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Posts Tagged ‘Andalucía’

Cuando Teresa Rodríguez formalizó el fin de su relación con Podemos, Pablo Iglesias y ella publicaron un elegante vídeo en el que intentaban que la separación se llevase por los derroteros del mutuo acuerdo. Pero como sucede en las separaciones de las parejas y los matrimonios, cuando se respira, se toma tiempo y se comienza a contar cosas y a inventariarlas, entonces desaparece la civilización y comienza la lucha encarnizada.

Teresa Rodríguez registró una marca, Adelante Andalucía, que fue con la que se presentaron a las elecciones Podemos, Izquierda Unida y algunas fuerzas más, uniéndose los anticapitalistas donde Teresa Rodríguez milita tras su salida de Podemos. Adelante Andalucía no es una coalición, sino desde 2019 un partido político, un partido instrumental de los que tan de moda han estado desde el advenimiento de la nueva política.

La que fue candidata de Adelante quiere continuar bajo la marca Adelante Andalucía y el resto de los componentes, evidentemente, no quiere que una escisión se adueñe de un nombre que ha conseguido una señalada representación en el Parlamento de Andalucía y familiaridad entre los ciudadanos andaluces. Construir una identidad desde cero es difícil y más cuando esa identidad tiene que ser forzosamente colectiva. La expulsión de ocho de los diputados del grupo parlamentario supone un punto de no retorno.

El destino de Adelante Andalucía es una de las piezas fundamentales en el futuro tablero política y parlamentario andaluz. Si Teresa Rodríguez y los que la sigan forman una candidatura independiente para las próximas autonómicas, supondrá la presencia de una nueva fuerza de izquierda con posibilidad de conseguir representación, pero sobre todo con la capacidad de estar cerca de obtener representación (umbral del 3%), dividir voto, generar más voto de izquierda no representado o infrarrepresentado y disminuir las posibilidades de la izquierda de cara a un pacto de gobierno.

Teresa Rodríguez está teniendo tanto tiempo en los medios de comunicación precisamente porque es la esperanza de la derecha andaluza de mantenerse en el gobierno autonómico. No solamente porque puede generar “voto perdido” en la izquierda en las venideras autonómicas, sino porque en el caso de que la izquierda sumase con Teresa Rodríguez, ella no consentiría un pacto con el PSOE de Andalucía.

No sé con demasiada precisión qué es ser anticapitalista y por tanto no puedo calificar el “anticapitalismo” de Rodríguez, ni mucho menos su andalucismo, pero de lo que no cabe ninguna duda es que la mejor forma de calificar a la política de Teresa Rodríguez es de “anti-PSOE”, una posición legítima, pero que puede tener sus consecuencias perversas.

Rodríguez nunca pactará con el PSOE y como Iglesias en sus primeras elecciones pensará que el gobierno de la derecha es siempre mejor que el del PSOE, al menos porque acentúa esa dialéctica que algunos no atisbamos. Su primer objetivo es que el PSOE no gobierne y si para ello no tiene que gobernar la izquierda, lo asume. Teresa Rodríguez es consecuente, de eso no cabe duda.

Ante resultados de las Elecciones Generales y encuestas que hacen de Juan Moreno un presidente de un solo mandato, toda estrategia para terminar con una popsible mayoría alternativa está sobre la mesa y más cuando esa estrategia se funda en la puridad izquierdista, que es tan de izquierda que antes de la que considerada “falsa izquierda” prefiere que la derecha y la ultraderecha decidan en San Telmo qué hacer y qué no hacer.

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Desde hace unos años el Boletín Oficial del Estado ha comenzado a prestar un servicio público esencial para garantizar la seguridad jurídica, que no es otro que ofrece a todos los ciudadanos el acceso a texto normativos consolidados, es decir, a la situación en la que queda una norma después de su modificación.

Tradicionalmente este servicio lo han desarrollado editoriales privadas que cada septiembre publicaban textos normativos con las modificaciones aprobadas desde septiembre del año anterior. De vez en cuando las Cortes otorgaban al ejecutivo de la pertinente delegación legislativa para poder aprobar un texto refundido por medio de un Decreto-Legislativo y se poseía de nuevo un texto oficial actualizado.

