Feeds:
Entradas
Comentarios

Posts Tagged ‘Consejo General del Poder Judicial’

Determinados sectores políticos y jurídicos han recordado la existencia de la Sentencia del Tribunal Constitucional 108/1986 para oponerla como un dique a la idea de reformar de la Ley Orgánica del Poder Judicial con la finalidad de romper con el bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que la actual redacción posibilita e incentiva.

El Tribunal Constitucional consideró que la elección de los vocales de extracción judicial por parte de las Cortes sería conforme a la Constitución siempre y cuando se tomasen “ciertas cautelas, como es la de exigir una mayoría cualificada de tres quintos en cada Cámara” para conseguir una finalidad, que no era otra que “asegurar que la composición del Consejo refleje el pluralismo existente en el seno de la sociedad y, muy en especial, en el seno del Poder Judicial” (FJ 13º).

Del texto de la sentencia se extrae claramente la existencia de una finalidad legítimamente constitucional (diversidad social y en el seno del Poder Judicial) y la existencia de “ciertas cautelas” y cita, como ejemplo de esas “ciertas cautelas” la exigencia de una mayoría de tres quintos.

La clave en la interpretación del Tribunal Constitucional no son los tres quintos. El Constitucional no tiene poder normativo, no es un poder constituyente, sino un garante de la primacía de la Constitución y su máximo intérprete y, aunque en ocasiones interpretar y normar puedan confundirse, tenemos aquí un ejemplo magnífico de la diferencia.

Indicar la necesidad de “ciertas cautelas” es establecer una criterio interpretativo para examinar la constitucionalidad de la Ley Orgánica 6/1985, que era la que se enjuició en esa sentencia y lógicamente es un criterio con proyección pro futuro como toda jurisprudencia.

La “mayoría cualificada de tres quintos” es citada como ejemplo o caso de esas “ciertas cautelas”, pero en ningún momento se dice que sea la única posible o que otras mayorías cualificadas u otros procedimientos electorales no puedan satisfacer el requisito hermenéutico de “ciertas cautelas”. Si el Tribunal Constitucional hubiera fijado la mayoría de tres quintos para los vocales de extracción judicial habría creado una norma constitucional, que es algo para lo que no tiene poderes.

La mayoría absoluta, que parece que va a ser el criterio establecido en la nueva norma, es también una mayoría cualificada y que se emplea en la Constitución para actos de suma importancia como es la aprobación de Leyes Orgánicas (muchas de las cuales regulan nuestros derechos fundamentales), la autorización para ratificar tratados que transfieren el ejercicio de facultades soberanas (así ingresamos en las Comunidades Europeas) o la censura y cese del Presidente del Gobierno.

Más de la mitad de los miembros del Congreso y del Senado para ratificar una elección no es pedir poco y más cuando para el elegir a una parte de los vocales (ocho de los veinte) sí requieren los tres quintos para ser elegidos. Esta reforma incorpora la experiencia del bloqueo y la búsqueda de remedios a éste que es un elemento nuevo en el juicio de constitucionalidad que el Tribunal habrá sin duda que acometer.

Read Full Post »

La Constitución confiere el ejercicio de la potestad legislativa a las Cortes Generales, con la salvedad de las circunstancias en las que el Gobierno puede dictar un Decreto-Ley o un Decreto-Legislativo. Las Cortes son las que hacen las leyes, que como todos sabemos son las normas superiores del ordenamiento.

El poder judicial es regulado por la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que como dice su nombre es una ley y, por tanto, debe ser aprobada por las Cortes Generales. El poder legislativo es el responsable de llenar de contenido la LOPJ que, al ser orgánica, escapa a una eventual modificación por parte del poder ejecutivo.

Ningún otro poder del Estado tiene la capacidad para parar una tramitación de una reforma de la LOPJ si así la aprueban las Cortes Generales. El único límite es el de constitucionalidad, que tendrá que ser determinado por el Tribunal Constitucional si se recurre a él.

El actual procedimiento de elección de vocales iguales a los judiciales de los de extracción parlamentaria, pero nada obliga a que sea así. De acuerdo con la doctrina de la STC 108/1986, fundamento jurídico 13º, pueden ser elegidos en sede parlamentaria o dentro de la carrera judicial y considera que la mayoría de tres quintos es una cautela. También es cierto que una mayoría absoluta es también una cautela, cierto que de menos intensidad, y una mayoría cualificada, siendo además la única forma de superar una situación de bloqueo que, constitucional en sus términos, no es querida en la norma suprema. La exigencia de una cautela no quiere decir que ésa sea la únicaq posible.

Nunca se debe olvidar que la norma es exigencia de cada momento y debe ser interpretadada de acuerdo al momento en el que se aplica, y muchos menos se debe considerar que un pronunciamiento sobre un caso determine todos los casos futuros tras treinta y cuatro años. La renovación parcial fue avalada recientemente, eso sí como posibilidad, en la STC 191/2016, 7º fundamento jurídico.

