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Archive for the ‘Política’ Category

Durante días en FiveThirtyEight estimaba en un 1% las posibilidades del empate entre Trump y Biden (ahora no), de modo que me pareció interesante ver qué hubiera pasado en caso de no haber habido mayoría en el Colegio Electoral en las últimas cinco elecciones.

La XII Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, nacida tras la tremenda crisis constitucional ocasionada por las Elecciones Presidenciales de 1800, establece que si ninguno de los candidatos votados por el Colegio Electoral pudiera conseguir la mayoría absoluta de los votos, 270 votos, la elección del Presidente de los Estados Unidos pasa a ser responsabilidad de la Cámara de Representantes y la del Vicepresidente del Senado.

Como es de general conocimiento, el mismo día en el que se elige a los miembros del Colegio Electoral, se hace lo propio con la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio de los senadores, de modo que los representantes y senadores electos con los senadores que permanecen en su puesto forman un nuevo Congreso. El próximo 3 de noviembre será electo el 117º Congreso.

Dado que el Congreso ha de reunirse el día 3 de enero (sección 2 de la XX Enmienda) y que el escrutinio por parte del Congreso en sesión conjunta ha de realizar el día 6 de enero (3 US Code 15), está claro que es el Congreso renovado el encargado de realizar la elección del Presidente y del Vicepresidente, y no el saliente.

En estas elecciones se vota por estados, es decir, el voto de cada uno de los estados es el mismo, uno, y desaparece la capacidad electoral de Distrito de Columbia. De este modo el voto de cada estado dependerá de qué partido sean los representantes o senadores que forman su delegación congresual. Es de suponer que en una situación como ésta nos encontraríamos ante un “party-line vote”, es decir, cada cual vota al candidato de su partido.

¿Qué hubiera sucedido en las últimas cinco elecciones presidenciales en el supuesto de que no hubiera habido mayoría en el Colegio Electoral pero no hubiera habido variación en la elección del Congreso?

Como puede comprobase en las cinco elecciones los candidatos que fueron presidentes, tenían la mayoría necesaria (26 estados) a la hora de conseguir los votos suficientes para ser elegido presidente.

Pero la elección vicepresidencial se torna más compleja. En el Senado cada estado solamente tiene dos senadores, de forma que no es difícil que uno sea de un partido y el otro del partido contrario, produciendo un empate y la imposibilidad de determinar el voto del estado en la elección vicepresidencial. Muchos estados estarían indeterminados.

En ninguno de los congresos elegidos a la vez que los electores del Presidente, ningún candidato vicepresidencial hubiera logrado la mayoría necesaria, de modo que habría tenido que haber algún tipo de negociación o la cesión a favor de quien formaba ticket con el que iba a ser elegido en la Cámara de Representantes.

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En el caso de los independientes, no hemos guiado para atribuirles un voto por el partido con el que hacían “caucus” en el Congreso.

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[Esta entrada es una amable colaboración de @PioIin]

Para que se pueda entender la “polémica” sobre la importancia de liberar el código fuente de la aplicación de rastreo RADAR COVID del gobierno primero hay que explicar que es liberar el código y para que se hace.

Que es “Open Source” o código abierto

Toda aplicación se desarrolla en un lenguaje de programación, en concreto el código de Radar Covid se libera en esta url (https://github.com/RadarCOVID/radar-covid-android) y se publican los ficheros que construyen la aplicación que finalmente se publica en la App Store de Google o Apple.

Estos son los ficheros de Radar Covid

Y esto es una pequeña parte del código fuente.

El código una vez liberado puede ser revisado, corregido y/o copiado bajo ciertas condiciones. Hay muchos proyectos de código libre que se han compartido desde hace años, el más conocido es Linux, el más utilizado actualmente es posiblemente Android (aunque no todo está liberado).

Hay dos formas de “liberar” una aplicación, hay proyectos que nacen como código abierto desde el inicio del desarrollo (que realiza una comunidad de modo cooperativo) y otras se libera la aplicación total o parcialmente al final del desarrollo, liberar código es también una forma de comercializarlo proporcionando una versión gratuita abierta para que los clientes prueben las aplicaciones y luego adquieran una versión más potente ya con soporte comercial. En otros casos es para, como Android, permitir que otros desarrollen aplicaciones similares o relacionadas.

