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Posts Tagged ‘Cataluña’

La Comunidad de Madrid pide un trato especial sobre el hecho diferencia de ser más España que nadie, de que todo el mundo tiene familia en Madrid (yo no) o que va a la capital a ver un musical u otro espectáculo (yo tampoco por ahora). Los populares madrileños barruntaban que no querían ser una comunidad como las otras y que están deseosos de un régimen diferenciado respecto de las otras comunidades, especialmente de las más pobres.

Están en su derecho, pero la cuestión es cuanto resultará sostenible para el PP este regionalismo madrileño, que antes era neocentralismo. En este aspecto hemos de diferenciar la retórica y la realidad. En la retórica, el discurso con el que te presentas a las elecciones, los populare siempre han sido favorables al uno frente a diecisiete, aunque en la realidad han mantenido un fuerte programa autonomista llevando al Constitucional numerosas leyes por violar las competencias de las CCAA, provocando uno de sus recursos uno de los mayores seísmos compentenciales que se recuerdan. Pero en política la retórica prima. y de lo que hablaremos.

El PP siempre ha hecho de la retórica contra los hechos diferenciales uno de sus caballos de batalla fundamentales. Buena parte de sus electores tradicionales, ahora muchos en Vox, les votan para parar a los nacionalistas y en el deseo de un Estado central más fuerte y unas comunidades más débiles o incluso desaparecidas. Con habilidad algunos han disfrazado de “igualdad ilustrada” lo que no era Jacobinismo de derechas, sino una simple pretensión de homogeneización social y cultural, basada más en el dominio que en la igualdad de derechos.

La reivindicación del hecho diferencial para Madrid solamente se basa en que Madrid es diferente porque es más rica (como también otros hechos diferenciales) y por ello merece un tratamiento diferenciado respecto al resto del país. Así Cataluña, Euskadi, Navarra y Madrid tendrían un sistema económico y político “ad hoc”, no compartido con el resto del país.

Puede ser una propuesta excepcional para arrasar en la Comunidad de Madrid, pero es pésimo para los populares en el resto de España. Decíamos que la retórica popular era centralista, pero no su proceder. ¿Qué quiero decir con ello? Que los cuadros del PP en las restantes regiones pueden convertir su proceder autonomista en retórica y comenzar todos ellos a jugar la carta del regionalismo, incluso contra Madrid que se convertiría en una entidad extraña como sus tres compañeras de viaje y sin Bildu que lo enmascare todo como en Navarra.

Anda Juanma Moreno anunciando que monitorizará (no dice cómo) las segundas residencias en Andalucía, propiedad de madrileños, para evitar un éxodo en caso de que el confinamiento en la CAM se extienda. Moreno lo hace no porque pueda hacerlo, sino para tener un mal exterior y en este caso es la Comunidad de Madrid, orgullo e insignia de su partido. Madrid y los madrileños se han convertido en un amenaza para sus votantes e intenta sacar tajada de ello.

Un gobierno regional en la CAM insistiendo en privilegios, será el nacimiento de movimientos regionalistas de derecha por el sencillo hecho de que la política madrileña es política nacional y todas sus intenciones, declaraciones y decisiones serán del dominio general de forma instantánea. La alternativa al regionalismo de derecha es la extrema derecha.

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Convergencia Democrática de Cataluña siempre gustó ir a las elecciones en compañía de alguien y no exponer la totalidad de sus siglas a los resultados electoral. La única vez que se presentó con su denominación a unas elecciones fue a las Generales de 2016. El partido sigue existiendo hasta el punto que se presentó en coalición a las últimas elecciones catalanas con su sucesor, el Partido Democrático de Cataluña (PDeCat).

El PDeCat parece que se deshace entre seguidores de Puigdemont y aquellos que piensan que el tiempo de Puigdemont está acabado. La pregunta ahora es qué resultará de estos movimientos.

Aunque muchos piensen que eso no es importante, un partido se construye desde sus bases municipales. Ése es el verdadero colchón y no otro. Que de esta crisis, si culmina, emerjan dos partidos viables dependerá sobre todo de qué bases municipales van a cada lugar.

La segunda variable es el liderazgo regional. Está claro que los de Puigdemont tienen un liderazgo porque las bases de su proyecto son personalistas y que puede resultar que el PDeCat tenga menos proyección, pero también es cierto que la permanencia de Artur Mas en el PDeCat permite atisbar una cierta proyección más allá del conglomerado de alcaldes y concejales . Esto es una condición necesaria, pero no suficiente.

