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Archive for the ‘Batasuna’ Category

Una de los comentarios que se escucharon a propósito del resultado de las Elecciones Europeas era la imposibilidad que iba a tener el PSOE para gobernar si el PSC no se recuperaba electoral y socialmente en medio de un proceso soberanista que le ha cogido en medio de ningún sitio.

Hace tiempo pensé en este tópico y si era así. El Departamento de Simulaciones Electorales de geografiasubjetiva.com se puso mano a la obra.

Lo fácil es restar los diputados catalanes de todas las formaciones y dar el resultado como definitivo. Pero no es un buen proceder, porque si Catalunya fuera independiente los 350 diputados deberían repartirse entre cuarenta y seis provincias y un número nada despreciable de escaños (cerca de los cuarenta) entrarían a engrosar los de algunas provincias y por tanto los resultados cambiarían en las provincias. Además tenemos la ventaja de mantener magnitudes que todos conocemos y es posible hacer una comparación directa con los resultados reales.

Hemos restringido la simulación a la legislatura constituyente y a las elecciones que han supuesto un cambio de inquilino en La Moncloa.

Comencemos:

R1977

En 1977 tanto la representación socialista como la comunista se hubieran visto disminuidas, más la del PCE, en beneficio directo de la UCD que hubiera obtenido mayoría absoluta. Alianza Popular hubiera crecido de una forma espectacular comenzándose a ver algo que heredará el Partido Popular: una escasísima implantación en Catalunya que permite a la izquierda sacar una ventaja a veces insalvable.

R1982

1982 fue el año de la grandiosa victoria electoral del PSOE, salvo para “Cuéntame”. Si los catalanes no hubieran votado, los socialistas hubieran conseguido prácticamente la misma mayoría y los demás hubieran tenido resultados muy similares.

R1996

1996 fue el año de José María Aznar y del único Presidente que se ha presentado teniendo la posibilidad de perder las elecciones. Si Catalunya hubiera sido independiente los resultados hubieran sido muy similares en todos los partidos menos en el PP, que se hubiera acercado mucho a la mayoría absoluta y la diferencia con el PSOE hubiera sido más neta que lo que realmente fue. Vemos que un voto sin Catalunya homogeneiza los resultados de los populares y les hace rendir más en escaños.

R2004

Rodríguez Zapatero hubiera ganado en 2004, pero solamente con dos escaños de ventaja sobre Mariano Rajoy, porque nuevamente hubiera sacado réditos de la homogeneización de sus resultados. El PSOE hubiera ganado y hubiera podido gobernar, pero con un margen muy ajustado.

R2011

Y llegamos a la presente legislatura. En 2011 el Partido Popular hubiera conseguido una mayoría digna de Felipe González si Catalunya no tuviera representación en el Congreso de los Diputados.

Mínima conclusión

¿Puede gobernar el PSOE en el caso de una Catalunya independiente? Sí, aunque el margen de su ventaja electoral se reduce muchísimo y las victorias del PP serán con una ventaja mucho mayor que las actuales ya que su principal agujero negro electoral, Catalunya, habría desaparecido.

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[He intentado ser lo más aséptico y descriptivo posible. Tengo la intención de expresar algunas consideraciones un poco más adelante]

Después de que todo el mundo tenga formada una opinión sobre la resolución del Tribunal Constitucional que ha revocado la Sentencia del Tribunal Supremo, el TC ha publicado el texto en su web y unos cuantos nos hemos bajado y leído la Sentencia y los votos particulares.

Hay una coincidencia tanto en la Sentencia de la mayoría como en algunos de los votos particulares: la necesidad de que el legislador cambien los plazos de los recursos contenciosos-electorales y del amparo-constitucional porque los actuales y los principios que los informan no son, en opinión de la mayoría y de parte de la minoría, convenientes, ya que formular las demandas, responderlas o para debatir y formular las resoluciones judiciales; a este respecto el magistrado Hernando Santiago sostiene que además la sucesión de resoluciones (potencialmente dispares) en un espacio de tiempo tan corto puede distorsionar la percepción del ciudadano sobre la labor tanto del TS como del TC (la comunicación institucional como ‘obiter dictum’).

