¿Cuánto realmente han recaudado las tasas judiciales de Gallardón?

El Ministerio de Justicia ha querido reivindicar las tasas judiciales a través de los tremendos ingresos que según este departamento han proporcionado a las arcas públicas. Desde el Ministerio han falicitado a los medios de comunicación la nada despreciable cantidad de 512 millones de euros desde la aprobación de la Ley 10/2012, que comenzó a recaudar en el último mes de ese mismo año.

Os cuento un secreto. Gallardón no estableció las tasas judiciales, sino que éstas ya eran exigibles desde la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

Concretamente el artículo 35 de esa norma estableció la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil y contencioso-administrativo. Quedaba fuera el orden penal (como ahora) y el orden social.

Lo que sucedía era que el apartado 3 de este artículo previó un amplio supuesto de exenciones a la tasa tanto respecto a determinados procedimientos como a determinados sujetos. Los procedimientos civiles y contencioso-administrativos exentos eran:

a) La interposición de demanda y la presentación de posteriores recursos en materia de sucesiones, familia y estado civil de las personas.

b) La interposición de recursos contencioso-administrativos y la presentación de ulteriores recursos en materia de personal, protección de los derechos fundamentales de la persona y actuación de la Administración electoral, así como la impugnación de disposiciones de carácter general.

Los sujetos exentos eran:

a) Las entidades sin fines lucrativos que hayan optado por el régimen fiscal especial de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal especial de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

b) Las entidades total o parcialmente exentas en el Impuesto sobre Sociedades.

c) Las personas físicas.

d) Los sujetos pasivos que tengan la consideración de entidades de reducida dimensión de acuerdo con lo previsto en la normativa reguladora del Impuesto sobre Sociedades.

En definitiva, las tasas habían quedado confinadas por medio de las exenciones a las empresas sujetas totalmente al Impuesto de Sociedades en cuestiones mercantiles y contencioso-administrativas. Y desde el 1 de enero de 2003 así era y de hecho el Estado ingresaba sus milloncejos por el ejercicio de la potestad jurisdiccional. Lo que hace la nueva Ley, la de Gallardón, es eliminar la exenciones y poner al día las tasas.

Dado q ue la tasa era recaudada desde primeros del año 2003 es recaudación debe ser descontada de lo que se ha recaudado con la Ley de Gallardón. Para que nos hubiéramos hecho una idea de lo que realmente ha incrementado la recaudación el Ministerio nos debería haber indicado el aumento, no el total sumada la tasa anterior y la nueva.

Dice el Ministerio de Justicia que en el primer mes de la tasa, el de diciembre de 2012, se recaudó 8,7 millones, lo cual estaría por debajo de la media mensual de ese año. Esa bajada en la recaudación se explica que a la entrada en vigor de la Ley no estaban preparados los impuestos autoliquidables de la AEAT y había multitud de dudas por parte de los actores jurídicos sobre a aplicación de la tasa en cientos de casos específicos.

La recaudación de esta tasa en 2013, según el Informe de Recaudación de la AEAT, fue de 317 millones. Si tomamos como referencia de la antigua tasa el ejercicio el ejercicio de 2012 (con un mal mes de diciembre achacable al Gobierno) vemos que ese año la recaudación fue de 172 millones, de modo que el incremento real de la recaudación fue 142 millones.

Afirma Justicia que este año, supongo que hasta octubre, se ha recaudado 187 millones. De mantenerse el mismo ritmo de recaudación se llegaría a los 224 millones y una incremento sobre 2012 de 52 millones.

En el mejor de los casos las tasas judiciales de Gallardón han aportado a la Hacienda del Estado 194 millones de euros y no los 512 que afirma el Ministerio de Justicia.

Pero este maquillaje de datos no es lo único, porque habrá alguno que piense que buenos son esos euros y que es mejor que nada, por más que el Ministerio jugando a la ambigüedad haya imputado a una ley de 2012 parte de lo que es efecto de una ley de 2003.

Diez comunidades autónomas comparten con el Ministerio de Justicia la gestión de este servicio público. Es curioso que el ingreso de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional se hace en la Hacienda estatal, por más que en las regiones con la competencia transferida se gaste igualmente (pero ése es otro debate).

