Feeds:
Entradas
Comentarios

Posts Tagged ‘Derecho Electoral’

El otro día me refería a las mayorías desprotegidas, que son aquéllas que establece una norma que necesita de una mayoría menor para ser modificada, de modo que en vez de obtener la mayoría requerida, se reforma la ley y se rebaja la exigencia. En la entrada puse como ejemplo la reforma de la Ley de RTVE que llevó a cabo el PP durante la presidencia de Mariano Rajoy, haciendo que el presidente de RTVE fuera elegido por mayoría absoluta, modificando la ley que marcada los dos tercios del Congreso.

El otro día recordé un bue ejemplo de una mayoría desprotegida, fuera de nuestro sistema político.

En 2011 la Fixed-term Parliaments Act quitó a la Corona la prerrogativa de disolver el Parlamento y convocar elecciones (prerrogativa ejercida de hecho por el Primer Ministro). Desde entonces la legislatura quedó fijada en cinco años y solamente cabía convocar elecciones por medio de una mayoría de dos tercios de la Cámara de los Comunes del número de total de escaños, incluidos los vacantes. Se estableció otro procedimiento, más tortuoso, en el que es necesario aprobar una moción de no confianza al gobierno y en el plazo de catorce días la Cámara no aprobar una moción de confianza en sentido contrario.

Boris Johnson y sus aliados norirlandeses tenían la mayoría absoluta, pero los laboristas se negaban a una convocatoria extraordinaria como la de 2017 en la que sí asintieron y los dos grandes partidos reunieron los dos tercios necesarios. Una autocensura era implanteable. Por tres veces los conservadores intentaron aprobar la convocatoria de las elecciones, pero no fue posible alcanzar los dos tercios de votos, ya que la oposición o bien votaba en contra (unos pocos), o bien se abstenían (casi todos).

Vista la negativa los conservadores decidieron tomar otra vía, aprovechando un propuesta de los nacionalistas escoceses y liberales-demócratas. En el Reino Unido todas las leyes, tengan trascendencia constitucional o no, se aprueban con la misma mayoría, que es la simple. Se presentó un proyecto de Ley que si bien no modificaba la ley de 2011, convocaba elecciones generales por sí misma, por ministerio de la Ley que diríamos por aquí.

En cuestión de días el Parlamento aprobó la Early Parliamentary General Election Act 2019 que convocaba las elecciones de acuerdo con la sección 2 (7) de la Fixed-term Parliaments Act, pero no contando con las mayorías ni con los procedimientos requeridos.

La ley de 2011 establecía una mayoría de dos tercios que hacía precisa la concurrencia de los dos grandes partidos del Reino Unido a la hora de convocar elecciones, como sucedió en 2017, pero esa mayoría de dos tercios se cimentaba en una ley que podía ser modificada o excepcionada, como hemos visto, por una mayoría simple.

Se puede llenar un ordenamiento de fuertes mayorías para tomar numerosas decisiones, pero si las normas que las establecen no requieren al menos la misma mayoría para ser modificadas o excepcionadas, no tienen ningún sentido.

Read Full Post »

Normalmente, cuando han ido las elecciones estadounidenses, nos hemos ido a la cama a horas indecentes, pero con un claro ganador. Ahora esto se prolonga durante dos jornadas y comienza a parecerse a esos encantadores escrutinios irlandeses que vivimos pegados a la retransmisión de la RTE.

Mi “timeline” en Twitter se ha llenado hoy de comentarios jocosos sobre lo que se está prolongando el recuento en estas elecciones en los Estados Unidos. Si de algo estamos orgullosos los españoles es de lo eficacez que somos contando votos, de forma que una hora y media después del cierre de los colegios electorales están todos los escaños o concejalías repartidos, unos celebrando, otro penando y varios cientos de miles de presidentes de mesa, vocales de mesa, interventores y apoderados volviendo a su casa para descansar.