Esto en todo caso es irrelevante para el Radar COVID, pero es importante saber que no todo el mundo libera el código por el mismo motivo.

¿Por qué no se libera todo el código siempre?

Hay dos motivos principales, el primero es contractual, si contratas una empresa para que te desarrolle una aplicación estás “poniendo al público” su trabajo, que habitualmente las empresa de informática preferíamos que no ocurriera, así que en algunos contratos podría no estar permitido o no estar previsto. Si esto fuera una política común posiblemente los precios de contratación subirán, los insultos a la avaricia profesional de los informáticos se aceptan y se comprenden de todos menos novelistas, periodistas y mundo del cine que viven del copyrigth porque nosotros también tenemos derecho a vivir.

El segundo motivo es que liberar el código exige más tiempo, hay que limpiar código no relevante, hacer el código legible, crear el paquete de documentación y hacer seguimiento de los comentarios que te hagan. Todo ello son buenas prácticas que todos deberíamos hacer siempre, pero que no siempre se hacen. Hay quien afirma que todo el código de aplicaciones pagadas con dinero público debería ser código libre, y puede que tengan razón (personalmente yo lo apoyaría) pero no es algo tan evidente como ordenar que se haga y es un sobrecoste que no siempre queremos asumir porque los presupuestos ya están muy justos.

Para que quede claro, yo voto por liberar código de forma masiva de todos los desarrollos interesantes que paga cualquier administración, y que se fomente la cooperación entre ellas reutilizando.

¿Por qué es bueno liberar el código de Radar Covid concretamente?

Hay dos motivos mayores y uno menor, en mi opinión, para liberar esta aplicación y muchas otras similares que desarrolla un gobierno como España:

  • Generar confianza en la aplicación, ya que si podemos revisar el código podemos certificar que la aplicación hace solo lo que nos dicen.

  • Permitir a otros países que no tienen la aplicación copiar la aplicación y publicar su propia versión.

  • Por último y para mi menos relevante, liberar permite verificar la seguridad del código.

El primer motivo (generar confianza) es el más importante, cuando instalamos una aplicación le damos “permisos” en nuestro móvil, como identificarnos, ver nuestras fotos o ficheros, localizar nuestra posición, comunicarse con el exterior (internet) o comunicarse con otros dispositivos (Bluethoot). Radar Covid nos pide los siguientes permisos.

Estos permisos no son esencialmente muy diferentes de cualquier otra aplicación que los usuarios se instalan sin mayor preocupación, pero si el código está liberado podemos comprobar que el gobierno no está leyendo nuestros whatsapp para enviarlos al CNI o creando una lista de personas con las que nos relacionamos cada día. Para vuestra tranquilidad, no lo están haciendo.

¿Es imprescindible liberar el código para verificar que la aplicación no hace este tipo de cosas? No, hay métodos de análisis de la conducta de una aplicación sin necesidad de ver el código. Pero si liberas el código es más sencillo.

El segundo motivo (compartir el desarrollo) es el verdaderamente importante, tampoco es imprescindible porque otros países han liberado sus propias versiones, pero esto permitirá a países más pobres copiar el desarrollo y tener sus versiones a menor coste. Aquí hay quejas, porque se ha liberado el código pero no la documentación, de modo que reutilizarlo es más complicado, pero estos aspectos no afectan a los otros dos puntos.

El tercer motivo (seguridad del código) es el que está creando más polémica por los mensajes confusos, tenemos gente buscando “fallos del código” y gente anunciando que se están analizando “errores del aplicativo”, de momento no existe ningún error reportado relevante, lo que no ha impedido a diferentes “expertos” lanzar mensajes de alarma.

¿Cual es el error de la polémica y el manifiesto de los expertos?

