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Archive for the ‘Feudalismo’ Category

La entrada que dediqué a expresar mi lío monumental con todo el tema del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha ocasionado la habitual polémica, en la que no han faltado los tópicos tertulianos de siempre sobre la separación de poderes. José Antonio Gil Celedonio en dos magníficos comentarios pone el dedo en la llaga en el verdadero problema del poder, la separación de poderes y la soberanía popular. Esta cuestión era el núcleo, sin duda mal expresado, de mi parálisis intelectual en este tema.

Consecuencia de todo lo cual me gustaría indicar algunas cuestiones, aunque sea de forma sintética, e intentar aclarar determinados conceptos.

1) En una democracia los poderes del Estado emanan del pueblo. Que el poder legislativo tiene una dependencia directa de la voluntad popular es claro y que el poder ejecutivo, aunque en España sea de forma indirecta, tiene una procedencia popular también lo es.

2) El problema se plantea en cómo podemos decir que el poder judicial emana del pueblo si el pueblo poco o nada tiene que decir en la composición de ese poder. Habrá quien mantenga que el poder judicial se limita a juzgar y a aplicar lo juzgado según la voluntad popular expresada en las leyes. Este argumento, ingenioso, sería también extensible al ejecutivo y efectivamente fue empleado en los primeros tiempos de las “monarquías constitucionales”.

3) La separación de poderes en nuestro país, tal y como se encuentra diseñada en la Constitución, no es estricta ya que todos los poderes pueden interactuar sobre los otros. El legislativo de entrada nombra el jefe del ejecutivo y puede censurarlo y a través de su acción legislativa puede frenar la política del ejecutivo.

4) El poder ejecutivo tiene la capacidad de disolver el poder legislativo, con pequeñas limitaciones y puede, incluso, ejercer la potestad de dictar normal con rango de Ley. La potestad presupuestaria se encuentra muy equilibrada entre ambos poderes, pese a que la Ley de Presupuestos la aprueba el legislativo.

5) El poder judicial puede decidir la inaplicación e incluso la nulidad de normal sin rango de Ley dictadas por el ejecutivo. Igualmente puede anular actos administrativos del poder ejecutivo, lo que otros países es impensable. El poder judicial puede remitir al Tribunal Constitucional (que es un tribunal pero no pertenece  al poder judicial) una cuestión de inconstitucionalidad contra una norma con rango de Ley.

6) Tanto el poder legislativo como el judicial tienen un administración propia y ambos pueden dictar normas reglamentarias (no confundir con los reglamentos parlamentarios), lo cual normalmente ha estado reservado al poder ejecutivo.

7) ¿Cómo conseguimos que el poder judicial emane del pueblo? La salida de mayor calidad democrática es que los miembros de este poder sean elegidos directamente por el pueblo, pero parece que esta opción no tiene demasiados adeptos. Otra es la que se ha empleado en España en algunas ocasiones, que es que sean las cámaras legislativas, como depositarias de la voluntad popular, las que elijan a los miembros del CGPJ (que a los del poder judicial).

8) Hay quienes consideran que el gobierno de los jueces y los mismos jueces solamente deben ser elegidos entre ellos. A esto se le conoce con el nombre de cooptación. El problema de la cooptación sería que se le entregaría un poder del Estado a un grupo de personas que nada tienen que ver con el pueblo y que no responden ante él. La cooptación es dudosamente democrática por más que sea el sistema que muchos jueces españoles consideran el mejor. La cooptación es el sistema del corporativismo que entre otras muchas cosas fue uno de los elementos del Antiguo Régimen con los que terminó la Revolución Francesa.

9) Si alguien quiere una separación estricta de poderes debe tener en cuenta las siguientes consecuencias: los tres poderes deberían tener legitimidad democrática, el poder ejecutivo no podría disolver al legislativo ni el legislativo elegir ni censurar al ejecutivo y el poder judicial no podría controlar de ninguna forma los actos ni del poder ejecutivo ni del poder legislativo.

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No conozco los datos y ni siquiera si hay datos sobre los hijos que siguen la misma profesión que sus progenitores. Intuyo que una buena porción de españoles han seguido los pasos de los suyos en su vida profesional.

La política se ha profesionalizado desde hace mucho tiempo, incluso mucho antes de que se estableciese en sistema democrático en España. Ser profesional de la política no es sólo cobrar por desempeñar un determinado cargo público, sino convertir el hecho de ser político (del gobierno o de la oposición) en la profesión de la que se vive.