Nuestro sistema electoral tiene eso que Pablo Simón llama bajo “coste cognitivo”. Uno vota por un partido, se cuentan las papeletas y se dice a cuántas corresponden a cada partido, se suman los votos en blanco y nulos y si no se ha metido la pata, pues cuadra con el número de personas que han votado. No es raro que a alguien no le cuadre (dan mucho juego para esas confusiones los interventores que votan en la mesa pero que no están en el censo de la mesa) y se cuente otra vez, pero es un rato pequeño. Se rellenan las actas y se firman, se dan los datos al funcionario para que los transmitan y los frikis de las elecciones los veamos en nuestros ordenadores y se espera a un vehículo policial, en algunos casos, para trasladar a los presidentes de mesa a la sede de la Junta Electoral de Zona.

¿Realmente es siempre así de sencillo nuestro sistema? Pues no, hay un punto negro y ese lo encontramos en las elecciones al Senado. En las provincias se eligen cuatro senadores por el bonito sistema de listas abiertad (en las islas y en las ciudades norteafricanas el número es menor), pero el votante solamente tiene tres votos, de modo que una papeleta puede salir de la urna siendo nula (por el motivo que sea), sin ningún voto, con un voto, con dos votos o con tres votos, es decir, hay cinco posibilidades frente a las tres en el Congreso.

¿Qué problema tiene esto? Que el número de papeletas no indica necesariamente el número de votos, pues no todo el mundo votará a sus tres candidatos, de forma que eso de multiplicar las papeletas por tres no es la solución. Entonces los miembros de la mesa y los representantes de los partidos políticos comienzan a hacer palitos y a rezar para que al finalizar todos tengan los mismos palitos en cada uno de los candidatos, porque de no ser así hay que volver a hacer palitos. Los errores vienen normalmente del cansancio o despiste de alguno de los intervinientes. En ocasiones se utiliza la pizarra del aula para llevar un conteo “unitario”.

Pues si el Congreso está recontado, celebrado o llorado en una hora y media, el Senado se puede alargar unas cuantas horas más y terminar de madrugada. Ésa es la parte que no vemos en nuestras Elecciones Generales y la que más tiempo y paciencia emplean y, desde luego, la menos eficiente de todos nuestros procesos electorales.

Teniendo en cuenta que en la papeleta de hoy en cualquier estado de los Estados Unidos no sólo está la elección del Presidente, sino de un representante en la Cámara federal, posiblemente un senador federal, un representante estatal, un posible senador estatal, algunos referendos, el gobernador o mil cargos más parece que no duran tanto y más cuando lo hacen todo en una papeleta y tachando.

Read Full Post »

Los dirigentes nacionales de los populares situaron a las fiestas navideñas como el límite temporal del estado de alarma. Casado y los suyos querían hacer del PP el partido pro-navidades frente a la coalición de gobierno y los partidos que han apoyado la prórroga de la alarma que serían los anti-navidades. La innovación había llegado a crear una nueva dicotomía política en torno a las celebraciones de diciembre.

Parece que las propuestas en este sentido de los populares se han ido disolviendo desde la aprobación de la prórroga por el Congreso, mientras varios presidentes autonómicos del Partido Popular están tomando severas medidas para contener la pandemia en sus respectivos territorios.

Pero como a los populares les encantan estas luchas sobre nimiedades es conveniente recordar alguna cosa. Tras las elecciones de junio de 2016, Mariano Rajoy fracasó en su primer intento de ser investido y los relojes para la convocatoria automática de las elecciones se pusieron en marcha el 31 de agosto de 2016. Dos meses tras esa primera votación y habrían nuevas elecciones.

Comenzó una profunda guerra sucia con la connivencia del Felipismo en el PSOE, guerra que fue su final, para que los socialistas facilitasen una investidura forzada de Rajoy para tener el gobierno más débil de la democracia, un gobierno que cayó en mayo de 2018 en manos de la misma mayoría absoluta que le hizo perder incluso la primera votación de la segunda investidura.

Mariano Rajoy y Ana Pastor, entonces presidenta del Congreso, fijaron el 31 de agosto de 2016 como fecha para la primera votación. Si Rajoy no lograba la investidura el plazo de dos meses vencería el 1 de noviembre y el día quincuagésimo cuarto (art. 42.1 LOREG) posterior a la convocatoria era el domingo, 25 de diciembre de 2016.

El Partido Popular preparó la celebración de elecciones generales el día de Navidad como uno de sus mecanismos de presión para conseguir los votos necesarios para la investidura. Aquí vemos el nacimiento del partido pro-navidades con el argumento de o me invistes o tendréis que votar con el mantecado en la boca.