La tercera es saber explicar qué ha producido la ruptura y qué hace a una parte mejor que la otra. Esto dependerá de qué sector del público objetivo se considere mayoritario y también de cuál se considere accesible. Los partidarios de Puigdemont tienen bazas fuertes para convencer al electorado común y los del PDeCat poseen en el personalismo de Puigdemont un arma interesante.

Quien reúna más bases municipales con sus representantes, tenga una liderazgo claro y explique bien cómo se ha llegado allí, tendrá una ventaja de partida. Luego vendrá lo siguiente, que es el buen hacer de cada cual, pero puede que el punto de partida no sea el mismo.

Mientras escribía esto recordaba las mil divisiones del Andalucismo y creo que ejemplifica muy bien lo que quería decir. Cada una de las partes (los de Pacheco o los de Rojas-Marcos) atrajo a estructuras municipales y tenían sus nutridos grupos de concejales y municipios de cierta entidad, pero en las dos veces que esto sucedió (PAP y PA; PSA y PA) quedó claro que la división entre los andalucistas se debían solamente al ego de cada cual y, además, ninguno de ellos fue capaz de articular un liderazgo regional. Y esto fue un pecado en el PA reunificado, pues no supo tener líderes conocidos y votó su disolución teniendo trescientos diecinueve concejales.

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Desde que estudié en la carrera el mítico Curso de Derecho Administrativo del Eduardo García de Enterría el tema del Decreto-Ley me ha resultado singularmente interesante. No comparto las muchísimas prevenciones que el gran maestro de los administrativistas españoles expuso y la mentalidad que creó en torno a este instrumento jurídico, pero lo cierto es que mi interés nace en este punto.

Al nacer el Estado de las Autonomías, los ejecutivos regionales no fueron dotados de la potestad de dictar disposiciones legales con rango de Ley, el Decreto-Ley, siendo un tipo de norma específicamente estatal.

En Euskadi hubo una curiosa excepción durante el mandato de Carlos Garaicoechea como Lehendakari. El Parlamento Vasco aprobó una ley habilitante, la ley 17/1983 de 8 de septiembre, que facultaba al gobierno vasco a dictar decretos-leyes durante el plazo de cuatro meses para atender a las consecuencias de las inundaciones habidas en el País Vasco. La ley previó la convalidación y su tramitación como ley remitiéndose a las disposiciones constitucionales que lo regulan en el ámbito nacional. Fue un procedimiento cuanto menos lleno de lagunas.

Desde entonces silencio. Algunos estatutos previeron la posibilidad de que se pudieran dictar Decretos Legislativos para crear textos refundidos, pero tiene un alcance menor. La tercera ola de los estatutos, la que comenzó con el mítico Estatut, hizo que muchos de ellos introdujeran el Decreto-Ley dentro de las facultades del ejecutivo autonómico, copiando la regulación de la Constitución y con ella, en principio, incorporando la comprensiva jurisprudencia del Tribunal Constitucional acerca del alcance de “extraordinaria y urgente necesidad”.

Nadie puede cuestionar que nos encontramos ahora en una situación casi permanente de “extraordinaria y urgente necesidad” y muchas comunidades, que tienen reformado el estatuto de autonomía, han recurrido a ellos. Quedan comunidades que no tienen esta posibilidad y una de ellas, la Comunidad de Madrid, aprobó ayer en Consejo de Gobierno la iniciativa de reforma del Estatuto de Autonomía, todo lo cual merece una consideración aparte.

No ha sido óbice para que con la excusa del Covid se colasen “cositas” como la incorporación de alguien a una comisión del CNI o la legalización del enchufismo en determinada región.

El gobierno catalán ha sido el ejecutivo que más Decretos-Leyes (24) ha dictado, siendo el único que ha superado al gobierno central (19). Extremadura (14), Comunitat Valenciana (13) y Canarias (10) forman el grupo que han superado la decena. Por debajo de la decena tenemos a Baleares (8), Navarra (8), Murcia (8) y Aragón (5). En total han sido ciento treinta y tres (133).

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Dos Comunidades Autónomas, en el marco de las medidas sanitarias contra la extensión del Covid-19, han decidido cerrar los locales dedicados a la prostitución. Estas dos comunidades son Cataluña y Castilla-La Mancha.