La Sentencia mantiene que el TS no ha examinado elementos subjetivos en su Sentencia, pero estos han estado presentes en sus valoraciones ya que considera que la ausencia de ‘personas contaminadas’ ha sido vista como un indicio de fraude y no como lo contrario. Se llega al extremo, siguiendo el razonamiento del Constitucional, que una cosa y la contraria tienen el mismo significado, violando el principio lógico de prohibición de la contradicción.

El Tribunal Constitucional considera que, conformar a la jurisprudencia constitucional, sí se encuentra en la STS la intención defraudatoria pero no la materialización de esta intención. No comparte el TC el hecho de que unos documentos externos a los partidos coaligados (los ‘elementos objetivos’ de la STS) sean el criterio para medir el comportamiento de los dos partidos coaligados.

Tampoco comparte el TC la equiparación absoluta entre Batasuna y la ‘Izquierda Abertzale’ y aquí insiste en las consecuencias sobre el derecho fundamental al sufragio pasivo que tienen, así como que no hay proscripción de las ideas, sino únicamente del terrorismo.

La Sentencia otorga escaso valor probatorio a las pruebas aducidas por el Tribunal Supremo y por tanto considera que el contraindicio de condena del terrorismo no tiene lugar a ser examinado. Sí considera pertinente el TC la trayectoria de los dos partidos coaligados a la hora de establecer un juicio sobre el comportamiento presente.

Durante la tramitación del recurso de amparo el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado presentaron una nueva prueba consistente en un informe de la Guardia Civil sobre las actividades de Bildu, con fecha de 5 de mayo, y un ‘Acta’ de ETA sobre reuniones con EA de 2009. El TC entiende que, más allá de la extemporaneidad de la prueba aportada, lo que habla es de unas conversaciones para unas elecciones anteriores, conversaciones que no se materalizaron en nada.

Termina la sentencia sus fundamentos jurídicos con la siguiente consideración:

La pretensión de asegurar a ultranza, mediante controles preventivos, la seguridad del Estado constitucional pone muy en primer lugar en riesgo al propio Estado constitucional. Tal pretensión resulta además desproporcionada a la vista de la panoplia de instrumentos de control a posteriori de que se ha dotado, mediante las últimas reformas legales, nuestro ordenamiento (FJ 13).

Pasemos ahora a mostrar los argumentos de los magistrados que han formulado votos particulares.

El magistrado Delgado Barrio disiente sobre el valor de la prueba al considerar que no hay una sospecha, sino unos hechos probados. Mantiene que la STS se ha dictado después de una apreciación conjunta de la prueba que es el único método para este enjuiciamiento. Considera que hay demasiadas coincidencias para que no haya relación entre las ‘conductas ajenas’ (de ETA) y los ‘actos propios’ de Bildu y a ellos se suma que este magistrado considera que la condena del terrorismo es genérica (no la concreta requerida por la jurisprudencia del TC) y estratégica.

El magistrado Rodríguez Arribas afirma que todo este caso gira en torno a la valoración de la prueba y su suficiencia. Mantiene que el recurso de amparo sirve para hacer un análisis de la prueba realizada por el TS y compatibilidad constitucional, no para realizar de nuevo la apreciación de la prueba. Considera este magistrado que lo contrario es transformar el recurso de amparo no ya en una super-casación, sino en una apelación plena.

Mantiene que la inexistencia de elementos subjetivos sí es una prueba, porque quien quiere defraudar sucesivamente, cambia de estrategia. Este argumento se repetirá en los votos particulares.

El magistrado Aragón Reyes comparte la necesidad de revisar la celeridad de plazos. Sostiene que en este recurso de amparo no se trata de una restricción del derecho al sufragio pasivo sino de una garantía contra el fraude.