———–

Es cierto que viendo los populares que el hecho de tener que votar el 25 de diciembre por la elección de fechas, se le podía volver en contra presentaron una proposición de Ley Orgánica, apoyada por todas las fuerzas, para que las elecciones fueran el 18 de diciembre, también domingo.

Read Full Post »

Parece que un ex director de El Mundo nos va a “alegrar” periódicamente con sus aportaciones a la edición en español de The New York Times. David Jiménez se ha despachado esta semana con el clásico ataque a la clase política (poco preparada y obediente al líder) con una falsa equidistancia, que encubre una obsesiva fijación hacia una parte de la clase política.

El artículo en sí mismo no deja de ser una relación sin orden, ni lógica, de los tópicos de la regeneración política riverista de la pasada década. Sencillamente tengo la impresión de haber leído y escuchado mil veces lo mismo.

Lo realmente estupendo del artículo es la solución que Jiménez plantea a los males de la clase política. En la línea de todo lo que le antecede en el artículo es simplón y recurrente: las listas abiertas. De las listas abiertas he escrito un montón de veces, pero me parece oportuno sintetizar algunos de los costes que tienen sus pretendidas ventajas.

1) En España ya tenemos listas abiertas. ¿Sí? Sí, esa papeleta sepia, inmensa en muchas provincias, que se emplea para elegir a los senadores. Aparecen los nombres de todos los candidatos y uno tiene que señalar tres de ellos (el número de las cruces varías en las islas y en las ciudades norteafricanas). Casi todos los electores pone las tres cruces a los candidatos del mismo partido que votó en el Congreso, con cierto margen al “jugueteo”. Casi nadie se molesta en conocer el nombre, ideas y curriculum de todos los candidatos al Senado para decidirse en su voto en lista abierta.

2) Las listas abiertas en las circunscripciones grandes se convierten en una locura y normalmente los ciudadanos votan a todos los candidatos propuestos por un partido. Tiene un coste cognoscitivo enorme. En las pasadas elecciones en Madrid se presentaron 12 candidaturas para cubrir sus 37 diputados, lo que supondría 444 candidatos en la papeleta; en Barcelona subiría a 512 candidatos; en Valencia 225; o en Sevilla 156. Los ciudadanos tendrían que coger días de vacaciones para estudiar a los candidatos y así tuviera sentido la propuesta que Jiménez hace suya.

3) Si para corregir este problema reducimos el tamaño de las circunscripciones, entonces la elección perderá la cierta proporcionalidad que tienen, para convertirse en mayoritario. Una elección en listas abiertas tiene un claro efecto favorable al partido que más votos consiga, eliminando las minorías, como sucede en las elecciones senatoriales en las que el resultado 3-1 suele ser el habitual.

4) Precisamente por todo lo anterior, ayuda a los partidos concentrados territorialmente.

5) Es un sistema ideal para poder votar al partido que se cree mejor y a la vez a ese personaje de la “Isla de las tentaciones” que se presenta, a ese futbolísta con el que mi equipo ganó la Copa del Rey o a un “colgao” que sacan en determinados programas de televisión. Ya veo a determinados programas de entretenimiento, en televisión y en radio, lanzando a sus candidatos raritos como si de Eurovisión tratara.

6) El sistema de listas abiertas prima a los candidatos que son más conocidos sobre los menos populares. Las candidaturas pueden transformarse en una pasarela de celebridades políticas y/o sociales de las localidades o las provincias. Será imposible convencer a alguien a que deja una determinada posición profesional para competir contra todos los alcaldes de la provincia y todos los locutores de radio y tertulianos de la zona.

Me dejo muchas cosas pero creo que las principales quedan apuntadas: coste cognitivo (que diría Pablo Simón), imposibilidad de conseguir los fines propuestos, tendencia mayoritaria, eliminación de las minorías o concurso de popularidad.

Read Full Post »

Hoy he estado repasando la STC 197/2014 en la que se declara la constitucionalidad de la reforma del Estatuto de Autonomía para Castilla-La Mancha que redujo el número de diputados en las Cortes autonómica al que determinara la Ley Electoral entre un mínimo de 25 y un máximo de 35.