Los gastos, de acuerdo con las normas presupuestarias aplicables a 2014, eran los siguientes:

El incremento de la recaudación a través de las tasas judiciales solamente han supuesto un 1.46% y algo más del 3% en el año anterior. A cambio de ese ingreso absolutamente despreciable dentro del gasto de Justicia e irrelevante dentro de los Presupuestos Generales del Estado muchas personas se han visto impedidas de acceder a los tribunales en apelaciones sociales o en el control de la acción de la Administración a través de los recursos contencioso-administrativos.

Las tasas judiciales eran contra los ciudadanos y estos datos muestran a las claras que lo único que buscaba era impedir el uso de su derecho a acceder a los tribunales. La estrategia del Partido Popular es siempre la misma: para mejorar un servicio hay que echar a los ciudadanos que no corresponden con el estándard del PP a la calle, sea en Justicia o Educación.

El ministro Gallardón evaluado conforme a sus propios criterios

Hice una entrada cuando Gallardón tomó posesión del Ministerio de Justicia valorando, a partir de la nota de prensa emitida por su departamento, las prioridades que se marcaba.

El ejercicio ministerial de Gallardón terminó al no conseguir que el Gobierno mandara a las Cortes su proyecto de ley del aborto, su gran objetivo político, y esto ha oscurecido el análisis de si consiguió o no los objetivos que él mismo se marcó.

Decía en la entrada de enero 2012 que lo más potable de lo presentado era lo que ya había dejado a punto el ministro socialista Caamaño y que no pudo rematar por el adelanto electoral. Lo demás era una mezcla de dudosas intenciones con mucha ideología conservadora.

Comencemos el repaso:

1. Despolitización de la política: realmente esto solamente se refiere a la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial y no a intentar poner remedio a jueces que pedían el traslado antes de continuar la instrucción de los casos de Fabra, ex Presidente de la Diputación de Castellón. Ha habido una reforma pactada con el PSOE que no se sabe si es buena o mala, pero que a las dos principales fuerzas contenta y, como siempre, mosquea a las organizaciones profesionales de jueces y magistrados.

2. Terminar con el “exceso de litigiosidad” y el “abuso de la segunda instancia”: para ello se promulgó la Ley de Tasas que ha impedido o desincentivado el acceso de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva, especialmente a la segunda instancia. Quien tiene recursos para pagar las tasas ni litiga en exceso ni abusa de la segunda instancia, independientemente de que tenga o no razón. Pura ideología conservadora.

3. La creación de la Agencia de coordinación de la modernización y digitalización de la Justicia no se ha creado porque ya existía ese organismo, aunque con mucho menor rango y presupuesto, cuando lo anunció el entonces entrante ministro Gallardón. Anunciar crear algo que ya existe es hacer trampas.

4. No permitir indultos colectivos en referencia a los etarras en caso de fin del terrorismo. Gallardón anunciaba, y lo decía, algo que la Constitución impide, pero no anunciaba el puñado de indultos vergonzosos y vergonzantes que terminaría llevando al Consejo de Ministros.

5. Delimitación de las competencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo: jurídicamente es un tema arduo ya que los tribunales situados en la cúspide, y aquí normalmente lo es el TC, por esa misma razón tienen lo que se denomina “competencia sobre la competencia”. En consecuencia el artículo 54 del Proyecto de LOPJ impide cualquier enjuiciamiento de resoluciones del TC.

6. Recuperación del recurso previo de inconstitucionalidad para los Estatutos de Autonomía: nadie sabe nada del tema. Se dijo, pero como los “perversos catalanes” estaban más por la independencia, se olvidó. De camino se dejó vía libre para la reforma-pucherazo en el Estatuto de Castilla-La Mancha.

7. Nueva Ley de Demarcación y Planta: hubo, durante el mandato de Caamaño, un informe de una comisión de expertos y sobre esa base comenzaron a redactarse borradores e incluso algunos circularon. En la web del Ministerio de Justicia no se dice nada sobre esta ley, aunque se supone su contenido en el Anteproyecto de la LOPJ.

