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Posts Tagged ‘Derecho Civil’

Uno de los mayores artificios de los separatistas lo hacen con el asunto de la nacionalidad. El argumento es el siguiente: los catalanes continuarán siendo ciudadanos de la Unión Europea porque en todo tiempo podrán recuperar la ciudadanía española de origen en virtud del artículo 11.2 de la Constitución, cosa que sucede en muchos casos de pérdida por adquisición de otra nacionalidad.

Esto es así, pero nada ni nadie impediría a las Cortes Generales aprobar una reforma constitucional, en forma de Disposición Transitoria, que dijera que quienes optasen por la eventual nacionalidad catalana no podrían perderían la condición de españoles de origen a efectos de lo dispuesto en el artículo 11.2. Y ya está. ¿O es que creen que habría que asumir una fraude de nacionalidad de tales proporciones?

Es bastante triste, como en el caso de la garantía de los depósitos, querer dar confianza diciendo que no se romperán los vínculos de nacionalidad con el país del que te quieres independizar, porque todo el mundo percibe que tu nacionalidad no vale nada.

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Si alguien se subroga en la hipoteca que yo he celebrado con una entidad bancaria es porque la entidad existe. Si no hay gestación previa, solamente inseminación “in vitro”, no entiendo que se pueda nadie subrogar a ninguna gestación y me parece más un eufemismo para referirnos a los “vientres de alquiler” que a otra cosa.

Y no lo tengo claro por ahora y sigo pensando y leyendo argumentos a favor y en contra de los “vientres de alquiler”. A la única conclusión que sí he llegado es que la decisión que se tome debe ser tajante: o sí con todas las consecuencias (en la linea de la proposición de Ciudadanos) o no con todas las consecuencias (que no es la situación actual).

En el presente estamos en lo que entiendo que es uno de los peores escenarios. Por un lado no se permite en España, pero sí hay un procedimiento (con sus lagunas) para reconocer a los niños y niñas nacidos gracias a un “vientre de alquiler” en países extranjeros. Esto hace que solamente quienes pueden permitirse hacer lo que en España no es legal, entonces tienen un reconocimiento legal, de forma que la actual regulación (una orden ministerial) consagra una discriminación económica.

Si se opta por no permitir alquiler vientes en España, debe cerrarse la puerta a que si los españoles lo hacen en el extranjero tengan éxito a la hora de registrar a los niños y niñas, porque supone una regulación solamente viable para quien tiene dinero.

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Un juez encargado del Registro Civil decidió denegar la inscripción del nombre “Lobo” como nombre de un bebé tal y como solicitaban sus padres. Después vinieron los chistes, las adhesiones, los rechazos, la inevitable búsqueda de firmas en change.org, todo propio de una serpiente de verano de aquellos veranos en los que no había noticias.

Los padres interpusieron un recurso ante la Dirección General de los Registros y el Notariado (DGRN) del Ministerio de Justicia que les ha dado la razón y ha ordenado la inscripción del recién nacido con el nombre “Lobo”.

Y ahora viene el momento simpático en los que los medios vienen a dar cuenta de esta noticia. Así titularon El Mundo y El Español:

Lobo - El Mundo

Lobo - El Español
Han aplicado una lógica impecable en lo formal pero errada en lo material. La idea es que si un juez ha resuelto algo, el recurso que resuelve sobre lo que el juez ha dictado es tan judicial como la resolución primigenia del juez.

Y ahí es donde está el error. Los jueces encargados del Registro Civil son jueces, pero su trabajo en estos organismos no es jurisdiccional, sino administrativo. Es por lo que una resolución de un juez que solamente puede ser revisada por otro órgano judicial en los casos de Registro Civil es revisada por un órgano administrativo como es la DGRN y solamente se puede recurrir a los tribunales, en este caso civiles, contra la resolución de la DGRN.

