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Archive for the ‘Diseño de Jugadas’ Category

Albert Rivera ha manifestado que su carrera política se hundió el día que levantó el veto al PSOE para formar gobierno. Ese veto fue un error, porque hoy podría ser Vicepresidente del Gobierno, con una coalición sostenida en una mayoría absoluta en el Congreso y, aunque el electorado suele castigar a los socios menores de las coaliciones, el partido hubiera estado en mejor posición que la que le dejó como herencia tras las Elecciones Generales de noviembre de 2019.

Como indican en El País, Rivera obvia por incómodas para su versión determinadas circunstancias, especialmente que el partido caía como un plomo en todas las encuestas, cuando se decidió a levantar el veto. La segunda circunstancia era que sus condiciones eran una trampa mortal para el PSOE días antes de las Elecciones, porque estaban llenas de posibles conflictos sociales que afectarían al núcleo de votantes socialistas, así como una serie de propuestas que requerirían la reforma constitucional.

La tercera circunstancia, relacionada con la primera, es que una parte de los votantes de Ciudadanos no eran reformistas, ni liberales, ni querían tocar nada del sistema económico o social. Rivera había estado alimentando un discurso identitario español, fundado en la oposición básicamente al nacionalismo catalán, y ahora toda esa masa de votantes habían encontrado alguien que era lo que ellos esperaban: identidad sin pagar peajes progres como el matrimonio homosexual o el aborto. Y los pactos madrileños y andaluces los avalaron, algo de lo que Rivero no se ha dado nunca cuenta.

Esos electores los había perdido antes de levantar el veto, aunque fuera de esa forma que a nadie le dio la impresión de que lo hiciera. Rivera ha sido un funesto estratega que siempre hacía lo contrario que decía, porque en vez de superar la polarización, hizo todo lo posible por intensificarla al máximo posible, hasta que los verdaderos expertos en polarización se llevaron a su público.

Es cierto que Ciudadanos, como partido, tiene muchas propuestas con las que se puede estar o no de acuerdo, pero que aportan ideas al debate político. De eso no cabe duda. Pero es igualmente cierto que el liderazgo de Ciudadanos se ha dedicado a hacer una política a la contra y ese tipo de política se hace mejor desde los extremos del espectro político, con personajes como De Quintos o Girauta.

Nadie se ha creído tanto, sin haber sido nada, pero casi haberlo sido todo. Otro cadáver político más que deja Pedro Sánchez cuando parece que está acorralado.

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La Comunidad de Madrid pide un trato especial sobre el hecho diferencia de ser más España que nadie, de que todo el mundo tiene familia en Madrid (yo no) o que va a la capital a ver un musical u otro espectáculo (yo tampoco por ahora). Los populares madrileños barruntaban que no querían ser una comunidad como las otras y que están deseosos de un régimen diferenciado respecto de las otras comunidades, especialmente de las más pobres.

Están en su derecho, pero la cuestión es cuanto resultará sostenible para el PP este regionalismo madrileño, que antes era neocentralismo. En este aspecto hemos de diferenciar la retórica y la realidad. En la retórica, el discurso con el que te presentas a las elecciones, los populare siempre han sido favorables al uno frente a diecisiete, aunque en la realidad han mantenido un fuerte programa autonomista llevando al Constitucional numerosas leyes por violar las competencias de las CCAA, provocando uno de sus recursos uno de los mayores seísmos compentenciales que se recuerdan. Pero en política la retórica prima. y de lo que hablaremos.

El PP siempre ha hecho de la retórica contra los hechos diferenciales uno de sus caballos de batalla fundamentales. Buena parte de sus electores tradicionales, ahora muchos en Vox, les votan para parar a los nacionalistas y en el deseo de un Estado central más fuerte y unas comunidades más débiles o incluso desaparecidas. Con habilidad algunos han disfrazado de “igualdad ilustrada” lo que no era Jacobinismo de derechas, sino una simple pretensión de homogeneización social y cultural, basada más en el dominio que en la igualdad de derechos.