Estima que el fraude tiene que ser demostrado por medio de la prueba indiciaria, pues hay coincidencia de los documentos con las candidaturas presentadas. Afirma que la no existencia de candidatos contaminados es explicable ya que no tiene sentido presentar a personas contaminadas cuando se quiere cometer un fraude que puede ser descubierto por este medio.

Recuerda que la existencia de recursos legales de control ‘a posteriori’ no desvirtúa la viabilidad del control ‘a priori’, por ello la modificación de la LOREG que se ha aprobado recientemente no implica, de ninguna forma, una minusvaloración del actual control.

Cabe destacar el siguiente párrafo (punto 6 del voto)

En efecto, no se advierte que la Sala haya operado a partir de un juicio de inferencia excesivamente abierto, sino que ha realizado una valoración razonable sobre la base de la pertinente ponderación de los bienes y derechos en conflicto, sin derivar de los indicios manejados ninguna inferencia ilógica o tan abierta que permita conclusiones contradictorias.

El magistrado Hernando Santiago fue el primer ponente de la Sentencia. Dejó de serlo tras la constatación de que la postura mantenido en su ponencia era minoritaria en el Pleno del Tribunal Constitucional. Fue también recusado por los recurrentes en amparo y su recusación fue rechazada por el Pleno; el magistrado mantiene que la propia recusación es una prueba contra los recurrentes.

Insiste en que el enjuiciamiento sobre legalidad de partidos o de candidaturas es del TS; al TC le corresponde la vulneración de los derechos fundamentales. Sostiene que la técnica del levantamiento del velo es la adecuada y para ésta solamente es posible hacer una apreciación de la prueba en su conjunto. Como otros votos particulares y la STS piensa que la condena de la violencia es genérica y que realiza una equiparación entre terrorismo y fuerzas policiales.

El último es el voto particular del magistrado Pérez de los Cobos Orihuel coinciden con los otros votos particulares en considerar que hay un exceso de jurisdicción del TC, en que se sobrepasan los límites en la valoración de la prueba por parte del TC. Mantiene que incluso empleando el canon penal se debería llegar a la misma conclusión que el TS.

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Casi dos centenares de páginas ocupan la sentencia del Tribunal Supremo y los votos particulares que resuelve la impugnación de las candidaturas presentadas por la coalición ‘Bildu’ para las próximas elecciones municipales en Euskadi, Navarra y Condado de Treviño (Burgos).

Ando bastante cogido de tiempo por lo que he leído la STS y los votos particulares cuando he podido, por lo que me voy a conformar con exponer lo que considero más destacado, siendo consciente de que los medios ya han expuesto algunos elementos de la resolución y, por tanto, son conocidos por la mayoría de lectores de este blog.

Hasta ahora en las sentencias del TS tenía una gran importancia la justificación de los vínculos con Batasuna y/o ETA de los integrantes de las candidaturas impugnadas. El hecho de que los candidatos actuales ya no tengan máculas, lo cual es lógico tras unas cuantas sentencias, y unos errores de identificación que han debido ser tremendos (como insinúa la propia sentencia), han llevado a la Sala Especial a sentenciar únicamente sobre lo que han llamado ‘elemento objetivo’, a saber, una serie de pruebas que a juicio de la Sala justifican que admitir la impugnación de todas las candidaturas de ‘Bildu’ por pertenecer a una estrategia creada por ETA para que su brazo político, Batasuna, tenga acceso a las instituciones.

Las alegaciones de la coalición habían cuestionado el procedimiento para la obtención de determinadas pruebas, especialmente su constitucionalidad. La Sala hace una defensa genérica de estas pruebas, pero no entra en especiales condiciones ya que para su pronunciamiento no tiene en cuenta estos ‘elementos subjetivos’.