El primer error es que la polémica puede crear desconfianza en la aplicación, si lanzas al público sin conocimiento técnico dudas “sobre la seguridad” habrá gente que entienda cosas que no tienen que ver con lo que en realidad estás diciendo (apuesto que algún firmante le pasa viendo la lista). La confianza una vez que se pierde es muy complicado que vuelva, así que ese debate debió ser más directo con la administración y no en los medios.

El segundo error es culpa de la comunidad informática, que se ha lanzado a una competición para encontrar “incidencias” que son en su mayoría técnicas e irrelevantes para la seguridad de la aplicación, sobre el espacio que usa la aplicación, el consumo de batería o la codificación. Esto ha generado que algunos “expertos” para darse más relevancia generen de nuevo dudas sobre posibles errores de la aplicación.

El tercer error es que liberar no es NECESARIAMENTE mejor ni para la confianza en el objeto de la aplicación ni para la seguridad.

La aplicación se ha desarrollado entre la administración, empresas reconocidas de desarrollo, Google y Apple, confiamos ciegamente en mil aplicaciones similares que no se liberan jamás.

Una aplicación no se libera para que te solucionen la seguridad del código, eso se debe verificar antes, porque la comunidad puede revisarla o no, y en todo caso la aplicación está instalada en millones de dispositivos, es posible que alguien encuentre una vulnerabilidad porque eso siempre puede pasar, pero quiero creer que esa revisión se ha hecho ANTES de publicar la aplicación y de liberar el código. No, un aficionado revisando el código en casa no va a encontrar nada.

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Después de publicar el otro día una entrada sobre los bloqueos constitucionales que existen en nuestro sistema político y de mantener que la única forma razonable era reformar la Constitución (una idea quimérica), dejé sin señalar alguna posible solución a los bloqueos.

No lo puse porque estoy cansado de leer propuestas, generalmente de reforma electoral, que se fundan en la reforma constitucional, algo que el devenir político prácticamente le ha prohibido al pueblo español. Siendo cierto esto, creo que en la posible solución que proponga, podemos profundizar en el análisis de nuestra estructura constitucional y política en torno al bloqueo.

1. Bloqueo y parálisis

Nuestra Constitución incentiva el bloqueo. ¿Por qué digo esto? Porque el coste político de bloquear una institución es prácticamente nulo, ya que hay mecanismos constitucionales y legales que lo eliminan.

En principio la consecuencia necesaria de bloquear una institución debería ser paralizarla, pero nuestra Constitución, leyes y la práctica político-administrativa han imposibilitado el bloqueo.

2. Los mecanismos de prórroga

Si no se consigue investir a un Presidente del Gobierno, entonces la ley prevé un gobierno en funciones que puede mantener viva a la Administración y los tribunales han sido generosos a la hora de interpretar las facultades del gobierno en funciones que están definidas por una Ley, no por la Constitución, y que muchos entienden que pudieran ser plenas.

La Administración, que es lo fundamental, sigue funcionando sin alteración y la vida de los ciudadanos no se ve afectada por tener un gobierno en funciones.

Además el gobierno en funciones, que no tiene capacidad de presentar proyectos de Ley, sí tiene el instrumento del Decreto-Ley que es tanto una forma de innovación legislativa como un modo de iniciativa legislativa (ya que el Congreso puede decidir el trámite como proyecto de Ley). Junto a ello está intacta la capacidad de iniciativa de los grupos parlamentarios.

Pero si las garantías antes señaladas para que no haya coste social ni político del bloqueo institucional parecen pocas, la propia Constitución prevé la disolución automática de las Cortes en caso de no haber investido un Presidente tras dos meses después de la primera votación y la convocatoria de elecciones. De hecho bloquear puede ser lo mejor que se haga cuando se tienen buenas perspectivas electorales en caso de disolución automática.

Nuestra Constitución establece la prórroga automática de los Presupuestos Generales del Estado para que, si los nuevos no están aprobados cuando termine la vigencia de los últimos, permanezcan en vigor y todas las administraciones y todos los servicios cuenten con los cauces oportunos de financiación. Teniendo en cuenta que siempre caben modificaciones parciales de los Presupuestos prorrogados, incluso a través de Decreto-Ley, los efectos nocivos de la no aprobación de los Presupuestos Generales del Estado en su momento se amortiguan. Si hubiera un cierre, los incentivos para no aprobar los Presupuestos disminuirían.