La reivindicación del hecho diferencial para Madrid solamente se basa en que Madrid es diferente porque es más rica (como también otros hechos diferenciales) y por ello merece un tratamiento diferenciado respecto al resto del país. Así Cataluña, Euskadi, Navarra y Madrid tendrían un sistema económico y político “ad hoc”, no compartido con el resto del país.

Puede ser una propuesta excepcional para arrasar en la Comunidad de Madrid, pero es pésimo para los populares en el resto de España. Decíamos que la retórica popular era centralista, pero no su proceder. ¿Qué quiero decir con ello? Que los cuadros del PP en las restantes regiones pueden convertir su proceder autonomista en retórica y comenzar todos ellos a jugar la carta del regionalismo, incluso contra Madrid que se convertiría en una entidad extraña como sus tres compañeras de viaje y sin Bildu que lo enmascare todo como en Navarra.

Anda Juanma Moreno anunciando que monitorizará (no dice cómo) las segundas residencias en Andalucía, propiedad de madrileños, para evitar un éxodo en caso de que el confinamiento en la CAM se extienda. Moreno lo hace no porque pueda hacerlo, sino para tener un mal exterior y en este caso es la Comunidad de Madrid, orgullo e insignia de su partido. Madrid y los madrileños se han convertido en un amenaza para sus votantes e intenta sacar tajada de ello.

Un gobierno regional en la CAM insistiendo en privilegios, será el nacimiento de movimientos regionalistas de derecha por el sencillo hecho de que la política madrileña es política nacional y todas sus intenciones, declaraciones y decisiones serán del dominio general de forma instantánea. La alternativa al regionalismo de derecha es la extrema derecha.

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El comunicado conjunto del Gobierno de España y del gobierno regional de Madrid es la expresión del fracaso de éste último y de la necesidad de recurrir a Gobierno de España como garante ante la incapacidad de Ayuso y los suyos. El Gobierno de España no ha tenido más remedio que crear una series de órganos bilaterales (realmente novedosos) que sean los que tomen las decisiones que firmen Ayuso y sus consejeros, al no haber habido un 155 formal.

Cuando el Gobierno del España tiene que recurrir a este tipo de acciones es porque el comportamiento del gobierno regional no es solamente lesivo para los ciudadanos de la CAM, sino peligroso contra la totalidad de España.

Es laudable que que se haya optado por una vía indirecta de intervención en la CAM para no alterar aún más la vida política y aumentar la polarización con la medida que podría haberse tomado.

Era perfectamente legítimo que el PP eligiera a la CAM como modelo de gestión para hacer oposición a la coalición de PSOE y UP, pero es lamentable que el fracaso de esta gestión haya devenido en una defensa a ultranza del desastre. Una solución, intermedia y menos intensa de lo deseable, pero elegante e institucionalmente respetuosa, es lo que el Presidente del Gobierno ha buscado frente a quiénes solamente se guiaban por la necesidad de oponerse a él sin tener en cuenta la salud en su región.

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Los validos eran enormemente útiles para los reyes, no porque hicieran todo el trabajo que a ellos le competía, que lo hacían, sino porque les dejaban inmune a toda crítica. Los buenos resultados de las decisiones podían ser otorgados al rey y los malos, como señala Elliot, pueden ser atribuidos a un mal consejo del valido o que el valido engaña a un rey bueno, pero al que este malvado personajo no le deja conocer.

Todos los políticos hábiles se rodean de escudos y los más hábiles destacan a uno sobre ellos para que sea el centro de todos los ataques. Es fácil caer en un trampa tan antigua, porque generalmente estos validos suelen ser personas que emplean la palabra para exasperar al adversario, altivas y con ganas continuas de pelea. Hacen todo esto conscientemente y lo hacen para atraer a los adversarios sobre él.

Lo peor que le puede pasar a una oposición es vencer al valido, porque pensará que ha dejado tocado al líder y no, el líder está intacto porque no ha recibido el mínimo ataque. En caso necesario, un líder absolutamente cínico, se refiere al sujeto caído como “ese señor del que usted me habla” y sigue adelante.