En España el ejercicio de la prostitución no está prohibido, ni se considera una actividad laboral, por cuenta propia o ajena. El ejercicio de la prostitución es alegal, al considerarse que el trato carnal remunerado es una actividad “extra commercium”. Sí están prohibidos una serie de comportamientos conexos a la prostitución, como el proxenetismo y el tráfico de personas, y de hecho merecen sanción penal.

Es obvio que en España hay burdeles o prostíbulos, que normalmente operan bajo otras denominaciones y poseen licencias para funcionar generalmente como establecimientos de hostelería. Tener o dirigir un prostíbulo es una actividad susceptible de ser castigada penalmente y por ello nadie reconocerá tener o hacerlo.

El hecho de cerrar prostíbulos implica reconocer la existencia de una práctica castigada penalmente y sobre la que se debería actuar. Es por ello por lo que la definición a la hora de cerrar el local es enormemente importante, porque si cierro algo porque es un prostíbulo y no lo denuncio hay una importante incongruencia jurídica que debería tener consecuencias.

El jueves 20 de agosto el Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña publicó en el DOGC la Resolución SLT/2782/2020 de modificación de la Resolución SLT/2073/2020 de dos días antes. Añade a la anterior resolución un apartado 4 bis que dice:

“4 bis. Actividades de ocio
Se suspende la apertura al público de los locales y establecimientos que desarrollen las actividades de discoteca, sala de baile, sala de fiestas con espectáculo, bar musical, karaoke, discotecas de juventud y establecimientos de actividades musicales de régimen especial y establecimientos públicos con reservados anexos.

Se suspenden también las actividades musicales con pistas de baile o espacios habilitados fuera de los establecimientos establecidos en el apartado precedente.”

Es decir Cataluña ha optado por describir los espacios que quien detenta la potestad reglamentaria considera que son característicos de los lugares dedicados al ejercicio de la prostitución. Personalmente me parece una definición con un alcance limitado y es posible que buena parte de los prostíbulos se encuentren fuera del ámbito de aplicación allí descrito.

El Consejo de Gobierno de la Juntas de Comunidades de Castilla-La Mancha ha hecho otra opción. El gobierno castellanomanchego se ha situado en la tradición legislativa del Decreto de 30 de junio de 1935 y de los artículos 1 y 2 del Decreto-Ley de 3 de marzo de 1956, para referirse a la prostitución, prostíbulo o alterne sin definirlos, amparándose en el actual artículo 3.1 del Código Civil que afirma que las “normas se interpretarán en el sentido propia de sus palabras”.

El artículo 1.9, reforma el artículo 24 del Decreto 24/2020 y su dicción literal indica: “Deberán permanecer cerrados al público los denominados clubes de alterne o prostíbulos, con independencia de la licencia de actividad bajo la que operen”.

De acuerdo con el DRAE “club alterne” es un lugar dedicado a alternar, y alternar es “En salas de fiestas, bares y lugares semejantes, dicho de una persona, especialmente de una mujer: Tratar con los clientes para estimularlos a hacer gasto en su compañía”. “Prostíbulo” es “lugar donde se ejerce la prostitución” y “prostitución” es “actividad de quien mantiene relaciones sexuales con otras personas a cambio de dinero.

El Decreto castellanomanchego casi reproduce la norma de 1956 su artículo 2 que decía “Quedan prohibidas en el territorio nacional las mancebías, cualesquiera que fuesen su denominación y los fines aparentemente lícitos a que declaren dedicarse para encubrir su verdadero objeto”.

De esta forma su prohibición se centra en la actividad y no en el espacio físico como en el caso catalán. El problema que tiene la definición castellanomanchega es que se admite la existencia de lugares específicos para el ejercicio de la prostitución, que lo más probable es que no funcionen de modo cooperativo y que deberían denunciar.

¿Y quién se va a dar por aludido? Darse por aludido implica una cuasi-imputación y muchos preferirán verse multados y recurrir, diciendo que son un hotel y los hoteles no han sido cerrados, como sí sucedió durante el estado de alarma, antes de reconocer que regentan un prostíbulo.

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Existe la corriente de opinión de que se podría establecer un régimen constitucional específico para Cataluña sin tocar el resto del sistema autonómico, copiando lo que en 1978 se hizo con la financiación del País Vasco y de Navarra: una disposición adicional que contenga el régimen. Desde el punto de vista técnico sería muy hábil ya que mantendría la integridad del texto constitucional, pero abriría una puerta a la asimetría, que es uno de los sueños del nacionalismo catalán. ¿Qué problema tiene?