Constitucionalmente los magistrados del Tribunal Constitucional tienen un mandato de nueve años. En 2007 se modificó el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional añadiendo un apartado tercero que establecía la prórroga automática del mandato de los magistrados si no se había producido la renovación en tiempo y forma. Esto evita la parálisis del Tribunal o que tenga que operar con un número muy reducido de magistrados, pero no desincentiva el bloqueo.

El mandato de cinco años de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no concluye el día que llega a esos cinco años, pues si la cámara que lo ha elegido o las dos cámaras no ha realizado la elección cuando llegue esa fecha, el mandado queda prorrogado. A falta de previsión constitucional en 2013 se estableció así en el artículo 570 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El CGPJ sigue ejerciendo sus funciones sin ningún límite a pesar de tener un mandato prorrogado, como sucede en el Tribunal Constitucional. Bloquear la renovación del CGPJ no tiene ningún coste en término de parálisis.

3. La ambivalencia de la prórroga

Nuestra Constitución establece la prórroga presupuestaria y una amplia continuidad del gobierno para evitar el cierre de la Administración, esto es, para que una crisis política no desemboque en un cierre de la Administración y que servicios fundamentales como la Sanidad, la Educación o la Seguridad Ciudadana dejen de prestarse porque no hay dinero presupuestado con el que pagar a sanitarios, docentes, policías o guardias civiles, ni para mantener la infraestructura activa.

Entiendo que los constituyentes establecieron estas dos prórrogas precisamente para que un bloqueo político no tuviese duros efectos sobre la ciudadanía y que la presión para que no haya cierre, ejercida por un grupo sin mucha conciencia, le dé ventaja negociadora a unos sobre otros. El legislador orgánico ha seguido este principio, en una interpretación teleológica de la Constitución, al establecer las otras dos prórrogas indicadas.

Esta elección de los constituyentes, absolutamente defendible, tiene su coste que es la institucionalización de la prórroga al crear minorías de bloqueo no difíciles de alcanzar (sólo es necesario un actor) y que el bloqueante no suele tener ningún “castigo”.

4. ¿Hay alternativas?

Naturalmente hay alternativas. Existen caminos intermedios entre la prórroga sin fin y el cierre. Se pueden enunciar varios intermedios, aunque yo solamente voy a mencionar algunos sobre los que he pensado, aunque desgraciadamente requerirían reforma constitucional.

En la cuestión de la investidura cabe adoptar el sistema vasco-asturiano que es más difícil de bloquear y genera fuertes incentivos para el acuerdo. Este sistema admite una pluralidad de candidatos a la investidura y los diputados pueden votar a unos de los candidatos o en blanco, saliendo elegido el que en la primera ronda obtenga la mayoría absoluta y en la segunda ronda el más votado. Intentar bloquear la investidura no tiene sentido, porque se facilitaría la investidura del oponente.

Respecto a los Presupuestos Generales del Estado cabe recoger la solución a los bloqueos presupuestarios que se da en el ámbito municipal (art. 197 bis. 5 LOREG) que permite a los alcaldes unir los presupuestos a una moción de confianza, de forma que en el caso del rechazo de los presupuestos se habrá de presentar y prosperar una moción de censura al alcalde en el plazo de un mes. En el caso de no presentarse o no prosperar, los presupuestos se entenderán aprobados y el alcalde dotado de confianza por la corporación. La inspiración tomada del tercer párrafo del artículo 49 de la Constitución de la V República Francesa es evidente. Una solución de este tipo podría plantearse a nivel nacional.