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Durante días en FiveThirtyEight estimaba en un 1% las posibilidades del empate entre Trump y Biden (ahora no), de modo que me pareció interesante ver qué hubiera pasado en caso de no haber habido mayoría en el Colegio Electoral en las últimas cinco elecciones.

La XII Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, nacida tras la tremenda crisis constitucional ocasionada por las Elecciones Presidenciales de 1800, establece que si ninguno de los candidatos votados por el Colegio Electoral pudiera conseguir la mayoría absoluta de los votos, 270 votos, la elección del Presidente de los Estados Unidos pasa a ser responsabilidad de la Cámara de Representantes y la del Vicepresidente del Senado.

Como es de general conocimiento, el mismo día en el que se elige a los miembros del Colegio Electoral, se hace lo propio con la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio de los senadores, de modo que los representantes y senadores electos con los senadores que permanecen en su puesto forman un nuevo Congreso. El próximo 3 de noviembre será electo el 117º Congreso.

Dado que el Congreso ha de reunirse el día 3 de enero (sección 2 de la XX Enmienda) y que el escrutinio por parte del Congreso en sesión conjunta ha de realizar el día 6 de enero (3 US Code 15), está claro que es el Congreso renovado el encargado de realizar la elección del Presidente y del Vicepresidente, y no el saliente.

En estas elecciones se vota por estados, es decir, el voto de cada uno de los estados es el mismo, uno, y desaparece la capacidad electoral de Distrito de Columbia. De este modo el voto de cada estado dependerá de qué partido sean los representantes o senadores que forman su delegación congresual. Es de suponer que en una situación como ésta nos encontraríamos ante un “party-line vote”, es decir, cada cual vota al candidato de su partido.

¿Qué hubiera sucedido en las últimas cinco elecciones presidenciales en el supuesto de que no hubiera habido mayoría en el Colegio Electoral pero no hubiera habido variación en la elección del Congreso?

Como puede comprobase en las cinco elecciones los candidatos que fueron presidentes, tenían la mayoría necesaria (26 estados) a la hora de conseguir los votos suficientes para ser elegido presidente.

Pero la elección vicepresidencial se torna más compleja. En el Senado cada estado solamente tiene dos senadores, de forma que no es difícil que uno sea de un partido y el otro del partido contrario, produciendo un empate y la imposibilidad de determinar el voto del estado en la elección vicepresidencial. Muchos estados estarían indeterminados.

En ninguno de los congresos elegidos a la vez que los electores del Presidente, ningún candidato vicepresidencial hubiera logrado la mayoría necesaria, de modo que habría tenido que haber algún tipo de negociación o la cesión a favor de quien formaba ticket con el que iba a ser elegido en la Cámara de Representantes.

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En el caso de los independientes, no hemos guiado para atribuirles un voto por el partido con el que hacían “caucus” en el Congreso.

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Después de publicar el otro día una entrada sobre los bloqueos constitucionales que existen en nuestro sistema político y de mantener que la única forma razonable era reformar la Constitución (una idea quimérica), dejé sin señalar alguna posible solución a los bloqueos.

No lo puse porque estoy cansado de leer propuestas, generalmente de reforma electoral, que se fundan en la reforma constitucional, algo que el devenir político prácticamente le ha prohibido al pueblo español. Siendo cierto esto, creo que en la posible solución que proponga, podemos profundizar en el análisis de nuestra estructura constitucional y política en torno al bloqueo.

1. Bloqueo y parálisis

Nuestra Constitución incentiva el bloqueo. ¿Por qué digo esto? Porque el coste político de bloquear una institución es prácticamente nulo, ya que hay mecanismos constitucionales y legales que lo eliminan.

En principio la consecuencia necesaria de bloquear una institución debería ser paralizarla, pero nuestra Constitución, leyes y la práctica político-administrativa han imposibilitado el bloqueo.