El primer problema y más evidente es que no sería fácil de aprobar. Los dos partidos en las Cortes con más representación tendrían amplísimos sectores que estarían en contra y que pedirían, en el mejor de los casos, contraprestaciones. Incluso Podemos ha tenido un nuevo encontronazo con Compromís por la renovación del sistema vasco de financiación.

Una parte del PP, del PSOE y la práctica totalidad de Ciudadanos estaría en contra. Incluso consiguiendo la mayoría necesaria para aprobar la reforma en Cortes no habría que descartar que tuviera que ser ratificada por referéndum al así pedirlo la décima parte de los diputados o de los senadores.

Y en este punto es donde creo que moriría la disposición adicional, porque si algo ha creado el “procés” es mucho españolismo que no va a aceptar privilegios para recompensar la ruptura del orden constitucional. La propuesta sería derrotada en las urnas precisamente porque las bases electorales de los grandes partidos no son partidarias de estos regímenes como lo han sido las élites políticas españolas.

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La hoja de ruta del “procés” partía del presupuesto de que los españoles son unos catetos y unos salvajes, de forma que embestirán a cualquier provocación que le hagamos. Luego el desarrollo era el siguiente: referéndum, proclamación de la independencia, llegada de la Legión y civiles muertos en las calles, la opinión pública internacional se indigna, los gobiernos de la UE le dicen a España que así no y todos reconocen la República Catalana en simpatía con los catalanes (sólo son catalanes los separatistas) que son seres superiores y europeos y que han tenido durante milenios que soportar a los norteafricanos de los españoles.

La reacción violenta, que ellos daban por supuesta y que debían proporcionar un número “razonable” de muertos suficientes para ponerlos sobre la escena internacional. Y sin muertos nada tiene sentido, de forma que hay que hacer que haya. El Gobierno central ha respondido con el BOE y los tribunales con los procedimientos penales abiertos, de forma que no hay sangre que enseñar y el ciclo de noticias sobre Cataluña ha desaparecido de los medios internacionales.

Ahora llegan los separatistas a hacer que la realidad sea lo que ellos quieren que sea. Habla de Puigdemont de una represión tremenda que nadie ve, unos argumentos que además de ridículos se tornan en insultantes cuando la supuesta represión en Cataluña se compara con lo que pasó en países como Chile o Argentina y siguen pasando en muchas partes del mundo. La candidata de ERC, Rovira, da por hecho “los muertos en la calle” para probar el autoritarismo de los españoles, cuando no ha habido ni un solo muerto.

Se inventan la realidad y buscan el reconocimiento sobre la base de la realidad inventada. El problema es que el foco de atención ha estado en Cataluña y más allá de unas cuantas intervenciones del 1 de octubre, las fotos falsas y las cifras exageradas de heridos no tienen nada y, desde fuera, se sabe. Decir que pasan cosas o dar los sucedidos los deseos llevarán al independentismo al ridículo y al desengaño a una parte de sus seguidores.

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Ya quisiera saber yo lo que va a hacer Puigdemont, pero estoy seguro de una cosa que no debiera hacer: considerarse el Presidente legítimo tras las elecciones del 21D y la investidura del nuevo Presidente. Resulta que el independentismo considera ilegítimas las elecciones, pero todos ellos van a participar y, tras los resultados, sin dudas intentarán formar gobierno.

Si se inviste un Presidente diferente a él y él se sigue considerando el único legítimo, podemos comenzar a ver una reedición de la soledad de Benedicto XIII no en Peñíscola, sino en Bruselas en el mejor de los casos, si no en una prisión, donde Puigdemont podrá nombrar consellers a su antojo y tomar las decisiones que quiera sobre la base de la legitimidad que pretende encarnar, sin asidero ninguno en la realidad.

Podemos asistir a la existencia de un Presidente de la Generalitat en Bélgica o cualquier lugar del mundo y de otro instalado en el Palau de la Generalitat. Esta posibilidad será remota si el próximo Presidente es nacionalista y se acercará si el Presidente no es nacionalista. Sería verdaderamente ridículo.

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Podemos y un sector de la izquierda se ha agarrado a la ilusión de que un referéndum de independencia, pactado y legal, sería la solución a todos los males que el independentismo catalán ha producido.