El fraude de Ley, motivo de impugnación por parte del Ministerio Fiscal, ha recibido especial atención, ya que no necesita siquiera una prueba de vínculos con ETA o de acuerdos con Batasuna, pues el Ministerio Fiscal mantiene que la presencia masiva de ‘independientes’ en una coalición desnaturalizaría la figura de la coalición entre partidos. Da la impresión de que este motivo de impugnación se convierte en el comodín de la sentencia por si las demás causas no prosperan, ya que como he dicho es abstracto y no requiere de mayor prueba (siempre que las identificaciones hubieran estado hechas con menos errores).

La Sala decide aceptar la impugnación de todas las candidaturas de ‘Bildu’ sobre la prueba documental (elementos objetivos) que le ofrecen documentos que son aportados por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, así como por medio de la transcripción de llamadas telefónicas y de mensajes SMS. Lo contenido en esta documentación le permite a la Sala concluir que la coalición ‘Bildu’ forma parte de la estrategia de ETA para que Batasuna esté presente en las próximas elecciones municipales.

Hay un voto particular (Sieira Míguez) parcialmente concurrente y, por tanto, parcialmente discrepante que, después de una consideración sobre el tipo de prueba que debería ser tenido en cuestión, afirma que deberían haberse admitido las candidaturas que estuvieran compuestas mayoritariamente o en exclusiva por militantes de EA o de Alternatiba.

Seis magistrados (Alarcón Caracuel, Xiol Ríos, Moliner Tamborero, Calvo Cabello, Jorge Barreiro y Gimeno-Bayon Cobos) firman un voto discrepante sobre la totalidad de la sentencia. Afirman que se trata de derechos fundamentales y que, por tanto, el rasero debe ser más alto que en el mero enjuiciamiento civil. Sí le dan importancia a los elementos subjetivos y a los errores cometidos que desvirtúan, a su modo de entender, las pretensiones de los impugnadores e interpretan la prueba documental de una forma diferente al no considerar probado que ni EA ni Alternatiba firmaran el documento sobre estrategia electoral. La minoría sí hace referencia a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre ‘Iniciativa Internacionalista’ (omitida en la relación de resoluciones del TS y del TC en la sentencia de la Sala) y a los criterios fijados en esa resolución. Consideran que se han satisfecho las exigencias legales y que no cabe hacer presuposiciones sobre comportamiento futuro para los cuales, además, el ordenamiento acaba de instaurar remedios específicos.

El recurso de amparo ya está siendo estudiado por el Tribunal Constitucional. Leída la sentencia y los votos particulares no descartaría una segunda sentencia derogatoria de la de la Sala Especial del Tribunal Supremo.

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La Abogacía del Estado y la Fiscalía impugnaron la candidatura de ‘Solidaridad Internacional’ a las pasadas elecciones europeas, al considerarla sucesora de Batasuna.

El Tribunal Supremo aceptó la impugnación pero no el Tribunal Constitucional. El Constitucional fijó en su sentencia algunos criterios que podrían y deberían ser utilizados en el futuro. Estos criterios son los que han provocado votos particulares en la impugnación de la inscripción de ‘Sortu’.

Ahora se han impugnado las candidaturas municipales de la coalición ‘Bildu’ (Eusko Alkartasuna y otras formaciones y candidatos). Someramente hay que tener en cuenta que esta vez hay un partido con un ‘expediente limpio’ y una serie de candidatos que puede que no tengan ninguna conexión y a todo ello hay que añadir que, cada vez, la carga probatoria es más exigua porque se impugna antes.

Repasando el contenido de la sentencia sobre ‘Iniciativa Internacionalista – Solidaridad de los Pueblos’ se abre un margen de duda en la línea de ataque jurídico al soporte político de ETA. En todo caso solamente tenemos que esperar a la sentencia del recurso de amparo electoral que tendrá, por su propia naturaleza, un tramitación preferente.

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No se tienen en cuenta las elecciones de 1979, ya se celebraron según un sistema electoral proporcional no asimilable al actual y con circunscripciones que ahora no se utilizan.

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Y ahora toca el último sinóptico municipal. La décima ciudad más poblada de España y la mayor de Euskadi.

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