Uso y abuso del Decreto-Ley en Andalucía

Ya nos hemos referido al Decreto-Ley 1/2017, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, a propósito del tremendo aumento de los precios de las guarderías.

Pero este Decreto-Ley merece una consideración autónoma, como ejercicio de una potestad legislativa no ordinaria que el Estatuto de Autonomía confiere al Consejo de Gobierno en casos de “extraordinaria y urgente necesidad” para dictar medidas legislativas provisionales (artículo 110 EEA), que reproduce el artículo 86 CE.

El Decreto-Ley fue privativo del Estado (con efímeras excepciones en la Euskadi de Garaikoetxea), hasta que la última ola de estatutos de autonomía lo incorporaron. Éste fue el caso del Estatuto de Andalucía, donde no existía siquiera la posibilidad de legislación delegada.

Aunque la dicción literal de los preceptos constitucionales y estatutarios tienen un sentido sumamente estricto, el Tribunal Constitucional ha mantenido una interpretación un tanto más flexible, especialmente en la consideración de la necesidad habilitante. Esto no quiere decir que no haya establecido límites.

La necesidad que causa el Decreto-Ley no puede ser algo previsible o medianamente previsible. En este sentido la reciente Sentencia del Tribunal Constitucional 183/2014, en su fundamento 4º, lo establece de una forma meridiana y fue uno de los fundamentos para la declaración de inconstitucionalidad de un Real Decreto- Ley de concesión de nuevos créditos presupuestarios para el Ministerio de Defensa.

La actual regulación andaluza de guarderías y bonificaciones data de un Acuerdo del Consejo de Gobierno de 2009, de modo que ha habido tiempo de sobra para pensar un cambio. El hecho de que la Junta de Andalucía haya dejado pasar el tiempo para llegar al proceso de escolarización no se debe a ninguna causa justificada, pues nada se arguye en la exposición de motivos.

Otro aspecto relevante, para la cuestión que tratamos, es la prohibición de establecer por medio de este tipo de norma de regímenes estables, dado que la Constitución (y el Estatuto) mencionan expresamente que son normas “provisionales”. Con ocasión de una reforma laboral del gobierno de Aznar por Decreto-Ley, que fue contestada con una huelga general y, jurídicamente, por un recurso de inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad de esta reforma porque establecía precisamente una regulación estable (fundamento 10º, STC 68/2007).

El Decreto-Ley 1/2007 establece una regulación indefinida y, por tanto, no provisional, hasta el punto de deslegalizar parte de los baremos para permitir su modificación por vía reglamentaria. La exposición de motivos en nada indica que se vaya a establecer un nuevo régimen, sino que trata al que consta en el Decreto-Ley 1/2007 como el nuevo modelo.

Por estas dos razones considero, no obstando opinión mejor, que el Decreto-Ley 1/2007 es inconstitucional. Estos dos son de por si buenos motivos para que el Parlamento de Andalucía no lo convalide y por tanto deroga esta norma. Se unen a los argumentos materiales anteriormente expuestos.

Una consideración final. Es cierto que nuestro ordenamiento constitucional sí establece la reserva de ley o de ley orgánica para determinadas materias o procedimientos, pero no hay reserva reglamentaria, como sí sucede en Francia por ejemplo. La exposición motivos, que obvia las cuestiones anteriormente mencionadas, sí cita una sentencia del Tribunal Constitucional (332/2005) para mantener que es posible la reforma de disposiciones reglamentarias por medio de una norma con rango legal.

La pregunta es por qué se hace, porque se eleva a rango de Ley lo que no era más que un mero acuerdo del Consejo de Gobierno. Para mí la respuesta es clara: evitar el control de los tribunales. La Junta de Andalucía ha tenido tantos reveses jurisdiccionales, especialmente en materia educativa, que elevando las condiciones de bonificación de las guarderías a rango de Ley quiere huir del control de los tribunales ya que las normas con rango de Ley solamente son controlables por el Tribunal Constitucional. Es un abuso de la potestad.

Clasismo

Cuando digo que Susana Díaz (que tardó diez años en hacer Derecho) o que Verónica Pérez (dejó Económicas para dedicar a la política a los veinte) muestran la escasísima formación intelectual de la élite del PSOE de Andalucía. Una ausencia de formación intelectual, básica, que traspasa desgraciadamente la frontera de la ignoracia hasta llegar al cateterío.

Al decir esto se le acusa de clasista. No entiendo la acusación, porque lo que digo solamente sería clasista si estas personas no sacaron más provecho de sus estudios por problemas sociales. Y no fue el caso. Si Susana Díaz tardó diez años en terminar Derecho es porque prefería estar dando puñaladas en el interno de Juventudes Socialistas y en el del PSOE-A. Si a los veinte años Verónica Pérez dejó Económicas y a los veintiuno estaba cobrando un sueldo político, no es porque la pobreza la sacara de los estudios.

