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Archive for the ‘Política’ Category

En los estertores del verano escribía sobre el margen de supervivencia que tenía Ciudadanos en el actual panorama político. El presupuesto era que Ciudadanos debía olvidarse de ganar elecciones para transformarse en una fuerza influyente a ambos lados de su posicionamiento político. Un reto difícil que Ciudadanos comenzó a construir y que parece que se ha bajado al retrirar su apoyo inicial a los Presupuestos.

Ciudadanos tendrá que competir por el voto desde el centro a la derecha, tras haber renunciado a ser una opción para el votante de centro izquierda. La cuestión es cuánto voto de la derecha puede quedar entre sus redes.

A estas alturas me parece inevitable que Ciudadanos vaya en coalición a las próximas Generales con el Partido Popular, en una repetición de lo que hemos visto en las Elecciones Vascas. Los populares tienen que evitar que el voto residual a Ciudadanos les quite votos (los votos de C’s que habían de irse a Vox ya se fuera y no fueron pocos) y, sobre todo, escaños en los enrevesados cocientes de nuestro sistema electoral, de forma que la pérdida pueda suponer no sumar con Vox a la hora de la investidura.

Lógicamente Casado le va a hacer a Arrimadas una oferta de esas que no se puede rechazar. En primer lugar le dejará a los naranjas tener más candidatos en puestos de salida que los escaños que Ciudadanos pueda obtener en la más optimista de sus previsiones y, en segundo lugar, le ofrecerá a Arrimadas un puesto en el Consejo de Ministros y alguna Secretaría de Estado en otro Ministerio para los suyos.

Si Casado consigue la investidura en unión a Vox, todo lo que le haya ofrecido a Arrimadas por la coalición va a parecer nada en comparación al logro. Si Casado no lo consigue, a Casado le dará igual porque estará acabado y acompañará a Hernández-Mancha en el panteón de los presidentes populares que lo lograron La Moncloa.

Pase lo que pase, porque Arrimadas no va a tener más remedio que aceptar la oferta, Ciudadanos dejará de existir como entidad política diferenciada, más allá de su subsistencia en el registro de partidos políticos.

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Esta semana se ha filtrado un chat compuesto por altos mandos de las Fuerzas Armadas en situación de reserva (jubilados). Sin lugar a dudas de todo lo dicho en ese chat, lo que más repercusión ha tenido ha sido la consideración de unos de los mandos intervinientes de que habría de fusilar a 26 millones de españoles, supongo que para dejar el país como él quiere.

Reflexionemos brevemente sobre esta afirmación:

1) Si en España hay 46 millones de habitantes, 26 millones son una holgada mayoría. De forma que este mando reconoce que lo que él piensa y representa, en su máxima extensión, es una minoría. Admite que España es otra cosa y que él va contra España.

2) El mando jubilado reconoce que las diferencias no es con Sánchez, Iglesias o cualquier líder político a la izquierda de Abascal, sino que tiene un severo problema con la sociedad española, estando dispuesto a acabar con la mayoría de ésta. Los miembros de ese chat y el que escribe esta afirmación se reconocen ajenos y enemigos de la sociedad.

3) La Transición fue fallida en muchos aspectos. Uno de ellos fueron las Fuerzas Armadas. Un generalato compuesto por militares franquistas fue sustituido por un generalato cooptado por los anteriores. Supongo que el “mainstream” militar no valora precisamente como un mérito la disconformidad con el pensamiento político expresado en ese chat.

4) Ya es hora que se tomen medidas y que se ponga fin a este sistema de reproducción de valores antidemocráticos dentro de las Fuerzas Armadas, antes que de la conciencia se pase a la acción, una acción que está siendo jaleada desde determinados sectores minoritarios pero influyentes entre los militares.

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Hace unos días, uno de los jueces que tienen cuenta de Twitter, tuiteaba en ésta sobre las idas y venidas que se dan entre la Judicatura y la Política. Se quejaba, con razón, de una regulación excesivamente laxa que puede alterar la percepción subjetiva de imparcialidad en el menos malo de los casos.