Las asociaciones judiciales, los partidos que vayan a votar en contra y todo ciudadano tiene el derecho a pronunciarse en contra del contenido de esta norma que todavía estar por definir, pero el derecho a definir lo que es la Ley le compete a las Cortes Generales. Dentro de la Constitución. No existe ninguna área del Derecho encomendada a las Cortes que requieran, para ser modificadas, mayorías facilitadoras de bloqueos fáciles y sin costes, salvo que lo exija la norma constitucional. Tampoco consta que las Cortes deban contar con el consentimiento de parte de los destinatarios de la norma.

La pretensión de crear una especie informe de Derecho constitucional consuetudinario está fuera de la arquitectura de la Constitución de 1978. Pero además es Derecho constitucional consuetudinario como tal es conservador y solamente es esgrimido cuando los proyectos de modificación legislativa, de modo que sería por añadidura un Derecho de ocasión.

Materialmente vivimos una situación en la que determinados órganos constitucionales se pueden renovar únicamente cuando la derecha tiene la representación mayoritaria que transfiere a estos, pero quedan bloqueados cuando es la izquierda la que tiene esa representación mayoritaria.

Read Full Post »

Después de publicar el otro día una entrada sobre los bloqueos constitucionales que existen en nuestro sistema político y de mantener que la única forma razonable era reformar la Constitución (una idea quimérica), dejé sin señalar alguna posible solución a los bloqueos.

No lo puse porque estoy cansado de leer propuestas, generalmente de reforma electoral, que se fundan en la reforma constitucional, algo que el devenir político prácticamente le ha prohibido al pueblo español. Siendo cierto esto, creo que en la posible solución que proponga, podemos profundizar en el análisis de nuestra estructura constitucional y política en torno al bloqueo.

1. Bloqueo y parálisis

Nuestra Constitución incentiva el bloqueo. ¿Por qué digo esto? Porque el coste político de bloquear una institución es prácticamente nulo, ya que hay mecanismos constitucionales y legales que lo eliminan.

En principio la consecuencia necesaria de bloquear una institución debería ser paralizarla, pero nuestra Constitución, leyes y la práctica político-administrativa han imposibilitado el bloqueo.

2. Los mecanismos de prórroga

Si no se consigue investir a un Presidente del Gobierno, entonces la ley prevé un gobierno en funciones que puede mantener viva a la Administración y los tribunales han sido generosos a la hora de interpretar las facultades del gobierno en funciones que están definidas por una Ley, no por la Constitución, y que muchos entienden que pudieran ser plenas.

La Administración, que es lo fundamental, sigue funcionando sin alteración y la vida de los ciudadanos no se ve afectada por tener un gobierno en funciones.

Además el gobierno en funciones, que no tiene capacidad de presentar proyectos de Ley, sí tiene el instrumento del Decreto-Ley que es tanto una forma de innovación legislativa como un modo de iniciativa legislativa (ya que el Congreso puede decidir el trámite como proyecto de Ley). Junto a ello está intacta la capacidad de iniciativa de los grupos parlamentarios.

Pero si las garantías antes señaladas para que no haya coste social ni político del bloqueo institucional parecen pocas, la propia Constitución prevé la disolución automática de las Cortes en caso de no haber investido un Presidente tras dos meses después de la primera votación y la convocatoria de elecciones. De hecho bloquear puede ser lo mejor que se haga cuando se tienen buenas perspectivas electorales en caso de disolución automática.

Nuestra Constitución establece la prórroga automática de los Presupuestos Generales del Estado para que, si los nuevos no están aprobados cuando termine la vigencia de los últimos, permanezcan en vigor y todas las administraciones y todos los servicios cuenten con los cauces oportunos de financiación. Teniendo en cuenta que siempre caben modificaciones parciales de los Presupuestos prorrogados, incluso a través de Decreto-Ley, los efectos nocivos de la no aprobación de los Presupuestos Generales del Estado en su momento se amortiguan. Si hubiera un cierre, los incentivos para no aprobar los Presupuestos disminuirían.

Constitucionalmente los magistrados del Tribunal Constitucional tienen un mandato de nueve años. En 2007 se modificó el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional añadiendo un apartado tercero que establecía la prórroga automática del mandato de los magistrados si no se había producido la renovación en tiempo y forma. Esto evita la parálisis del Tribunal o que tenga que operar con un número muy reducido de magistrados, pero no desincentiva el bloqueo.

El mandato de cinco años de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no concluye el día que llega a esos cinco años, pues si la cámara que lo ha elegido o las dos cámaras no ha realizado la elección cuando llegue esa fecha, el mandado queda prorrogado. A falta de previsión constitucional en 2013 se estableció así en el artículo 570 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El CGPJ sigue ejerciendo sus funciones sin ningún límite a pesar de tener un mandato prorrogado, como sucede en el Tribunal Constitucional. Bloquear la renovación del CGPJ no tiene ningún coste en término de parálisis.

3. La ambivalencia de la prórroga

Nuestra Constitución establece la prórroga presupuestaria y una amplia continuidad del gobierno para evitar el cierre de la Administración, esto es, para que una crisis política no desemboque en un cierre de la Administración y que servicios fundamentales como la Sanidad, la Educación o la Seguridad Ciudadana dejen de prestarse porque no hay dinero presupuestado con el que pagar a sanitarios, docentes, policías o guardias civiles, ni para mantener la infraestructura activa.