Esta idea parte de una incomprensión de lo que es el independentismo como si se tratase de un movimiento político que considerase que hay términos medios y no solamente un objetivo. A un independentista solamente se le sacia con la independencia y si el referéndum pactado no le proporciona la independencia no le bastará y le dará igual el resultado. Quizá durante unos meses esté discretamente callado, pero rápidamente encontrará una circunstancia que invalidará el resultado del referéndum y vuelta a lo de siempre.

En Quebec llevan  dos referendos pactados, en Escocia se reclama el segundo. ¿Cuándo terminarán de pedir referendos pactados? Cuando gane la independencia.

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por Kiril Lakota

Hace relativamente poco, y como consecuencia de la autorización del Senado para aplicar el artículo 155 de la Constitución (CE78), Ramón Cotarelo, Catedrático de Ciencia Política de la UNED estableció una falsa analogía en una entrevista en TV3, peligrosamente repetida por sus muchos seguidores en las redes sociales.

La analogía nos llevaba al peligroso camino de la famosa de Ley de Godwin: el 155 de la CE78 es un reflejo del 37 de la Ley Fundamental de Bonn ( BGG) y a su vez del 48 de la Constitución de la República de Weimar (WRVF) que permitió la llegada de Hitler al poder. Siguiendo esta lógica, la aprobación del 155 conllevaba la llegada pronta del fascismo institucionalizado a España. Pura y burda propaganda, por cuanto la BGG actual de Alemania se parece como un huevo a una castaña a la Constitución de Weimar y concretamente los artículos mencionados, 37 y 48, porque ambas obedecen a escuelas jurídico constitucionales bien diferentes en tiempos políticos distintos. Dos postguerras mundiales con enfoques políticos y jurídicos completamente diferentes.

Es necesario, aclarar todo esto para desmentir la ligazón weimariana con la constitución alemana actual y la nuestra de 1978, al menos en cuanto a la coacción federal.

La Constitución de Weimar tiene, como uno de sus grandes inspiradores al gran jurista alemán Carl Schmitt, el postulante del decisionismo jurídico. En la cúspide del modelo de Weimar está el Presidente del Reich, “Der Hutter der Verfassung”, el Defensor de la Constitución, título del explícito artículo de Schmitt. En ese mismo artículo, se denomina a la República de Weimar como una democracia plebiscitaria frente a la democracia parlamentaria que su gran rival jurídico, Kelsen, había establecido en Austria con la Constitución de 1920.

Esa definición de democracia plebiscitaria con la cúspide del Presidente del Reich como defensor de la Constitución se explica por el traumático paso de un imperio derrotado, atravesando la revolución de los obreros espartaquistas de Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht y su salvaguarda del líder democrático y carismático de Fritz Ebert. Sin el socialdemócrata Ebert, es muy posible que la revolución comunista hubiera podido triunfar en Alemania. Edhasa ha editado magníficamente la trilogía de Alfred Dóblin “Noviembre 1918” en que novela ese turbulento periodo que desemboca en la Constitución de 1919 y el liderazgo de Ebert.

Puede decirse que Weimar se hizo para Ebert y hombres como Ebert y no como Hindemburg, (el siguiente y último Reichspräsident), eran quienes debían haber aplicado el artículo. Ebert lo hizo en varias ocasiones y disolvió dos dietas de dos Länder. Sin embargo, fue Hindemburg obligado por Brünning y el imposible Von Papen quienes utilizando burda y miserablemente los poderes del presidente, deterioraron de tal modo la institucionalidad alemana y la vida política que la llegada democrática del NSDAP a la Cancillería fue un hecho incontestable.

Citado este breve contexto, veamos el famoso artículo 48:

Si un Land no cumple los deberes que le impone la Constitución o las leyes del Imperio el Presidente de este podrá obligarle a ello, con ayuda de la fuerza armada.

Cuando se hayan alterado gravemente o estén en peligro la seguridad y el orden públicos en el Reich, el Presidente puede adoptar las medidas indispensables para el restablecimiento de los mismos, incluso en caso necesario con ayuda de la fuerza armada. Con este fin puede suspender temporalmente en todo o en parte los derechos fundamentales fijados en los artículos 114, 115, 117, 118, 123, 124 y 153.

