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Muchos de los análisis que en estas horas se están publicando inciden en la idea de que el Trumpismo es un problema para el Partido Republicano, que no puede vivir sin él, pero con él tampoco, porque moviliza como nunca a los adversarios. Creo que es un debate que se deshará con el tiempo, como sucedió con la preponderancia del Tea Party en su momento.

El Partido Republicano no necesita a Trump para nada. Gana con solvencia la Presidencia y el Congreso, gobierna un montón de estados y tiene mayoría en sus legislaturas. Eso lo hizo antes de Trump, con Trump y lo hará después de Trump. Para eso existen los partidos políticos que es darle estructura a una sensibilidad, o varias como el GOP o los demócratas, más allá de las personas que ocasionalmente ocupen cargos o sean candidatos.

Los candidatos republicanos al Congreso han obtenido mejores resultados que el Presidente. Mientras Trump tiene una desventaja en estos momentos en el voto popular del 2,9%, los candidatos republicanos a la Cámara de Representantes la tienen del 1,4%. La diferencia de votos entre las presidenciales entre la candidaturas presidenciales y las candidaturas a la Cámara es de 1.840.634 votos a favor de la presidencial, mientras que en el campo demócrata es de 4.160.751 a favor del Presidente electo, es decir, el Partido ha pesado más que el candidato.

El único peligro que tienen los republicanos con Trump es que monte su propio partido fuera del GOP y compita por parte de su electorado. Eso en un sistema electoral como el estadounidense es letal. Pero no sólo sería letal para el GOP, que a los pocos años se restablecería, sino también para Trump que no tendría ninguna posibilidad, con tres candidatos, de acercarse de nuevo a la Casa Blanca. Y el GOP es idefinido y Trump es muy mayor para intentarlo cada cuatro años.

Ello no quiere decir que los republicanos no le tenga que dar alguna vuelta a todo esto, porque desde 1992 solamente han ganado el voto popular una Elección Presidencial, las de 2004, y viven parapetados en el sistema electoral, que minimiza sus pérdidas y maximiza sus logros.

Four more years?

Donald Trump se une al escogido grupo de presidentes de los Estados Unidos que solamente han servido por un único mandato, al haber perdido la reelección. Entre los muchos escenarios que en estas horas hemos leído, uno insistente habla de que Trumpo va a mantenerse activo para poderse presentar a las elecciones dentro de cuatro años.

Supongamos que Trump, tras aceptar que no reconocer su derrota, sigue adelante y se presenta a las primarias republicanas para el año 2024. Todo lo que puede hacer es aspirar a un único mandaro en la Casa Blanca, pues la XXII Enmienda impide un tercer mandato, sea consecutivo o no. Su segundo mandato nacería ya muerto, porque todos estarían pensando más en la sucesión que en el presente. ¿Es ésa la mejor opción para el Partido Republicano?

Entre los republicanos hay bastante silencio, pero es un silencio más táctico que de otro tipo. Habrá un nutrido grupo de representantes, senadores, gobernadores y un ex vicepresidente que están comenzando a ver sus posibilidades de cara a la carrera de las primarias que se lanzará justo después de las “midterm” de 2022.

Nadie quiere descalificarse a priori, estando a favor o en contra de nada, porque las Elecciones de 2024 pueden ser unas elecciones sin reelección, normalmente más abiertad que unas en las que el Presidente comparece nuevamente ante los electores después de cuatro años.

La nominación y confirmación de Amy Coney Barrett como jueza del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, después que los republicanos se desdijeran de la doctrina que habían empleado para no llevar a votación la nominación de Merrick Garland como nuevo juez para cubrir la plaza del repentinamente fallecido Antonin Scalia, llevó a los demócratas a anunciar que ampliarían el número de jueces del Tribunal, una amenaza que le resultó muy efectiva a Roosevelt para conseguir que los jueces modulasen su interpretación constitucional del New Deal. Ni Roosevelt, ni el Presidente electo Joe Biden inventaron este mecanismo, sino que sus orígenes podemos encontrarlos en la Early Republic.

El historiador estadounidense Gordon S. Wood fija temporalmente el primer periodo de la Historia de los Estados Unidos, la Early Republic, entre los años 1789 (la Constitución entró en vigor) y 1815 (final de la Guerra de 1812 contra Gran Bretaña).