2. Los mecanismos de prórroga

Si no se consigue investir a un Presidente del Gobierno, entonces la ley prevé un gobierno en funciones que puede mantener viva a la Administración y los tribunales han sido generosos a la hora de interpretar las facultades del gobierno en funciones que están definidas por una Ley, no por la Constitución, y que muchos entienden que pudieran ser plenas.

La Administración, que es lo fundamental, sigue funcionando sin alteración y la vida de los ciudadanos no se ve afectada por tener un gobierno en funciones.

Además el gobierno en funciones, que no tiene capacidad de presentar proyectos de Ley, sí tiene el instrumento del Decreto-Ley que es tanto una forma de innovación legislativa como un modo de iniciativa legislativa (ya que el Congreso puede decidir el trámite como proyecto de Ley). Junto a ello está intacta la capacidad de iniciativa de los grupos parlamentarios.

Pero si las garantías antes señaladas para que no haya coste social ni político del bloqueo institucional parecen pocas, la propia Constitución prevé la disolución automática de las Cortes en caso de no haber investido un Presidente tras dos meses después de la primera votación y la convocatoria de elecciones. De hecho bloquear puede ser lo mejor que se haga cuando se tienen buenas perspectivas electorales en caso de disolución automática.

Nuestra Constitución establece la prórroga automática de los Presupuestos Generales del Estado para que, si los nuevos no están aprobados cuando termine la vigencia de los últimos, permanezcan en vigor y todas las administraciones y todos los servicios cuenten con los cauces oportunos de financiación. Teniendo en cuenta que siempre caben modificaciones parciales de los Presupuestos prorrogados, incluso a través de Decreto-Ley, los efectos nocivos de la no aprobación de los Presupuestos Generales del Estado en su momento se amortiguan. Si hubiera un cierre, los incentivos para no aprobar los Presupuestos disminuirían.

Constitucionalmente los magistrados del Tribunal Constitucional tienen un mandato de nueve años. En 2007 se modificó el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional añadiendo un apartado tercero que establecía la prórroga automática del mandato de los magistrados si no se había producido la renovación en tiempo y forma. Esto evita la parálisis del Tribunal o que tenga que operar con un número muy reducido de magistrados, pero no desincentiva el bloqueo.

El mandato de cinco años de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no concluye el día que llega a esos cinco años, pues si la cámara que lo ha elegido o las dos cámaras no ha realizado la elección cuando llegue esa fecha, el mandado queda prorrogado. A falta de previsión constitucional en 2013 se estableció así en el artículo 570 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El CGPJ sigue ejerciendo sus funciones sin ningún límite a pesar de tener un mandato prorrogado, como sucede en el Tribunal Constitucional. Bloquear la renovación del CGPJ no tiene ningún coste en término de parálisis.

3. La ambivalencia de la prórroga

Nuestra Constitución establece la prórroga presupuestaria y una amplia continuidad del gobierno para evitar el cierre de la Administración, esto es, para que una crisis política no desemboque en un cierre de la Administración y que servicios fundamentales como la Sanidad, la Educación o la Seguridad Ciudadana dejen de prestarse porque no hay dinero presupuestado con el que pagar a sanitarios, docentes, policías o guardias civiles, ni para mantener la infraestructura activa.

Entiendo que los constituyentes establecieron estas dos prórrogas precisamente para que un bloqueo político no tuviese duros efectos sobre la ciudadanía y que la presión para que no haya cierre, ejercida por un grupo sin mucha conciencia, le dé ventaja negociadora a unos sobre otros. El legislador orgánico ha seguido este principio, en una interpretación teleológica de la Constitución, al establecer las otras dos prórrogas indicadas.

Esta elección de los constituyentes, absolutamente defendible, tiene su coste que es la institucionalización de la prórroga al crear minorías de bloqueo no difíciles de alcanzar (sólo es necesario un actor) y que el bloqueante no suele tener ningún “castigo”.

4. ¿Hay alternativas?

