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Archive for the ‘Sociedad’ Category

El otro día hablaba del ruido, que es ese contante goteo de noticias sin recorrido y casi sin importancia para crear una sensanción diario de descontrol. Una noticia que ejemplariza esa estrategia de ruido es una que El Independiente que da cuenta de que el precio de almacenamiento de una gran cantidad de gel hidroalcohólico supera el precio de compra.

La mentalidad que expresa este titular es que tener una reserva de artículos como el gel, las mascarillas y los EPIs es un despilfarro, porque se paga más almacenarlos que lo que cuenta comprarlos. Cuando un producto se obtiene normalmente a bajo precio, es cierto lo anterior, pero ello no quiere decir que no se deba hacer.

En condiciones normales los proveedores sanitarios mantienen un suministro regular y no hace falta una gran reserva, pero en marzo nos dimos cuenta de que cuando es imposible mantener el suministro regular haber tenido una reserva no hubiera sido tan mala idea.

La reserva parecen improductivas y costosas, porque lo son, pero mucho más costoso es no tenerlas y necesitarlas y mandar a miles de sanitarios a atender a decenas de miles de pacientes Covid encueltos en bolsas de basura.

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Hoy en Maldita.es intenta hacer reflexionar a sus lectores sobre la diferencia entre que un periódico diga algo y que los diga un colaborador en una columna. Un periódico expresa su opinión en la editorial, y sólo la debería expresar allí, y lo que diga una colaborador en su columna no señala nada de la posición del medio, sino de la suya. Durante los tiempos álgidos del “procés” medios extranjeros publicaban colaboraciones de autores nacionalistas y ello era “vendido” como “tal periódico dice tenemos razón”.

La cuestión es que eso no se limita a la prensa, sino a centenares de atribuciones que vemos todos los días. Cotidianamente aparecen en los medios titulares que rezan “Europa considera/dice/señala/etc que”, pero en demasiadas ocasiones se precisa qué es Europa y, si se concreta, se hace en la parte de la noticia a la que no llegan la inmensa mayoría de lectora.

Europa no habla porque es una región geográfica. Europa podría ser la Unión Europa o el Consejo de Europa (que normalmente se confunden) y dentro de estas dos organizaciones internacionales se ha de señalar específicamente que institución u órgano de éstas se ha pronunciado. Y algo dicho por un órgano de tercer nivel no puede ser atribuido alegremente a la totalidad de la organización. Lo mismo pasa con la ONU y con cualquier institución, partido o gobierno extranjero.

Naturalmente esto se hace con una finalidad manipuladora, pues no es lo mismo decir que una apreciación sale de una gris oficina que de la OCDE, o que The New York Times rechaza determinada cosa en España cuando realmente es el ex director de El Mundo el que lo hace en la edición en español.

Internamente pasa esto también. Muchísimas organizaciones o empresas tienen esos sujetos colectivos que son los responsables de todo, pero que no son nadie: “arriba”, “los jefes”, “Madrid” o “la dirección general”. Estas denominaciones impersonalizan, exoneran y hacen imposible exgiri responsabilidades.

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Desde marzo, querramos o no, el monotema de los informativos y de nuestras vidas es el Covid-19. No es para menos, pues la enfermedad ha matado varias decenas de miles de españoles y a un millón de personas en todo el mundo.

Quitando el fútbol, única religión verdadera, todo lo demás empalidece al lado de la pandemia, pero la realidad es que sigue habiendo problemas que resolver anteriores al Covid-19, continuan las propuestas de los diversos grupos de activistas y de los grupos de interés por alcanzar los objetivos de sus respectivas agendas y hay que planear un futuro porque la pandemia algún día se irá.

Lo realmente difícil es sacar ahora un tema autonómamente, por eso todos los que deciden los mensajes no han tenido más remedio que vincular sus propuestas, proyectos o soluciones al Covid-19. Algunos presentan la pandemia como una ocasión propicia para ellos, otros como un método para luchar con la pandemia y otros sólo juegan a la mera yuxtaposición.

En las actuales circunstancias dejar de mirar únicamente al Covid-19 se torna complicado, pero una sociedad madura debería saber ver más allá del problema más grave para reconocer los otros problemas graves que, con toda probabilidad, permanezcan entre nosotros cuando el Covid-19 sea historia.

Sin menospreciar la tremenda importancia del Covid-19, no quiero dejar de señalar que la sociedad española, o sus medios de comunicación, es muy obsesiva y monotemática. Se exprime un tema y luego se tira como una cáscara de naranja después de conseguir el jugo. Y allí se pudre el tema, tras haber sometido a la audiencia a un empacho que le vacuna respecto del tema.

Un ciclo de noticias más largo en el tiempo y una agenda pública más plural y profunda ayudarían a mejorar el debate en nuestro país.

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No soy partidario de que en general, porque siempre cabe alguna excepción, se entregue vivienda pública en propiedad a determinadas personas fundamentalmente por ser jóvenes. Para no caer en lo que critico, que es que se hacen argumentos y categorías con anécdotas y/o casos singulares, quiero proponer una situación hipotética para ilustrar mi oposición.