Tampoco hay datos sobre los hijos e hijas de políticos profesionales que van acercándose en sus respectivos partidos a las posiciones que les permitan seguir los pasos profesionales de sus progenitores, pero por lo que conozco y he leído hay cada día más descendientes de “históricos” que ya hacen sus pinitos.

Hay cosas “que se maman en casa” y determinadas profesiones tienen muchas papeletas y la política debe tener una atracción familiar extraordinaria. Pero lo que pasa es que no es sólo que un chico o chica descubra su vocación política en su familia, sino que es probable que su familia se movilice e invierta parte de su capital político y relacional para facilitarle al chico o a la chica el ascenso sin tener que trabajar desde la más ignota base.

En la política hay una tentación aristocrática, no en el sentido etimológico (obviamente), sino para formar una nueva nobleza cuyos títulos son los cargos de partido y públicos que una familia pueda atesorar. Habrá una alta nobleza que quiera ministerios y otra que se conforme con concejalías en sus propios municipios, es decir, una alta y una baja nobleza.

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Esta bonita frase se está convirtiendo en una frase hecha de nuestro lenguaje coloquial. Puede que tenga una existencia efímera, pero evidencia que ha sido aceptada y normalizada por la sociedad, aunque sea por la influencia de los medios de comunicación. De la historia de “los miami” y de las dedicaciones que le han dado su actual fama ya sabéis todos, gracias a la más eminente bióloga de nuestro país. Lo que yo quiere es hacer una reflexión en otra clave.

Max Weber decía que el Estado es la agencia que tiene el monopolio del uso legítimo de la violencia, lo cual lo realiza el Estado a través de determinadas agencias, como son las Fuerzas Armadas y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Todo otro uso de la violencia está fuera de la Ley, y si este uso de la violencia es organizado, lo que supone no es otra cosa que el intento de sustituir al Estado en una de sus funciones definitorias.

El Estado, tal y como hoy lo conocemos, se ha edificado en parte sobre la concentración de este tipo de poder en él. Todas las agencias autorizadas a usar la violencia pertenecen al entramado y estatal. La existencia de organizaciones criminales que emplean la violencia como negocio o como medio de poder es ya un retroceso del Estado que no deberíamos aceptar sin severa inquietud.

Estas organizaciones han existido en la sombra, pero cuando salen a la luz pública y se habla de redes diversas de “ajustes de cuentas” no estamos ni en lo anecdótico ni en lo que inevitablemente está más allá de los márgenes de la Ley, sino de la emergencia de poderes paraestatales que, si no son frenados en seco, podrán hacerse con espacio en los que ellos sean el poder y el Estado una entelequia.

En el primer párrafo hablaba de la normalización de este fenómeno que conlleva la entrada de la expresión “que te mando a los miami” en el lenguaje cotidiano y coloquial. La normalización es el paso previo a la aceptación o a la tolerancia, para terminar por considerar que llamar a “los miami” mejor que llamar a la Policía o a la Guardia Civil es una opción como cualquier otra. Me da miedo que proliferen diversos tipos de “miami” más aún de lo que lo han hecho ya.

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Después de estas elecciones la fiebre de las reformas institucionales de esta temporada se ha centrado en el sistema electoral. Pero no nos olvidemos que siempre hay reformas institucionales pendientes, que incluso alcanzan el grado de reforma constitucional.

En febrero de 2006 el Consejo de Estado, a instancias del Gobierno, se pronunció sobre una serie de cuestiones que implicaban realizar diversas reformas constitucionales, entre ellas, la Reforma del Senado para convertirla en una verdadera cámara de representación territorial.

La formulación de la consulta del Gobierno marcaba restricciones al Consejo de Estado (en adelante, CdE), ya que se daba por sentada la continuidad del Senado y que debía ser una cámara legislativa en el que se primase la representación territorial.

El Informe del CdE no se pronuncia sobre la oportunidad o no de la continuidad del Senado, ya que ello se salía de la cuestión planteada. Pero como yo no soy ni el CdE ni estoy limitado a la cuestión planteada, voy a defender no la reforma, sino la extinción del Senado.

Lo haré empleando y comentando los argumentos que emplea el CdE, que entiendo que son suficientes como para justificar la necesidad de la eliminación del Senado.

Parto del principio jacobino, o democrático, que un hombre debe valer un voto y los representantes políticos son representantes de personas, de ciudadanos, no de territorios. Los territorios no tiene existencia independiente de sus ciudadanos, de forma que si los ciudadanos están personalmente representados (en el Congreso), no termino de encontrarle sentido a una representación del territorio, como si existiese independientemente de los electores al Congreso.