Naturalmente hay alternativas. Existen caminos intermedios entre la prórroga sin fin y el cierre. Se pueden enunciar varios intermedios, aunque yo solamente voy a mencionar algunos sobre los que he pensado, aunque desgraciadamente requerirían reforma constitucional.

En la cuestión de la investidura cabe adoptar el sistema vasco-asturiano que es más difícil de bloquear y genera fuertes incentivos para el acuerdo. Este sistema admite una pluralidad de candidatos a la investidura y los diputados pueden votar a unos de los candidatos o en blanco, saliendo elegido el que en la primera ronda obtenga la mayoría absoluta y en la segunda ronda el más votado. Intentar bloquear la investidura no tiene sentido, porque se facilitaría la investidura del oponente.

Respecto a los Presupuestos Generales del Estado cabe recoger la solución a los bloqueos presupuestarios que se da en el ámbito municipal (art. 197 bis. 5 LOREG) que permite a los alcaldes unir los presupuestos a una moción de confianza, de forma que en el caso del rechazo de los presupuestos se habrá de presentar y prosperar una moción de censura al alcalde en el plazo de un mes. En el caso de no presentarse o no prosperar, los presupuestos se entenderán aprobados y el alcalde dotado de confianza por la corporación. La inspiración tomada del tercer párrafo del artículo 49 de la Constitución de la V República Francesa es evidente. Una solución de este tipo podría plantearse a nivel nacional.

Las mayorías exigidas para la renovación del Tribunal Constitucional son extremas y más para un organismo que se renueve una tercera parte cada tres años, de modo que un vuelco en su composición no es posible, salvo que se acumulen renovaciones pendientes. Exigir mayoría absoluta podría ser una buena idea, porque amplias los posibles acuerdos y desincentivas los bloqueos, al poderse el bloqueante quedar fuera del acuerdo. En el caso de una renovación por tres quintos el mandato podría ser superior a si se hace por otra mayoría, incentivando así los grandes acuerdos.

Algo similar podría hacerse en el CGPJ, aunque no estaría de más que la renovación no fuera total.

5. En definitiva no hay que elegir entre un sistema político basados en las prórrogas automáticas y la falta de incentivos a pactar o la amenaza del cierre de las instituciones o el fin de las disponibilidades presupuestarias. Los acuerdos pueden ser incentivados de múltiples formas como un mandato más prolongado y desincentivados por la posibilidad de una mayoría menor. Un sistema político maduro no debe permitirse convertir en normal lo que son mecanismos de seguridad, por si falla los procedimientos ordinarios.

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La Guerra de Independencia de los Estados Unidos no fue un proceso con dos bandos perfectamente definidos, los partidarios de la independencia y los partidarios de continuar bajo la Corona británica. Había personas y grupos que se pasaron de ambos alguna vez, así como un conjunto no pequeño que le traía sin cuidado la independencia o no de las colonias.

Durante la Guerra, los gobernadores de los nuevos estados tuvieron que hacer frente a situaciones insurreccionales dentro del territorio por ellos controlado. Thomas Jefferson, durante su mandato como gobernador de Virginia, que era el más grande y poblado de los estados, tuvo que hacer frente a toda la variedad posibles de actos de desobediencia, motín o revuelta, además del conflicto bélico contra los británicos.

A uno de los coroneles de la milicia del estado le escribió en abril de 1781 lo siguiente:

“La mejor manera para ellos tal vez sea no ir contra los amotinados cuando estén todos juntos, lo que quizás provocaría una rebelión abierta o, con toda seguridad, un derramamiento de sangre. Hay que hacerlo cuando se hayan dispersado: ir y sacarlos de sus camas, uno a uno y sin ruido. Si no se les encuentra la primera vez, ir una y otra vez para que nunca puedan permanecer tranquilos en casa.”