La no jurisdiccionalidad de la labor de los jueces al frente de los registros civiles quedó fuera de dudas cuando el pleno del Tribunal Constitucional inadmitió varias cuestiones de constitucionalidad contra la Ley 13/2005 (del matrimonio homosexual) precisamente por este motivo: los encargados de los Registros Civiles no realizan funciones jurisdiccionales (AATC  505/2005 y 508/2005).

En 2011 se aprobó la Ley 20/2011 que transformaba el Registro Civil en un Organismo Autónomo y liberaba a los jueces de su dirección, asunto que todavía no ha sido llevado a la práctica por la intención del PP de transferir el Registro Civil a los registradores de la propiedad.

Otros medios hablando de “Justicia”, en vez de “La Justicia”, fueron más correctos.

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Inmatriculaciones

En hoja parroquial, versión digital, de la diócesis de Segovia encontramos ya en el año 2012 el texto anteriormente, utilizando el argumento construido por la Conferencia Episcopal y sus asesores de comunicación contra las peticiones para eliminar el privilegio de inmatriculación en la Ley Hipotecaria y revisar las ya realizadas.

El argumento es hábil. Parte de la diferenciación entre “pueblo” entendido como la totalidad de los habitantes de un municipio, cuya forma política sería el Ayuntamiento y el “pueblo” entendido comunidad religiosa concreta, en este caso la católico-romana.

Es una pena que esta diferenciación no la hagan más a menudo, especialmente cuando intentan en convertir en ley obligatoria para todos sus creencias morales de índole religiosa, así como imponer sus símbolos a todos, creyentes de su confesión, de otra o no creyentes.

El Ayuntamiento es regido por los representantes elegidos por los ciudadanos. La comunidad de creyentes es regida por un sacerdote nombrado por el obispo como párroco sin que los miembros de esas comunidad parroquial tenga la mínima intervención antes, durante o después de la elección y mucho menos en relación con cualquier decisión, de la más nimia a la más importante.

Son mudos y la Iglesia Católica, al menos en la mayor parte de España y la inmensa mayoría de sus parroquias no proporciona a sus fieles ninguna forma de expresión. Luego el “pueblo” entendido como comunidad cristiana no tiene presencia, no existe, porque todo es dirigido por los funcionarios. En este argumento se usurpa el término “pueblo” para que los funcionarios eclesiásticos puedan esconderse detrás de él y así realizar sus operaciones inmobiliarias.

Un argumento aparentemente impoluto, diferenciación entre la comunidad civil y la comunidad religiosa, es utilizado únicamente para decir que como el “pueblo” entendido como comunidad religiosa está representado por personas impuestas, las decisiones de estos han de ser tenidas como decisiones del “pueblo” entendido como comunidad religiosa.

El caso de la Catedral-Mezquita de Córdoba es célebre pero creo que oscurece la problemática. Hay casos como la cesión sin más papeles de terrenos por parte de propietarios de tierras para hacer un cementerio y esos terrenos, no todos convertidos en cementerio, están ahora inmatriculados y pueden ser dispuestos para cualquier fin. Las casas de los curas que inmemorialmente los pueblos han tenido para los sacerdotes muestran otro caso. Se habla de inmuebles del “pueblo” y no del cura y del obispo.

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Ganemos Madrid y Podemos llevan semanas hablando de que la mejor forma de hacer una convergencia o, como ahora se dice, una candidatura de Unidad Popular es la creación de un partido instrumental.

¿Qué es un partido instrumental?

Los representantes de Ganemos Madrid y de Podemos, por ahora, fundarían un partido político que tiene el único objetivo de presentarse a las elecciones con las ventajas que el sistema electoral le da a los partidos políticos.

Este partido tendría un grupo restringido de militantes, acordado previamente por las fuerzas fundadoras, y unos órganos constitutivos del órganos también acordados previamente por esas mismas fuerzas. El partido no tiene otra misión que la de servir de plataforma electoral a las formaciones que van a converger en su fundación. El partido no va a tener vida propia, como su nombre indica es un mero instrumento.

¿Qué problemas jurídicos plantea un partido instrumental?