Tenemos a dos personas (W y Z) que tienen veinticinco años y ganan 1000 denarios en sus trabajos. Reúnen las condiciones para participar en la adjudicación de las viviendas que la empresa municipal de vivienda del lugar donde residen ha determinado.

Tras el sorteo, le es adjudicada una vivienda a W, mientras que a Z no. W consigue independizarse y tiene que afrontar un pago mensual por la compra de su vivienda de 200 denarios. Z también se independiza y paga otros 200 denarios por compartir un alquier con otra persona.

Pasa el tiempo y la juventud desaparece. Tran quince años W y Z tiene cuarenta. Ambos han prosperado laboralmente y cada uno gana 2000 denarios. W mantiene los 200 denarios al mes para el pago de su casa (que ha bajado de ser el 20% a ser el 10%), mientras que Z ha comprado en renta libre una vivienda por la que paga 800 denarios al mes (el 40% de sus ingresos).

Los 600 denarios mensuales de diferencia entre lo que paga W y lo que paga Z se deben a una inversión pública en vivienda, es decir, al dinero de todos que se justifica en la dificultad de los jóvenes en acceder a la vivienda. ¿Qué justifica cuando ambos tienen cuarenta esa diferencia gracias al dinero público?

No quiere decir que esté en contra de las promociones públicas de vivienda para jóvenes, pero nunca en propiedad y siempre en alquiler, porque la juventud es una condición que se pasa y si la vivienda es en propiedad, el promotor público pierde la posibilidad de proporcionársela a los nuevos jóvenes, ya que adultos de mayores ingresos pueden que la estén disfrutando.

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El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Sevilla ha entrado en un ciclo de noticias de gran repercusión. La reforma de una calle céntrica les ha llevado en una búsqueda digna de Indiana Jones a encontrar, en un lejano solar municipal, los adoquines que formaban la calzada de tal calle. La prensa local se hizo eco de tamaño descubrimiento que con algo hay que rellenar las largas páginas de información local.

Satisfechos con su gesta, los concejales naranjas han vuelto a la carga y han pedido que se modifiquen las normas de protección del patrimonio para que un alcalde no puede quitar el mítico adoquín de Gerena sin tramitar quince expedientes y requerir tres acuerdos del pleno del Ayuntamiento.

El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, debe estar haciendo una gran labor si ésta es una de las principales ocupaciones y preocupaciones del cuarto grupo municipal. No cabe duda de que los casi cuarenta mil sevillanos que dieron su voto a Ciudadanos lo hicieron para que llenasen semanas de trabajo municipal en la protección del adoquín de Gerena.

Al final la regeneración municipal era reinvindicar el adoquín y la desastrosa gestión municipal de Espartinas.

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El derecho de los periodista a no desvelar sus fuentes es una garantía para el ejercicio de la prensa en una sociedad democrática. Como se ha escrito reiteradamente este derecho no constituye un privilegio para los periodistas, aunque sea un derecho profesional, sino una garantía para todos nosotros.

En consecuencia, los medios ocasionalmente tienen que publicar noticias sin dar datos sobre sus fuentes y procurando que no sean identificables. Nada se puede objetar a ello.

Las fuentes deben desvelar, eso sí, a los encargados del medio que pueden y deben exigir comprobaciones extraordinarias que no se harían en otro caso. Es bueno separar lo que ha dicho una fuente anónima, de lo dicho por otra y no unirlo todo en una mezcla informe y sin matices. Las responsabilidad de los periodiastas y de los medios es grande porque ellos constituyen el único control respecto a la veracidad de sus fuentes.

Aunque en ocasiones, al leer determinadas piezas, se tiene la sensación de que nada de esto sucede y que se busca a determinadas fuentes para que digan las cosas que se espera que digan, y se amalgama todo con la única intención de crear información. Además no se busca la confirmación en fuentes no anónimas que sean citadas en el texto. Uno puede conjeturar que algún periodista o algún medio está confundiendo el derecho a no desvelar la fuente, con un supuesto derecho a inventársela.

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Después de muchos pronunciamientos de los juzgados de lo Social y de salas del mismo orden jurisdiccional de los Tribunales Superiores de Justicia (con una minoría de resoluciones en otro sentido), el Tribunal Supremo ha dictado sentencia indicando que la relación del ‘rider’ del caso es la propia de un trabajador por cuenta ajena y no la de trabajador autónomo. Dado que todos los ‘riders’ tienen las mismas relaciones laborales, los fundamentos jurídicos de esta sentencia son extensibles a todos los demás. El hecho de que haya sido dictada por el pleno de la Sala IV refuerza la “auctoritas” del pronunciamiento.

Por la noche, en el coche, escuchaba en la radio a uno de los fundadores de Glovo. Si hubiera comenzado a escuchar la entrevista sin saber a quién entrevistaba, hubiera pensado que se trataba del responsable de Cáritas o de alguna otra organización filantrópica. Este individuo hablaba de la colaboración con las pequeñas empresas locales y siempre rehuía que se trata de un negocio, lo cual es estupendo, porque las empresas están para ganar dinero.