El Presidente del Reich habrá de dar conocimiento inmediatamente al Reichstag de todas las medidas que adopte con arreglo a los párrafos 1o y 2. ° de este artículo. A requerimiento del este dichas medidas quedarán sin efecto.

El Gobierno de un Land podrá aplicar provisionalmente en su territorio medidas de las expresadas en el párrafo 2. ° de este artículo cuando implique peligro el retraso en adoptarlas. Tales medidas quedarán sin efecto si lo reclaman el Presidente del Reich o el Reichstag.

Una ley del Reich regulará los detalles.

Establece la posibilidad de una magistratura dictatorial ilimitada en el caso de que los Estados federados del Reich violen las normas constitucionales o legales o limitada y controlada ex post en el caso de amenaza a la seguridad del Reich. Es decir en el mismo artículo se autoriza una “coacción federal” por las bravas, un sistema de decreto ley en caso de urgencia y necesidad, y una suspensión de derechos y garantías. Un tres en uno, que la Ley Fundamental de Bonn y la española de 1978 no contemplan sino en artículos separados y con regulaciones completamente diferentes.

Es más, si existe algún reflejo en el derecho comparado al famoso artículo 48 se ve perfectamente reflejado en el 42 de la Constitución Española, (CE31) pero de la II República:

Artículo 42.

Los derechos y garantías consignados en los artículos 29, 31, 34, 38 y 39 podrán ser suspendidos total o parcialmente, en todo el territorio nacional o en parte de él, por decreto del Gobierno, cuando así lo exija la seguridad del Estado, en casos de notoria o inminente gravedad.

Si las Cortes estuviesen reunidas, resolverán sobre la suspensión acordada por el Gobierno.

Si estuviesen cerradas, el Gobierno deberá convocarlas para el mismo fin en el plazo máximo de ocho días. A falta de convocatoria se reunirán automáticamente al noveno día. Las Cortes no podrán ser disueltas antes de resolver mientras subsista la suspensión de garantías.

Si estuvieran disueltas, el Gobierno dará inmediata cuenta a la Diputación Permanente establecida en el artículo 62, que resolverá con iguales atribuciones que las Cortes.

El plazo de suspensión de garantías constitucionales no podrá exceder de treinta días. Cualquier prórroga necesitará acuerdo previo de las Cortes o de la Diputación Permanente en su caso.

Durante la suspensión regirá, para el territorio a que se aplique, la ley de Orden público.

En ningún caso podrá el Gobierno extrañar o deportar a los españoles, ni desterrarlos a distancia superior a 250 kilómetros de su domicilio.

En este caso, la CE31, pone en el Gobierno la potestad de suspender los derechos y al remitirla a una amenaza a la seguridad del Estado queda incluida la “coacción federal” en ese artículo ya que a su albur se desarrollará mediante la ley de Orden Público de 1933. Esa misma ley permitió la suspensión del gobierno de la Generalitat invocando el artículo 52 de la LOP después de los sucesos del 6 de octubre de 1934.

La diferencia estriba entre otras cosas en que nuestra Segunda República, huirá de la magistratura providente, y hará bascular el centro de la vida política el Parlamento y tendrá un difuso protector de la Constitución, el Tribunal de Garantías auxiliado por el gobierno. En Alemania el peso de la defensa constitucional por vía del artículo 48 recae inevitablemente en el Reichspräsident.

Siguiendo el rastro del famoso artículo 48 del a WRV nos lleva al artículo 16 de la Constitución francesa de la V República, como indica Olivier Beaud en Los Últimos Días de Weimar. Y es que la constitución “gaullista” deposita inequívocamente en el Presidente de la República la defensa del orden constitucional por su posición privilegiada, reforzada por el sufragio directo en su elección,

Artículo 5

El Presidente de la República velará por el respeto a la Constitución y asegurará, mediante su arbitraje, el funcionamiento regular de los poderes públicos, así como la permanencia del Estado.

Es el garante de la independencia nacional, de la integridad territorial y del respeto de los tratados.

Artículo 16

Cuando las instituciones de la República, la independencia de la Nación, la integridad de su territorio o el cumplimiento de sus compromisos internacionales estén amenazados de manera grave o inmediata y el funcionamiento regular de los poderes públicos constitucionales esté interrumpido, el Presidente de la República tomará las medidas exigidas por tales circunstancias, previa consulta oficial con el Primer Ministro, los Presidentes de las asambleas y el Consejo Constitucional.