Durante este periodo la instituciones que la Constitución diseñó fueron cogiendo estableciéndose y comenzaron a desarrollarse dinámicas que concretaron y especificaron las escasas disposiciones judiciales. No podemos pensar que lo que ahora es importante y significado lo fuera entonces.

Una de las instituciones federales que más ha cambiado en su consideración desde 1789 ha sido la Judicatura. El poder judicial fue rápidamente organizado por el Primer Congreso, concretamente a través de la Judiciary Act of 1789 (An Act to establish the Judicial Courts of the United States, 1 Stat. 73) y dispuso tres niveles de tribunales federales.

El  único tribunal establecido constitucionalmente, era el Tribunal Supremo, que esta ley dispuso que estuviera compuesto por su presidente y cinco jueces (sección 1). Su compentencia estaba fijada en la Constitución y la sección 13 de esta ley la detalló, una sección que sería el centro normativo del mítico caso Marbury v. Madison de 1803.

La base del sistema judicial eran los tribunales de distrito, uno por cada estado que había ratificado la Constitución en ese momento (faltaban Rhode Island y Carolina del Norte) y dos distritos adicionales, uno para Kentucky, que por entonces formaba parte de Virginia, y otro para Maine que era parte del estado de Massachusets (sección 2). Los tribunales de distrito tenían la competencia que le asignaba expresamente la ley (sección 8).

El escalón intermedio era el más curioso. Todos los distritos, salvo Kentucky y Maine, estaban dentro de uno de los tres circuitos, cuyo tribunal estaba compuesto por un juez de distrito, normalmente el del distrito donde tenían lugar las sesiones, y dos jueces del Tribunal Supremo (sección 4). Los jueces del Tribunal Supremo dedicaban la mayor parte de sus jornadas a recorrer el circuito que les había correspondido impartiendo justicia en estos tribunales intermedios. Era algo muy oneroso para ellos, de lo que siempre quisieron ser relevados y no lo consiguieron definitivamente hasta 1891. Los tribunales de distritos tenían la totalidad de la competencia, salvo las expresamente reservadas al Tribunal Supremo o a los tribunales de distrito (sección 11).

Ser juez no era algo especialmente prestigioso en aquella época. De hecho pocos de los abogados habían pisado una facultad de Derecho y normalmente se formaban en el despacho de un abogado, hasta que se consideraban preparados para ser examinados por el juez estatal y admitido a litigar en su tribunal. Ser juez era un paso más en la carrera pública y los jueces desempañaban en muchas ocasiones funciones que no eran estrictamente judiciales.

De hecho en el primer Tribunal Supremo se dio el caso, hoy inimaginable, de que uno de los jueces renunciase para presidir un tribunal estatal. En efecto John Rutledge renunció al Tribunal Supremo para encabezar el máximo tribunal civil de Carolina del Sur.

John Jay, uno de los autores de The Federalist Papers, durante su mandato como presidente del Tribunal Supremo estuvo al frente de los negociadores de un nuevo tratado con Gran Bretaña y lejos de sus funciones judiciales. De hecho dejó la presidencia del Tribunal para presentarse a las elecciones a gobernador de Nueva York y en 1801 renunció a la nominación para volver a ocupar la presidencia del Supremo. Oliver Ellsworth, siendo presidente del Supremo, fue enviado a Francia por el Presidente John Adams para negociar los términos del fin de la Quasi-War.

Todo cambió en 1801. El Partido Federalista, partidario de un gobierno federal fuerte y de una interpretación nacionalizadora (centralizadora) de la Constitución, perdió las elecciones celebradas en 1800 tanto la Presidencia como el Congreso y vieron pronto que el poder les iba a ser esquivo en adelante. Decidieron hacer de los tribunales una fortaleza gobernada por los federalistas desde donde controlar y limitar las decisiones de los partidarios de la descentralización, los demócratas-republicanos de Jefferson y Madison. Los federalistas también tenían una tendencia más aristocratizante que Madison, un aristócrata moderado, o que Jefferson, más cercano a posiciones democráticas.

Oliver Ellsworth había renunciado, al volver a París, a su puesto de presidente del Tribunal Supremo. Como dijimos John Jay no quiso volver a recorrer el circuito. Entonces el Presidente Adams puso al frente del Tribunal Supremoa su secretario de Estado, John Marshall, que fue confirmado por un Senado con una mayoría que había perdido las elecciones en 1800 y se mantenía en el cargo hasta el 4 marzo de 1801.