El recuerdo de las Elecciones Presidenciales en Bielorrusia se diluye. Hay masivas manifestaciones dominicales que van perdiendo novedad. No pasa nada nuevo y eso te hace perder tiempo en los informativos extranjeros. Parecía que Lukashenko iba a actuar como hacen habitualmente los autócratas, disolviendo violentamente las manifestaciones y creando una situación socialmente insostenible que iba tensionar a las fuerzas del orden y al ejército pero básicamente ha dejado discurrir las manifestaciones.

La oposición se manifiesta los fines de semana y Lukashenko reprime los días laborables. Decenas de opositores son detenidos e interrogados sin cámaras, ni manifestantes, ni nada ningún oposición. Es de suponer que estos regímenes han encontrado en las redes sociales y en la telefonía móvil una forma excepcional para trazar los contactos de la oposición y los detenidos no tienen ni que desvelar sus compañeros. Solamente los opositores más destacados, como la Nobel Svetlana Alexiévich, cuentan con la “escolta” de embajadores y la atención de los medios.

Es posible que las sanciones que se tomen no sean las clásicas consistentes en larguísimos periodos de detención, con todo tipo de maltrato. Los opositores de mayor significación se irán del país y el resto verá que su relación con el Estado se complica a la hora de realizar cualquier trámite, conseguir un trabajo o ascender, en una economía altamente estatalizada como la bielorrusa.

El mundo está dejando de mirar a Bielorrusia, como ha hecho durante muchos años, sencillamente porque no pasa nada, al no caer Lukashenko en la tentación de una represión clásica. Los movimientos fundados en la no violencia se están encontrando con un obstáculo, que no es otro que se sabe perfectamente que la no violencia funciona únicamente cuando hay un enemigo violento y unos espectadores determinados a intervenir. Si la no violencia es respondida con no violencia (lo que no quiere decir que no haya represión), sus posibilidades de éxito se esfuman. No es nada nuevo: ya lo decía Thomas Jefferson a finales del siglo XVIII.

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“Yo era un diputado de mierda por una sórdida, vacía y aburrida provincia”, así me ha sonado la explicación de Pablo Casado respecto de su posición dentro del Partido Popular cuando ocurrían los hechos que están dentro de la investigación denominada “Kitchen”. Casado ha dicho que él sólo era “un simple diputado por Ávila”, lo que mi cerebro ha traducido por lo anterior.

No tengo elementos para decir que Casado estaba o no estaba dentro de los círculos que presuntamente decidieron utilizar medios policiales para espiar a Bárcenas. Si él lo niega, he de creerle, pero no debe mentir y decir lo que ha dicho.

En primer lugar porque no hay simples diputados, porque un diputado representa a una provincia y al país al completo y él debería ser conciente de ellos. En segundo lugar porque Pablo Casado era algo más que un diputado, ya que ocupaba una alta jerarquía dentro del Partido Popular.

¿Quiere esto decir que lo sabía? No necesariamente. Pero él podía haber dicho que estaba fuera de esos grupos de decisión si los ha habido, que nunca se habló en su presencia de esos presuntos delitos, que sus funciones eran tan distante que nunca se relacionada, más allá de la cortesía, con las personas involucradas. Podía haber dicho muchas cosas, pero eligió una forma grosera que levanta más sospechas que dudas disuelve.

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Nicolás Maduro ha excarcelado a varias decenas de opositores y, al poco, hay una fuerte confrontación interna entre el grupo liderado por los excarcelados y el grupo de la oposición que no ha estado en prisión. Unos creen oportuno participar en las elecciones legislativas y los otros consideran que esa participación no hace más que legitimar al sistema imperante. No voy a entrar en el proceloso y siempre peligroso mundo de la política venezolana, sino que me interesa este ejemplo para observar un patrón, que por conocido no deja de merecer una reflexión.

Cuando quien tiene el gobierno efectivo, tiene en prisión a un grupo de opositores, posee una arma para desestabilizar a la oposición (si no está en las catacumbas) en el momento que desee. Aquéllos que gastan años de su vida en prisión por una causa se consideran merecedores de una posición privilegiada en la toma de decisiones cuando salen del encarcelamiento. Y cuando recobran la libertad quieren hacer valer sus méritos frente a los que, con mejor o peor vida, han conservado su libertad, el trato con su familia y, en definitva, han podido seguir con sus vidas.