Informará de ello a la Nación por medio de un mensaje.

Dichas medidas deberán estar inspiradas por la voluntad de garantizar a los poderes públicos constitucionales, en el menor plazo, los medios para cumplir su misión. El Consejo Constitucional será consultado sobre ello.

El Parlamento se reunirá de pleno derecho.

No podrá ser disuelta la Asamblea Nacional durante el ejercicio de los poderes extraordinarios.

Todo esto nos permite concluir, que el artículo 48 de la WRV no tiene parangón en constituciones de corte federal, autonomista o regional en la Europa contemporánea. Entre otras cosas porque, pocos Jefes de Estado gozan la preeminencia jurídica y como guardianes de la Constitución como en el caso del Reichspräsident o del Presidente de la República francesa.

El caso del artículo 37 de la Constitución alemana actual (BGG), se fundamenta en principios kelsenianos de defensor constitucional situado en un tribunal no inserto dentro de la jurisdicción ordinaria. Kelsen inspira, como ya se dijo aquí, por primera vez la jurisdicción constitucional concentrada y un modelo de coacción federal que refleja cómo se componen los poderes en la Austria de 1920.

Frente al modelo de elección directa del jefe del Estado alemán de Weimar, el austriaco es elegido por una asamblea federal, modelo copiado por la BGG en 1949. Eso implica un ejercicio de equilibrio en la aplicación de los poderes excepcionales, y en lo que nos atañe de la coacción federal. El Artículo 100 de la Constitución de Austria 1920 establece la disolución de un parlamento de un estado federado por parte del Presidente Federal, con aquiescencia del gobierno federal y si los dos tercios de la cámara alta lo aprueban. No indica si existen o no razones para ello, pero sí un procedimiento bastante equilibrado frente al decisionismo de Weimar. Este modelo de suspensión explícita de un gobierno regional es el que adoptará la Constitución italiana de 1947 en su artículo 126, por las mismas razones de fondo de filosofía jurídica.

Tanto la constitución austriaca de 1920 como la italiana de 1947 son enormemente cautas con la aplicación del decisionismo político; es más son garantistas y kelsenianas con un desprecio por los ejecutivos fuertes en favor de unos legislativos empoderados y unos judiciales radicalmente independientes.

Sobre esas bases, la BGG estaba limitada por el constituyente del post-nazismo y de las fuerzas ocupantes. En ningún caso se iba admitir, ni la atomización del legislativo, ni un guardián de la constitución que no fuera un tribunal constitucional kelseniano, ni un ejecutivo que pudiera actuar al margen del legislativo con los decretos de necesidad y urgencia del periodo de Weimar, y por supuesto con una jefatura del estado meramente simbólica y sin ningún poder ejecutivo. Además en un estado fuertemente federalizado, la coacción federal tendría que estar controlada ex ante como garantía frente a un posible decisionismo del ejecutivo.

Aunque la figura del Canciller en Alemania, goza de una primacía excepcional con respecto a los jefes de gobierno en el resto de Europa, con la excepción del Presidente del Gobierno en España, el sistema electoral alemán impide que esa primacía de un gobierno con un líder fuerte, sea a su vez un gobierno fuerte. Son gobiernos estables siempre, desde 1949, en coalición de partidos.

Todas estas explicaciones son necesarias hacerlas para indicar que el artículo 48 de la WRV no puede conducir ni en el fondo ni en la forma a la coacción federal establecida en el 37 de la BBG ni en el 155 de la CE78.

El 37 de la BBG a diferencia del 48 de la WRV, se circunscribe a la coacción federal solamente y establece que se debe incumplir por un Land la Constitución o las leyes federales y que ese incumplimiento debe ser apreciado por el gobierno federal, pero, y esto es importante, cualquier actuación debe contar con la aprobación del Bundesrat. Es decir, un control ex ante de la actuación de la coacción y no ex post y sin control posible jurisdiccional o constitucional.

La hipotética actuación del gobierno federal alemán actual, en caso de aplicar la coacción federal, está sujeta en todo momento al control, primero político, que determina el marco de actuación y luego al control judicial de la normativa que desarrolle la autorización del Bundesrat y en último término del Tribunal Constitucional de Karlsruhe. Nada de eso ocurría en el sistema de Weimar que permitía el envío directamente de la fuerza armada contra un Land si así lo dispone el Presidente del Reich sin control posterior judicial, sólo político y con la única posibilidad de revocar el decreto presidencial si políticamente fuera oportuno. (La cuestión de las leyes fiscales de 1930 de Brünning y la crisis posterior es un ejemplo de ello en el menos extremo de los supuestos y atentos sólo al párrafo segundo del artículo 48 de la WRV).