Eso era solamente el primer paso. De acuerdo con la ley de 1789 toda la judicatura federal estaba compuesta por veintitres jueces, lo cual se antojaba escaso para consolidar una oposición judicial. Los federalistas, once días después del nombramiento de Marshall y diecinueve antes de que el Presidente y el Congreso terminaran su mandato, aprobar la Judiciary Act of 1801 (An Act to provide for the more convenient organization of the Courts of the United States, 2 Stat. 89), que aportaba las siguientes novedades:

1) Creaba unos nuevos tribunales permanentes de circuito, con jueces con nombramiento para ellos, de forma que se hizo preciso el nombramiento de dieciocho jueces nuevos, tres por ciurcuito, los cuales habían pasado de tres a seis. Quince de estos jueces fueron nominados y confirmados en pocos días (uno el día antes de terminar la Presidencia de Adams).

2) Establecía un tribunal de circuito en el Distrito de Columbia y daba una amplia facultad al Presidente para nombrar jueces de paz para éste, la cual fue usada por Adams para nombrar cuarenta y dos jueces dos días antes de la expiración de su mandato y que fueron confirmados inmediatamente.

3) Reducía el número de miembros del Tribunal Supremo. La sección 3 preveía que cuando se produjera una vacante no se pudiera cubrir, reduciéndose el Tribunal Supremo a cinco miembros. Dada la afiliación federalista de los jueces, se le quitaba a los Presidentes jeffersonianos la posibilidad de influir en el Tribunal Supremo.

Los republicanos-demócratas decidieron aprovechar su mayoría en la Cámara, tener la Presidencia y haber conseguido la mayoría en el Senado gracias al abandono de dos senadores federalistas para ser jueces de un circuito, para revocar la ley de 1801, volver a dejar en seis los miembros del Supremo y liquidar los tribunales de circuito, dejando sus jueces de ser tales en lo que ha sido el único caso federal de remociones by operation of Law de jueces según el Artículo III y no cambio de puesto por efecto de una reorganización. Para ello aprobaron la Judiciary Act of 1802 (An Act to amend the Judicial System of the United States, 2 Stat. 156), que fue un terremoto político y constitucional. De esta época y sobre los asuntos mencionados anteriormente son dos grandes sentencias: la ya citada Marbury v. Madison y Stuart v. Laird.

John Marshall se había convertido en la gran figura del Tribunal Supremo y éste había dejado de ser un poco prestigioso órgano judicial del que se salía lo antes posible para conseguir mejores puestos. Siguiendo la estela de Ellsworth había conseguido que el Tribunal se pronunciase con una sola voz sobre los casos, de forma que en las sentencia solamente constaba la opinión mayoritaria del Tribunal y no el seriatim, es decir, la serie de opiniones de los distintos jueces que antecedían al fallo. Unos lo atribuían al liderazgo de Marshall y otros, junto al liderazgo, a cierta pereza de los otros magistrados que veían como Marshall hacía solo todo el trabajo y no se notaba su pasividad al no tener que escribir su opinión personal sobre el caso que se resolvía.

Tras la dimisión de Alfred Moore, Jefferson pudo nominar a su primer juez y estuvo sumamente acertado. Su elección fue Williamk Johnson que se convertiría en el gran oponente a Marshall en el Tribunal. Intentó recuperar el seriatim, pero consiguió la posibilidad de hacer pronunciamientos propios, los votos particulares (dissenting opinions). Ha sido el juez que más votos particulares ha firmado.

Después de la muerte de William Paterson, Jefferson nombró a Henry Brockholst Livingston. Fue un fracaso porque se unió normalmente a las opiniones de Marshall. Visto el fracaso Jefferson al crear en 1807 un séptimo circuito amplía en uno los puestos del Tribunal Supremo que pasan a ser siete y nomina para el nuevo puesto a Thomas Todd, que supone una nueva traición porque no sólo se une a Marshall, sino que no hace practicamente nada en el Supremo. Las nominaciones de James Madison fracason igualmente, pues Duvall adoptó una actitud parecida a Todd y Joseph Story fue el sintetizador del Derecho Constitucional de inspiración federalista de Marshall que quedó sistematizado en sus Commentaries on the Constitution of the United States.

