Odio cruzado

Un presidente murciano vivía tranquilo. Las investigaciones judiciales sobre su persona se acumulaban pero él sabía que el odio que se profesaban los tres partidos de la oposición le garantizaba que no iba a ver una moción de censura, que requería la unidad de los tres. El secretario general del PSRM decidió presentar una moción de censura, antes que el arrobamiento de Ciudadanos en pedir cosas absurdas al presidente murciano, dejara espacio a Podemos a presentarla y hacerla inviable. La entrada en escena de la Audiencia Nacional, que le da más empaque a los asuntos de corrupción, hizo que Ciudadanos aterrizara y anunciase su apoyo a la moción de censura de los socialistas. Ante el miedo a que el PP perdiera la Región de Murcia y el terror de que muchos no tuvieran un sueldo el propio aparato de Génova le señaló la salida al presidente.

A nivel nacional está sucediendo otra cosa. El PSOE, por culpa de Susana Díaz y de la Gestora, está prolongando su Megacrisis durante nueve meses con la única intención de desgastar a Pedro Sánchez. Entre tanto después de haber investido a Rajoy el PSOE de Susana Díaz y de la Gestora ha hecho poco más que una oposición retórica al Partido Popular que como premio ha presentado un proyecto de Presupuestos donde castiga las inversiones en las regiones gobernadas por los socialistas, con la amenaza implícita de o Presupuestos o elecciones.

El PSOE es un cuerpo político que en el Congreso ni tiene agenda, ni iniciativa, donde siempre tiene que actuar reactivamente. Presenta proposiciones no de Ley no vaya a enfadarse Rajoy y cuenta los días que quedan hasta que pase las primarias y con España ya llena de calor una abstención, técnica o no, permita al Presidente sacar adelante los Presupuestos.

Si el PSOE realmente ejerciera la oposición debería estar moviéndose para censurar a Rajoy. Es el primer partido de la oposición y su obligación primaria es ésa. El PSOE es quien debe buscar la fórmula para echar a Rajoy y regenerar España y esa fórmula debe ser aceptable por los otros dos grandes partidos de la oposición. Hay dos problemas: uno es la indefinición del PSOE de Susana y la Gestora que parece desear más la permanencia de Rajoy que verse otra vez en las urnas.

El otro problema es el odio cainita que se tienen Ciudadanos y Podemos. Ese odio y nada más es lo que mantiene a Rajoy en La Moncloa; ese odio y nada más es el intenten cambiar fiscales en las investigaciones abiertas y hablen de “pegarle dos tiros al juez”, porque sienten que el poder nunca se les va a ir de las manos porque para Rivera e Iglesias lo importante es fastidiarse mutuamente y no limpiar el país.

Cada cual desarrolla su táctica, pero la enorme torpeza de ambos es construirla sobre el rechazo al otro partido emergente. Los números no mienten. Sin los tres y gracias a la abstención del PSOE, Mariano Rajoy seguirá de Presidente del Gobierno hasta agotar la legislatura.

El fracaso de Page


Nuestro Derecho Presupuestario, y las normas institucionales de más rango, conceden a los ejecutivos un papel predominante a la hora de elaborar y aprobar un presupuesto. A los legislativos le queda el margen autónomo de rechazar el presupuesto.

Tradicionalmente la aprobación del Presupuesto era uno de los grandes momentos del año político, porque sin presupuesto no hay política posible y quien fracasa en la aprobación de esa norma clave, fracasa al frente del gobierno. Se esperaba que el presidente que no consiguiera esa aprobación habría, al menos, de dimitir.

Javier Fernández en Asturias ha gobernado dos años sin presupuestos y eso que el anterior presidente, Álvarez-Cascos, convocó elecciones por no ver aprobado el presupuesto regional.

Ahora García-Page se encuentra sin presupuestos y culpa a la oposición de hacer de oposición y votar en contra. Y es que García-Page es mal político y peor estratega. Repasemos cuestiones básicas:

1) Se presenta como parte de los barones ganadores, cuando perdió contra De Cospedal después de que ella y su gobierno importado desde Madrid recortasen lo más grande en Castilla-La Mancha.

2) García-Page, necesitado del apoyo de Podemos, se ha dedicado a atacarlos continuamente y a identificarse con quienes los marcan como “enemigos”. ¿O es que piensa García-Page que las palabras del diputado Heredia salen gratis?