Las mayorías exigidas para la renovación del Tribunal Constitucional son extremas y más para un organismo que se renueve una tercera parte cada tres años, de modo que un vuelco en su composición no es posible, salvo que se acumulen renovaciones pendientes. Exigir mayoría absoluta podría ser una buena idea, porque amplias los posibles acuerdos y desincentivas los bloqueos, al poderse el bloqueante quedar fuera del acuerdo. En el caso de una renovación por tres quintos el mandato podría ser superior a si se hace por otra mayoría, incentivando así los grandes acuerdos.

Algo similar podría hacerse en el CGPJ, aunque no estaría de más que la renovación no fuera total.

5. En definitiva no hay que elegir entre un sistema político basados en las prórrogas automáticas y la falta de incentivos a pactar o la amenaza del cierre de las instituciones o el fin de las disponibilidades presupuestarias. Los acuerdos pueden ser incentivados de múltiples formas como un mandato más prolongado y desincentivados por la posibilidad de una mayoría menor. Un sistema político maduro no debe permitirse convertir en normal lo que son mecanismos de seguridad, por si falla los procedimientos ordinarios.

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La Guerra de Independencia de los Estados Unidos no fue un proceso con dos bandos perfectamente definidos, los partidarios de la independencia y los partidarios de continuar bajo la Corona británica. Había personas y grupos que se pasaron de ambos alguna vez, así como un conjunto no pequeño que le traía sin cuidado la independencia o no de las colonias.

Durante la Guerra, los gobernadores de los nuevos estados tuvieron que hacer frente a situaciones insurreccionales dentro del territorio por ellos controlado. Thomas Jefferson, durante su mandato como gobernador de Virginia, que era el más grande y poblado de los estados, tuvo que hacer frente a toda la variedad posibles de actos de desobediencia, motín o revuelta, además del conflicto bélico contra los británicos.

A uno de los coroneles de la milicia del estado le escribió en abril de 1781 lo siguiente:

“La mejor manera para ellos tal vez sea no ir contra los amotinados cuando estén todos juntos, lo que quizás provocaría una rebelión abierta o, con toda seguridad, un derramamiento de sangre. Hay que hacerlo cuando se hayan dispersado: ir y sacarlos de sus camas, uno a uno y sin ruido. Si no se les encuentra la primera vez, ir una y otra vez para que nunca puedan permanecer tranquilos en casa.”

El recuerdo de las Elecciones Presidenciales en Bielorrusia se diluye. Hay masivas manifestaciones dominicales que van perdiendo novedad. No pasa nada nuevo y eso te hace perder tiempo en los informativos extranjeros. Parecía que Lukashenko iba a actuar como hacen habitualmente los autócratas, disolviendo violentamente las manifestaciones y creando una situación socialmente insostenible que iba tensionar a las fuerzas del orden y al ejército pero básicamente ha dejado discurrir las manifestaciones.

La oposición se manifiesta los fines de semana y Lukashenko reprime los días laborables. Decenas de opositores son detenidos e interrogados sin cámaras, ni manifestantes, ni nada ningún oposición. Es de suponer que estos regímenes han encontrado en las redes sociales y en la telefonía móvil una forma excepcional para trazar los contactos de la oposición y los detenidos no tienen ni que desvelar sus compañeros. Solamente los opositores más destacados, como la Nobel Svetlana Alexiévich, cuentan con la “escolta” de embajadores y la atención de los medios.

Es posible que las sanciones que se tomen no sean las clásicas consistentes en larguísimos periodos de detención, con todo tipo de maltrato. Los opositores de mayor significación se irán del país y el resto verá que su relación con el Estado se complica a la hora de realizar cualquier trámite, conseguir un trabajo o ascender, en una economía altamente estatalizada como la bielorrusa.

El mundo está dejando de mirar a Bielorrusia, como ha hecho durante muchos años, sencillamente porque no pasa nada, al no caer Lukashenko en la tentación de una represión clásica. Los movimientos fundados en la no violencia se están encontrando con un obstáculo, que no es otro que se sabe perfectamente que la no violencia funciona únicamente cuando hay un enemigo violento y unos espectadores determinados a intervenir. Si la no violencia es respondida con no violencia (lo que no quiere decir que no haya represión), sus posibilidades de éxito se esfuman. No es nada nuevo: ya lo decía Thomas Jefferson a finales del siglo XVIII.