Visto al fracaso de la ampliación del Tribunal Supremo los republicanos-demócratas se olvidaron de nuevas modificaciones y esperaron a que el tiempo pasara. Y tuvo que pasar mucho para que John Marshall abandonara el Tribunal tras más de treinta y cuatro años de servicio.

El otro día me refería a las mayorías desprotegidas, que son aquéllas que establece una norma que necesita de una mayoría menor para ser modificada, de modo que en vez de obtener la mayoría requerida, se reforma la ley y se rebaja la exigencia. En la entrada puse como ejemplo la reforma de la Ley de RTVE que llevó a cabo el PP durante la presidencia de Mariano Rajoy, haciendo que el presidente de RTVE fuera elegido por mayoría absoluta, modificando la ley que marcada los dos tercios del Congreso.

El otro día recordé un bue ejemplo de una mayoría desprotegida, fuera de nuestro sistema político.

En 2011 la Fixed-term Parliaments Act quitó a la Corona la prerrogativa de disolver el Parlamento y convocar elecciones (prerrogativa ejercida de hecho por el Primer Ministro). Desde entonces la legislatura quedó fijada en cinco años y solamente cabía convocar elecciones por medio de una mayoría de dos tercios de la Cámara de los Comunes del número de total de escaños, incluidos los vacantes. Se estableció otro procedimiento, más tortuoso, en el que es necesario aprobar una moción de no confianza al gobierno y en el plazo de catorce días la Cámara no aprobar una moción de confianza en sentido contrario.

Boris Johnson y sus aliados norirlandeses tenían la mayoría absoluta, pero los laboristas se negaban a una convocatoria extraordinaria como la de 2017 en la que sí asintieron y los dos grandes partidos reunieron los dos tercios necesarios. Una autocensura era implanteable. Por tres veces los conservadores intentaron aprobar la convocatoria de las elecciones, pero no fue posible alcanzar los dos tercios de votos, ya que la oposición o bien votaba en contra (unos pocos), o bien se abstenían (casi todos).

Vista la negativa los conservadores decidieron tomar otra vía, aprovechando un propuesta de los nacionalistas escoceses y liberales-demócratas. En el Reino Unido todas las leyes, tengan trascendencia constitucional o no, se aprueban con la misma mayoría, que es la simple. Se presentó un proyecto de Ley que si bien no modificaba la ley de 2011, convocaba elecciones generales por sí misma, por ministerio de la Ley que diríamos por aquí.

En cuestión de días el Parlamento aprobó la Early Parliamentary General Election Act 2019 que convocaba las elecciones de acuerdo con la sección 2 (7) de la Fixed-term Parliaments Act, pero no contando con las mayorías ni con los procedimientos requeridos.

La ley de 2011 establecía una mayoría de dos tercios que hacía precisa la concurrencia de los dos grandes partidos del Reino Unido a la hora de convocar elecciones, como sucedió en 2017, pero esa mayoría de dos tercios se cimentaba en una ley que podía ser modificada o excepcionada, como hemos visto, por una mayoría simple.

Se puede llenar un ordenamiento de fuertes mayorías para tomar numerosas decisiones, pero si las normas que las establecen no requieren al menos la misma mayoría para ser modificadas o excepcionadas, no tienen ningún sentido.

La ley federal (3 US Code 7) establece que el primer lunes después del tercer miércoles de diciembre (14 de diciembre) se reunan los electores presidenciales para emitir su voto. Cuando escribo esto (5 de noviembre) parece que el resultado final va a ser ajustado y quien gane puede que tenga poco margen de error a la hora de que tuviera que sufrir faithless electors, es decir, electores que a la hora de emitir su voto no lo hacen por el candidato por el que se había comprometido.

La Convención Constitucional estableció el Colegio Electoral sobre la idea de que serían elegidos ciudadanos insignes que votarían quién debería ser la cabeza de la República. Rápidamente cada partido presentaba una lista de electores que, de ganar, votarían por el candidato de ese partido (aunque en aquella época los candidatos tenían la deferencia aristocrática de no hacer personalmente campaña). De hecho durante las primeras décadas los electores, en algunos estados, no eran elegidos popularmente sino por la legislatura estatal o un colegio de delegados electo “ad hoc”.