3) García-Page ha rechazado veinte enmiendas presentadas por Podemos que, por lo visto, solamente afectaba al 0,5% del proyecto de presupuesto. ¿Esperaba que fueran los podemitas ilusionados a votar su instrumento de gobierno cuando ni en tan poca parcela ha sido capaz de ceder?

4) García-Page debería hacer como sus compañeros Vara (Extremadura) o Fernández (Asturias) y rogarle al PP que le recompense por los servicios prestados de la investidura de Rajoy.

Cuando la Socialdemocracia termina en beneficencia

Desde hace algo más de una década el discurso social del PSOE se ha desplazado desde la mayoría de los ciudadanos a los sectores más débiles de la población, de modo que cada vez más las políticas propuestas por los socialistas se restringían a esos sectores más débiles y, con los tiempos de crisis, aún más.

En las sociedades donde la Socialdemocracia forma parte del modo de la autoconcepción de ellas mismas las medidas sociales afectan no a la mayoría de la población, sino a la inmensa mayoría, porque es la única forma de ser políticamente viables.

Nos seamos ingenuos. Una sociedad donde los servicios lleguen a la inmensa mayoría es una sociedad donde los impuestos tienen que ser serios y solamente se puede mantener esa fiscalidad si el conjunto de la sociedad o la inmensa mayoría percibe beneficios y considera que hay un intercambio equitativo. Y equitativo no es recibir exactamente lo aportado, ya que todos entiende cierta asimetría y, además, que socializar servicios los abarata.

El problema se da cuando la fiscalidad no se transforma en servicios para la mayoría, para la inmensa mayoría. Entonces las opciones que proponen una transformación de la fiscalidad, una rebaja generalizada de impuestos, se convierten en atractiva porque la inmensa mayoría comienza a pensar que paga para mantener a unos pocos y que ellos lo pagan todo dos veces, una vez con impuestos y otra con servicios privados ya que no tienen acceso a los públicos.

La Socialdemocracia que realiza este proceso de minoración de sus políticas, que convierte los servicios sociales (para la sociedad) en servicios únicamente para los sectores más débiles coincide con la derecha, que nunca ha renegado de la beneficencia.

Uso y abuso del Decreto-Ley en Andalucía

Ya nos hemos referido al Decreto-Ley 1/2017, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, a propósito del tremendo aumento de los precios de las guarderías.

Pero este Decreto-Ley merece una consideración autónoma, como ejercicio de una potestad legislativa no ordinaria que el Estatuto de Autonomía confiere al Consejo de Gobierno en casos de “extraordinaria y urgente necesidad” para dictar medidas legislativas provisionales (artículo 110 EEA), que reproduce el artículo 86 CE.

El Decreto-Ley fue privativo del Estado (con efímeras excepciones en la Euskadi de Garaikoetxea), hasta que la última ola de estatutos de autonomía lo incorporaron. Éste fue el caso del Estatuto de Andalucía, donde no existía siquiera la posibilidad de legislación delegada.

Aunque la dicción literal de los preceptos constitucionales y estatutarios tienen un sentido sumamente estricto, el Tribunal Constitucional ha mantenido una interpretación un tanto más flexible, especialmente en la consideración de la necesidad habilitante. Esto no quiere decir que no haya establecido límites.

La necesidad que causa el Decreto-Ley no puede ser algo previsible o medianamente previsible. En este sentido la reciente Sentencia del Tribunal Constitucional 183/2014, en su fundamento 4º, lo establece de una forma meridiana y fue uno de los fundamentos para la declaración de inconstitucionalidad de un Real Decreto- Ley de concesión de nuevos créditos presupuestarios para el Ministerio de Defensa.

La actual regulación andaluza de guarderías y bonificaciones data de un Acuerdo del Consejo de Gobierno de 2009, de modo que ha habido tiempo de sobra para pensar un cambio. El hecho de que la Junta de Andalucía haya dejado pasar el tiempo para llegar al proceso de escolarización no se debe a ninguna causa justificada, pues nada se arguye en la exposición de motivos.