El CdE (pág. 237) reconoce que el principio de “un hombre, un voto” tiene una mayor legitimidad democrática que otras formas de representación y que toda representación basada en el territorio supone una alteración de la distribución política de población, ya que de no hacerlo o no sería cámara de representación territorial o sería un duplicado del Congreso.

Como consecuencias del déficit democrático que una cámara territorial tiene, el CdE propone una asimetría competencial del Senado, es decir, el Senado no debería tener el opinión del órgano consultivo los mismos poderes que el Congreso y debería especializarse en asuntos autonómicos, pero al mismo tiempo el CdE reconoce la fuerza expansiva de estas competencias especializadas que le atribuiría (págs. 245-246).

Por más que se añadan correcciones a la representación territorial (págs. 278-279), al final lo que quedarán representados serán los kilómetros cuadrados y los límites administrativos y no los ciudadanos. La representación territorial, fuera de los estados nacidos por acuerdo previo, real o hipotético, es una herencia más del Feudalismo que de la Modernidad. Considero que la representación de las Comunidades Autónomas la ejercen y la deberían ejercer en exclusiva sus propios órganos, que cuenta con medios más ágiles de representación de sus intereses, como reconoce el propio CdE (pág. 235).

No le encuentro sentido que la voluntad general se establezca por un criterio (el territorial) que en nada tiene que ver con la representación personal de los ciudadanos. Los territorios tienen su propia forma de representación de su población y de sus intereses tanto por medios políticos como jurisdiccionales.

El Congreso debería ser la única cámara legislativa de nuestro país, el Senado además de tener menos legitimidad democrática dada su naturaleza territorial, su consecuente asimetría en el ejercicio de la potestad legislativa, se ha convertido en un simple eco de la actividad política central que desarrolla el Congreso de los Diputados, cumpliendo la importante función social de “trastero de jubilados y de problemáticos de los partidos”.

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El PSOE ha decidido incluir en su programa para las elecciones generales el compromiso de eliminar la cuota a las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación (algunas veces sin navegación) que las personas dedicadas al comercio, a la industria y a la navegación deben pagar a estas “Corporaciones de Derecho Público”, como también son los Colegios Profesionales.

No me gustan mucho estos restos de la concepción corporativa de la Economía, una concepción que proviene del Feudalismo. Pero los motivos por los que mi rechazo el frontal es que estas instituciones comerciales, herederas de las primitivas cámaras de contratación, son absolutamente superfluas e inútiles.

Creo que los autónomos y empresarios que quieren beneficiarse de la representación colectiva deben decidirlo libremente. De hecho así lo hacen y por ello nacieron las asociaciones empresariales, que se reúnen en torno a la CEOE. Tan poco representativas y poco efectivas son las organizaciones camerales que no son tenidas en cuenta por la legislación laboral a la hora de la negociación colectiva.

¿Qué hacen las cámaras? Básicamente dos cosas. Son plataformas de promoción social, económica y política de las personas que están encaramadas en sus puestos directivos, que son invitados a multitud de actos públicos y en virtud de su naturaleza de “corporaciones de Derecho Público” tiene que ser consultadas por las administraciones, lo que es una ocasión de oro para hacer “lobbying”. La afiliación obligatoria no implica una mayor democracia y más cuando se comprueba que cada Cámara tiene a su frente a los empresarios dominantes de su provincia.

Lo otro que hacen las cámaras es gestionar buenas cantidades de ayudas y subvenciones, preferentemente comunitarias, destinadas a incentivar a los nuevos empresarios y emprendedores, así como actividades de formación. Tengo la impresión que estas gestiones de las Cámaras a favor de introducir nuevos operadores en el mercado no tiene demasiado éxito de crítica y público.

Echando un vistazo a la página del Consejo Superior de Cámaras, se comprueba como nada que hagan estas corporaciones no está hecho por las administraciones o pueden ser llevado a cabo por asociaciones voluntarias de empresarios y autónomos, los poderes públicos o empresas privadas.

Las Cámaras de Comercio y el comienzo de su desmantelamiento. Estas “Corporaciones” son rémoras del pasado y un gasto forzado, con una cuota cameral obligatoria. Apoyo la idea del PSOE de eliminar la obligatoriedad de la cuota cameral, lo cual transformará a las Cámaras en lo que siempre debieron ser: asociaciones voluntarias.