Aunque el BOE ha ido extendiendo la publicación de normas consolidadas e, incluso, la ha llevado a las normas autonómicas que han de publicarse en el BOE, no ha habido un comportamiento parejo en otras administraciones, algo especialmente lamentable en la situación de emergencia que vivimos, donde no solamente hay una gran producción normativa, sino que las normas se modifican a los pocos días de dictarse.

Un ejemplo lo tenemos en la Junta de Andalucía, cuyo boletín oficial (BOJA), no ha acometido la puesta a disposición de la ciudadanía de la normativa autonómica consolidada.

El viernes 23 de octubre, el BOJA publicó su número extraordinario 68 del presente año. En la primera sección, disposiciones generales, publica la siguiente una orden del consejero de Salud y Familias con el siguiente título:

Orden de 23 de octubre de 2020, por la que se modifica la Orden de 29 de septiembre de 2020, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención de la covid-19, en localidades o parte de las mismas donde se haya acordado restricción a la movilidad de la población de una localidad o parte de la misma, y la Orden de 14 de octubre de 2020, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención de la Covid-19, en localidades o parte de las mismas donde es necesario adoptar [m]edidas que no conllevan restricción a la movilidad, y por la que se delega en las personas titulares de las Delegaciones Provinciales o Territoriales competentes en materia de salud la adopción de dichas medidas.

El texto es un continuo “se modifica” o “se añade” que no permite a nadie hacerse una idea de cómo queda el texto normativo modificado. ¿Estaría de más, en vez de modificar de esta forma, aprobar dos órdenes que incoporen las modificaciones o hacer que el boletín haga los textos consolidados? De este modo se satisface formalmente la publicidad, pero no materialmente y mucho menos se salvaguarda la seguridad jurídica.

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Parece que solamente los socialistas saben sacar provecho a las mociones de censura. Según cuentan hace cuarenta sirvió para presentar a Felipe González como un reformista sensato y no como un peligroso revolucionario, pese a ser rechaza la censura. En 2018 el también socialista Pedro Sánchez presenta la primera moción de censura que prospera y consigue la investidura del Congreso y el cese, por censura, del presidente Mariano Rajoy.

Los días 21 y 22 de octubre de 2020 hemos vivido la quinta moción de censura de la democracia. Ésta puede ser una valoración en varios puntos:

Vox ha hecho el ridículo y no sólo porque la moción no tuviera posibilidad de aprobarse, sino que no ha hecho nada para ello, ni ha hablado con ningún grupo parlamentario.

Vox ha hecho el ridículo porque han ido con un candidato sin prestigio, después de ser rechazados no se sabe las veces por sus “candidatos de prestigio”.

Vox ha hecho el ridículo porque no preparó las intervenciones ni un programa de gobierno. Las sesiones parlamentarias suelen ser aburridas, pero los diputados y senadores suelen preparar sus intervenciones y con especial esmero cuando es un debate relevante. Las dos intervenciones, la del diputado Gamarra y las del candidato Abascal, han sido malas y toda preparación da la impresión que ha sido una recopilación de material de ínfima de calidad de foros y webs extremistas. El derecho a hablar sin límite tiene sentido cuando hay algo que decir, pero cuando no hay nada que decir deja de ser un derecho y se convierte en un abuso.

Vox ha hecho el ridículo porque Pablo Casado, que no es ningún portento, les ha destrozado en una sola intervención. Era una moción contra el Partido Popular, una moción para comerles el espacio de la derecha, y ha terminado siendo la moción que deja al PP tranquilo porque no debe temer ningún avance a su diestra. Es más los argumentos de Vox servirán cuando lleguen las elecciones para pedir el voto útil (¿es más importante la pureza o echar al gobierno socialcomunista bolivariano?).

Vox ha hecho el ridículo, porque ayer en el Parlamento de Andalucía y hoy en el Congreso han mostrado a las claras que no tienen ningún margen de maniobra para dejar de apoyar al PP en Andalucía, Madrid y/o Murcia. A pesar del rechazo frontal de los populares no puedes dejarles de sostenerles, porque entregarían esos territorios a la izquierda, algo imperdonable para su electorado y que les haría llegar a la práctica desaparición.

Vox ha hecho el ridículo porque, con su moción, ha conseguido activar un cordón sanitario que desde 2018 estaba diferido y, de camino, ha abierto la vía del entendimiento entre socialistas y populares en determinados puntos. Vox ha subrayado su anormalidad y ha hecho que los demás se perciban iguales en la relativa normalidad.