Otro aspecto relevante, para la cuestión que tratamos, es la prohibición de establecer por medio de este tipo de norma de regímenes estables, dado que la Constitución (y el Estatuto) mencionan expresamente que son normas “provisionales”. Con ocasión de una reforma laboral del gobierno de Aznar por Decreto-Ley, que fue contestada con una huelga general y, jurídicamente, por un recurso de inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad de esta reforma porque establecía precisamente una regulación estable (fundamento 10º, STC 68/2007).

El Decreto-Ley 1/2007 establece una regulación indefinida y, por tanto, no provisional, hasta el punto de deslegalizar parte de los baremos para permitir su modificación por vía reglamentaria. La exposición de motivos en nada indica que se vaya a establecer un nuevo régimen, sino que trata al que consta en el Decreto-Ley 1/2007 como el nuevo modelo.

Por estas dos razones considero, no obstando opinión mejor, que el Decreto-Ley 1/2007 es inconstitucional. Estos dos son de por si buenos motivos para que el Parlamento de Andalucía no lo convalide y por tanto deroga esta norma. Se unen a los argumentos materiales anteriormente expuestos.

Una consideración final. Es cierto que nuestro ordenamiento constitucional sí establece la reserva de ley o de ley orgánica para determinadas materias o procedimientos, pero no hay reserva reglamentaria, como sí sucede en Francia por ejemplo. La exposición motivos, que obvia las cuestiones anteriormente mencionadas, sí cita una sentencia del Tribunal Constitucional (332/2005) para mantener que es posible la reforma de disposiciones reglamentarias por medio de una norma con rango legal.

La pregunta es por qué se hace, porque se eleva a rango de Ley lo que no era más que un mero acuerdo del Consejo de Gobierno. Para mí la respuesta es clara: evitar el control de los tribunales. La Junta de Andalucía ha tenido tantos reveses jurisdiccionales, especialmente en materia educativa, que elevando las condiciones de bonificación de las guarderías a rango de Ley quiere huir del control de los tribunales ya que las normas con rango de Ley solamente son controlables por el Tribunal Constitucional. Es un abuso de la potestad.

Ni dos años en San Esteban. Síntesis de la caída de un presidente murciano.

El gran jefe de los populares murcianos, a lo largo de muchos años, fue Ramón Luis Valcárcel. Él construyó la fortaleza y la hegemonía del PP de la Región de Murcia e hizo de esta formación una auténtica apisonadora electoral. La crisis, la desaparición del dinero inmobiliario y la aparición de una caudal inagotable de casos de corrupción hicieron que Ramón Luis, como le llaman sus cercanos, pensase en un retiro dorado en el Parlamento Europea y allí se fuera a vacacionar junto a Pepe Blanco o a Elena Valenciano.

Desde la más tierna infancia política Ramón Luis designó sucesor al alcalde de Puerto Lumbreras, Pedro Antonio Sánchez, ahora conocido como PAS, pero a la hora de abandonar la Presidencia, PAS tenía algunas imputaciones pendientes, de modo que invistieron a Alberto Garre, que se resistió a ser una marioneta y ahora está fuera del PP.

Las sombras judiciales sobre PAS estuvieron a punto de malograr su candidatura por el PP, pero un claro en las imputaciones hizo que encabezase la candidatura del PP y, aunque perdió por un solo diputado la mayoría absoluta, consiguió ser investido con el apoyo de Ciudadanos tras firmar un acuerdo al que él no le dio la más mínima importancia.

Volvieron los nubarrones en forma de investigaciones penales (antiguas imputaciones), pero PAS anunció que a él le daba igual, que no pensaba dimitir, porque estaba convencido de que en la oposición no iba a haber el arrojo ni la valentía suficiente para plantearle una moción de censura con los suficientes apoyos como para prosperar.

El secretario general del PSOE, González Tovar, presentó una moción de censura, a la que Podemos apoyaba y faltaba el pronunciamiento de Ciudadanos. Ciudadanos se movía en la indefinición de seguir haciendo el ridículo con palabras como “vamos a bloquear al Gobierno”, pero sin hacer caer al Presidente. Una nueva batería de investigaciones (antiguas imputaciones) de la Audiencia Nacional dieron al traste con esa “calma chicha” de Ciudadanos. La presentación de la moción de censura era la única posibilidad decente y política, ya que los socialistas no podían quedarse estancados en pronunciamientos retóricos y en la nulidad de actuación.

