Si quieres apoyar las obras sociales católicas, debes marcar la casilla de “otros fines de interés general”

El pasado 26 de febrero el BOE publicó la Resolución que ordenaba la publicidad de las subvenciones recibida para la realización de programas de interés general con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, correspondiente al año 2014, esto es, el dinero de la casilla de otros fines de interés general.

La cuantía de dinero repartido ha sido de 220.326.778,37 euros. Las sesenta y dos páginas del anexo recogen, según tipos de programas, las diversas subvenciones especificando la entidad que la recibe, el programa para el que la recibe y la cuantía.

El Departamento de Documentación de Geografía Subjetiva ha revisado casa una de las subvenciones para ir viendo cuáles de ellas han sido recibidas por entidades pertenecientes a la Iglesia Católica, a sus órdenes y congregaciones o a otros tipo de instituciones católica. Se ha seguido un criterio restrictivo pues, en caso de duda, no se ha incluido una entidad y sus subvención o subvenciones.

De los 220.326.778 euros, según los cálculos de este blog a partir de la publicación del BOE, las entidades católicas han recibido 49.364.691 euros (los céntimos no los contamos). Esto quiere decir que las entidades sociales católicas recibieron el 22,41% de los contribuyentes que marcaron la casilla de “otros fines de interés general” (al final de la entrada podréis encontrar el detalles de estas subvenciones).
CaritasFCI2015

Las campañas institucionales de la Iglesia Católica destacan el papel social del Catolicismo español a la hora de incentivar a los ciudadanos a marcar la casilla de financiación de la Iglesia. Del total del dinero ingresado por la “asignación tributaria” (248.500.000 euros) solamente se destinan a obras sociales, en este caso a Cáritas, 6.200.000 euros, el 2,5% del dinero aportado a través de la declaración del IRPF, según los presupuestos de la Conferencia Episcopal Española (Fondo Común Interdiocesano) para 2015.

En definitiva, la actividad social de la Iglesia Católica ha recibido 55.564.691 euros (más o menos) de los que solamente el 11,16% procede de la casilla de financiación de la Iglesia y el 88,84% procede de los ateos, agnósticos y descreídos que marcan las casilla de “otros fines”.

Si para alguien el principal motivo para marcar la casilla de la Iglesia es contribuir al sostenimiento de obras sociales que realmente merecen la pena y aportan mucho a la sociedad española, habría de dejar de hacerlo y marcar la otra casilla, la de “otros fines de interés general” que es de donde procede la mayor parte de la financiación del IRPF para las obras sociales del Catolicismo español.

DetallesSubvencionesEntidadesCatolicas

Los retos del Laicismo

El movimiento en defensa de los derechos de homosexuales, transexuales y bisexuales nació en un ambiente social absolutamente contrario, en un ambiente que los estigmatizaba, los patologizaba e incluso los criminalizaba.

En su lucha, heroica sin duda, buscó los pocos apoyos que consiguió reunir, pero en el momento adecuado este movimiento se supo abrir a todos los sectores sociales y políticos para dejar de ser una reivindicación privativa para convertirse en un patrimonio común, esto es, se ha convierto en un valor transversal (aunque la palabrita comienza a estar manida).

El punto de partida del laicismo en la democracia española ha sido notoriamente más ventajoso. Se partió de la convicción de que determinado grado de desconfesionalización del Estado era un mínimo necesario para poder evidenciar un cambio respecto del régimen anterior y para que la nueva estructura política superara cualquier “test” de democraticidad dentro del mundo occidental.

Nuestro movimiento laicista peca, y lo digo como laicista, de idealista. Tiende a confundir el ámbito normativo con la realidad y el ámbito normativo vigente con el deseado o el deseable. La no oficialidad de una religión, la separación entre Iglesia y Estado o el propio Laicismo admiten grados, matices y márgenes.

El Catolicismo no es solamente una religión en España, sino que es un elemento más de nuestras acciones sociales y de nuestra concepción del mundo. Naturalmente no me refiero al Catolicismo en cuanto elaboración sistemática de creencias religiosas, sino a un Catolicismo socializado que proporciona a la sociedad española buena parte, si no todos, sus ritos asociados al ciclo vital, así como una serie de costumbres populares que están íntimamente emparentadas con fiestas católicas.

La dificultad es encontrarnos con millones de católicos nominales, esto es, de personas para las que el Catolicismo solamente es un conjunto de convenciones sociales sin repercusión dentro sus decisiones diarias y vitales y para quienes su filiación católica no supone ningún esfuerzo y/lo sacrificio. Esta secularización de lo religioso es el mayor obstáculo porque los que la profesan no valoran como problemático el Catolicismo “zero” que consumen.

