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Posts Tagged ‘Administración de Justicia’

Uno de los muchos problemas que está teniendo la reacción jurídica a la pandemia es la falta de mecanismos ágiles para que los tribunales puedan tener criterios unificados. Y no es consecuencia del Estado de las autonomías, porque la Justicia es una, sino de la mera disparidad que los diversos tribunales territoriales tiene cuando intentan resolver una ratificación de medidas conforme a la Ley.

La unificación de criterios, como no puede ser otras forma, debería venir del Tribunal Supremo. En una situación como la presente no tiene sentido esperar que el cauce de los recursos ordinarios genere una casación ante el Tribunal Supremo. Debería abrirse la puerta al pronunciamiento del Tribunal Supremo desde el principio.

¿Pero cómo? La reciente Ley 3/2015 ha clarificado las competencias judiciales para entender de las ratificaciones de las medidas, pero no se ha resuelto la cuestión que nos ocupa. La solución podría haber creado, en este ámbito, una cuestión prejudicial no suspensiva ante el Tribunal Supremo para que con toda celeridad pueda asentar una doctrina común a todos los tribunales.

Si en muchos casos la profusión normativa crea una enorme inseguridad jurídica, en este la inseguridad jurídica a la hora de tomar decisiones ha sido causada en una buena parte de la imposibilidad de adelantar los criterios judiciales. Es algo que hay que rectificar, porque parece que las medidas sanitarias van a seguir dictándose.

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A muchos nos ha resultado sorprendente que el Tribunal Superior de Justicia no haya ratificado las medidas de la Comunidad de Madrid que aplicaba las aprobadas por el Consejo Interterritorial porque la Comunidad no haya invocado una determinada ley en la exposición de motivos de la orden del consejero y que, al no haber sido invocada, no haya “título legal habilitante” para las referidas medidas.

El Derecho no está sujeto a prueba, salvo la norma consuetudinaria y el Derecho extranjero en casos de Derecho Internacional Privado. Son los tribunales los que conocen el Derecho y han de aplicarlo, lo que sintetiza en las palabras latinas iura novit curia. Si bien los letrados de las partes argumentan jurídicamente sus pretensiones, los jueces y magistrados solamente están vinculados a las pretensiones, no a sus razonamientos jurídicos y menos a las normas aducidas (da mihi factum, dabo tibi ius).

¿Qué consecuencia tiene esto? Que si alguien solicita al juez algo y funda su petición en una norma que no le confiere lo que pide, pero el juez conoce otra que sí, puede el juez perfectamente otorgarle su pretensión (y también en sentido negativo).

La aplicación es evidente. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid conoce la norma que la Comunidad de Madrid no aduce como “título legal habilitante” para las medidas que solicita y además ha sido invocada por el Minisiterio Fiscal y así consta en la sentencia.

La pretensión del procedimiento de ratificación es confirmar o no la adeucación de las medidas al ordenamiento jurídico. El juez debe resolver sobre el sistema de fuentes y aquí el TSJ de Madrid no lo hecho, porque ha omitido una norma, por no ser invocada en la orden pero sí por el Ministerio Fiscal, para considerar la ausencia de “título legal habilitante”. El conocimiento judicial podía haber suplido esta carencia.

He repasado las últimas sentencias de la Sala Tercera del Tribunal Supremo (del orden contencioso-administrativo que es el que está entendiendo las ratificaciones) sobre el principio “iura novit curia” y una de las que profundiza en la cuestión (STS 18/12/2019, FJ 6º) dice:

Conforme a los principios de iura novit curia y da mihi factum, dabo tibi ius, el órgano jurisdiccional puede —y debe— fundar el fallo en el derecho adecuado a la solución del caso, pudiendo así emplear argumentaciones jurídicas propias y distintas de las invocadas por las partes, si conducen a aceptar o rechazar las pretensiones deducidas, […]

Hace unos meses, la STS 3/6/2020 FJ3º señala:

Desde el Derecho romano, rige también al caso el principio general procesal condensado en el aforismo ” da mihi factum dabo tibi ius” (dame los hechos, yo te daré el Derecho), muy vinculado al principio iura novit curia.

Tal principio de aportación de parte o de rogación, que continúa vigente -con matizaciones en el proceso contencioso-administrativo, pero justamente para reforzar los poderes y atribuciones del juzgador en orden a la prueba y a las pretensiones-, esencial en el ámbito procesal civil (también en el contencioso-administrativo y el social), indica la facultad de las partes -y la carga- de suministrar al Tribunal, en sus escritos de alegación, los hechos y el material probatorio que estimen preciso para apoyar sus pretensiones y la obligación del juez de resolver el litigio conforme a la norma aplicable al caso.

Y podemos recurrir a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional: SSTC 111/1991, 144/1991 , 59/1992 , 88/1992, 90/1993, 258/1993, 112/1994, 222/1994, 165/1996 y 136/1998. De la STC 29/1999, fundamento jurídico 2º, merece la pena reproducir el siguientepárrafo:

“el juicio sobre la congruencia de la resolución judicial exige confrontar la parte dispositiva de la sentencia y el objeto del proceso, delimitado por referencia a sus elementos subjetivos -partes- y objetivos -causa de pedir y petitum- y en relación a estos últimos elementos viene afirmándose que la adecuación debe extenderse tanto al resultado que el litigante pretende obtener, como a los hechos y fundamentos jurídicos que sustentan la pretensión. Doctrina que no impide que el órgano judicial pueda fundamentar su decisión en argumentos jurídicos distintos de los alegados por las partes, pues, como expresa el viejo aforismo iura novit curia, los Jueces y Tribunales no están obligados al motivar sus sentencias a ajustarse estrictamente a las alegaciones de carácter jurídico aducidas por las partes, tal y como también de forma reiterada ha señalado este Tribunal”.

¿Por qué no aplicó el TSJ de Madrid una norma pertinente? ¿Por qué no la aplicó conociéndola y habiendo sido invocada por el Ministerio Fiscal? ¿No sería ya un problema de incongruencia y no en la no aplicación del Iura novit curia?

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