8. Nuevo Código Mercantil: ésta era una de las ideas salvables de la presentación del ministro. En mayo fue informado el Anteproyecto en el Consejo de Ministros. Un complejo trabajo técnico de la Comisión General de Codificación que sería una pena que se perdiese porque el gobierno convoque elecciones y las pierda. Deben ser los mercantilistas los que alaben o destripen, dependiendo de lo que hayan participado en la redacción, el nuevo Código Mercantil. Desde mi relativa ignorancia, creo que se deja demasiado cosas fuera para ser el cuerpo unificado que se necesita.

9. Nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal. Quitando una reforma puntual por imperativo del Derecho Comunitaria, no hay nada al menos publicado. En la anterior legislatura circuló un documento con el primer esbozo de la LECRIM. El Anteproyecto de LOPJ, que no era un objetivo inicial, ya ha sido informado por el Consejo de Ministros, pero por lo que he podido leer del documento hasta ahora, no creo que sea una prioridad y que no tiene en cuenta la recomendación de crear tribunales de proximidad, con competencias en los cuatro órdenes, para las cuestiones menores de cada uno de ellos.

10. Ley de Jurisdicción Voluntaria: está en trámite parlamentario. Como el Código Mercantil solamente hay que decir que esperemos que no sea arrumbada por el cambio de gobierno, si lo hay.

11. Ley de Mediación y Arbitraje en materia civil y mercantil: la mayor chapuza de la época Gallardón. La ley que regula el acceso a la profesión de abogado establecía un largo periodo para que el nuevo acceso fuera obligatorio. El periodo se terminaba y había miles de licenciados en Derecho que se veían con un título inútil sin ese procedimiento sin sentido. El Gobierno decidió que iba a ampliar, vía Real Decreto-Ley el plazo, y Gallardón se plantó en el Consejo de Ministros con el Anteproyecto de Caamaño, con algunos retoques estilísticos y con una disposición final, la tercera, para cambiar el verdadero objeto de la ley. Así nació el Real Decreto-Ley 5/2012 que fue sustituido por la Ley 5/2012 dados los evidentes problemas de constitucionalidad que tenía esa norma.

12. Ley de Estatuto de las Víctimas: un Proyecto de Ley cuyo contenido esencial es el artículo 13 (todo lo demás es paja) para contentar a la AVT y permitirles recurrir excarcelaciones de presos por terrorismo.

13. Ley del aborto: una norma concebida contra la mayoría de los españoles. Los estudios de opinión detectaron rechazos casi unánimes a partes de la norma. Quien fue el icono centrista del PP, cae como un halcón conservador.

14. Multirreincidencia, prisión permanente revisable y juicios civiles rápidos: cajón del olvido más absoluto. Se hablará de los dos primeros cuando el PP vuelva a la oposición.

15. Reforma de la Ley del Menor: cuando el PP no gobierna hace de esta ley uno de terrenos preferidos para la demagogia. Gallardón habló de reformarla, pero solamente unificar en un solo procedimiento la instrucción y enjuiciamiento cuando hubiere menores y mayores de edad en una misma causa. Tampoco lo hizo.

Valoración:

De lo que el ministro se propuso como retos para la legislatura, que termina dentro de un año, no hay nada aprobado, salvo las tasas judiciales, el sistema de elección de los vocales del CGPJ y la increíble chapuza de la Ley de Mediación y Arbitraje. Un desastre.

Como si no tuvieran a donde volver

Las veces que hemos tenido que aguantar eso de que Gallardón era fiscal de carrera desde los veintipocos y que él estaba en política por nuestro bien y no por su interés, puesto que él tiene a donde volver ya que aprobó unos exámenes que le dan ese derecho sin haber ejercido nunca esa profesión.

Ésta es la teoría: tengo a donde volver. La práctica es que no vuelven ni locos, puesto que trabajar de funcionario, y un fiscal no deja de ser un funcionario, es un rollo, no se gana ninguna buena cantidad de dinero a la hora que se tendría que estar con informes y en sala y, además, no se tiene trascendencia ninguna.