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“Yo era un diputado de mierda por una sórdida, vacía y aburrida provincia”, así me ha sonado la explicación de Pablo Casado respecto de su posición dentro del Partido Popular cuando ocurrían los hechos que están dentro de la investigación denominada “Kitchen”. Casado ha dicho que él sólo era “un simple diputado por Ávila”, lo que mi cerebro ha traducido por lo anterior.

No tengo elementos para decir que Casado estaba o no estaba dentro de los círculos que presuntamente decidieron utilizar medios policiales para espiar a Bárcenas. Si él lo niega, he de creerle, pero no debe mentir y decir lo que ha dicho.

En primer lugar porque no hay simples diputados, porque un diputado representa a una provincia y al país al completo y él debería ser conciente de ellos. En segundo lugar porque Pablo Casado era algo más que un diputado, ya que ocupaba una alta jerarquía dentro del Partido Popular.

¿Quiere esto decir que lo sabía? No necesariamente. Pero él podía haber dicho que estaba fuera de esos grupos de decisión si los ha habido, que nunca se habló en su presencia de esos presuntos delitos, que sus funciones eran tan distante que nunca se relacionada, más allá de la cortesía, con las personas involucradas. Podía haber dicho muchas cosas, pero eligió una forma grosera que levanta más sospechas que dudas disuelve.

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Es fácil para un político de derecha español ser moderado. Basta con decir una vez que algo que ha dicho Vox es inaceptable y antidemocrático y conseguirá haber dicho una verdad y ser considerado un “moderado”.

Una de esas moderadas de la derecha es Ana Pastor Julián. Además de haber sido ministra, Ana Pastor fue la primera persona que presidía el Congreso siendo a la vez miembro de un partido de la oposición, hecho que se dio con la aprobación de la moción de censura de 2018. Esta situación si se había dado en el Senado.

Pero no sólo Ana Pastor siguió siendo presidenta del Congreso, sino que en la mesa del Congreso el PP y C’s tenían mayoría absoluta. La mesa del Congreso es un órgano que tiene funciones directivas y organizativas, pero nunca legislativas, de modo que un ejercicio de sus funciones suplantando a la cámara o impidiendo a la cámara el ejercicio de su potestad legislativa ha de ser considerado ilegítimo.

La mesa del Congreso, presidida por Pastor, impidió que un número no pequeño de propuestas legislativas llegasen a ser votadas en el pleno del Congreso ampliando sin límite el plazo para presentar enmiendas. A través de este truco procedimental, propuestas legislativas que contaban en el pleno con la mayoría suficiente para ser aprobadas se quedaban paralizadas indefinidamente.

Impedir al pleno ejercer su potestad legislativa es un ejercicio ilegítimo de los poderes dados por el Reglamento y supuso una grave alteración del sistema establecido en la Constitución, al imponerse los representantes de una minoría a los representantes de una mayoría.

Por ello la caracterización de moderada de Ana Pastor me produce una profunda desorientación constitucional, porque ella encabezó un órgano que pervirtió la regla de la mayoría.

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Nicolás Maduro ha excarcelado a varias decenas de opositores y, al poco, hay una fuerte confrontación interna entre el grupo liderado por los excarcelados y el grupo de la oposición que no ha estado en prisión. Unos creen oportuno participar en las elecciones legislativas y los otros consideran que esa participación no hace más que legitimar al sistema imperante. No voy a entrar en el proceloso y siempre peligroso mundo de la política venezolana, sino que me interesa este ejemplo para observar un patrón, que por conocido no deja de merecer una reflexión.

Cuando quien tiene el gobierno efectivo, tiene en prisión a un grupo de opositores, posee una arma para desestabilizar a la oposición (si no está en las catacumbas) en el momento que desee. Aquéllos que gastan años de su vida en prisión por una causa se consideran merecedores de una posición privilegiada en la toma de decisiones cuando salen del encarcelamiento. Y cuando recobran la libertad quieren hacer valer sus méritos frente a los que, con mejor o peor vida, han conservado su libertad, el trato con su familia y, en definitva, han podido seguir con sus vidas.