Vox ha hecho el ridículo porque le ha facilitado al gobierno los primeros contactos para los Presupuestos Generales del Estado, que es su gran objetivo político. De camino les ha proporcionado a todos una sensación gratuita de victoria que engrasa mejor los acuerdos.

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Cuando Vox entró en el Parlamento de Andalucía, a la hora de investir a Moreno Bonilla como presidente de la Junta, se escenificó un proceso de negociación, unos puntos de acuerdo y hasta algunos momentos de ruptura. Parecía que se estaba tensando la cuerda, pero era puro teatro porque ninguno de los participantes en el acuerdo de investidura iba a dejar a pasar la primera oportunidad real de desplazar al PSOE del gobierno andaluz. El que no quisiera el acuerdo iba a ser señalado y, en caso de repetir las elecciones, la alta abstención en las filas socialistas iba a desaparecer.

Al principio los populares y los de Ciudadanos comenzaron a cumplir los puntos del acuerdo con Vox religiosamente, pero alguien les debió abrir los ojos y decirles que Vox no tenía más remedio que apoyarles en las votaciones fundamentales, al igual que realmente no tenían ninguna opción en la investidura. Incluso la vez que presentaron una enmienda a la totalidad a los Presupuestos, tuvieron que retirarla porque iban en contra de determinados puntos propios que se alcanzaban y eran coincidentes con el programa del gobierno.

Ayer en el Parlamento de Andalucía, el portavoz de la extrema derecha lo reconoció abiertamente: no tienen más remedio que apoyar a Moreno Bonilla, porque no tienen otra opción, por ahora. El PP puede prescindir del Vox y sus cosas y acusarle de preparar el camino a la izquierda si no votan con ellos, porque la estrategia de Vox es apoyar, siempre apoyar, haciendo creer que el voto dado a ellos y no a los populares mantiene el camino correcto.

Este camino es el que se sigue en Madrid y tiene como principal finalidad el “sorpasso”. Vox ofrece lo mismo y más y un liderazgo, que siendo malo, no es el despropósito de Díaz Ayuso. En Andalucía no tienen líder y lo de avanzar sin líderes solamente se puede hacer al inicio, pero ello no quiere decir que no presenten a un cantante o a un conocido presentador de la televisión y resuelvan el problema rápidamente.

Vox no tiene más remedio que apoyar. Si por su postura las medidas no se aprueban, serán los responsables de debilitar a la derecha. Entrar en sus juegos para que aparenten tener un poder, que ni poseen ni desean por ahora (para no sufrir desgaste), es remar de acuerdo con la estrategia del partido de extrema derecha.

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La Comunidad de Madrid pide un trato especial sobre el hecho diferencia de ser más España que nadie, de que todo el mundo tiene familia en Madrid (yo no) o que va a la capital a ver un musical u otro espectáculo (yo tampoco por ahora). Los populares madrileños barruntaban que no querían ser una comunidad como las otras y que están deseosos de un régimen diferenciado respecto de las otras comunidades, especialmente de las más pobres.

Están en su derecho, pero la cuestión es cuanto resultará sostenible para el PP este regionalismo madrileño, que antes era neocentralismo. En este aspecto hemos de diferenciar la retórica y la realidad. En la retórica, el discurso con el que te presentas a las elecciones, los populare siempre han sido favorables al uno frente a diecisiete, aunque en la realidad han mantenido un fuerte programa autonomista llevando al Constitucional numerosas leyes por violar las competencias de las CCAA, provocando uno de sus recursos uno de los mayores seísmos compentenciales que se recuerdan. Pero en política la retórica prima. y de lo que hablaremos.

El PP siempre ha hecho de la retórica contra los hechos diferenciales uno de sus caballos de batalla fundamentales. Buena parte de sus electores tradicionales, ahora muchos en Vox, les votan para parar a los nacionalistas y en el deseo de un Estado central más fuerte y unas comunidades más débiles o incluso desaparecidas. Con habilidad algunos han disfrazado de “igualdad ilustrada” lo que no era Jacobinismo de derechas, sino una simple pretensión de homogeneización social y cultural, basada más en el dominio que en la igualdad de derechos.

La reivindicación del hecho diferencial para Madrid solamente se basa en que Madrid es diferente porque es más rica (como también otros hechos diferenciales) y por ello merece un tratamiento diferenciado respecto al resto del país. Así Cataluña, Euskadi, Navarra y Madrid tendrían un sistema económico y político “ad hoc”, no compartido con el resto del país.

