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Cuando España ingresó en las Comunidades Europeas el 1 de enero de 1986 le correspondía designar dos comisarios. El entonces presidente, Felipe González, designó a Manuel Marín (PSOE) y a Abel Matutes, a propuesta de Alianza Popular. Hasta que las sucesivas ampliación no redujeron el número de comisarios a uno por Estado-miembros, los dos grandes partidos se repartieron los dos puestos.

El esquema con el que se perfiló la Constitución de 1978 preveía que iba a haber dos grandes partidos, que se apoyarían en fuerzas regionalistas o nacionalistas para alcanzar la mayoría en el Congreso, cuando por sí mismos no lograran una mayoría absoluta. El otro partido haría de oposición hasta llegar al gobierno. Lo que se llamó bipartidismo imperfecto.

Pero el bipartidismo imperfecto era para la gestión cotidiana y las leyes ordinarias y orgánicas. Cuando había de tocarse uno de los puntos fundamentales del diseño institucional, nuestra Constitución comienza a exigir unas mayorías parecidas o iguales a las necesarias para la reforma constitucional. La designación de los vocales de extracción parlamentaria del CGPJ o los magistrados del Tribunal Constitucional requieren el acuerdo entre las que se preveían ser las dos grandes fuerzas y que juntas siempre llegarían a reunir cualquier mayoría cualificada. Existía esa conciencia, con alguna cosa para los nacionalistas, de que había temas donde se repartían las posiciones con una pequeña prima para el que estuviera en el gobierno.

A mitad de los noventa, con una renovación del Tribunal Constitucional, el sistema implícito se rompió totalmente t, desde entonces, cada renovación de órganos constitucionales se vive un largo periodo de bloqueo. Es cierto que existe un mandato, pero también lo es que no tiene sanción su incumplimiento y que las previsiones constitucionales prevén el ejercicio del bloqueo.

El cambio de sistema de partidos, al menos en la actualidad, hace mucho más difícil el acuerdo y más cuando los dos grandes no llegan por sí mismos a las mayorías. Hay cientos de incentivos para no negociar, para no transigir, y todos los partidos tienen retaguardias que proteger, que antes no existían.

¿Qué soluciones se pueden encontrar? Dentro del actual esquema constitucional no hay ninguna, pues el sistema incorpora numerosos vetos en determinadas partes del sistema político. O se vuelve al acuerdo, algo difícil, o bien se plantea una reforma constitucional que desincentive los bloqueos, a cambio de una pérdida de poder.

En vez de exigir grandes mayorías se pueden pedir menores mayorías, pero con mandatos más cortos. Prohibir el voto en contra de una investidura, admitiendo la pluralidad de candidatos y que sea elegido el que más apoyos tenga. En definitiva la idea es que el que pueda romper el bloqueo del otro, tiene que perder algo por el camino.

Pero desgraciadamente en España hay una gran cantidad de cuestiones, algunas de menor calado, que están presas de un bloqueo mayor, el de la reforma constitucional, que hace que nuestra Constitución poco a poco responda menos a las necesidades presentes y aporta más soluciones que los problemas que crea.

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El artículo 122.3 CE establece la composición del celebérrimo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Este párrafo de la Constitución es, con casi toda probabilidad, el más comentado explícita o implícitamente en medios de comunicación.

Para muchos la reforma de la Justicia solamente tiene que ver con esta norma. Habitualmente quienes dicen esto no tienen ni idea del funcionamiento real de la Administración de Justicia ni se han leído tres artículos seguidos de la LEC o de la LECRIM.

El 122.3 CE es un homenaje tanto a la redacción abierta, como a la capacidad interpretativa y al principio de presunción de constitucionalidad de la norma. Dice así:

El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años. De éstos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la Ley Orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión.

Desde el primer CGPJ ha habido tres sistemas para elegir a los doce vocales judiciales: la elección entre jueces y magistrados, la elección por parte de las Cortes y el sistema mixto actual. Todos han sido avalados por el Tribunal Constitucional, dada la amplitud de la remisión de la CE a la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

Pero, dicho lo anterior sobre opinadores y tertulianos, no me resisto a la tentación de proponer mi propio sistema, que no es otro que designar a los doce vocales judiciales por sorteo y así nos quitamos todo el asunto de la politización.

Los procesos de selección de los miembros de la carrera judicial son lo suficientemente exigentes como para garantizar una formación adecuada y como para no tener la mala suerte que los doce sean unos alumbrados. Además a los jueces les encargamos de asuntos más graves que la mayoría de las cuestiones de autogobierno judicial. Existiría el peligro de que todos fueran de la misma tendencia ideológica, pero ya lo son y además con no permitir la renovación del mandato tienes más que suficiente para que el Consejo se oxigene periódicamente.

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