No existe ninguna ley federal que obligue al elector a votar por el candidato con el que se había comprometido, pero muchos estados sí han establecido medidas para forzar el cumplimiento del compromiso como son la imposición de multas, cargos penales o la sustitución forzosa de los electores que no son fieles. Esta mismo año el Tribunal Supremo ha señalado la constitucionalidad de estas leyes en en el caso Chiafalo v. Washington y en Corolado Department of State v. Baca.

La Duodécima Enmienda a la Constitución establece la necesidad de alcanzar la mayoría de los electores designados, que si son 538, se situará en 270 como ya es de común conocimiento. En el caso de que no se alcance, los tres con  más votos (de haber al menos tres) serán los candidatos entre los que la Cámara de Representantes tendría que elegir. La elección en la Cámara de Representantes no se hace por miembros, sino por cada uno de los estados que tiene un voto y su sentido se decide de acuerdo con el voto de los representantes de éste. De esta forma California con 53 representantes tiene el mismo peso que Idaho con un solo representante.

Hace varias semanas publicamos en Geografía Subjetiva una valoración sobre quién hubiera ganado la Presidencia, desde el año 2000, en función de la Cámara elegida el mismo día de las elecciones presidenciales. La conclusión era que el vencedor en el Colegio Electoral hubiera obtenido al menos los veintiseis estados necesarios para acceder a la Casa Blanca.

La misma previsión se da para la Vicepresidencia con la excepción de que en este caso el cuerpo electoral es el Senado que también vota por estados. El hecho de que cada estado tenga únicamente dos senadores hace que sea más fácil que el voto de un estado quede indeterminado si los dos senadores pertenecen a partidos diferentes. En la simulación que hicimos en la Vicepresidencia no hubiera habido tanta facilidad para conseguir que el ganador en el Colegio Electoral fuera elegido ya que en ninguna de las cincos ocasiones estudiadas ni republicanos ni demócratas alcanzaban los veintiseis estados.

¿Qué sucedería este año?

Hay que indicar que todavía hay muchas elecciones para representantes y senadores en el aire, de modo que hay que poner algunos estados en la columna de “sin decidir”.

En la Presidencia los republicanos cuentan con veinticinco estados y los demócratas con diecinueve. La mayoría en las delegaciones de Arizona y Iowa en la Cámara aún están por decidir.  Georgia, Michigan, Minnesota y Penssylvania estarían empatada. De forma que en el caso, por ejemplo, de que Biden llegara al 14 de diciembre con escaso margen y algunos electores fallaran a su compromiso, la Presidencia continuará teniendo de titular a Donald Trump.

Nuevamente la Vicepresidencia es torna en problemática porque en este momento los republicanos tendrían veintidós estados, los demócratas veintiuno, cinco empates y dos aún indecisos.

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Actualización del día 9.

Normalmente, cuando han ido las elecciones estadounidenses, nos hemos ido a la cama a horas indecentes, pero con un claro ganador. Ahora esto se prolonga durante dos jornadas y comienza a parecerse a esos encantadores escrutinios irlandeses que vivimos pegados a la retransmisión de la RTE.

Mi “timeline” en Twitter se ha llenado hoy de comentarios jocosos sobre lo que se está prolongando el recuento en estas elecciones en los Estados Unidos. Si de algo estamos orgullosos los españoles es de lo eficacez que somos contando votos, de forma que una hora y media después del cierre de los colegios electorales están todos los escaños o concejalías repartidos, unos celebrando, otro penando y varios cientos de miles de presidentes de mesa, vocales de mesa, interventores y apoderados volviendo a su casa para descansar.

Nuestro sistema electoral tiene eso que Pablo Simón llama bajo “coste cognitivo”. Uno vota por un partido, se cuentan las papeletas y se dice a cuántas corresponden a cada partido, se suman los votos en blanco y nulos y si no se ha metido la pata, pues cuadra con el número de personas que han votado. No es raro que a alguien no le cuadre (dan mucho juego para esas confusiones los interventores que votan en la mesa pero que no están en el censo de la mesa) y se cuente otra vez, pero es un rato pequeño. Se rellenan las actas y se firman, se dan los datos al funcionario para que los transmitan y los frikis de las elecciones los veamos en nuestros ordenadores y se espera a un vehículo policial, en algunos casos, para trasladar a los presidentes de mesa a la sede de la Junta Electoral de Zona.