La sentencia es larguísima en cuanto a los antecedentes de hecho y en los fundamentos jurídicos es prolija en responder a las máculas de constitucionalidad menores antes de abordar el principal: si ese número de diputados respetaban la exigencia de proporcionalidad en las elecciones autonómica ex art. 152.1 CE, con las modulaciones que el propio artículo señala.

Los altos tribunales son muy precavidos en cuestiones relativas al sistema electoral, porque un pronunciamiento muy preciso podría limitar al Legislativo de tal manera que el tribunal sería el nuevo legislador positivo. Ésta es una de las causas que hacen casi imposible un pronunciamiento general del Tribunal Supremo de los Estados Unidos sobre el “gerrymandering” y aquí que el Tribunal Constitucional no entrara de verdad en la cuestión de la proporcionalidad. Es un motivo loable, dejar al Legislativo su lugar, pero este empeño puede no ser tan impecable en determinadas circunstancias.

Los recurrentes presentaron una serie de simulaciones y proyecciones que mostraban que el nuevo sistema emanante de la Reforma del Estatuto consagraba un sistema mucho menos proporcional y en consecuencia menos plural. Arguyeron que se aplicaba de hecho una barrera o umbral mucho mayor, porque a la hora de que una candidatura obtuviera un diputado, iba a requerir muchos más votos.

El Tribunal Constitucional, con la ponencia del magistrado Fernando Valdés Dal-Ré, determina sorprendentemente que solamente se puede hablar de violación de la proporcionalidad a través del umbral, cuando el umbral esté establecido normativamente. Es un argumento que contradice la trayectoria del Tribunal que busca más la realidad de la norma sometida a su juicio y su virtualidad que su dicción literal.

Cualquier conocedor de los diversos sistemas electoral vigentes en España es conscientes que los umbrales electorales establecidos normativamente (el número mínimo de votos recibidos para poder ser contado en la adjudicación de escaños) tiene poca eficacia en las Elecciones Generales o Autonómicas y sí cierta importancia en las Locales. Ello no quiere decir que no haya umbrales electoral, pero son fácticos. Una norma aparentemente neutra, aplicada a una realidad no neutra, deviene en no neutra.

El segundo elemento negativamente sorprendente del pronunciamiento del Tribunal Constitucional es el rechazo de las proyecciones y simulaciones planteadas a la hora de justificar la mayor o menor proporcionalidad de un sistema electoral. El Tribunal argumenta que su control es a priori y abstracto y que esas proyecciones y simulaciones quieren llevar el juicio de constitucionalidad al control a partir de un caso hipotético. Parece convincente el argumento si no nos hubiéramos encontrado sentencias dictadas expresamente sobre situaciones hipotéticas que la aplicación de una norma pudiera producir. Salvo una incongruencia gruesa, como que una ley establezca la mayoría de edad a los 45 años, que es evidente y no necesita de nada más que la mera contrastación, en el resto de los juicios de constitucionalidad dimanantes de un recurso, la hipótesis y sus consecuencias son precisas a la hora de razonar la constitucionalidad de una norma.

Pero el tercer elemento es el peor. Mantiene la sentencia que la exigencia de la proporcional es un objetivo irrealizable. Se refugia el Tribunal en que la proporcionalidad perfecta es imposible de conseguir, algo obvio, para considerar la proporcionalidad algo así como un ideal regulativo sin fuerzas normativa, salvo que se establezca un sistema mayoritario, lo cual entraría dentro de la categoría de transgresión grosera que antes se indicaba.

El Constitucional viene a decir que todo lo que no sea establecer un sistema mayoritario y no tenga unos umbrales normativos vergonzosos, es proporcional. Cabría haber esperado de este órgano algo más de finura a la hora de definir qué es proporcional, en primer lugar porque una definición negativa es de malos juristas y, en segundo lugar, porque es fácil que se presenten sistemas electorales muy poco proporcionales.

También hay que señalar que los recurrentes hicieron una interpretación poco precisa del artículo 152.1 CE. Este precepto no ordena la proporcionalidad, con una salvedad, en los resultados de las candidaturas, sino en el reparto de los diputados entre las circunscripciones.

Read Full Post »