Se confunden porque no existe la religión puramente ritual. Los contenidos se cuelan y porque hay una serie de agentes profesionalizados que aprovechan los ritos y las preparaciones para los ritos precisamente para dar contenido lo que muchos piensan que es “zero”.

Muchas veces vivimos la profunda ironía de que son los más laicistas los que más en serio se toman lo religioso y sus formas. Frente al aparente nihilismo de los católicos “zero” que le abren las puertas subrepticiamente a los que no son “zero” y a sus organizaciones.

En España los grandes oponentes del laicismo no son los creyentes católicos, sino los que profesan el Catolicismo socializado.

El laicismo español debe hacer una labor pedagógica señalando que la socialización de la religión no hace que deje de ser religión y, por tanto, pueda afectar a un derecho fundamental. Es fundamental enseñar y sensibilizar en un derecho fundamental, el de la libertad religiosa, tan poco practicado en España.

Hay que enseñar también que el ejercicio de la libertad religiosa no es un capricho, un juego, una forma de tocar las narices a los que quieren imponer su disfrute de la religión socializada. Y esto no va a ser fácil porque supone tomarse en serio algo que solamente se toman en serio en su rito.

Y finalmente el laicismo español debería tener un gran nivel de preparación en sus actuaciones. Numeritos como los del recurso de inconstitucionalidad imposible desacreditan al movimiento y es mejor dar fuerte jurídicamente en dos puntos que disparar a los más llamativos. Igualmente lo relativo a la propia religión y a su sociología es esencial en la dinámica del movimiento, porque de la comprensión todo lo relacionado con la religión, la creencia, la experiencia religiosa y la propia increencia es el objeto de la libertad que el laicismo lucha por proteger y promocionar.

El recurso de inconstitucionalidad imposible

Un conjunto de diversas asociaciones laicistas quieren conseguir que cincuenta diputados o cincuenta senadores firmen un recurso de inconstitucionalidad contra el primer párrafo del artículo 206 de la Ley Hipotecaria, en la redacción dada por el Decreto de 8 de febrero de 1946, esto es, quieren que se someta a juicio de constitucionalidad la facultad de la Iglesia Católica de inmatricular bienes inmuebles de los que no tenga título de dominio escrito y no estén inscritos en el Registro de la Propiedad.

Es irrelevante que consigan la firma de los diputados o de los senadores y por eso esta iniciativa parece más propaganda que una verdadera campaña jurídica contra esta absurda facultad jurídica de la Iglesia Católica.

¿Por qué digo lo anterior? Porque el recurso de inconstitucionalidad solamente puede ser interpuesto hasta tres meses de su publicación oficial o nueve meses en caso que se acuda previamente al procedimiento de comisión bilateral entre Gobierno y CCAA.

Teniendo en cuenta que esta norma fue publicada oficialmente el día 19 de marzo de 1946 no cabe recurso de inconstitucionalidad. Es más, y todos estaréis pensando eso, es una norma preconstitucional que obviamente nunca pudo ser sometida a un Tribunal Constitucional nacido tres décadas después de su promulgación.

El control de constitucionalidad de las normas preconstitucionales, como hemos indicado anteriormente, no se puede hacer por medio del recurso de constitucionalidad por lo que solamente cabe el examen judicial a partir de un caso concreto y el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad.

La jurisprudencia constitucionalidad ha sido oscilante a la hora de considerar si en las leyes preconstitucionales hay un control difuso por todos los órganos jurisdiccionales, control basado en la Disposición Derogatoria de la Constitución, o bien procedía la presentación de una cuestión ante el Tribunal Constitucional.

Actualmente podemos distinguir dos tipos de leyes preconstitucionales a efectos de control de constitucional por cuestión: las leyes asumidas por el legislador postconstitucional y las leyes no asumidas.

Una ley preconstitucional asumida por el legislador postconstitucional cuando la ley preconstitucional ha sido objeto de modificaciones parciales, permaneciendo vigentes las normas preconstitucionales no modificadas en lo que se entiende que puede ser visto como una “aprobación implícita”. Las normas preconstitucionales de estas leyes asumidas habrían de ser en términos generales objeto de cuestión de inconstitucionalidad si se duda sobre su adecuación a la Constitución. Éste sería el caso de la Ley Hipotecaria, incluso del artículo 206, que ha sido modificado con posterioridad a la Constitución, en 1996, y la norma cuestionada no ha sido ni modificada ni derogada. De hecho, desde 1978, La Ley Hipotecaria ha sido modificada en diecisiete ocasiones y el párrafo primero del artículo 206 sigue en vigor.