A diferencia del modo de coacción kelseniano de la Constitución austriaca de 1920 que permitía al Bundesrat la disolución del órgano legislativo del Land por una mayoría de dos tercios, el Bundesrat alemán puede ejecutar la coacción federal con mayoría absoluta, es decir con 40 de los 68 votos que componen el Consejo federal alemán (El Tribunal Constitucional alemán en un fallo de 1974 establece que jurídicamente el Bundesrat no es una segunda cámara legislativa como el Senado, otra cosa es que políticamente funcione como tal).

Pues bien, todas las garantías que prevé el 37 de la BBG antes mencionado, se incorporan a nuestro 155, que a diferencia del modelo republicano español de 1931, requiere un control previo de las actuaciones que el gobierno español quiera llevar a cabo frente a una actuación contra la Constitución y las leyes de un poder autonómico. Además, el Tribunal Constitucional, recentísimamente acaba de decir que el acuerdo del 155 aprobado por el Senado es susceptible de ser controlado por nuestro defensor constitucional (otra cosa es que se presentara el recurso antes de que este fuera aprobado y publicado en el BOE como torpemente se hizo y se rechazara su admisión a trámite).

En ese sentido, nuestro gobierno al desarrollar el acuerdo del Senado del 27 de octubre mediante Reales Decretos, claramente alineado con el espíritu del 37 de la BGG, se somete al control no sólo político sino jurisdiccional de su actuación. Además, en el plano político ha tomado una medida que en nuestro entorno jurídico existe y que el 155 habilita en su interpretación : la destitución del órgano ejecutivo, la disolución del legislativo y el control de la Administración dando instrucciones, nada menos que el ya mencionado y kelseniano artículo 100 de la Constitución de Austria.

La doctrina y la jurisprudencia, en todo caso más sabia que este modesto autor, perfeccionarán un procedimiento excepcional por su característica de coacción federal y por lo inédito, hasta ahora, de su aplicación.

Por todo ello, la comparación de Ramón Cotarelo que mencionaba en el comienzo de mi artículo, esa analogía pedestre y errónea, esa asimilación del artículo 48 con las leyes habilitantes del Reich en 1933 y el artículo 37 de la BGG y del 155 de la CE78 son peligrosas. Un 155 en España o un 37 en la Alemania de hoy harían imposible cargarse la democracia por mucho que a algunos les gustara ese cuanto peor mejor. España tiene muchos problemas y defectos, pero la aplicación del 155 no es uno de ellos. Más bien el mecanismo para corregir una perturbación jurídica y política en una parte de nuestro territorio que ha transgredido las normas de manera flagrante.

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En el relato independentista para sus seguidores había varias actuaciones milagrosas que iban a ocurrir de repente. La primera era la solidaridad y reconocimiento internacional. La segunda era la aparición de una serie de organismos, las llamadas “estructuras de Estado”, que eran necesarias para que la independencia fuera algo más que vacía retórica.

Tenía que aparecer ante todo una autoridad tributaria que fuera capaz de recaudar el dinero que había de ponerse en manos de la nueva república para afrontar sus gastos y más cuando todo parecía apuntar a la continuidad del euro. Esa autoridad tributaria no apareció, los bancos anunciaron que no colaborarían (algo esencial) y la estructura existente tiene muy poca capacidad.

En el imaginario colectivo se encuentra la independencia de las repúblicas federadas del antiguo bloque del Este. Es cierto que el Federalismo soviético-comunista era pura fachada ya que en la realidad el partido, y no el Estado, era el actor político principal, pero sí es correcto decir que esa fachada implicó el establecimiento de estructuras de una avanzadísima descentralización que ayudó en el momento de la independencia, especialmente estructuras militares.

Crear un Estado en la sombra es una tarea cercana a lo imposible y más cuando tienes poco dinero para lo que tienes que hacer y otro actor, opuesto a tus pretensiones, controla tu liquidez. Todavía siguen hablando de estructuras secretas que se van a desvelar y de estrategias mágicas, únicamente para mantener la esperanza de los que comienzan a flaquear.

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