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Posts Tagged ‘decreto-ley’

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha sido uno de los órganos judiciales que en más ocasiones ha rechazado ratificar o ha ratificado decisiones de no ratificación de las medidas que les eran presentadas por las autoridades sanitarias aragonesas.

A lo largo de este mes de octubre el Gobierno de Aragón ha aprobado dos normas con rango de Ley con normas y medidas para el control de la pandemia de Covid-19. El primero de ellos´, el Decreto-Ley 7/2020 de 19 de octubre, establece el régimen jurídico de actuación para las autoridades aragonesas, un régimen que aunque temporal, puede no estar conforme con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de la imposibilidad de establecer regímenes indefinidos por medio de Decreto-Ley.

Pero lo más preocupante de este Decreto-Ley es su artículo 34 que habilita a confinar por medio de norma reglamentario o con rango de Ley. ¿Cuál es el problema? Pues que un confinamiento por medio de una norma con rango de Ley no es revisable por parte de los tribunales, sino solamente es competencia del Tribunal Constitucional.

De conformidad con el artículo 34 se dictó el confinamiento de las ciudades de Huesca, Teruel y Zaragoza por medio del Decreto-Ley 8/2020, de 21 de octubre.

Las exposiciones de motivos de ambos Decretos-Leyes se esfuerzan en fundamentar sobre la jurisprudencia del Tribunal Constitucional la modulación de los derechos fundamentales y las libertades públicas, prescindiendo eso sí de mencionar el artículo 86.1 de la Constitución que reza:

En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general.

O el artículo 44.1 del Estatuto de Autonomía para Aragón:

En caso de necesidad urgente y extraordinaria, el Gobierno de Aragón puede dictar disposiciones legislativas provisionales bajo la forma de Decreto-ley. No pueden ser objeto de Decreto-ley el desarrollo de los derechos, deberes y libertades de los aragoneses y de las instituciones reguladas en el título II, el régimen electoral, los tributos y el Presupuesto de la Comunidad Autónoma.

Y se puede jugar con las palabras lo que se quiera, pero un confinamiento perimetral no es una modulación.

La imposibilidad, hasta hace unos días, de tener en vigor el instrumento jurídico adecuado, que es el estado de alarma, ha hecho aparecer monstruos normativos como los señalados en la presente entrada. No son los únicos, pero recurrir al Decreto-Ley para aprobar medidas especiales para algunos municipios está entre lo más desviado que se ha visto.

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Es lunes. Por lo visto el Consejo de Ministros del viernes, hace tres días, aprobó un Real Decreto-Ley de extensión del repago farmacéutico a los jubilados y pensionistas, así como una mayor cuantía a los trabajadores, pero la ministra de Sanidad todavía no ha encontrado un momento para mandarlo al BOE para ser publicado.

Debe ser que la ministra está perdida en su despacho, o que perdió el texto del Real Decreto-Ley y registran todos los cajones para encontrarlo, o bien están traduciéndolo del alemán, porque modificar una norma con rango legal después de su aprobación y sin que se haga según los procedimientos previstos puede tener consecuencias.

¿Será mañana cuando se publique? Mientras tanto os dejo en este enlace al sumario del BOE de hoy para ver si tenéis más suerte que yo y lo encontráis.

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El Consejo de Ministros se reunió el viernes. El sábado el Boletín Oficial del Estado publica dos Reales Decretos-Leyes, pero no publica el que introduce el repago farmacéutico para los jubilados españoles.

Nadie sabe la causa y no existe la tradicional excusa de la limitación de hojas por número cuando la actual edición del BOE es íntegramente digital (salvo un puñado de ejemplares).

Si el Ministerio de Sanidad estuviera retocando o directamente redactando el texto del Real Decreto-Ley estaría en un caso jurídicamente muy grave. Según la el artículo 86.1 de la Constitución corresponde al Gobierno la potestad de dictar un Decreto-Ley y es el artículo 5.1.c de la Ley del Gobierno el que concreta esta capacidad en el Consejo de Ministros.

El pasado viernes el Consejo de Ministro debió aprobar algo, porque así consta en la referencia,  y eso que aprobase el Consejo de Ministros es lo único que puede publicarse en el BOE. Si alguien metiese mano o si el Consejo de Ministros hubiera aprobado una especie de hoja en blanco habría de empezar a depurar responsabilidades de orden que correspondiesen.

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