Hacer más rígida esta normativa o directamente prohibirla sería una decisión con la que estaría de acuerdo, pero creo que se queda corta. Creo que todo juez o magistrado, salvo excedencia por cuidado de familiar, debería dejar de serlo definitivamente siempre que deje el ejercicio de su función judicial o de algún puesto conexo (como enlace de cooperación en organismos judiciales internacionales) y no poder reincorporarse hasta pasado quince años y nuevamente por oposición. En definitiva, si un juez o magistrado se pasa a ejercer un cargo extrajudicial, la abogacía, la asesoría de empresas o cualquier otra actividad, perdería la toga.

Alguien podría objetar que sería discriminatorio respecto a otros empleados públicos, pero éste es un error. Los jueces y magistrados tienen un régimen laboral muy parecido al de los restantes funcionarios, pero no son funcionarios, sino que dan cuerpo a uno de los tres poderes del Estado, de forma que la exigencia puede y debe ser diferente a la de los empleados públicos.

Porque la imparcialidad, que es el verdadero valor a proteger y no la independencia (que es un mero medio) se pueden ver dañadas tanto por el traslado a la política, como a cualquier otro sector, incluso el de la enseñanza jurídica. Los jueces y magistrados deberían dedicarse solamente a ser lo que son y si quieren ser otra cosa, abandonar la toga para siempre.

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Tanto la izquierda como la derecha en España comparten el mismo anhelo: otro adversario.

La izquierda reclama una “derecha europea”, centrista y liberal. La derecha quiere una izquierda centrista y que no toque casi nada de lo establecido, más allá de un poco de folklore.

La izquierda española es la que es y la derecha española es la que es y se negociará o no dependiendo de los incentivos que las dos partes tengan para hacerlo. Actualmente muy pocos incentivos.

Cada cual es libre de desear tener el adversario que más le convenga, incluso un adversario más cercano a uno que los sectores más ideológico del espectro en el que cada cual se ubica; pero es conveniente no confundir el deseo con la realidad.

Llegar a acuerdos es importante aunque no es fundamental, porque en caso de desacuerdo tenemos el voto mayoritario como modo de decisión. Si se quiere tejer acuerdos, debe hacerse con los adversarios reales, no con los adversarios deseados. Otro asunto es que las polarizaciones políticas hagan imposible, por convicción o estrategia, tener un terreno común.

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Dejadez, desidia y pereza

El otro día Vox hizo el mayor de los ridículos cuando alguien les recordó que en su programa de 2016 propugnaban la eliminación de la educación especial y ahora atacan a la “Ley Celaá” porque entienden que la elimina. Un partido puede cambiar de opinión y argumentar ese cambio, lo cual sería legítimo y es hasta deseable, pero lo que no puede pensar que los demás son tontos diciendo que era un error tipográfico un medida absolutamente coherente con su contexto.

Pero lo más llamativo es que nadie internamente hubiera advertido de ese pinto programático a los dirigentes de Vox o que los propios dirigentes lo supieran. Da la impresión de que su programa externo es el que es (inmigrantes, España, bandera, feminazis, catalanes y vascos), mientras que el resto que las cosas la ponen de relleno, porque hay que decir un poco de todo, dando igual lo que se piense, lo que se proponga o en lo que sea crea.

Un diputado de Ciudadanos, el pasado fin de semana, reprochaba en Twitter a los diputados de Vox la absoluta despreocupación por las enmiendas al proyecto de Presupuestos Generales del Estado y les insinuaba que ya habían comenzado sus vacaciones de Navidad, algo sin duda cierto.

El trabajo parlamentario tiene dos facetas, como toda labor política: la que se ve y la que no se ve. En Vox se han dado cuenta que el trabajo que no se ve, no te da votos, de forma que han optado por no hacerlo o hacer de una forma absolutamente dejada. Se han acostumbrado a realizar la misma pregunta provincia por provincia, o dato por dato para inflar sus fichas personales en la web del Congreso.