Desde sus inicios el movimiento obrero luchó contra la ignorancia. Los sindicatos y los partidos obreros fundaron universidades populares, bibliotecas en sus sedes, crearon agrupaciones musicales, becas y un millar de iniciativas para que los obreros y sus hijos pudieran salir de la ignorancia a las que la injusticia les había condenado.

Cuando la igualdad de oportunidades permite llegar a la Universidad independientemente de los recursos familiares, y más a mujeres como ellas que vivían en un área geográfica con una oferta universitaria grandísima, estar diez años para un título de cinco es tirar el dinero de los contribuyentes y abandonar los estudios para cobrar de la política es una diáfana declaración de intención vital.

Decirlo no es clasismo, porque la ignorancia voluntaria es patrimonio solamente de niños mimados, de los niñatos y de las niñatas.

El infantilazo de Susana Díaz

El 28 de marzo de 2017 el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó un Decreto-Ley en el que, entre otras cosas, se establecía una nuevo baremo para el acceso a las bonificaciones del servicio de guardería. Susana Díaz y su consejera de Educación mantienen que el nuevo baremo llega a más niños, lo que resulta sorprendente y se analiza el baremo.

En la anterior regulación existían seis tramos de renta: por debajo del 0,5 IPREM/per capita que implicaba la gratuidad, del 0,5 al 1 IPREM/per capita que implicaba una bonificación del 75%, del 1 al 1,5 IPREM/per capita que conllevaba un 50%, del 1,5 al 2 IPREM/per capita que daba derecho a un 25% y a partir de 2 IPREM/per capita que no daba derecho a bonificación.

Ahora hay más tramos. Se mantiene la gratuidad por debajo de 0,5 IPREM/per capita, de 0,5 a 0,6 IPREM/per capita se bonifica el 80% y va bajando un 10% conforme sume una décima el IPREM/per capita.

El resultado de todos estos cambios es que, con la excepción del primer tramo, todos los tramos de renta pagan más con este sistema, de hecho el incremento en el rango medio es el más grandes, porque hay personas que antes tenían el 50% de bonificación que ahora no tendrán nada, de modo que a un año (calculado como once mensualidades) una familia que gane entre 1,3 y 1,5 IPREM/per capita pasará a pagar 1.227,07€ y 1.533,84€.

Acaban de hacer oficialmente “ricos” a una parte importante de la población, una parte de la población que querrá pagar menos impuestos ya que un servicio señero lo han perdido.

Susana Díaz sólo sabe de lo que tiene que saber

Susana Díaz en un acto ha dicho que ya es hora que una mujer sea Presidente del Tribunal Constitucional. No sabía que María Emilia Casas lo había sido de 2004 a 2011. Sus comentarios, cuando se salen de las consignas político-afectivas habituales muestran severas lagunas de “cultura general”, por no entrar en asuntos mayores. Tampoco de análisis político sabe mucho y sus resultados electorales así lo muestran.

El problema sería minusvalorarla. Susana Díaz solamente sabe de una cosa: hacerse con el poder en el PSOE. Es lo que ha hecho desde siempre, desde que ingresó en Juventudes hasta el día de hoy. No sabe de otra cosa, solamente de los mecanismos que deciden quién manda dentro del Partido Socialista.

Y eso le ha servido para llegar a la Presidencia de la Junta de Andalucía sin haber sido nunca cabeza de lista en las elecciones, sin haber gestionado nada con alguna entidad y sin haber dado muestras de hacer. Se hizo con el poder en el partido que tiene el poder y supo cómo hacerlo. En eso, solamente en eso, Susana es buena y no tiene escrúpulos.

Si gana la Secretaría General del PSOE ya no sabrá que hacer. Lo único que sabe es trepar dentro de su partido, fuera se pierde y quizá por ello tuvo los peores resultados electorales del PSOE-A en unas elecciones autonómicas. En Andalucía es mala candidata y fuera de Andalucía es peor, porque es objeto de mofa. Y es que Susana representa al peor PSOE, a ese que desde Juventudes sabe escalar, trepar, coser a navajazos, pero no saber responder a las necesidades de los ciudadanos.

Implicar a la mayoría

Los mecanismos del Estado del Bienestar requieren una gran financiación. Este dinero se obtiene normalmente a través de los impuestos. Los servicios recibidos por los ciudadanos, que debieran ser mayores y mejores que si cada cual tuviera que pagárselos, justifican el pago de esos impuestos más allá de la obligatoriedad legal. Que el Estado del Bienestar sea una cosa de todos o al menos de la inmensa mayoría posibilidad la propia subsistencia del sistema, ya que esa inmensa mayoría deseará mantener un sistema contributivo del que se beneficia.

