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Posts Tagged ‘Derecho de Excepción’

El pasado jueves, 12 de noviembre, el Presidente de la Junta de Castilla y León dictó un decreto en el que se establecen prestaciones obligatorias de carácter personal para el personal del Servicio de Salud de Castilla y León. Lo hace al amparo del artículo 11 del Real Decreto 926/2020, prorrogado por el Real Decreto 956/2020 (ahora restringido al ámbito sanitario o sociosanitario y en primavera no tenía límites la exigibilidad de acuerdo con el artículo 8.2 del Real Decreto 463/2020).

Efectivamente esta decisión trastoca lo dispuesto en otra normativa, alguna de rango legal, pero no por ello no tiene validez. El estado de alarma crea una situación excepcional en la que hay un Derecho de Excepción, que “puede excepcionar, modificar o condicionar durante ese periodo la aplicabilidad de determinadas normas, entre las que pueden resultar afectadas leyes, normas o disposiciones con rango de ley, cuya aplicación puede suspender o desplazar” (STC 82/2016), todo ello dentro de los límites constitucionales y de la Ley orgánica reguladora de los estados especiales.

No estamos acostumbrados a las prestaciones obligatorias de carácter personal porque el gran ejemplo, el servicio militar obligatorio, hace mucho que dejó de ser obligatorio. Ser miembro de una mesa electoral también es una prestación de este tipo, a la que uno no se puede negar salvo causa justificada y que no se encuentra remunerada, sino solamente indemnizados los gastos ocasionados por el servicio.

Pero sirve como ejemplo para ilustrar en qué consiste: tienes que hacer algo no en virtud de tus obligaciones delimitadas por las normas de aplicación, sino en virtud del Derecho de Excepción como en este caso o de acuerdo con la LOREG en el caso de las Elecciones. e hecho es una actividad tan obligatoria que el decreto del presidente de Castilla y León no asegura la remuneración, aunque sí prevé indemnizaciones.

Está plenamente habilitado a hacer lo que plasma en el Decreto 2/2020, porque en virtud del artículo 2.2. y 2.3 del Real Decreto 296/2020 es la autoridad delegada, puede imponer prestaciones obligatorias de carácter personal (artículo 11) y los servicios sanitarios y sociosanitarios están dentro de su gestión ordinaria (artículo 12).

De lo que sí me caben dudas es que si el responsable de la Consejería competente puede dictar “medidas específicas, pormenorizando su grado y forma de afectación” (artículo 4.2) toda vez que en el Decreto 2/2020 no establece ni siquiera de formar general estas medidas concretándola un mínimo que ulteriormente pueda ser pormenorizado.

El presidente de la Junta de Castilla y León no puede delegar una facultad que a su vez le ha sido delegada por el Gobierno de España. No puede dictar una norma habilitante en blanco para que la consejera, que no ha sido delegada, dicte las órdenes. Es una norma tan en blanco que, una vez en vigor, nadie sabe en qué consiste la prestación obligatoria de carácter personal.

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La crítica de una parte de la derecha y de toda la ultraderecha al estado de alarma no era una cuestión de convicción, sino de oportunismo político. Los mismos que pidieron el estado de alarma, quizá pensando que el gobierno no iba a atreverse, semanas después estaban horrorizados por el funcionamiento de orden constitucional.

La dificultad y coste de las sucesivas prórrogas del estado de alarma, desembocó en su finalización por pérdida de cualquier fundamento jurídico a todas las fases de desescalada.

Muchas comunidades se encontraron de repente gestionando una pandemia sin los poderes necesarios, pero con el deber cumplido respecto de la estrategia nacional de sus partidos. A partir de entonces los dirigentes autonómicos han andado a tientas y los tribunales se han dividido a la hora de confirmar judicialmente las medidas de mayor calado.

Un sector de los jueces considera que las medidas propuestas por las comunidades autónomas no pueden encontrar sostén en el orden jurídico general y que deberían tener su lugar dentro del orden jurídico excepcional, en este caso el estado de alarma.

Los que se oponían al estado de alarma mantenían que se podía obtener el mismo efecto con la legislación general. Como ya comenté en su momento en Twitter esta interpretación no propone otra cosa que un fraude constitucional al pretender conseguir los efectos de una institución con los de otra, en definitiva, si la Constitución establece los estados especiales es para ser usados cuando sean precisos, no para crear unos “cuasiestados especiales”.

Además se une a la deficiencia anterior el hecho de que se pierde todo tipo de garantía externa, porque en estos “cuasiestados especiales” no hay control parlamentario y ya hay propuestas de que no haya forma alguna de control judicial, todo ello saltándose las reservas de Ley y de Ley Orgánica.

Pese a que estemos en una pandemia, en la actualidad no vivimos constitucionalmente una situación de excepcionalidad, de forma que las disposición autonómicas en materia de Covid-19 no son “Derecho de excepción”, sino mero Derecho Administrativo sometido a todas las cautelas habituales.

Es comprensible que las necesidades del momento primen sobre cuestiones jurídicas, pero eso tendría explicación en los primeros momentos. Ahora no tiene ningún sentido prohibir el ejercicio del derecho de reunión por medio de la orden de un consejero autonómico fuera de un estado de alarma.

Tanto Feijoo como Urkullu eran seguros ganadores de sus elecciones, pero la suspensión de las elecciones gallegas y vascas fue una decisión con un anclaje legal dudoso y que plantea un precedente peligroso: un presidente suspende unas elecciones por una cuestión de salud pública sin ninguna previsión legal. O se pone remedio legislativo inmediato o estamos abriendo la puerta a peligros futuros.

Estamos, cada vez, rodeados de un espíritu decisionista. Entiendo en este contexto por decisionista aquello que pone la resolución política sobre lo jurídico en caso de conflicto. Es cierto que en el mundo del Derecho existe una sentencia que dice “salus populi, maxima lex”, pero se refiere a una excepción y no a un principio fundamental. Las democracias eligieron hace mucho gobernarse por normas y no por decisiones, que pidiendo ser bienintencionadas, pueden destruir el estado de Derecho.

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