Cayo Lara ha mostrado sus reticencias en torno a la legalidad de esta fórmula. Y la verdad es que yo también tengo mis dudas. De hecho el artículo 2.1 de la Ley Orgánica de Partidos Políticos preceptúa que los promotores de un partido político han de ser personas físicas, cosa que no se da en el caso del “partido instrumental” que es una decisión de partidos preexistentes.

Además la figura del partido instrumental intenta eludir la federación, confederación o la unión de partidos del artículo 1.3 de la misma Ley o las figuras de la agrupación de electores o de la coalición electoral de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que tienen unas mayores exigencias o de firmas para concurrir o de plazos.

Para que distintas fuerzas políticas puedan presentarse juntas a las elecciones hay previstos cauces en nuestra legislación electoral y ninguno de ellos prevé un partido instrumental. Una confederación de partidos sería una solución plenamente legal y cercana a sus intenciones.

De lo contrario bien alguien podría acordarse de aquello que dice el artículo 6.4 del Código Civil:

Los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir.

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Un conjunto de diversas asociaciones laicistas quieren conseguir que cincuenta diputados o cincuenta senadores firmen un recurso de inconstitucionalidad contra el primer párrafo del artículo 206 de la Ley Hipotecaria, en la redacción dada por el Decreto de 8 de febrero de 1946, esto es, quieren que se someta a juicio de constitucionalidad la facultad de la Iglesia Católica de inmatricular bienes inmuebles de los que no tenga título de dominio escrito y no estén inscritos en el Registro de la Propiedad.

Es irrelevante que consigan la firma de los diputados o de los senadores y por eso esta iniciativa parece más propaganda que una verdadera campaña jurídica contra esta absurda facultad jurídica de la Iglesia Católica.

¿Por qué digo lo anterior? Porque el recurso de inconstitucionalidad solamente puede ser interpuesto hasta tres meses de su publicación oficial o nueve meses en caso que se acuda previamente al procedimiento de comisión bilateral entre Gobierno y CCAA.

Teniendo en cuenta que esta norma fue publicada oficialmente el día 19 de marzo de 1946 no cabe recurso de inconstitucionalidad. Es más, y todos estaréis pensando eso, es una norma preconstitucional que obviamente nunca pudo ser sometida a un Tribunal Constitucional nacido tres décadas después de su promulgación.

El control de constitucionalidad de las normas preconstitucionales, como hemos indicado anteriormente, no se puede hacer por medio del recurso de constitucionalidad por lo que solamente cabe el examen judicial a partir de un caso concreto y el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad.

La jurisprudencia constitucionalidad ha sido oscilante a la hora de considerar si en las leyes preconstitucionales hay un control difuso por todos los órganos jurisdiccionales, control basado en la Disposición Derogatoria de la Constitución, o bien procedía la presentación de una cuestión ante el Tribunal Constitucional.

Actualmente podemos distinguir dos tipos de leyes preconstitucionales a efectos de control de constitucional por cuestión: las leyes asumidas por el legislador postconstitucional y las leyes no asumidas.

Una ley preconstitucional asumida por el legislador postconstitucional cuando la ley preconstitucional ha sido objeto de modificaciones parciales, permaneciendo vigentes las normas preconstitucionales no modificadas en lo que se entiende que puede ser visto como una “aprobación implícita”. Las normas preconstitucionales de estas leyes asumidas habrían de ser en términos generales objeto de cuestión de inconstitucionalidad si se duda sobre su adecuación a la Constitución. Éste sería el caso de la Ley Hipotecaria, incluso del artículo 206, que ha sido modificado con posterioridad a la Constitución, en 1996, y la norma cuestionada no ha sido ni modificada ni derogada. De hecho, desde 1978, La Ley Hipotecaria ha sido modificada en diecisiete ocasiones y el párrafo primero del artículo 206 sigue en vigor.

En el caso de las normas no asumidas se abren una doble posibilidad. La primera es que la disconformidad sea tan evidente que lo que realmente proceda sea la inaplicación por considerar que la Ley está derogada ex Constitutione; la segunda posibilidad es que el juez ordinario tenga dudas sobre su constitucionalidad y entonces sea deseable el planteamiento de la cuestión.