Rivera ordenó apoyar la moción de censura. En un principio para convocar inmediatamente elecciones, luego para convocarlas después del verano y finalmente para ir a por todas.

El miedo cundió en el PP y el miedo no era a perder la Presidencia, sino el miedo a perder la multitud de cargos y puestos aparejados a la institución que tiene sede en San Esteban. Muchas familias iban a verse en una situación precaria cuando el cargo público familiar (o los cargos públicos familiares) fueran cesado, como sucedería en Andalucía si el PSOE perdiera la Junta.

Los pre-parados debieron clamar y su clamor fue escuchado en Génova. Maillo fue mandado a “convencer” a PAS. Con la caída Ciudadanos vuelve a su indefinición y consentirá el relevo del PP en la Presidencia, porque y es la verdad un gobierno alternativo es muy difícil de ponerlo en marcha.

Clasismo

Cuando digo que Susana Díaz (que tardó diez años en hacer Derecho) o que Verónica Pérez (dejó Económicas para dedicar a la política a los veinte) muestran la escasísima formación intelectual de la élite del PSOE de Andalucía. Una ausencia de formación intelectual, básica, que traspasa desgraciadamente la frontera de la ignoracia hasta llegar al cateterío.

Al decir esto se le acusa de clasista. No entiendo la acusación, porque lo que digo solamente sería clasista si estas personas no sacaron más provecho de sus estudios por problemas sociales. Y no fue el caso. Si Susana Díaz tardó diez años en terminar Derecho es porque prefería estar dando puñaladas en el interno de Juventudes Socialistas y en el del PSOE-A. Si a los veinte años Verónica Pérez dejó Económicas y a los veintiuno estaba cobrando un sueldo político, no es porque la pobreza la sacara de los estudios.

Desde sus inicios el movimiento obrero luchó contra la ignorancia. Los sindicatos y los partidos obreros fundaron universidades populares, bibliotecas en sus sedes, crearon agrupaciones musicales, becas y un millar de iniciativas para que los obreros y sus hijos pudieran salir de la ignorancia a las que la injusticia les había condenado.

Cuando la igualdad de oportunidades permite llegar a la Universidad independientemente de los recursos familiares, y más a mujeres como ellas que vivían en un área geográfica con una oferta universitaria grandísima, estar diez años para un título de cinco es tirar el dinero de los contribuyentes y abandonar los estudios para cobrar de la política es una diáfana declaración de intención vital.

Decirlo no es clasismo, porque la ignorancia voluntaria es patrimonio solamente de niños mimados, de los niñatos y de las niñatas.

El infantilazo de Susana Díaz

El 28 de marzo de 2017 el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó un Decreto-Ley en el que, entre otras cosas, se establecía una nuevo baremo para el acceso a las bonificaciones del servicio de guardería. Susana Díaz y su consejera de Educación mantienen que el nuevo baremo llega a más niños, lo que resulta sorprendente y se analiza el baremo.

En la anterior regulación existían seis tramos de renta: por debajo del 0,5 IPREM/per capita que implicaba la gratuidad, del 0,5 al 1 IPREM/per capita que implicaba una bonificación del 75%, del 1 al 1,5 IPREM/per capita que conllevaba un 50%, del 1,5 al 2 IPREM/per capita que daba derecho a un 25% y a partir de 2 IPREM/per capita que no daba derecho a bonificación.

Ahora hay más tramos. Se mantiene la gratuidad por debajo de 0,5 IPREM/per capita, de 0,5 a 0,6 IPREM/per capita se bonifica el 80% y va bajando un 10% conforme sume una décima el IPREM/per capita.

El resultado de todos estos cambios es que, con la excepción del primer tramo, todos los tramos de renta pagan más con este sistema, de hecho el incremento en el rango medio es el más grandes, porque hay personas que antes tenían el 50% de bonificación que ahora no tendrán nada, de modo que a un año (calculado como once mensualidades) una familia que gane entre 1,3 y 1,5 IPREM/per capita pasará a pagar 1.227,07€ y 1.533,84€.

Acaban de hacer oficialmente “ricos” a una parte importante de la población, una parte de la población que querrá pagar menos impuestos ya que un servicio señero lo han perdido.