En el caso de las normas no asumidas se abren una doble posibilidad. La primera es que la disconformidad sea tan evidente que lo que realmente proceda sea la inaplicación por considerar que la Ley está derogada ex Constitutione; la segunda posibilidad es que el juez ordinario tenga dudas sobre su constitucionalidad y entonces sea deseable el planteamiento de la cuestión.

En conclusión: un recurso de inconstitucionalidad no es la vía jurídica adecuada para atacar el párrafo primero del artículo 206 de la Ley Hipotecaria, siéndolo la cuestión de constitucionalidad que habría de presentar un juez o tribunal ordinario dentro de un procedimiento donde ese artículo sea determinante para la decisión. Lo de “habría que ir, entonces, uno por uno, presentando recursos de inconstitucionalidad por cada bien inmatriculado” es para que le quiten a alguien la carrera de Derecho.

Lo que han hecho las asociaciones promotoras no es sino un acto de propaganda a favor de Izquierda Unida y de algunos diputados del Grupo Mixto y con una clara intención de atacar a los diputados y senadores que no firmen un recurso que va a ser rechazado nada más llegar al Tribunal Constitucional.

El movimiento laicista en España sigue haciendo movimientos efectistas, algunos con demasiadas connotaciones partidistas, más buscando el apoyo de los propios que unos resultados. Lo sensato es buscar apoyos en todos los partidos, incluso en el PP, para que esa norma sea derogada y se abra una investigación parlamentaria de esas inmatriculaciones.

Claro, que para eso hay que trabajar más.

¿Valladolid no vale una misa?

El Arzobispo de Valladolid no ve con buenos ojos que la Vicepresidenta del Gobierno sea la pregonera de la Semana Santa local. Lo hace sobre la base del incumplimiento, por parte de la Vicepresidenta, del mandado de boda canónica para los bautizados, ya que ella solamente ha contraído matrimonio según los preceptos del Código Civil.

Por más que ahora el prelado se desdiga, coincido con Schevi en que tenía toda la razón y que no se puede querer tener todo. Pertenecer a la Iglesia y participar de sus acciones es una opción personal, por lo que no tiene sentido que participe quienes se desvinculan de ella en sus decisiones fundamentales.

Resulta que, para los católicos, cuando uno es del PP, exceptuando a unos pocos obispos, es uno de ellos. Sus buenas razones tendrán pero antes, los católicos, pedían algo más por dar su apoyo incondicional.

Laicismo caca (ABC)

La derecha mediática española tiene un serio problema de definición respecto a CiU, les encanta que sean más de derecha que ellos, pero les fastidian que sean nacionalistas catalanes que van camino de lo que actualmente se denomina ‘soberanismo’.

ABC muestra uno de sus habituales escándalos (esos que colapsan misteriosamente sus centralistas), porque la Generalitat subvencionase a una entidad laicista que ha publico un manual de acción laicista. Pero para ellos el colmo es la presencia del director general del ramo, militante de la formación nacionalista ahora gobernante, como representante institucional.

De donde yo provengo las diversas instituciones ayudan a entidades religiosas, les subvencionan sus actividades (tanto las principales como las secundarias), les publican o se anuncian en sus boletines y así sostienen esas publicaciones. Además los representantes institucionales asisten a los actos de estas entidades y el ABC nunca ha puesto un solo problema, pero sí lo encuentra en Catalunya y cuando se refiere a una entidad laicista.

Esta derecha que proclama la libertad para ellos y el silencio para todos los demás; esta derecha que disfruta del gasto público siempre que le repercuta en sus intereses y en los de sus empresas y lo abomina cuando no son ellos sus beneficiarios en exclusiva. Ésta es la derecha que está construyendo la agenda de gobierno que Rajoy mantiene oculta.

Intensión y extensión en la conciencia religiosa colectiva y su reflejo en la conciencia religiosa individual

El otro día Citoyen escribió una entrada muy sugerente sobre el Catolicismo en Francia. La diferencia que él observaba, y que muchos observamos, entre los católicos franceses y los católicos es que para los primeros ser católicos es algo serio y que se refleja en la cotidianidad de sus vidas, mientras que para los segundos ser católicos era algo que poco o nada condicionaba sus vidas que eran difícilmente discernibles de las vidas de los expresamente no profesan ninguna religión.

En 1994 dos profesores del Departamento de Sociología de la Universidad Pontificia de Comillas publicaron un estudio sobre qué era ser creyente en España. Las conclusiones del estudio eran demoledoras para la conciencia religiosa pues mantenían los autores que la inmensa mayoría de los españoles consideraban que ser creyente era una cosa muy diferente a lo que su confesión considera que es ser creyente (en este enlace tenéis un resumen del libro que a publiqué en este blog).