Para ellos el Congreso es exclusivamente un plató de televisión en el que montar un número para mantener calentita a su parroquia, que es de lo que se trata.

La dejadez con lo que no se ve, que no con lo que no es importante, tarde o temprano se transmite a lo que se ve y todo el mundo termina pudiendo ver el desastre. La dejadez, la desidia y la pereza se manifestaron en todo su esplendor en la moción de censura, anunciada en julio y presentada a final de septiembre (no fueran a quedarse sin vacaciones estivales), en la que los dos intervinientes de Vox llevaron intervenciones malas, sin preparación, sin estudio, sin datos y sin conocimiento. Y sí, sé que a millones les da igual.

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La primera vez que un español oye hablar de un tal Montesquieu es en clase de Historia donde se le mencionará y se relacionará ese nombre francés con la separación de poderes, se enunciarán los de tres pero no se explicará nada más. Es posible que quien lo explique no se haya leído Del Espíritu de las Leyes. Mientras la quizá más decisiva elaboración teórica, la de John Locke, no se mencionará quizá porque si pocos profesores de Historia han leído a Montesquieu, muchos menos a Locke.

Luego llegará ese momento en las noticias donde alguien hable de Montesquieu y lo relacione con la independencia del poder judicial, porque Montesquieu parece que solamente habló de la independencia del poder judicial. También es igualmente probable que ese político, periodista o tertuliano no se haya leído una sola página de Charles Louis de Secondat.

El poder judicial para Montesquieu debe ser no permanente y ser diferente dependiendo de la persona que sea juzgada, de modo que un noble no pueda someterse a un tribunal de personas que no sean socialmente iguales a él. Debe no ser permanente, es decir, debe constituirse “ad hoc” para el caso porque así dejaría de ser un poder “neutro” (sea lo que sea lo que signifique), porque saberse a priori en posesión de la capacidad de juzgar confiere un poder suficiente como para que una clase social pueda destruir a la otra. Pensó que el fin de la República Romana se funda singularmente en que los tribunales estaban compuestos por miembros del Orden Ecuestre que con sus veredictos consiguieron doblegar a la nobleza senatorial.

Lo que ha hecho célebre a Montesquieu es una mala comprensión del sistema británico vigente en su época. Una mala comprensión que produjo una idealización. Una idealización en la que vio una especie de regeneración del gobierno gótico, el mejor para Montesquieu. Y aquí está el centro de la argumentación de Monstesquieu: la limitación al poder regio no venía de una teórica separación de poderes, sino de la existencia de cuerpos intermedios que pudieran interponerse con éxito al monarca y que éste necesitase para hacer Derecho, que sería la expresión de la colusión de intereses entre los principales grupos sociales. Montesquieu no defiende nada que no sea los privilegios de la nobleza, a la que él pertenece, y la posibilidad de ésta de refrenar al rey en caso de querer terminar con su distinta y distinguida situación jurídica y social.

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En la actualidad el Comité Olímpico Internacional exige para admitir un nuevo comité olímpico nacional que éste represente a un Estado reconocido por la comunidad internacional (Regla 30 de la Carta Olímpica). Anteriormente el criterio había sido más laxo y territorios no constituídos en Estado habían visto admitidos a sus comités nacionales con la condición de que las federaciones deportivas que lo componen fueran las únicas que operaban en su territorio (véase el texto de aplicación de las normas 27 y 28 de la Carta Olímpica..

Determinados Estados segregaron la representación olímpica de sus metrópolis y de los territorios no metropolitanos y todavía continúa esa marca en algunos de los comités olímpicos nacionales que forman parte del COI.

