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Archive for the ‘Política’ Category

El comunicado conjunto del Gobierno de España y del gobierno regional de Madrid es la expresión del fracaso de éste último y de la necesidad de recurrir a Gobierno de España como garante ante la incapacidad de Ayuso y los suyos. El Gobierno de España no ha tenido más remedio que crear una series de órganos bilaterales (realmente novedosos) que sean los que tomen las decisiones que firmen Ayuso y sus consejeros, al no haber habido un 155 formal.

Cuando el Gobierno del España tiene que recurrir a este tipo de acciones es porque el comportamiento del gobierno regional no es solamente lesivo para los ciudadanos de la CAM, sino peligroso contra la totalidad de España.

Es laudable que que se haya optado por una vía indirecta de intervención en la CAM para no alterar aún más la vida política y aumentar la polarización con la medida que podría haberse tomado.

Era perfectamente legítimo que el PP eligiera a la CAM como modelo de gestión para hacer oposición a la coalición de PSOE y UP, pero es lamentable que el fracaso de esta gestión haya devenido en una defensa a ultranza del desastre. Una solución, intermedia y menos intensa de lo deseable, pero elegante e institucionalmente respetuosa, es lo que el Presidente del Gobierno ha buscado frente a quiénes solamente se guiaban por la necesidad de oponerse a él sin tener en cuenta la salud en su región.

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Una de las medidas más habituales cuando se refuerzan las restricciones a causa de un rebrote de Covid-19 es cerrar los parques y jardines. Una medida sorprendente porque si de algo hay pruebas, es que la transmisión en espacios abiertos es más complicada que en espacios cerrados.

Al observar esto en Twitter el ex ministro Miguel Sebastián alguien le dijo que se hacía para evitar el botellón, lo cual no deja de ser sorprendente y penoso.

Este país llevamos décadas sin doblegar el botellón y ni siquiera en una situación pandémica se plantean las administraciones una política contundente de multas y vigilancia, prefiriendo cerrar un servicio esencial como son los parques y los jardines.

Uno no sabe si es por incapacidad, dejadez o consentimiento tácito que el botellón sigue campando a sus anchas por nuestras ciudades. Se han afrontado y solucionado problemas mayores, pero somos una sociedad incapaz de impedir que unos jóvenes beban en espacio público con las consecuencias que sabemos que tiene este comportamiento.

En varias décadas podrían haberse puesto en marcha todo tipo de mecanismos, desde los de ocio alternativo, hasta los jurídicos destinados a la coerción. Nadie puede escudarse, porque ha habido tiempo de sobra. En medio de una pandemia, el botellón es intocable.

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Los validos eran enormemente útiles para los reyes, no porque hicieran todo el trabajo que a ellos le competía, que lo hacían, sino porque les dejaban inmune a toda crítica. Los buenos resultados de las decisiones podían ser otorgados al rey y los malos, como señala Elliot, pueden ser atribuidos a un mal consejo del valido o que el valido engaña a un rey bueno, pero al que este malvado personajo no le deja conocer.

Todos los políticos hábiles se rodean de escudos y los más hábiles destacan a uno sobre ellos para que sea el centro de todos los ataques. Es fácil caer en un trampa tan antigua, porque generalmente estos validos suelen ser personas que emplean la palabra para exasperar al adversario, altivas y con ganas continuas de pelea. Hacen todo esto conscientemente y lo hacen para atraer a los adversarios sobre él.

Lo peor que le puede pasar a una oposición es vencer al valido, porque pensará que ha dejado tocado al líder y no, el líder está intacto porque no ha recibido el mínimo ataque. En caso necesario, un líder absolutamente cínico, se refiere al sujeto caído como “ese señor del que usted me habla” y sigue adelante.

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Ángel Munárriz: Iglesia S.A. Dinero y poder de la multinacional vaticana en España. Akal. Madrid, 2019

Ángel Munárriz es periodista de InfoLibre y cubre la información sobre la Iglesia Católica en este medio digital. Este libro puede ser visto como una recopilación, que en ocasiones llega a ser síntesis, de su trabajo periodístico.

Dividiría el libro en dos partes. La primera es la que trabaja sobre informaciones, hechos y datos que resulta interesante y a partir de ahí reflexiona sobre la cuestión del dinero dentro de la Iglesia Católica española.

La segunda es puramente panfletaria y se centra en introducciones históricas y presentaciones teológicas que tienen una profundidad muy escasa. Para calificar la teología de Ratzinger de alguna manera hay que haberla leído, al menos las obras más relevantes, y conocer el papel del ahora Papa emérito en el Vaticano II. Si las personas que saben un poco de política distinguen entre un conservador, un liberal o un ultraderechista, en la Iglesia hay distinciones que no son meramente nominales, porque tienen consecuencias prácticas importantes.

Hay un problema de definición del concepto (sociológico) de Iglesia. ¿Qué es la Iglesia a efectos del libro? Da la impresión de que el autor se encuentra sobrepasado en ocasiones, y es para estarlo, porque la multiplicidad de formas jurídicas o sociales que adoptan la Iglesia en cada momento es realmente abrumadora.

Pero metodológicamente es una cuestión trascendental definir el objeto de estudio. Tiene claro que son las diócesis y la Conferencia Episcopal (como periodista le da una desmedida importancia a la Conferencia), sabe que hay un universo de fundaciones, organizaciones no gubernamentales, asociaciones y hermandades que llegan a casi cualquier esquina. Atisba, y ello es una de las mayores elipsis, el sector de las congregaciones y órdenes religiosas, pero no termina por ubicarlas bien, ni siquiera cuando trata la cuestión educativa en la que la Iglesia son las órdenes y congregaciones y no las diócesis o la Conferencia Episcopal.