¿Realmente es siempre así de sencillo nuestro sistema? Pues no, hay un punto negro y ese lo encontramos en las elecciones al Senado. En las provincias se eligen cuatro senadores por el bonito sistema de listas abiertad (en las islas y en las ciudades norteafricanas el número es menor), pero el votante solamente tiene tres votos, de modo que una papeleta puede salir de la urna siendo nula (por el motivo que sea), sin ningún voto, con un voto, con dos votos o con tres votos, es decir, hay cinco posibilidades frente a las tres en el Congreso.

¿Qué problema tiene esto? Que el número de papeletas no indica necesariamente el número de votos, pues no todo el mundo votará a sus tres candidatos, de forma que eso de multiplicar las papeletas por tres no es la solución. Entonces los miembros de la mesa y los representantes de los partidos políticos comienzan a hacer palitos y a rezar para que al finalizar todos tengan los mismos palitos en cada uno de los candidatos, porque de no ser así hay que volver a hacer palitos. Los errores vienen normalmente del cansancio o despiste de alguno de los intervinientes. En ocasiones se utiliza la pizarra del aula para llevar un conteo “unitario”.

Pues si el Congreso está recontado, celebrado o llorado en una hora y media, el Senado se puede alargar unas cuantas horas más y terminar de madrugada. Ésa es la parte que no vemos en nuestras Elecciones Generales y la que más tiempo y paciencia emplean y, desde luego, la menos eficiente de todos nuestros procesos electorales.

Teniendo en cuenta que en la papeleta de hoy en cualquier estado de los Estados Unidos no sólo está la elección del Presidente, sino de un representante en la Cámara federal, posiblemente un senador federal, un representante estatal, un posible senador estatal, algunos referendos, el gobernador o mil cargos más parece que no duran tanto y más cuando lo hacen todo en una papeleta y tachando.

Sociología del Colegio Electoral

Los mapas electorales en ocasiones son engañosos porque representan la extensión del territorio y no la cantidad de los electores. Todos hemos a personas que interpretaban determinados mapas como victoria de quien precisamente había sido derrotado, simplemente porque su color se extendía más en el espacio.

Desde hace unos años existen unos mapas que representan los territorios en hexágonos y cada escaño es un hexágono, modificando el tamaño de los territorios en virtud de su representación (lo he visto sobre otro utilizado por los medios británicos en las elecciones a la Cámara de los Comunes del Reino Unido).

Desde 2016 he leído muchos análisis en clave sociológica, o social, de los resultados de las Elecciones. El problema es que muchos tratan de explicar, desde una clave social o sociológica, algo que no es tal, sino una mera institución electoral.

Ningún cuerpo elegido es reflejo de la sociedad, pero hay algunos que especialmete no lo son, como el Colegio Electoral cuando la mayoría de los electores no coinciden con el voto popular o cuando sucedió algo parecido en el Parlamento de Cataluña cuando el partido más votado no fue el que más escaños tenía.

Intentar explicar un resultado en el Colegio Electoral en su conjunto en términos de cambio social o de tendencia social es una absoluta equivocación, como muestra que el Colegio y la sociedad tienen mayorías diferentes. Antes de hablar de la sociedad estadounidense, empleando los resultados del Colegio Electoral, no hay que olvidar que desde 1992 los republicanos solamente han ganado una vez el voto popular, en 2004, hace dieciseis años.

Leyes ideológicas

Uno de los fundamentos de una democracia liberal es la pluralidad ideológica. Las ideologías son posiciones que las personas tienen sobre la realidad y que proyecta una idea de sociedad. Las democracias liberales buscan tener unos valores fundamentales incuestionables y después dejar casi todo a la determinación individual o social, para que ningún proyecto de una persona o una parte sea el proyecto de la sociedad entera, al menos durante todo el tiempo.

Por ello los ciudadanos se organizan en partidos políticos, dotados de ideología, con la finalidad de llegar al gobierno a través del las urnas convertidas en escaños parlamentarios, y una vez en el poder aplicar su programa inspirado naturalmente en su ideología.

La derecha (tanto política, mediática, social y eclesiástica), que representa una familia de ideologías políticas, quiere estigmatizar el hecho de tener ideología y llaman ideológicas a todas las medidas que no son las suyas, como si las medidas que proponen no fuera tan ideológicas como las de la izquierda. El enésimo ejemplo lo protagonizó ayer el arzobispo de Oviedo.