Lo que queda del IMPERIO BRITÁNICO, es decir, los territorios que en todo el mundo dependen del gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte presenta cuatro equipos olímpicos en representación de sus cuatro comités nacionales. Son los equipos de Gran Bretaña (883 medallas en los Juegos Olímpicos), Bermudas (1 medalla), Caimán y las Islas Vírgenes Británicas. Como nos señaló Diego González solamente en los Juegos podemos ver un equipo británico de fútbol, algo inexistente en las competiciones internacionales donde juegan por separado Escocia, Gales, Inglaterra e Irlanda del Norte.

Antiguo territorio del Imperio Británico era NUEVA ZELANDA. De los territorios bajo su jurisdicción salen dos equipos olímpicos, el de Nueva Zelanda (120 medallas) y el de las Islas Cook , que es un territorio que tiene una autonomía y el ejercicio de facultades soberanas tales como un amplio ius tractandi e incluso el ius legationis.

CHINA está representada por tres equipos olímpicos. El de la República de China, bajo de la denominación de China Taipei (24 medallas en los Juegos Olímpicos), el de Hong Kong (3 medallas) y el de la República Popular de China (608 medallas).

Los territorios bajo la jurisdicción de LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA presentan cinco equipos olímpicos. El de los Estados Unidos (2828 medallas en los Juegos), Guam, Islas Vírgenes (1 medalla), Puerto Rico (9 medallas) y Samoa Americana.

Y terminamos nuestro recorrido con los territorios bajo la jurisdicción de los PAISES BAJOS presentan dos equipos: el neerlandés (415 medallas) y el de Aruba.

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Desde la Crisis Financiera, hace ya más de diez años, se ha presentado el hecho de “convertirse en emprendedor”, traducción contemporánea de “montar un negocio”, en la salvación personal y nacional. Hubo y sigue habiendo programas y anuncios en los que te animan a ser emprendedor, si no lo eres es porque eres mala persona, sin atender a dos variables fundamentales comunes a todo el que quiera “montar un negocio”, perdón, ser un emprendedor.

La primera ha sido convertir el emprendimiento en una acción moral y psicológica: si quiero puedo. Y no relacionar la decisión de “montar un negocio” con las posibilidades reales de que el negocio prospere y genere dinero para quien lo monta. Nunca se habla de dinero, como si montar un negocio fue algo que es posible sin dinero. Y claro, hablar de dinero es hablar de avales, estudios de viabilidad y un sin fin de cosas que le quitan romanticismo al emprendimiento.

La segunda variable es la del fracaso. Nos hemos cansado de ver programa, mini-entrevista y lo que sea donde emprendedores de éxito nos explican cómo empezaron. Muy bien, ¿por qué no sacamos a los muchos que no alcanzaron ese éxito y cerraron la persiana o apagaron para siempre el ordenador? No para desanimar a quien quiera montar un negocio, sino para aclararle a quien lo desea hacer cuáles son los riesgos reales, donde se mete la pata y qué problemas hay que afrontar. Del éxito poco se aprende, si ignoramos el fracaso.

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Los electores del Presidente de los Estados Unidos deben reunirse, en el lugar y la hora que determine la legislación de su estado, el primer lunes después del segundo miércoles de diciembre de acuerdo con la legislación federal (3 US Code § 7). Este año es el 14 de diciembre.

Habrá cincuenta y una reuniones parciales de los electores que conforman el Colegio Electoral, pero ninguna de todos ellos. No es un error, sino una decisión deliberada de los autores de la Constitución. ¿Por qué?

La principal magistratura electiva en los tiempos natilicios de los Estados Unidos era la del Rey de Polonia. La historia de las intervenciones extranjeras e internas en el proceso de elección de los reyes polacos era una sucesión de lo peor que podía sucederle a un país: intrigas, sobornos, candidatos cuya principal virtud era haber sido el amante de la Zarina, reyes que se marchaban si conseguían otra corona y un largo etcétera de infamias.

A los fundadores de los Estados Unidos les aterraba la idea de que el Presidente de su nuevo país pudiera convertirse en una versión trasatlántica del rey polaco y quisieron poner medios institucionales para evitar que ello fuera así. Eran conscientes que, siendo como eran un país con recursos limitados y pocas grandes fortunas, sobornar a los electores podía salirle realmente barato a cualquier potencia de la época y tener un simpático aliado en aquella parte del mundo.