El sentido de la política de los excercelados puede orientarse a una línea dura o a una línea blanda, pero encontrará la forma de colisionar con la dirección opositora, porque en el fondo se trata de determinar quién se ha ganado el liderazgo con el sufrimiento de la cárcel y quién lo ejerce sin esos méritos.

Las direcciones opositores, cuando reciben a los excarcerlados, tienen una ventaja determinante sobre ellos, que no es otra que la de haber tenido tiempo para establecer una red de apoyos sobre el terreno que los presos no han podido mantener o establecer. Así pueden conseguir, si el encarcelamiento ha sido largo, que los excarcelados parezcan fósiles políticos vivientes, desconectados de las personas a las quieren representar y liderar (y será así). Esta circunstancia varía si una facción importante ha sido liderada desde la prisión o al menos sus vicarios han sido eficientes y leales.

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Hoy La Vanguardia publica una pieza en la que dice que a Pablo Casado no le preocupa Vox porque entiende que llegados a las urnas, ante la posibilidad de gobernar, los votantes de derecha preferirán apoyar a los popular unificando el voto (voto útil), frente a dividirlo introduciendo la papeleta de Vox.

Esta estrategia es la adecuada si eres el partido mayoritario del sector del espectro político llamado a ejercer el voto útil. En el caso de que los indicios políticos indicaran que Vox podría superar al PP en las urnas, entonces el voto útil podría tornarse, porque el votante útil le interesa ante todo la victoria, no quien gana.

Si el PP se juega en las próximas elecciones su papel hegemónico en la derecha, en lo que serán unas elecciones vitales, las elecciones más importantes del PSOE, desde 1977, no fueron las de 1982, o las de 2004, sino unas elecciones que se perdieron, las de 2016.

Tras los resultados de 2015 fue imposible que Podemos apoyara el acuerdo entre PSOE y Ciudadanos. Además de las diferencias ideológicas con los de Rivera, Había un serio cálculo electoral. Pablo Iglesias ya había negociado con Alberto Garzón la coalición entre Podemos e IU, la cual inevitablemente iba a suponer que en la repetición de las elecciones por no investir a un Presidente, la coalición de IU y Podemos iba a superar al PSOE como primera fuerza de la izquierda.

La abstención de medio millón de votos de IU hizo imposible el “sorpasso” y por poco, el PSOE siguió siendo la fuerza con más votos y escaños en la izquierda. Si el plan de Iglesias y Garzón hubiera sido coronado con éxito la referencia políica y mediática d ela izquierda hubiera quedado en sus manos y todos les hubieran reconocido como la fuerza destinada a formar gobierno en el caso de una mayoría de izquierda.

Naturalmente la coalición entre Podemos e IU oba a poder reclamar el voto útil, que tantas veces ha pedido el PSOE, y llevarse esa importante porción del electorado que vota a las posibilidades de gobernar. El PSOE habría quedado como socio menor y es posible que el proceso se hubiera reproducido en muchas de las regiones.

Durante la larguísima campaña electoral que fue desde las elecciones de 2015 a las de 2016, los de Podemos se quejaban que desde el PSOE se hacía campaña contra ellos y no contra el PP, que era el partido en el gobierno y que era la táctica seguida por los socialistas en 2015. Podemos había desarrollado la idea del “Régimen del 78” que servía para atacar al PP, pero sobre todo al PSOE como cómplica del PP.

En esa ocasión el PSOE decidió no enfrentarse tanto a los populares, como a guardar su retaguardia. No iban a ganar esas elecciones, pero no podían quedar terceros. Quedar terceros podíoa producir una crisis interna mayor que la que llegaría el 1 de octubre de 2016.

Las elecciones son caprichosas y muchas veces el triunfo o la derrota no es solamente ser el que tiene mejor resultados y/o capacidad para gobernar.