Efectivamente un gobierno propone leyes ideológicas porque la esencia del sistema democrático consiste en que quien tiene mayoría parlamentaria pueda gobernar desde sus posiciones dentro del marco constitucional. Lo que no es legítimo es reclamar que se ganen o se pierdan las elecciones, las leyes tengan el mismo sesgo ideológico.

Vox, Pinochetismo 2.0


Por Kiril Lakota

Con motivo de la moción de censura del partido VOX contra el presidente del Gobierno, la semana pasada, se ha desatado un huracán de improperios y calificativos hacia la formación política que cuenta con 52 diputados y que, ideológicamente, parece situarse más a la derecha del Partido Popular. Desde nazis, fascistas y un largo etcétera de imprecaciones, en muchos casos, muy poco ajustados a la realidad ha recibido la formación dirigida por Santiago Abascal.

Sería harto prolijo en un artículo diseccionar las cualidades del fascismo y su plasmación en un partido político. Digamos que esa categoría en la política de estas alturas del siglo XXI es difícil de aplicar a un partido europeo. Ni siquiera AfD, en Alemania podría ser calificado como tal (el siempre riguroso Tribunal Constitucional alemán ya habría tomado cartas en el asunto). Del espectro político en los países de la UE, sólo una excrecencia como Amanecer Dorado en Grecia ha tenido la consideración de grupo fascista; por otro lado, una evidencia palmaria que fue creciendo con motivo del resentimiento provocado durante la crisis sistémica de 2015.

La inmensa obra de Antonio Scuratti que se va destilando por enormes capítulos disecciona con la precisión de entomólogo una constatación: en las crisis económicas y sociales de gran calado aparece el caldo de cultivo para soluciones política autoritarias que tienden a la violencia y que en el siglo XX fueron los fascismos de diverso cuño.

¿Es eso VOX? No parece. El crecimiento de VOX en España se produce antes de que estalle el trágico episodio de COVID19 que ha sumido a España en una crisis sin precedentes. Además, VOX toma cuerpo en años de crecimiento económico, pero de gran agitación política y social recogiendo corrientes de descontento de un espectro ideológico que Francis Fukuyama calificaría como los afectados en su identidad, (el Thymos platónico, la necesidad de reconocimiento. No sólo Fukuyama, también Kratsev y Holmes en “La Luz que se Apaga” deja entrever la frustración del Thymos que conlleva el asumir postulados contrarios a la democracia liberal y apostar por el autoritarismo político: Orban en Hungría y el PiS e Polonia.

¿Es eso VOX? En parte sí, pero no todo. No puede atribuirse a un partido, por muy excéntricos personajes que lo pueblen y cuyos orígenes, en muchos casos son poco menos que inquietantes, el timbre de fascismo de manera gratuita. Entre otras cosas porque el fascismo en España que residió entre los años 30 y 50 en la Falange, era una manera muy sui generis de ser fascista.

VOX defiende la Constitución Española, la institución monárquica, la democracia liberal con algunas reservas, pero incorpora valores del catolicismo tradicionalista en su ideario. Es fuertemente restrictivo con las libertades sexuales, los movimientos igualitarios (feminismo, LGTBI), tiene un cuño nacionalista homogeneizador, quiere la recentralización del Estado al apostar por la desconcentración/descentralización meramente administrativa del poder territorial, contrario en algunos aspectos a la globalización. Entonces ¿Cómo definir a VOX?

Si me permiten, como Pinochetismo 2.0 o como la delegación 2.0 de la UDI (Unión Democrática Independiente) de Chile en España en su versión renovada. Es decir, el ideario de Jaime Guzmán encarnada en un tipo descarado y sin complejos como José Antonio Kast (se separó de la UDI en 2016 para lanzar su campaña presidencial y creó el Partido Republicano, en excelentes términos con VOX). En resumen, la aplicación de doctrinas de liberalismo mercantil del siglo XXI por parte de una clase tecnocrática de altos funcionarios y empresarios.

Traducido a nuestro contexto español una mezcla de la doctrina social de la Iglesia y la tradición reaccionara española (Balmes y Donoso Cortés), que impliquen un régimen constitucional con Estado autoritario fuerte y una economía de mercado; una democracia puramente instrumental, al servicio de una sociedad de mercado donde hay una clase dirigente por mérito histórico o social o aleatorio. En esa sociedad, la educación, la sanidad y las pensiones son bienes de mercado que el propio mercado asigna, relegando al Estado a un papel meramente subsidiario. Una sociedad profundamente clasista como la chilena, cuyas costuras estallaron hace un año por la insoportable arquitectura institucional que hacía ocultar un notable progreso económico general con unas lacerantes desigualdades; una sociedad partida en dos donde el ascensor social no había funcionado en periodos de expansión notables, estabilidad institucional y admiración internacional; era una casa con fachada esplendorosa, pero con unos cimientos frágiles y carcomidos.