Gallardón naturalmente no ha vuelto al puesto hasta el que haya podido ascender sin ejercerlo, al estar en servicios especiales, sino que ha aceptado pertenecer a un órgano consultivo autonómico en calidad de ex Presidente regional.

Gallardón y todos los suyos dicen que tienen donde volver, pero nunca vuelven. Con la fuerza con la que se agarran a los cargos políticos parecen que llevan toda la vida mintiendo también en este asunto.

Mal están viendo la cosa

El PP ha rectificado dos de sus decisiones más polémicas en solamente veinticuatro horas. La primera ha sido votar a favor de la consideración del ILP sobre la LH que, aunque no se esté de acuerdo, y tras casi un millón y medio de firmas, merecían al menos debatirse.

La segunda rectificación ha sido la del ministro de Justicia en lo referente a las tasas judiciales, después de que la evidente injusticia de la norma se le manifestase solamente a través de la Defensora del Pueblo y no antes, atendiendo las observaciones de órganos tan ajenos a la Justicia como el Consejo General del Poder Judicial, las asociaciones de jueces y fiscales o el Consejo General de la Abogacía que decían que las tasas eran injustas materialmente e inconstitucionales formalmente.

Muy mal lo ha tenido que estar viendo el Partido Popular cuando antes del escándalo Bárcenas perdía 40 escaños según la proyección de GS a partir de la estimación del CIS. Los datos y las estimaciones actuales tienen que ser entre tremendas y dantescas para los populares, porque han renunciado a dos señas de entidad: restringir la Justicia a quien pueda pagarla y despreciar a los firmantes de la ILP.

Es evidente que estas dos ‘rectificaciones’ tienen su aquel. Pueden votar en contra o descafeinar completamente la ILP y parece que la Defensora del Pueblo no se ha acordado de tasas importantes como la de la segunda instancia social. Pantallazos y gestos hacia la galería, pero muy mal tienen que ver su futuro político- electoral para tener que ceder cuando han tomado una decisión tan bien vendida a sus bases o a lo que eran sus bases.

Justicia gallardoniana

Otro de los anuncios del Consejo de Ministros de este viernes, el más esperado de los últimos años, ha sido la actualización de las tasas judiciales y la extensión de éstas a la segunda instancia del orden jurisdiccional social, esto es, cuando un trabajador pierda una demanda por despido, además de estar en paro, tendrá más difícil recurrir ya que tendrá que abonar 500€. Unido al fin de los salarios de tramitación es un nuevo golpe a los trabajadores despedidos ilegalmente.

También grave es la eliminación de las personas físicas de exención de pago de esta tasas, según disponía el artículo 35.2.c de la Ley 53/2002, salvo para quienes tengan derecho a la asistencia jurídica gratuita.

Dado que los requisitos para obtener la asistencia jurídica gratuita son muy estrictos: en términos generales dos veces el IPREM, esto es, 1.064,02€/mes por unidad familiar (IPREM 2011), estamos viendo que la mayor parte de las clases medias se encuentra fuera de la exención con lo que tendrán que pagar las tasas judicial que, según el cuadro de la propuesta publicada por la web de la Presidencia del Gobierno no son pequeñas.

La consecuencia es que la Justicia solamente será accesible para pobres, ricos y grandes empresas, dejando fuera a las clases medias, que vuelven a ser nuevamente castigadas por el Gobierno del Partido Popular.

Si la intención del Gobierno era recaudar y aligerar la Administración de Justicia, que lo dudo, podrían haber establecido una tasa en el orden penal (100€ por decir algo) para los juicios de faltas (excluyendo los de la tráficos) y que cargan y saturan con cuestiones litigiosas de tanto peso como ‘mi vecina me ha llamado guarra’ o ‘en tendero me ha llamado cornudo’. Hay muchos juzgados que le dedican un día a la semana a esos asuntos.

Pero eso no le importa ni a Gallardón ni a su equipo, porque lo que ellos quieren es dificultar el acceso a la Justicia a la gran mayoría de los españoles, favoreciendo a los que más tienen porque los que menos (y están exentos de tasas) tampoco suelen iniciar procedimientos monitorios o cambiarios.