Puede ser una propuesta excepcional para arrasar en la Comunidad de Madrid, pero es pésimo para los populares en el resto de España. Decíamos que la retórica popular era centralista, pero no su proceder. ¿Qué quiero decir con ello? Que los cuadros del PP en las restantes regiones pueden convertir su proceder autonomista en retórica y comenzar todos ellos a jugar la carta del regionalismo, incluso contra Madrid que se convertiría en una entidad extraña como sus tres compañeras de viaje y sin Bildu que lo enmascare todo como en Navarra.

Anda Juanma Moreno anunciando que monitorizará (no dice cómo) las segundas residencias en Andalucía, propiedad de madrileños, para evitar un éxodo en caso de que el confinamiento en la CAM se extienda. Moreno lo hace no porque pueda hacerlo, sino para tener un mal exterior y en este caso es la Comunidad de Madrid, orgullo e insignia de su partido. Madrid y los madrileños se han convertido en un amenaza para sus votantes e intenta sacar tajada de ello.

Un gobierno regional en la CAM insistiendo en privilegios, será el nacimiento de movimientos regionalistas de derecha por el sencillo hecho de que la política madrileña es política nacional y todas sus intenciones, declaraciones y decisiones serán del dominio general de forma instantánea. La alternativa al regionalismo de derecha es la extrema derecha.

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Nuestro ordenamiento suele diferenciar entre “funcionarios o empleados públicos” y “autoridades”. En un proceso de toma de decisiones el funcionariado técnico emite informe fundado en sus conocimientos sobre la materia (de ahí lo de “técnico”), para que la autoridad competente tome la decisión. Pero la decisión no es el informe.

Ayer la ex presidenta Susana Díaz se quejaba que la Junta de Andalucía no hubiera pedido la intervención de la UME en el incendio de Almonaster la Real (Huelva) hasta que el incendio no ha sido colosal. Varios representantes del gobierno de coalición andaluz le respondieron que eran los técnicos lo que lo decidían si intervenía la UME o no.

El problema es que la respuesta es falsa. Los técnicos no pueden solicitar la intervención de la UME, sino las autoridades competentes. El Protocolo de Intervención de la Unidad Militar de Emergencia, aprobado por el Real Decreto 1097/2011, dice en su punto 4:

En las situaciones de emergencia que se produzcan con carácter grave, relacionadas en el punto 1 del apartado anterior, que no sean declaradas de interés nacional, las autoridades autonómicas competentes en materia de protección civil podrán solicitar del Ministerio del Interior la colaboración de la UME.

Nadie sabe los informes que tenían las autoridades de la Junta. Una autoridad puede decir que los informes técnicos no lo recomiendan, pero no puede decir que los técnicos son los que lo deciden porque en primer lugar está mintiendo y en segundo lugar denuncia su propia existencia superflua, dado que si los que deciden en última instancia son los técnicos ¿para qué sirve la autoridad de turno?

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Desde que estudié en la carrera el mítico Curso de Derecho Administrativo del Eduardo García de Enterría el tema del Decreto-Ley me ha resultado singularmente interesante. No comparto las muchísimas prevenciones que el gran maestro de los administrativistas españoles expuso y la mentalidad que creó en torno a este instrumento jurídico, pero lo cierto es que mi interés nace en este punto.

Al nacer el Estado de las Autonomías, los ejecutivos regionales no fueron dotados de la potestad de dictar disposiciones legales con rango de Ley, el Decreto-Ley, siendo un tipo de norma específicamente estatal.

En Euskadi hubo una curiosa excepción durante el mandato de Carlos Garaicoechea como Lehendakari. El Parlamento Vasco aprobó una ley habilitante, la ley 17/1983 de 8 de septiembre, que facultaba al gobierno vasco a dictar decretos-leyes durante el plazo de cuatro meses para atender a las consecuencias de las inundaciones habidas en el País Vasco. La ley previó la convalidación y su tramitación como ley remitiéndose a las disposiciones constitucionales que lo regulan en el ámbito nacional. Fue un procedimiento cuanto menos lleno de lagunas.