Alexander Hamilton explica en el capítulo LXVIII de The Federalit Papers señala que esta elección descentralizada impide las presiones sobre el cuerpo elector (más sencillas si está reunido en un solo lugar) y, además siendo un órgano “ad hoc” resulta más difícil preparar el terreno para su corrupción y las tentaciones a la influencia extranjera.

En la reelección sin límites veía Hamilton una acumulación de ventajas, mientras que Thomas Jefferson consideraba que las grandes potencias extranjeras solamente tendría que pujar una sola vez para conseguir que su candidato fuera Presidente, ya que consideraba que echar del puesto a un Presidente en ejercicio era prácticamente imposible (algo que él mismo comprobó falso cuando le ganó las Elecciones al Presidente Adams tras un solo mandato).

Hasta 2016 no hay una seria injerencia extranjera en las Elecciones.

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El pasado jueves, 12 de noviembre, el Presidente de la Junta de Castilla y León dictó un decreto en el que se establecen prestaciones obligatorias de carácter personal para el personal del Servicio de Salud de Castilla y León. Lo hace al amparo del artículo 11 del Real Decreto 926/2020, prorrogado por el Real Decreto 956/2020 (ahora restringido al ámbito sanitario o sociosanitario y en primavera no tenía límites la exigibilidad de acuerdo con el artículo 8.2 del Real Decreto 463/2020).

Efectivamente esta decisión trastoca lo dispuesto en otra normativa, alguna de rango legal, pero no por ello no tiene validez. El estado de alarma crea una situación excepcional en la que hay un Derecho de Excepción, que “puede excepcionar, modificar o condicionar durante ese periodo la aplicabilidad de determinadas normas, entre las que pueden resultar afectadas leyes, normas o disposiciones con rango de ley, cuya aplicación puede suspender o desplazar” (STC 82/2016), todo ello dentro de los límites constitucionales y de la Ley orgánica reguladora de los estados especiales.

No estamos acostumbrados a las prestaciones obligatorias de carácter personal porque el gran ejemplo, el servicio militar obligatorio, hace mucho que dejó de ser obligatorio. Ser miembro de una mesa electoral también es una prestación de este tipo, a la que uno no se puede negar salvo causa justificada y que no se encuentra remunerada, sino solamente indemnizados los gastos ocasionados por el servicio.

Pero sirve como ejemplo para ilustrar en qué consiste: tienes que hacer algo no en virtud de tus obligaciones delimitadas por las normas de aplicación, sino en virtud del Derecho de Excepción como en este caso o de acuerdo con la LOREG en el caso de las Elecciones. e hecho es una actividad tan obligatoria que el decreto del presidente de Castilla y León no asegura la remuneración, aunque sí prevé indemnizaciones.

Está plenamente habilitado a hacer lo que plasma en el Decreto 2/2020, porque en virtud del artículo 2.2. y 2.3 del Real Decreto 296/2020 es la autoridad delegada, puede imponer prestaciones obligatorias de carácter personal (artículo 11) y los servicios sanitarios y sociosanitarios están dentro de su gestión ordinaria (artículo 12).

De lo que sí me caben dudas es que si el responsable de la Consejería competente puede dictar “medidas específicas, pormenorizando su grado y forma de afectación” (artículo 4.2) toda vez que en el Decreto 2/2020 no establece ni siquiera de formar general estas medidas concretándola un mínimo que ulteriormente pueda ser pormenorizado.

El presidente de la Junta de Castilla y León no puede delegar una facultad que a su vez le ha sido delegada por el Gobierno de España. No puede dictar una norma habilitante en blanco para que la consejera, que no ha sido delegada, dicte las órdenes. Es una norma tan en blanco que, una vez en vigor, nadie sabe en qué consiste la prestación obligatoria de carácter personal.

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