El verdadero objeto del Real Decreto-Ley 5/2012

El pasado martes nos desayunamos en el BOE un Real Decreto-Ley que me parece sorprendente: el Real Decreto-ley 5/2012, de 5 de marzo, de mediación en asuntos civiles y mercantiles.

Me parece sorprendente porque lo regulado en ese Real Decreto-ley, aún siendo una materia muy importante, no parece que de lejos a la extraordinaria y urgente necesidad que la Constitución exige a este tipo de normas.

Es cierto que la jurisprudencia constitucional ha rebajado bastante las exigencias del texto pero ni por esas se salvaría, ya que regula una institución por plazo indeterminado, lo cual no pasa el ‘estándar jurisprudencial’ que exige la temporalidad esencial de la norma conforme a algo que aconseja no seguir el procedimiento legislativo ordinario.

La excusa que encontramos en la exposición de motivos del transcurso del plazo de trasposición de la normativa comunitaria es un tanto irrisorio, cuando hay tanta normativa pasada de plazo sin transponer, y porque este tipo de normas puramente técnicas tienen un paso acelerado por las Cortes.

Un analista político del segundo mandato de Aznar decía que el gobierno de aquellos años había cogido la costumbre de tener permanentemente en las Cortes algunas leyes ‘de guardia’ para que el grupo popular les pudiera introducir enmiendas en respuesta inmediata a cualquier acontecimiento en el que quisieran dar la impresión de estar haciendo algo.

Y la pena es que como parece que no tienen demasiadas cosas en un estado avanzado de trámite parlamentario, han tenido que tomar el Proyecto de Ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles (elaborado y remitido a las Cortes por el gobierno socialista), darles unos cuantos toques contundentes conservadores (de los que hablaremos) y colocarle el verdadero objeto de este Real Decreto-Ley: la disposición adicional tercera para dar más plazo a los ahora estudiantes de Derecho a la hora de colegiarse como abogados o procuradores cuando la Ley 34/2006 entre en vigor.

Lo importante que es elaborar una buena ley en esta medida, con el mayor acuerdo técnico y reflexión, con los dictámenes del Consejo de Estado y otros órganos, es relegado para poder satisfacer al lobby jurídico, uno de los fuertes en los gobiernos conservadores españoles (esto y no otra cosa es Gallardón.

La muestra de ignorancia y la ocurrencia del ministro Ruiz-Gallardón

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha vuelto a demostrar que no tiene ni la más remota idea de las normas vigentes en la materia de su Ministerio.

Hoy ha propuesto, para quitar trabajo a los juzgados, dar la posibilidad a los notarios de celebrar bodas civiles y tramitar procedimientos de divorcio de mutuo acuerdo.

Bodas notariales

Las Cortes aprobaron la Ley 20/2011, del Registro Civil que en sus artículos 58-60 encarga la tramitación de los expedientes matrimonios a los Ayuntamientos y la inscripción al Registro Civil, que esta ley configura como un organismo estatal totalmente ajeno al Poder Judicial. Pero lo más curioso de todo es que esta ley contó para su aprobación con los votos del Partido Popular.

Esta ley ha desjudicializado el Registro Civil, aunque bien es cierto que todavía no ha entrado en vigor ya que su disposición final otorga una ‘vacatio legis’ de tres años.

El ministro podía haberse comprometido a proponer el adelanto de la entrada en vigor de la Ley, a movilizar todos los recursos para hacer esto posible, pero no tenía que haber salido con una ocurrencia, que solamente merece el calificativo de peregrina, que nada tiene que ver con lo que el PP pactó y votó en el mes de junio.

Divorcios notariales

Lo que propone el ministro Ruiz-Gallardón es una pérdida de una garantía respecto a la actual situación. Esta garantía es la decisión del Juez para que el mutuo acuerdo sea exactamente eso, y que una parte no abuse de su posición sobre la otra. Además la intervención del Ministerio Fiscal es vital cuando en el divorcio de mutuo acuerdo hay hijos. ¿Cree que un notario, sin garantías de su imparcialidad, es el mejor para sustituir a un juez y eventualmente a un fiscal?