Ellos “colaboran” con las empresas a las que sus ‘riders’ sirven, no tienen contrato con ellas de los que su empresa ingresa dinero. La cuestión no es si Glovo gana dinero, sino si lo hace dentro de la Ley. El Tribunal Supremo ha dicho que no, que la relación como trabajador autónomo no era la pertinente y que debe cambiarse para estar conforme a la Ley.

Otra de sus joyas ha sido decir que España es el único país donde opera donde se ha “juridificado” el asunto de los ‘riders’. Y lo decía como un reproche. En más de una ocasión ser los primeros en regular algo es bueno y en este caso especialmente. Si no hay ley, impera la ley de la selva donde la empresa siempre gana. Intentar conseguir por la vía de la infracción de las leyes un marco normativo “ad hoc”, debería ser una causa para que las autoridades ni recibieran a quiénes adoptan esta estrategia.

Como dice @Huyelobo ahora hay que ver si este modelo, en igual con otras empresas y sectores, es tan rentable como decían que era o su rentabilidad se fundaba exclusivamente en pagar un salario de mierda a los ‘riders’.

Y dos cuestiones para finalizar:

1) Los derechos fundamentales, como a tener condiciones laborales dignas, son irrenunciables, porque siempre habrá personas que piensan que perjudicando a todos ganan, cuando hacen perder a todos, empezando por ellos mismos.

2) El Estado tiene que arbitrar medidas para que una evidente situación de fraude de Ley no tarde años en dilucidarse. Defender el Estado de Derecho es también defender el Estado de Derecho Laboral.

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Una de las medidas más habituales cuando se refuerzan las restricciones a causa de un rebrote de Covid-19 es cerrar los parques y jardines. Una medida sorprendente porque si de algo hay pruebas, es que la transmisión en espacios abiertos es más complicada que en espacios cerrados.

Al observar esto en Twitter el ex ministro Miguel Sebastián alguien le dijo que se hacía para evitar el botellón, lo cual no deja de ser sorprendente y penoso.

Este país llevamos décadas sin doblegar el botellón y ni siquiera en una situación pandémica se plantean las administraciones una política contundente de multas y vigilancia, prefiriendo cerrar un servicio esencial como son los parques y los jardines.

Uno no sabe si es por incapacidad, dejadez o consentimiento tácito que el botellón sigue campando a sus anchas por nuestras ciudades. Se han afrontado y solucionado problemas mayores, pero somos una sociedad incapaz de impedir que unos jóvenes beban en espacio público con las consecuencias que sabemos que tiene este comportamiento.

En varias décadas podrían haberse puesto en marcha todo tipo de mecanismos, desde los de ocio alternativo, hasta los jurídicos destinados a la coerción. Nadie puede escudarse, porque ha habido tiempo de sobra. En medio de una pandemia, el botellón es intocable.

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Enfermos y culpables

Las llamadas a la responsabilidad con ocasión de la pandemia de Covid-19 lo son para evitar la propagación, no para señalar como irresponsables a los enfermos, que pueden haberlo sido o no.

Considerar a los enfermos responsables de su enfermedad no es nuevo. Desde hace demasiado tiempo, bajo apariencia de prevención, se está dando a entender que casi todas las enfermedades son las consecuencias de las malas decisiones de los enfermos que podían haberse cuidado mejor, podían no haber hecho tal cosa en principio inofensiva o no haber ido a sitios de lo más normal.

Paralelamente se describe, como la otra cara de la enfermedad, el proceso terapéutico como una lucha que depende del enfermo. Si el enfermo lucha, se curará, pero si no se cura es au culpa, pues se ha dejado derrotar bien porque se ha cansado o bien porque no ha tenido la fortaleza suficiente.

¿Si somos responsables últimos de nuestras enfermedades por qué no pagar por ellas? ¿Los caros tratamientos que estaremos pagando entonces fracasan o es que no hemos luchado lo suficiente? Creo que merece ser pensado.

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Tras las prohibiciones castellanomanchegas y catalanas, fue la Junta de Extremadura la siguiente comunidad en anunciar que se disponía a cerrar los establecimientos dedicados a la prostitución. Dijeron que el Consejo de Gobierno del día 26 de agosto aprobó la decisión política de cerrar estos establecimientos. El día 3 se aprobó el instrumento jurídico que ha seguido, como era de esperar, la vía castellanomanchega, consistente no en definir qué se considera prostitución, ni definir el lugar (vía catalana), sino referirse al sentido normal de las palabras, sin detenerse en la licencia con la que operan. Cantabria también ha publicado la norma prohibitiva y lo ha hecho igualmente a través de la “vía castellanomanchega”.

Ayer un número extraordinario del Boletín Oficial de las Islas Baleares publicaba el Acuerdo del Consejo de Gobierno que habilita a la persona titular de Sanidad a un amplio elenco de potestades, entre las que se encuentra el cierre de cualquier local abierto al público. Los baleares abrirían una nueva vía, que sería subsumir la actividad dentro de la una categoría mayor, la de establecimiento abierto al público. Habrá que ver si la decisión de la personal titular de Sanidad concreta más o no.

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