La diferencia entre el Catolicismo francés y el español para mi encuentra su explicación en dos opciones diferentes. Los franceses, desde hace muchísimo tiempo, saben que no pueden contar con el Estado para nada, por lo que decidieron explícita o implícitamente primar la calidad sobre la cantidad. En España normalmente la Iglesia ha contado con el Estado, de una forma o de otra, de manera que prefirieron la cantidad sobreentendiendo que la calidad llegaría con el número.

Es el clásico problema conceptual de la intensión y la extensión. Cuando definimos un concepto, cuantos más requisitos tenga éste, menos objetos entrarán en la categoría que el concepto crea; por el contrario si queremos tener una categoría muy amplia, entonces el concepto debe tener pocos requisitos. Esto último es lo que sucede con el Catolicismo en España.

En lo que no estoy de acuerdo con Citoyen, de todo lo que expone, es que el católico español sea un católico a la carta y que coja de esta confesión lo que le guste. Creo que el católico español es un católico cultural (en el sentido en el que Ortega definía ‘cultura’ como segunda naturaleza) y que considera que determinados ritos, costumbres  creencias son buenas no porque realmente esté convencido que lo sean, sino porque forma parte de la ‘normalidad’, de lo que es ser uno más y sentirse integrado en la sociedad.

Es por ello que los católicos españoles (que tienen sexo desde la adolescencia, no asisten a las liturgias de la confesión en la que dicen creer y que el magisterio pontificio le es más ajeno que un tratado de jurisprudencia persa) saltan desairados con temas como los crucifijos en las aulas y la enseñanza de la religión en los centros religiosos: porque para ellos eso forma parte de su ser menos consciente y más colectivo. A los católicos españoles que lo son por opción normalmente esas cosas les importan un pimiento porque ellos consideran que si su fe tiene valor no es por transmisión social sino por opción personal y que ésa sólo depende de ellos (y de Dios que para algo son creyentes).

Programa repetido que ha dejado de interesar

Benedicto XVI ha realizado su visita durante este fin de semana y, en menos de cuarenta y ocho horas, se ha despedido de nuestro país hasta el año próximo. Polémica ha habido mucha sobre la visita y también polémica sobre la polémica, porque era la primera vez que una visita papal en España tenía muestras de rechazo.

La verdad es que a mí lo ha dicho el Papa no me ha sorprendido lo más mínimo. Al fin y al cabo ha repetido lo que él lleva años diciendo y su predecesor también. No es ninguna novedad y por tanto poco noticiable que el Papa hable de la exclusividad del matrimonio heterosexual y el peligro de que no aceptemos que la Iglesia Católica tenga la palabra definitiva sobre cualquier cuestión relevante.

Lo que sí ha llamado la atención ha sido la comparación entre la España contemporánea y la España de los años treinta. No es que yo sea ningún tipo de vaticanólogo, pero el mínimo sentido común hace pensar que las intervenciones papales en sus visitas apostólicas son ‘opinadas’ tanto por la Secretaría de Estado como por la jerarquía católica local.

La comparación, realmente desgraciada, al menos ha sido tolerada por los responsables eclesiásticos españoles; una comparación más propia de la ‘caverna’ que de alguien medianamente sensato como Lombardi, portavoz del Vaticano, que no sabía cómo quitar importancia a lo que podía interpretarse como una evidente exageración.

Luego ha venido la guerra de cifras en torno a los asistentes a los actos papales, así como al número de las personas que se citaban a los lados de las calles por las que pasaba Benedicto XVI.

Aún asumiendo las cifras más altas de las dadas en Santiago de Compostela y en Barcelona nadie puede negar que suponen una bajada sobre lo que era normal. ¿A qué se debe? Sencillamente a que una visita del Papa no causa el interés de antes.

¿Por qué no causa ese interés y la consecuente movilización? Posible respuesta: mayor secularización de la sociedad española, diferencias ‘carismáticas’ entre Juan Pablo II y Benedicto XVI, pésima elección de los lugares de las celebraciones y del mes del año para realizar la visita o que ver al Papa no representa nada excepcional como en veces anteriores.

Yo me quedo con la última explicación. Desde 1982 ha habido siete visitas papales a España y los papas están repitiendo los lugares de visita. Pocas novedades, pocas personas que nunca han podido ver al Papa en persona quedan y es por ello que cada vez menos personas se visto. Cada varios años viene el Papa y siempre sucede lo mismo, más o menos.

Para las audiencias televisivas no importan ni el mal tiempo, ni la organización, ni la lejanía del evento. Las audiencias del Papa en televisión han sido muy pobres y no hacen más que reflejar que esta visita solamente ha importado a la prensa, no a la sociedad (seguro que ‘La Razón’ no hace ahora una de esas comparaciones que tanto le gusta).