Desde entonces silencio. Algunos estatutos previeron la posibilidad de que se pudieran dictar Decretos Legislativos para crear textos refundidos, pero tiene un alcance menor. La tercera ola de los estatutos, la que comenzó con el mítico Estatut, hizo que muchos de ellos introdujeran el Decreto-Ley dentro de las facultades del ejecutivo autonómico, copiando la regulación de la Constitución y con ella, en principio, incorporando la comprensiva jurisprudencia del Tribunal Constitucional acerca del alcance de “extraordinaria y urgente necesidad”.

Nadie puede cuestionar que nos encontramos ahora en una situación casi permanente de “extraordinaria y urgente necesidad” y muchas comunidades, que tienen reformado el estatuto de autonomía, han recurrido a ellos. Quedan comunidades que no tienen esta posibilidad y una de ellas, la Comunidad de Madrid, aprobó ayer en Consejo de Gobierno la iniciativa de reforma del Estatuto de Autonomía, todo lo cual merece una consideración aparte.

No ha sido óbice para que con la excusa del Covid se colasen “cositas” como la incorporación de alguien a una comisión del CNI o la legalización del enchufismo en determinada región.

El gobierno catalán ha sido el ejecutivo que más Decretos-Leyes (24) ha dictado, siendo el único que ha superado al gobierno central (19). Extremadura (14), Comunitat Valenciana (13) y Canarias (10) forman el grupo que han superado la decena. Por debajo de la decena tenemos a Baleares (8), Navarra (8), Murcia (8) y Aragón (5). En total han sido ciento treinta y tres (133).

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En Andalucía, como en otras regiones, hay un movimiento de padres dispuestos a no enviar a sus hijos en edad de escolaridad obligatoria a las clases en caso de que no se les garantice niveles altos de seguridad contra el Covid-19.

La Consejería de Educación amenazó, desde el principio, a esos padres con aplicar el Protocolo de Absentismo (que mencionaremos más adelante). El vicepresidente Marín, de Ciudadanos como los de Educación, dijo inicialmente que serían comprensivos y hoy mismo se ha unido a la línea de la Consejería remitiéndose al Protocolo de Absentismo (fundamentalmente la Orden de 19 de septiembre de 2005).

El artículo 4.2 de la Ley Orgánica de Educación establece como obligación la escolarización de los seis años dieciséis años, concretando la disposición constitucional del artículo 27.4. No hay dudas en este punto.

El Protocolo (artículo 9 de la Orden) prevé una serie de medidas que si fracasan se ha de trasladar “información a la Fiscalía de Menores y a la Administración con competencia en materia de menores”.

El Protocolo de Absentismo se suele aplicar a situaciones como dejadez, desarrollo de actividades laborales o prelaborales, necesidad de ocuparse de hermanos por trabajo de los padres o situaciones que impiden o dificulta la asistencia como es la toxicomanía de los padres o la desestructuración familiar (tomado del Plan Integral para la Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo Escolar, aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno del 25 de noviembre de 2003). Este absentismo no es el previsto por el Plan Integral y mucho menos al que intenta dar respuesta la Orden de 19 de septiembre que lo aplica, de modo que podría haber dudas sobre si el absentismo por motivo “epidemiológico” se encuentran dentro del ámbito de aplicación de la Orden.

Salvo excepciones esta situación de absentismo se da ordinariamente en entornos sociales con poca capacidad social y económica de respuesta ante la actuación de la Administración.

La Junta actúa sin un oponente real, pero éste no es el caso que nos ocupa. Los padres que se están planteando esta posibilidad son padres que tienen los medios económicos para hacerla posible, o bien porque pueden pagar a alguien que se quede con sus hijos mientras ellos trabajan, o bien pueden permitirse no trabajar para ocuparse de sus hijos. Los que no pueden ni pagar, ni dejar de trabajar no ven factible esa posibilidad.

Es decir, son familias con recursos sociales y económicos para hacer frente a la Administración desde el primer momento. Si eso le unimos la definición de absentismo del Protocolo (artículo 5) tenemos abierto el melón. Dice este artículo:

1. […] se entenderá por absentismo escolar la falta de asistencia regular y continuada del alumnado en edad de escolaridad obligatoria a los centros docentes donde se encuentre escolarizado, sin motivo que lo justifique.

Las justificaciones de la asistencia es necesariamente una relación abierta y hay que debatir caso a caso si es justificada o no la inasistencia. Abogados con informes de médicos sobre las deficiencias del centro en cuestión pueden fundar sólidamente la falta de seguridad como causa justificada de asistencia.