En conclusión: un recurso de inconstitucionalidad no es la vía jurídica adecuada para atacar el párrafo primero del artículo 206 de la Ley Hipotecaria, siéndolo la cuestión de constitucionalidad que habría de presentar un juez o tribunal ordinario dentro de un procedimiento donde ese artículo sea determinante para la decisión. Lo de “habría que ir, entonces, uno por uno, presentando recursos de inconstitucionalidad por cada bien inmatriculado” es para que le quiten a alguien la carrera de Derecho.

Lo que han hecho las asociaciones promotoras no es sino un acto de propaganda a favor de Izquierda Unida y de algunos diputados del Grupo Mixto y con una clara intención de atacar a los diputados y senadores que no firmen un recurso que va a ser rechazado nada más llegar al Tribunal Constitucional.

El movimiento laicista en España sigue haciendo movimientos efectistas, algunos con demasiadas connotaciones partidistas, más buscando el apoyo de los propios que unos resultados. Lo sensato es buscar apoyos en todos los partidos, incluso en el PP, para que esa norma sea derogada y se abra una investigación parlamentaria de esas inmatriculaciones.

Claro, que para eso hay que trabajar más.

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Por más que el Comunity Manager de Izquierda Unida quiera transmitir que el Tribunal de Justicia de la Unión Europa (TJUE) ha dictado una sentencia influido por las protestas sociales contra los desahucios y la política bancaria de España, la realidad es que el TJUE y su sentencia es fruto del estado de derecho, del margen de estado de derecho que en una organización internacional como la UE se está construyendo y la vigilancia del tribunal comunitario sobre el incumplimiento de España de las obligaciones contenidas en una directiva y la consulta realizada por un órgano jurisdiccional español.

Y es mejor que los tribunales tengan como referencia las normas jurídicas y no las influencias, presencia o no de un movimiento social o de un grupo de presión. Solamente de esta forma podemos aspirar a que un simple ciudadano pueda hacer prosperar sus pretensiones. De lo contrario, si las cosas debieran ser como IU desea que fueran, solamente prosperarían ante los tribunales las causas y las pretensiones con amplia movilización sin atender a otros criterios, desde la igualdad o la justicia material.

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El PP ha rectificado dos de sus decisiones más polémicas en solamente veinticuatro horas. La primera ha sido votar a favor de la consideración del ILP sobre la LH que, aunque no se esté de acuerdo, y tras casi un millón y medio de firmas, merecían al menos debatirse.

La segunda rectificación ha sido la del ministro de Justicia en lo referente a las tasas judiciales, después de que la evidente injusticia de la norma se le manifestase solamente a través de la Defensora del Pueblo y no antes, atendiendo las observaciones de órganos tan ajenos a la Justicia como el Consejo General del Poder Judicial, las asociaciones de jueces y fiscales o el Consejo General de la Abogacía que decían que las tasas eran injustas materialmente e inconstitucionales formalmente.

Muy mal lo ha tenido que estar viendo el Partido Popular cuando antes del escándalo Bárcenas perdía 40 escaños según la proyección de GS a partir de la estimación del CIS. Los datos y las estimaciones actuales tienen que ser entre tremendas y dantescas para los populares, porque han renunciado a dos señas de entidad: restringir la Justicia a quien pueda pagarla y despreciar a los firmantes de la ILP.

Es evidente que estas dos ‘rectificaciones’ tienen su aquel. Pueden votar en contra o descafeinar completamente la ILP y parece que la Defensora del Pueblo no se ha acordado de tasas importantes como la de la segunda instancia social. Pantallazos y gestos hacia la galería, pero muy mal tienen que ver su futuro político- electoral para tener que ceder cuando han tomado una decisión tan bien vendida a sus bases o a lo que eran sus bases.

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Hoy el Congreso rechazará la Iniciativa Legislativa Popular relativa a la reforma de la Ley Hipotecaria. Es un tema al que llevo mucho tiempo dándole vueltas y quisiera compartir el estado actual de mi reflexión.