Para la implantación de este ideario en el contexto de una democracia social como española no se puede recurrir a las técnicas de la Legión Cóndor de los años 70. Se necesitan los modernos medios de agitación social. Medios de comunicación tradicionales y redes sociales en perfecta comunión. Agitadores mediáticos con virulencia verbal y descaro, como fue el propio Jaime Guzmán en el Chile de Allende, pero con técnicas importadas del Tea Party norteamericano que cuajan en Breitbar News en una sociedad madura por el resentimiento.

Y ahí es donde entra VOX, cuyo espejo es José Antonio Kast, el discípulo aventajado de Jaime Guzmán, juega su liga y su despegue desde las elecciones andaluzas de diciembre de 2018. La apuesta ideológica es clara y método también: subir los decibelios de la confrontación mediática, apostar por incendiar los medios con la llamada incorreción política que no es otra cosa que el descaro en la utilización de las medias verdades y aprovechar los fallos del sistema para ir implantando la idea de una agenda alternativa posible al consenso socialdemócrata/democristiano de la transición. La UDI de Guzmán por los métodos de Kast en la España actual.

En conclusión, yerran grandemente quienes tachan de fascista el ideario de VOX, quienes los acusan de Nazis y lindezas parecidas. Eso no quiere decir que VOX no sea un elemento de riesgo en nuestro sistema de partidos y que su representación creciente no genere problemas y tensiones por la amenaza que supone a la democracia social de nuestra constitución, su componente antieuropeo y su mercantilismo de los bienes públicos. Pero sería bueno, si queremos ponerle una etiqueta, que ésta se la correcta: Pinochetismo 2.0.

El partido pro-navidades

Los dirigentes nacionales de los populares situaron a las fiestas navideñas como el límite temporal del estado de alarma. Casado y los suyos querían hacer del PP el partido pro-navidades frente a la coalición de gobierno y los partidos que han apoyado la prórroga de la alarma que serían los anti-navidades. La innovación había llegado a crear una nueva dicotomía política en torno a las celebraciones de diciembre.

Parece que las propuestas en este sentido de los populares se han ido disolviendo desde la aprobación de la prórroga por el Congreso, mientras varios presidentes autonómicos del Partido Popular están tomando severas medidas para contener la pandemia en sus respectivos territorios.

Pero como a los populares les encantan estas luchas sobre nimiedades es conveniente recordar alguna cosa. Tras las elecciones de junio de 2016, Mariano Rajoy fracasó en su primer intento de ser investido y los relojes para la convocatoria automática de las elecciones se pusieron en marcha el 31 de agosto de 2016. Dos meses tras esa primera votación y habrían nuevas elecciones.

Comenzó una profunda guerra sucia con la connivencia del Felipismo en el PSOE, guerra que fue su final, para que los socialistas facilitasen una investidura forzada de Rajoy para tener el gobierno más débil de la democracia, un gobierno que cayó en mayo de 2018 en manos de la misma mayoría absoluta que le hizo perder incluso la primera votación de la segunda investidura.

Mariano Rajoy y Ana Pastor, entonces presidenta del Congreso, fijaron el 31 de agosto de 2016 como fecha para la primera votación. Si Rajoy no lograba la investidura el plazo de dos meses vencería el 1 de noviembre y el día quincuagésimo cuarto (art. 42.1 LOREG) posterior a la convocatoria era el domingo, 25 de diciembre de 2016.

El Partido Popular preparó la celebración de elecciones generales el día de Navidad como uno de sus mecanismos de presión para conseguir los votos necesarios para la investidura. Aquí vemos el nacimiento del partido pro-navidades con el argumento de o me invistes o tendréis que votar con el mantecado en la boca.

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Es cierto que viendo los populares que el hecho de tener que votar el 25 de diciembre por la elección de fechas, se le podía volver en contra presentaron una proposición de Ley Orgánica, apoyada por todas las fuerzas, para que las elecciones fueran el 18 de diciembre, también domingo.