social.

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Andan algunos sectores de los bareros españoles realmente enfadados con la ‘Ley Antitabaco’ y hablan de hasta un determinado porcentaje de descenso de facturación. Es un buen argumento contra la ‘Ley’, tan bueno como preconstituido, pero sobre todo es un argumento incomprobable.

Además parece que comparan un mes bueno como es diciembre (comidas de empresas, comidas navideñas y de amigos junto a más ingresos) con un mes pésimo como es enero.

Es incomprobable porque hay que fiarse de sus palabras ya que no hay forma de contabilizar si ha facturado más o menos. El principal instrumento que se emplea en estos casos, y el más sencillo y directo, es la suma de lo declarado a Hacienda. Pero esto tipo de establecimientos tributan por lo que se conoce como ‘módulos’, es decir, que se le atribuye un ingreso fijo en virtud de una serie de variables. Este sistema de cálculo de los ingresos no es obligatorio, pero casi todos los bareros optan por él ya que es beneficioso.

Si no hay forma clara y externa de comprobar sus aseveraciones, entonces la credibilidad que se otorgue es la que nos merezca el colectivo. Popper decía que un enunciado que no fuera falsable era un enunciado metafísico: un gracioso ejemplo de enunciado metafísico es la bajada de ingresos de los bares en el último mes.

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En muchas de las páginas que leo aparece la expresión ‘deducción fiscal’ como una especie de bálsamo contra muchos malos. Muchos de lo que utilizan esta expresión y que querrían que se empleara el mecanismo no caen en la cuenta de dos cosas que son muy importante, aunque se encuentren en los implícitos.

La primera es que cada deducción cuesta dinero, porque es un dinero que no recaudas. De hecho el total de las deducciones se contabilizan en el llamado ‘Presupuesto de Gastos Fiscales’. Las deducciones tienen que tener una finalidad muy clara y tienen que ser evaluadas continuamente, porque pueden generar efectos adversos a los inicialmente deseados (el ejemplo es la ya felizmente desaparecida deducción por compra de vivienda). En una etapa que reducción del déficit hay que andarse con mucho cuidado con los dispendios en gastos fiscales, que pueden comerse el ahorro en gasto público.

La segunda es que hay un grupo de deducciones fiscales que son enormemente regresivas y que premian más al que más tiene, ya que muchas de ellas no tienen en cuenta los ingresos del que se va a deducir, por no decir que es posible que algunas deducciones solamente estén al alcance de unos cuantos.

Proponer incentivos en forma de deducciones fiscales tiene, como tercera idea, el problema de que el dinero deducido puede que no vaya precisamente a donde quieres que vaya. Frente al incentivo finalista, la deducción tiene la incapacidad de ser controlada.

Esto no es un canto contra las deducciones fiscales. Tiene que haberlas y tienen que ser servir a nos fines, pero no son ni la panacea ni la mejor solución y a veces te incrementan los gastos, porque das algo que pagas y deduces otro algo adicional que indirectamente también pagas (por ejemplo las deducciones por capitalización en los sistemas privados de pensiones).

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En el blog de “Evaristo. El Rey de la Baraja” se recogían titulares de la prensa regional murciana que daban cuenta de la situación de deterioro sin límites de la economía de esta región del suroeste español.

Todos los indicadores negativos se disparan cada vez que se reactualizan y el gobierno regional que asumió las transferencias de Sanidad sobre un cálculo de población que, ya en ese momento, no cubría a la mitad de los murcianos, ha tenido que introducir el ‘céntimo sanitario’ en el precio de la gasolina, esto es, el PP murciano se ha apuntado a subir los impuestos (a Aznar no se le discutía nada).

Como bien dice Evaristo el PP de Valcárcel culpará de todos los males al Gobierno de España. La pregunta que por ahora poca gente se ha hecho en la Región de Murcia es que si todo es culpa de Zapatero entonces qué hace Valcárcel; si la Región no tiene margen de maniobra por qué se continua con ella y no se disuelve ya que a la hora de la verdad el gobierno de Valcárcel no tiene ningún poder.

El victimismo sí tiene réditos electorales. La población que le dé nuevamente una gran mayoría al PP murciano lo hará creyendo que el problema de que la economía regional se haya hundido no es que las apuestas (del gobierno regional y no del de España) económicas estaban totalmente erradas y que llevaban a los murcianos a algo parecido a un callejón sin salida.

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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictado sentencia en una cuestión prejudicial planteada por la Audiencia Provincial de Barcelona sobre la compatibilidad de la normativa española al Derecho Comunitario en relación con el llamado ‘canon digital’.

El TJUE ha dictado, como ya han publicado los medios, que el canon es compatible con el Derecho Comunitario en tanto que está cubierto por los conceptos ‘reparación equitativa’ y justo equilibrio’ contenidos en la Directiva 2001/19.

El TJUE considera que se rompen las exigencias de estos dos conceptos cuando la aplicación del canon es indiscriminada y puede gravar materiales que no van a ser presumiblemente empleados para la copia privada, como es el caso de numerosos profesionales que adquieren equipos y soportes para sus propias actividades.

En mi opinión, buena parte del canon digital ha quedado amparada por el TJUE, que no es otra que la que se pretendía inicialmente gravar: la copia privada. El TJUE saca del amparo en el Derecho Comunitario a todo lo que no es copia privada.

El Gobierno tiene ahora la posibilidad de establecer un sistema parecido al de la devolución del IVA para hacer lo propio con el canon pagado por profesionales cuyas compras no vayan a ser copias privadas. La forma de hacerlo es bastante sencilla y a través de la matrícula del IAE se puede designar las actividades con derecho a devolución del canon.

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