No considero que haya que prohibir las ejecuciones hipotecarias ni impedir que la fuerza pública la lleve a cabo. Si la prohibición fuera general (como lo fue en Italia con los alquileres), se perjudicaría el derecho de propiedad y sería virtualmente imposible conseguir un préstamo hipotecario sin garantías muy superiores a las actuales (que no son pocas), así como el coste en intereses por el riesgo que implicaría.

Por el contrario sí creo que la dación en pago es un medida en el buen camino, pero no tiene nada que ver con los desahucios, como muchos piensan. Nuestro Código Civil establece la responsabilidad universal por deudas, cuya consecuencia práctica en lo que ahora nos ocupa consiste en que sí después de la ejecución no se cubre la deuda, ésta sigue existiendo y te persigue toda tu vida.

Otros muchos países consideran que la hipoteca limita la responsabilidad al valor del bien, de modo que realizada la ejecución, desaparece la deuda. Es evidente que encarecería las hipotecas, pero no las imposibilitaría, como la prohibición anterior, pues hay préstamos hipotecarios en los países en los que se limita la responsabilidad al bien gravado y el mercado inmobiliario está más vivo que el nuestro. Eso sí, la retroactividad es una barbaridad

Muchas propuestas, incluida la ILP, pretenden paliar la tragedia de los desahucios, el paro y la miseria por vía legislativa, reformando el mercado inmobiliario. Creo que la solución no es prohibir ejecuciones, sino que se hacen necesarios unos servicios sociales, de los que carecemos, que ayuden a las familias que viven esta desgracia a no verse en la calle. Falta vivienda social (y la que hay tiene unos detentadores al parecer vitalicios); faltan ayudas a la compra de alimentos y ropa (dejado a la más pura beneficencia); faltan becas de comedor, de libros y de transporte. Faltan muchas medidas para evitar dejar a nuestros conciudadanos tirados. Medidas que no requieren trastocar el mercado inmobiliario e hipotecario con consecuencias difícilmente previsibles.

¿Quiere decir esto que esté de acuerdo con la negativa el PP de no tomar en consideración la ILP de la Ley Hipotecaria? No, porque tengo la convicción de que este trámite parlamentario no debiera existir en el caso de las ILP que ya superan muchos obstáculos para reunir las firmas.

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Quiero leerme el Proyecto de Ley que modifica el sistema de alquiler en España. Llevo viviendo casi toda mi vida emancipada en viviendas que no son de mi propiedad con las ventajas que ello tiene y también con los inconvenientes. Inquilinos los hay de todo tipo y caseros también.

Por lo que leo en El País el Partido Popular hace una modificación del sistema de alquiler muy de derechas, esto es, colocando en ventaja al propietario frente al inquilino, con la idea de incentivar la salida de las viviendas al mercado del alquiler (algo que ya está pasando sin esta norma: el mercado lo llaman) en la convicción de que no salen por el temor de los propietarios a los inconvenientes del alquilar (que los tiene) y no solamente porque estén pensando que la burbuja se reeditará dentro de un tiempo (que hay muchos que lo piensan y lo desean).

El problema es que el Gobierno ha incentivado a unos, desincentivando a otros y ha preferido hacer una legislación de los propietarios (aunque habrá que leer el texto de la propuesta) en vez de trabajar en un marco estable y razonable, con procedimiento de arbitraje que garanticen la neutralidad e imparcialidad de los árbitros, que sería una fantástica misión que los notarios podrían hacer suya.

¿Por qué digo que desincentiva? Porque si te puede echar de la casa en la que vives, aunque sea con una excusa falsa como convertirla en vivienda habitual, violando el ‘pacta sunt servanda’, te pensarás mucho si te merece la pena alquilar si, lo mismo, en un mes tiene que desmontarlo todo, cambiar a los niños de colegios y trastornar la vida porque el propietario quiere irse a vender al piso que te alquiló antes de finalizar el contrato que firmaste con él.

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