El sentido de la política de los excercelados puede orientarse a una línea dura o a una línea blanda, pero encontrará la forma de colisionar con la dirección opositora, porque en el fondo se trata de determinar quién se ha ganado el liderazgo con el sufrimiento de la cárcel y quién lo ejerce sin esos méritos.

Las direcciones opositores, cuando reciben a los excarcerlados, tienen una ventaja determinante sobre ellos, que no es otra que la de haber tenido tiempo para establecer una red de apoyos sobre el terreno que los presos no han podido mantener o establecer. Así pueden conseguir, si el encarcelamiento ha sido largo, que los excarcelados parezcan fósiles políticos vivientes, desconectados de las personas a las quieren representar y liderar (y será así). Esta circunstancia varía si una facción importante ha sido liderada desde la prisión o al menos sus vicarios han sido eficientes y leales.

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Hoy La Vanguardia publica una pieza en la que dice que a Pablo Casado no le preocupa Vox porque entiende que llegados a las urnas, ante la posibilidad de gobernar, los votantes de derecha preferirán apoyar a los popular unificando el voto (voto útil), frente a dividirlo introduciendo la papeleta de Vox.

Esta estrategia es la adecuada si eres el partido mayoritario del sector del espectro político llamado a ejercer el voto útil. En el caso de que los indicios políticos indicaran que Vox podría superar al PP en las urnas, entonces el voto útil podría tornarse, porque el votante útil le interesa ante todo la victoria, no quien gana.

Si el PP se juega en las próximas elecciones su papel hegemónico en la derecha, en lo que serán unas elecciones vitales, las elecciones más importantes del PSOE, desde 1977, no fueron las de 1982, o las de 2004, sino unas elecciones que se perdieron, las de 2016.

Tras los resultados de 2015 fue imposible que Podemos apoyara el acuerdo entre PSOE y Ciudadanos. Además de las diferencias ideológicas con los de Rivera, Había un serio cálculo electoral. Pablo Iglesias ya había negociado con Alberto Garzón la coalición entre Podemos e IU, la cual inevitablemente iba a suponer que en la repetición de las elecciones por no investir a un Presidente, la coalición de IU y Podemos iba a superar al PSOE como primera fuerza de la izquierda.

La abstención de medio millón de votos de IU hizo imposible el “sorpasso” y por poco, el PSOE siguió siendo la fuerza con más votos y escaños en la izquierda. Si el plan de Iglesias y Garzón hubiera sido coronado con éxito la referencia políica y mediática d ela izquierda hubiera quedado en sus manos y todos les hubieran reconocido como la fuerza destinada a formar gobierno en el caso de una mayoría de izquierda.

Naturalmente la coalición entre Podemos e IU oba a poder reclamar el voto útil, que tantas veces ha pedido el PSOE, y llevarse esa importante porción del electorado que vota a las posibilidades de gobernar. El PSOE habría quedado como socio menor y es posible que el proceso se hubiera reproducido en muchas de las regiones.

Durante la larguísima campaña electoral que fue desde las elecciones de 2015 a las de 2016, los de Podemos se quejaban que desde el PSOE se hacía campaña contra ellos y no contra el PP, que era el partido en el gobierno y que era la táctica seguida por los socialistas en 2015. Podemos había desarrollado la idea del “Régimen del 78” que servía para atacar al PP, pero sobre todo al PSOE como cómplica del PP.

En esa ocasión el PSOE decidió no enfrentarse tanto a los populares, como a guardar su retaguardia. No iban a ganar esas elecciones, pero no podían quedar terceros. Quedar terceros podíoa producir una crisis interna mayor que la que llegaría el 1 de octubre de 2016.

Las elecciones son caprichosas y muchas veces el triunfo o la derrota no es solamente ser el que tiene mejor resultados y/o capacidad para gobernar.

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