Además, y ahora llega lo interesante, pueden comenzar a utilizar medios jurídicos de toda naturaleza para que se exijan responsabilidades disciplinarias a quiénes tienen abierto el centro con esa deficiencia. Y cuando se dice todo es todo. Pongamos el caso que unos padres le aplican el Protocolo y a las dos semanas hay que cerrar el centro por un brote: ¿quién ha actuado responsablemente?

El temor a verse involucrados en procesos penales puede llevar a muchos funcionarios a pedir que sean sus superiores los que tomen y firmen hasta la más pequeña de las decisiones y no sé si ellos a la hora de la verdad tendrían la misma gallardía que ante los medios de comunicación. Ojo, además esos padres son los que tienen el perfil de los votantes del gobierno andaluz.

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Elías Bendodo es el actual consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, después de haber sido Presidente de la Diputación de Málaga. Es el chico malo de la comunicación del PP de Andalucía. Es el clásico “duro” que le da igual decir una día una cosa y otra la contrario, porque su misión es provocar y, sobre todo, ser parapeto o burladero del Presidente Juanma Moreno.

Esto es un clásico de la política: pon a alguien al que la oposición odie y le ataque, mientras que el objetivo importante, pasa desarpecibido. Guerra lo fue de González, MAR o Acebes de Aznar, Blanco de ZP o Hernando de Rajoy y en Andalucía Mario Jiménez fue esa figura para Susana Díaz. Es un clásico.

El problema es que el PSOE de Andalucía cae sistemáticamente en esta trampa clásica y está obcecano con el consejero Bendodo. Las redes sociales están llenas de respuestas a las consideraciones o invectivas del consejero, vídeos probando la falsedad de sus palabras o rechazando cualquier maledicencia de Bendodo. Mientras tanto Juanma Moreno sigue a lo suyo, que aún no sabemos qué es lo que es.

La oposición del PSOE-A está siendo plana (la falta de costumbre) y ha tardado en reaccionar a temas tan gravísimos como la contratación a dedo de los técnicos de la Junta. No es Bendodo ni debe ser el objetivo de la oposición, el objetivo es el Presidente y su vacua gestión. Todo lo demás son fuegos artificiales, atractivos pero que no sirven para nada.

La oposición debe hacerse a alguien en concreto, a alguien reconocible, y no a un señor que no era más que un “aparatchik” del PP malagueño hasta hace poco más de un año y que fuera del mundillo de la política regional, por lo demás minoritario, es un perfecto desconocido.

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Las Comunidades Autónomas, especialmente las que tienen un gobierno de diferente signo al Gobierno de España, reclamaron que se les dejase gestionar la desescalada. Para muchas de ellas el objetivo político estaba cumplido pues el “Mando Único” prácticamente no había podido incidir en sus ámbitos de gestión, pero sí había sido ocasión para culpar al Gobierno central de todas las imprevisiones, chapuzas, escasez de material e incapacidad de las que eran responsables.

Una vez en la “cuesta abajo” de curva no tenía sentido el “Mando Único”, no se fuera a llevar el Gobierno central el mérito del descenso. Querían llevárselo todo y lo consiguieron. El problema ha venido cuando se han dado cuenta de que las cosas no iban a discurrir como idearon. Y han comenzado a pedir al Gobierno de España que tome medidas (no puede), para poder culparle de los efectos de su desidia de estos meses.

El argumento es el de siempre: no puede haber diecisiete vueltas al cole, sino una”. Y ahí muestran su gran ignorancia. Debe haber tantos planes de vuelta al cole como centros educativos haya en España (casi 35000), porque los espacios, alumnos, horarios, particularidades, profesorado, situación urbana o rural, etc hacen que necesitemos muchas decisiones específicas.

Ante esto llegan los inútiles, como el consejero andaluz Imbroda, y dicen que bien, que eso está bien, que los equipos directivos se encarguen y así envía el marrón para abajo. Es evidente que un equipo directivo debe tener mucho que decir sobre el plan de su centro, pero también los técnicos de Educación y de Sanidad, de forma que el plan de vuelta al cole debería ser redactado entre todos y firmado por el Consejero o su delegado en la provincia que se trate, asumiendo la responsabilidad personalmente.

¿Veremos esto? No. ¿Qué veremos? Que cuando surjan problemas intentarán culpar como sea a los equipos directivos.

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