Existe una tendencia, dentro de la izquierda, que está convirtiendo los servicios públicos en servicios de beneficencia o de socorro social. La idea de que no está bien que alguien que gane x reciba el mismo servicio que alguien que gana x/4, lleva a echar de los servicios públicos a una gran cantidad de ciudadanos, de la mayoría de los trabajadores, y forzarle a financiar por sí mismos esos servicios públicos que antes recibían mediante el pago de sus impuestos.

Si alguien tiene que pagar impuestos y además le dicen que debe pagarse privadamente los servicios públicos, se preguntará por el sentido de los impuestos. Y si además antes sí recibía un servicio o parte de éste y ahora tiene que sufragárselo, lo mismo pide pagar menos impuestos porque al fin y al cabo no recibe nada de ellos. Es lógico que se plantee el voto a opciones políticas que defienden una tributación menor. Las apelaciones a la solidaridad tienen más eco cuando la mayoría, la gran mayoría, se siente beneficiada en algún grado de esa misma solidaridad.

Un ejemplo magnífico de esta pésima política social lo encontrado en el Decreto-Ley 1/2017, de medidas urgentes para favorecer la escolarización en el primer ciclo de la educación infantil en Andalucía, que reduce significativamente el número de potenciales beneficiarios entre las clases trabajadoras y, además, le sube el precio a parte de los grupos más débiles económicamente.

Susana Díaz, como la derecha más derecha, reduce lo social a lo caritativo.

¿Quiénes deberían poder votar en las primarias del PSOE?

Las primarias del PSOE traen causa de la dimisión del secretario general, Pedro Sánchez, el día 1 de octubre después de un tormentoso Comité Federal. Más de medio año va a transcurrir entre el hecho causante y las elecciones primarias y se plantean algunas dudas sobre el censo de votantes.

1) El hermetismo del PSOE sobre el número de militantes en cada agrupación provincial e insular no tiene justificación, porque si no se sabe la totalidad del censo es difícil tener referencia sobre la limpieza del proceso.

2) La candidatura de Pedro Sánchez ha llamado a afiliarse y el aparato de Susana debe estar afiliando hasta a los animales de compañía. Estos movimientos pueden desestabilizar el censo y más cuando no hay ningún control sobre este listado, aunque afiliarse al PSOE sin la anuencia de los aparatos locales es arduo.

3) Lo sensato sería permitir votar solamente a los militantes actuales que hubieran podido votar el 1 de octubre.

Cultura fallida de partido

Decía Felipe González que a Pedro Sánchez le faltaba cultura de partido, pero nunca ha aclarado qué significa eso tan importante de la cultura de partido. Al final de la Edad Media se describía el método de enseñanza de la Universidad de París como modus parisiensis, infiero que existe un modus psoensis en la forma de proceder.

La gestión de las crisis internas en el PSOE suele tener un patrón más o menos definido. Cuando los disidentes tienen el apoyo de la mayoría de los órganos representativos se busca dar un golpe de mano para que la decisión pase a una instancia superior.

Cuando los disidentes tienen el apoyo de la militancia, entonces se aplica el control de los tiempos. Se prometía un congreso o asamblea y se dilataba en el tiempo todo lo posible, para que los disidentes tuvieran que abandonar el activismo y ocuparse de su trabajo y el aparato, liberado, se hiciera con el control.

Esta medida propia de la cultura de partido del PSOE se ha aplicado a Pedro Sánchez con la finalidad de esperar que la rabia se deshiciera, los apoyos se enfriaran y la falta de recursos hiciera el resto. Pero han fallado, porque esta situación no paralela a lo que haya podido suceder en cualquier agrupación provincial o local.

Estamos ante los medios de comunicación que demandan ser alimentados, de forma que cualquier movimiento de Pedro Sánchez es seguido y reportado. Esto ha permitido que los muchos militantes enfadados no se enfríen, a lo que ha ayudado no poco las decisiones de la Gestora y el sentido del voto del Grupo Parlamentario.

Tener tiempo ha permitido a un Pedro Sánchez que se encontró solo, volver a juntar sus apoyos y a organizarse en todo el territorio nacional, no sólo para ganar las primarias, sino también para ganar el congreso. Tener tiempo ha dejado días y días a Pedro Sánchez para recorrer Andalucía de un extremo a otro para buscar apoyos y parece que está encontrando muchísimos en la federación de Susana Díaz. Tener tiempo le ha permitido a Pedro Sánchez hacer ver a sus seguidores que hace falta financiación y se ha mostrado un músculo tremendo al recaudar bastante dinero, tanto que la Gestora no sabe qué hacer.

La Gestora le ha regalado una campaña electoral a Pedro Sánchez y acaba de darse cuenta.