Entiendo que los constituyentes establecieron estas dos prórrogas precisamente para que un bloqueo político no tuviese duros efectos sobre la ciudadanía y que la presión para que no haya cierre, ejercida por un grupo sin mucha conciencia, le dé ventaja negociadora a unos sobre otros. El legislador orgánico ha seguido este principio, en una interpretación teleológica de la Constitución, al establecer las otras dos prórrogas indicadas.

Esta elección de los constituyentes, absolutamente defendible, tiene su coste que es la institucionalización de la prórroga al crear minorías de bloqueo no difíciles de alcanzar (sólo es necesario un actor) y que el bloqueante no suele tener ningún “castigo”.

4. ¿Hay alternativas?

Naturalmente hay alternativas. Existen caminos intermedios entre la prórroga sin fin y el cierre. Se pueden enunciar varios intermedios, aunque yo solamente voy a mencionar algunos sobre los que he pensado, aunque desgraciadamente requerirían reforma constitucional.

En la cuestión de la investidura cabe adoptar el sistema vasco-asturiano que es más difícil de bloquear y genera fuertes incentivos para el acuerdo. Este sistema admite una pluralidad de candidatos a la investidura y los diputados pueden votar a unos de los candidatos o en blanco, saliendo elegido el que en la primera ronda obtenga la mayoría absoluta y en la segunda ronda el más votado. Intentar bloquear la investidura no tiene sentido, porque se facilitaría la investidura del oponente.

Respecto a los Presupuestos Generales del Estado cabe recoger la solución a los bloqueos presupuestarios que se da en el ámbito municipal (art. 197 bis. 5 LOREG) que permite a los alcaldes unir los presupuestos a una moción de confianza, de forma que en el caso del rechazo de los presupuestos se habrá de presentar y prosperar una moción de censura al alcalde en el plazo de un mes. En el caso de no presentarse o no prosperar, los presupuestos se entenderán aprobados y el alcalde dotado de confianza por la corporación. La inspiración tomada del tercer párrafo del artículo 49 de la Constitución de la V República Francesa es evidente. Una solución de este tipo podría plantearse a nivel nacional.

Las mayorías exigidas para la renovación del Tribunal Constitucional son extremas y más para un organismo que se renueve una tercera parte cada tres años, de modo que un vuelco en su composición no es posible, salvo que se acumulen renovaciones pendientes. Exigir mayoría absoluta podría ser una buena idea, porque amplias los posibles acuerdos y desincentivas los bloqueos, al poderse el bloqueante quedar fuera del acuerdo. En el caso de una renovación por tres quintos el mandato podría ser superior a si se hace por otra mayoría, incentivando así los grandes acuerdos.

Algo similar podría hacerse en el CGPJ, aunque no estaría de más que la renovación no fuera total.

5. En definitiva no hay que elegir entre un sistema político basados en las prórrogas automáticas y la falta de incentivos a pactar o la amenaza del cierre de las instituciones o el fin de las disponibilidades presupuestarias. Los acuerdos pueden ser incentivados de múltiples formas como un mandato más prolongado y desincentivados por la posibilidad de una mayoría menor. Un sistema político maduro no debe permitirse convertir en normal lo que son mecanismos de seguridad, por si falla los procedimientos ordinarios.

Read Full Post »

El artículo 122.3 CE establece la composición del celebérrimo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Este párrafo de la Constitución es, con casi toda probabilidad, el más comentado explícita o implícitamente en medios de comunicación.

Para muchos la reforma de la Justicia solamente tiene que ver con esta norma. Habitualmente quienes dicen esto no tienen ni idea del funcionamiento real de la Administración de Justicia ni se han leído tres artículos seguidos de la LEC o de la LECRIM.

El 122.3 CE es un homenaje tanto a la redacción abierta, como a la capacidad interpretativa y al principio de presunción de constitucionalidad de la norma. Dice así:

El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años. De éstos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la Ley Orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión.

Desde el primer CGPJ ha habido tres sistemas para elegir a los doce vocales judiciales: la elección entre jueces y magistrados, la elección por parte de las Cortes y el sistema mixto actual. Todos han sido avalados por el Tribunal Constitucional, dada la amplitud de la remisión de la CE a la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

Pero, dicho lo anterior sobre opinadores y tertulianos, no me resisto a la tentación de proponer mi propio sistema, que no es otro que designar a los doce vocales judiciales por sorteo y así nos quitamos todo el asunto de la politización.

Los procesos de selección de los miembros de la carrera judicial son lo suficientemente exigentes como para garantizar una formación adecuada y como para no tener la mala suerte que los doce sean unos alumbrados. Además a los jueces les encargamos de asuntos más graves que la mayoría de las cuestiones de autogobierno judicial. Existiría el peligro de que todos fueran de la misma tendencia ideológica, pero ya lo son y además con no permitir la renovación del mandato tienes más que suficiente para que el Consejo se oxigene periódicamente.

Read Full Post »