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La captura anterior es una noticia de hoy de El País. Dice la redactora que el sistema de contratación es un galimatías y en el reportaje lo es, porque parece que la periodista no se ha enterado de mucho y que las distintas administraciones educativas le han vendido todas las burras. Tener periodistas especializados, por ejemplo en Educación, en un medio que pide 10€/mes por una suscripción digital, debería ser un imperativo. Y claro la redactora habla con las administraciones educativas y otros actores del sistema y cada cual le vende su burra, que acaba reflejaba en el texto.

Las plazas que no se han obtenido a través del concurso-oposición se cubrenpor medio de un procedimiento conocido como “bolsas de trabajo”. Es un procedimiento reglado que primero criba que los candidatos reúnan los requisitos y luego los ordena en función de sus méritos. Lo habitual es que haya una bolsa por especialidad, o incluso sub-especialidad, y cada una de ella tenga miles de integrantes. Puede suceder que en una especialidad haya pocos candidatos, pero no deja de ser una excepción. Cuando hay plazas vacantes para cubrir, se llama a los candidatos de la bolsa por orden.

¿Por qué si las administraciones tienen en casi todas las especialidades más candidatos que plazas vacantes a ofertar hay esa desesperación? La única respuesta que se ocurre es que quieran ahorrarse el sueldo del 1 de septiembre al 15 de septiembre y que esos profesores se incorporen el primer día de clase. En Andalucía está prevista una adjudicación masiva para los candidatos de las bolsas el día 14 y estos llegarán a los centros el primer día de clase.

Están haciendo lo que las administraciones educativas hacen siempre: racanear. Un racaneo consistente en no sustituir a profesores hasta que han pasado varias semanas (pese a que la normativa ya no lo exige) en nombrar a los profesores de las bolsas el día de antes o en esperar que una clase supere la máxima “ratio” legal para dotar una nueva unidad.

A las administraciones educativas se le están viendo todas las vergüenzas. Al menos la prensa no debiera encubrírselas.

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El otro día hablaba de que la retórica del “1 contra 17” encerraba una concepción bastante ridícula de la realidad. Que ello sea así no quiere decir que no sea efectivo y ello explica que se use tanto.

Hubo una época en las que los candidatos iban a la televisión a contestar preguntas de ciudadanos. Recuerdo que a un presidente autonómico que se presentaba nuevamente le preguntaron que si la obra de la calle de al lado de su casa iba a tardar mucho en terminar. Una obvia actuación municipal. Era una encerrona porque, por ser presidente regional, la persona le atribuía un poder absoluto sobre cualquier acción pública en su territorio y si él decía que no era su competencia, parecería que estaba intentado esquivar el problema.

Y ya Bagehot en su The English Constitution ve en la simplificación del proceso político una de la funciones de la Corona. Un sistema político lleno de comités y acciones complejas, es resumido como voluntad de la Corona o del Primer Ministro de la Corona. Así se explican concatenaciones de acciones de muy difícil comprensión por la atribución a uno.

Es más fácil entender el ejercicio de la política como un ente unitario con un solo actor responsable de él, que explicar la realidad tal y como es y ver que hay actores que normalmente comparten funciones, que se ponen límites, que necesitan colaborar, que hay actos con vetos relativos y en ocasiones absolutos, que hay grupos de interés, ciudadanos afectados, ciudadanos cuyos intereses son los contrarios a los de otros y un sin fin de variables que hacen muy complejo el sistema político.

Siendo la simplicidad lo sencillo cognoscitivamente, no es lo verdadero en la mayor parte de las ocasiones. Desde fuera todos saben hacer mejor que nosotros nuestro trabajo, pero cada cual en su faceta profesional percibe complejidades que el externo no imagina.

La realidad es compleja y la política, como parte de la realidad también. Siempre habría especialistas, como en todas las áreas que abarquen amplias zonas de problemas, pero eso no debería ser excusa para que los ciudadanos no sean introducidos al menos básicamente en lo complejo. ¿Por qué? Porque la política nos gobierna y en un sistema democrático participamos de ellas. Un mínimo bajo la superficie sería muy útil socialmente porque, al menos, nos permitiría exigir responsabilidades a los responsables y no al uno.

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