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El artículo 36 de la Constitución Española de 1978 es posiblemente la única norma de nuestra norma suprema que realiza una aportación única al Derecho Constitucional Comparado, ya que antes de ese precepto en ningún Estado se había constitucionalizado la existencia de los colegios profesionales, posiblemente porque no se había visto la necesidad de hacerlo. Ésta es una muestra más que la Constitución Española de 1978 intentó que todos los sectores tuvieran su ámbito de protección constitucional y así esclerotizó la sociedad por muchos años, bloqueando la transformación social, incluso la que se intentaba operar a través de leyes aprobadas por las Cortes Generales, ya que el techo de la inconstitucionalidad está realmente bajo.

El texto del artículo 36 no distingue entre el ejercicio profesional privado y el realizado en el ámbito público, sólo se refiere al “ejercicio de las profesiones tituladas”. La justificación fáctica de los colegios profesionales es que los propios profesionales son los que se encargan tanto del registro de las personas habilitadas para el ejercicio de la profesión, para la cual se requiere un título universitario, la regulación de este ejercicio y la posibilidad de imponer sanciones a los profesionales que no cumplan con las normas que regulan la profesión. Es fácil y tópico decir que los colegios profesionales son los continuadores de los gremios, pero en este caso no de trabajadores manuales y artesanos, sino de las profesiones liberales.

Las facultades públicas que tienen los colegios profesionales tienen su sentido cuando estamos hablando del ejercicio privado de esas profesiones. Considero que si los propios profesionales pueden organizar un sistema que evita al Estado un gasto, es conveniente seguir con éste, a pesar del corporativismo o de la utilización ideológica que los colegios profesionales generan. Lo que no tiene sentido ninguno es que se dupliquen dos sistemas de regulación, el estatal y el corporativo, cuando un profesional ejerce su profesión como funcionario o empleado dentro del marco regulativo y disciplinario de las administraciones públicas. Dado que las administraciones ni pueden ni deben ceder el régimen de trabajo y disciplinario de sus funcionarios a entidades externas, hay que pensar que cuando un profesional trabaja únicamente al servicio de las administraciones, deberían ser eximidos de la colegiación, como ya se hizo con los abogados del Estado (Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de asistencia jurídica al estado e instituciones publicas).

También cabe preguntarse por la proliferación de colegios profesionales que se está produciendo, especialmente en las cámaras legislativas autonómicas, que no cesan de aprobar leyes de creación de nuevos colegios profesionales, quizá para tapar la escasa labor legislativa que tienen. Muchas de las profesiones tituladas para las que se crean nuevos colegios profesionales son de casi exclusivo ejercicio dentro de la administración pública, como es el caso de los trabajadores sociales. Para los pocos casos de ejercicio privado o bien la administración pública podría encargarse directamente o bien se podría crear colegios profesionales genéricos para amplios sectores profesionales.

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Nochebuena. Cena familiar. Mientras las cosas están terminándose de preparar, yo me encargo de entretener a mis dos sobrinos, una niña de cuatro años y un niño de dos años. La niña me pidió que le leyera un cómic de Blancanieves. Me puse manos a la obra, aunque no me duró mucho, porque mi sobrina, de tantas veces que se lo han leído, lo sabe de memoria.

La memoria de mi sobrina me permitió fijarme en la ilustraciones de cómic y en los personajes. Había algo que me extrañaba desde el principio y que en la quinta página pude formular. Sólo aparecían como seres humanos normales los personajes que eran pertenecientes a la realeza: La reina malísima, Blancanieves y el príncipe que la despertará. El resto de los personajes son pseudohumanos como los enanos del cuento (y no digo que los de poca altura no sean humanos, sino que los enanos de Blancanieves no tienen una configuración muy humana que digamos), animalitos con los que canta Blancanieves y seres perversos y deformes que sirve a la reina malísima.

Leyendo el cuento con un poco de mala leche. La presentación de personajes y su caracterización en Blancanieves lo que se manifiesta es una justificación de la estructura feudal de la sociedad medieval, época en la que se encuentra ambientado el cuento. Es cierto que la recopilación de la tradición oral de los hermanos Grimm se produjo en el siglo XIX, esto es, en pleno romanticismo al servicio de los seguidores del Antiguo Régimen que todavía querían parar la idea de que todos los seres humanos somos iguales.

Mi sobrina se lo pasó estupendamente. Una ventaja de tener cuatro años y de no ser una pirada de la Hermenéutica, las Ciencias Políticas, la Filosofía y el Derecho.

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