Cuando se refiere a la pertenencia al Opus Dei, el autor ve muy bien la existencia de pertenencias líquidas (“puede ser del Opus, sin ser del Opus”), pero no la convierte en una guía para el conjunto del libro. La pertenencias líquidas y el aire de familia wittgensteiniano son fundamentales a la hora de definir a la Iglesia española.

Parte de un presupuesto erróneo a la hora de estudiar la Iglesia española, que es la idea de que siendo la Iglesia una institución jerarquizada, todo acontece de arriba hacia abajo y hay órganos centrales de mando. Efectivamente la Iglesia se define como jerárquica, pero es una jerarquía que se usa cuando es necesaria, en momento clave, no es una continua dirección en cada aspecto.

En la materia económica la descentralización económica no es una excusa, es real, y si bien viene heredada de otras formas de organización política y social, ahora es un modo de reducir el riesgo. Si alguien tuviera el control sobre el dinero de todas las instituciones religiosas en España, un error podría ser una ruina absoluta. Ahora los errores se pagan por diócesis y no se propagan.

La idea de que la Conferencia Episcopal controla a toda la Iglesia española es errónea y se conecta con el poco manejo de las congregaciones y órdenes religiosas por parte del autor, ya que éstas tienen una jerarquía propia y una autonomía, cuando no independencia, especialmente en lo económico, bastante lejos del control de los obispos.

La idea de identificar a la Iglesia española como una filial de un Estado teocrático, el Vaticano, es una burda caricatura, justificable para estar en la portada, pero poco más. De hecho el autor habla de la oposición de determinados obispos al Papa Francisco, algo que sería imposible si el Vaticano tuviese esa capacidad de control absoluta que insinúa en otros puntos.

El hecho de que no haya centralización no quiere decir que en la Iglesia española no haya concertación en determinadas acciones y de hecho la Conferencia Episcopal es el instrumento para esa concertación, como otras conferencias y organizaciones menos llamativas pero igualmente efectivas.

Antes de entrar en lo que considero acierto, me llama la atención que el autor ponga a Alemania como modelo de separación de Iglesia y Estado en materia económica. En Alemania continúan vigentes los artículos de la Constitución de Weimar que establece a las iglesias como corporaciones de Derecho Público y le confiere, entre otros muchos, el derecho a contratar funcionarios o a la existencia de escuelas públicas confesionales. Es cierto que pueden cobrar un recargo a la renta y no financiarse de la recaudación del IRPF, pero ello es solamente una parte de un sistema mucho de relaciones mucho más estrechas que el español.

El autor está muy acertado cuando dice que la Iglesia no busca ganar dinero, que no es una sociedad anónima (¿entonces qué sentido tiene el título?) y que su interés por el dinero es para mantenerse y que mantenerse es tremendamente caro, de forma que necesitan mucho dinero y patrimonio. Frente a todos los demás individuos e instituciones sociales, la Iglesia juega con ventaja, dado que la tradición política española le ha reportado una serie de privilegios normativos y económicos que no tiene ningún otro actor social.

El autor muestra implícitamente un presupuesto obvio al tratar las diferencias entre la Iglesia con otros actores: en la Iglesia nunca se dividen los bienes, por ello un pequeño incremento patrimonial en un año se convierte en inmenso al cabo de cincuenta.

Lo más recomendables del libro, lamentablemente disperso, es el análisis de la argumentación eclesiástica que el autor llama “comodines”. El primer es el “comodín de Cáritas” o de las obras sociales, que justifica todo comportamiento económico y financiero de la Iglesia y sirve para confundir a la ciudadanía sobre el destino del principal modo de financiación directa que es la casilla del IRPF.

Señala el autor que la Iglesia presume y se ampara en unas obras sociales que están financiadas por el Estado y no por la Iglesia. En Geografía Subjetiva hace años publicamos los datos de lo que organizaciones católicas habían recibido de la casilla de “otros fines sociales”.

El segundo podemos llamarlo el “comodín de la oveja negra” de forma que todo comportamiento reprobable siempre es individual y nunca sistémico. El tercero lo llama el autor el “comodín de la tradición” que se emplea para rebajar la importancia de los privilegios o para justificarlos como algo que pertenece a nuestra forma de ser y por tanto no tiene sentido cuestionarlos. El autor se refiere al “comodín de la descentralización” pero de ese asunto ya hemos hablado.

Acierta Munárriz al ver que la estrategia negociadora de la Iglesia se funda en siempre pedir más, nunca estar contenta y jugar continuamente el papel de víctima. Señala como numerosos medios de comunicación propios y afines apoyan sus posturas negociadoras y se utilizan todos los medios de la comunicación postmoderna para fortalecer su posición negociadora.

El autor explica muy bien la evolución del conjunto de acuerdos y leyes que han permitido a la Iglesia tener una serie de privilegios que le garantizan una situación económico-financiera sin igual. La explicación de casos, aunque puntuales y ya publicados en los medios de comunicación, ilustran desde su fragmentariedad la situación general.

Se trata en detalle la cuestión de las inmatriculaciones: antecedentes, procedimiento y uso. Se echa de menos que se explique el procedimiento ordinario de inmatriculación de bienes y las garantías de este procedimiento para mostrar precisamente lo grande que es el privilegio y lo nocivo que es. Y esto es una constante: supone una comunidad de presupuestos y criterios con sus lectores que le impide llegar a los fundamentos.

Munárriz, como buen andaluz, conoce bien la importancia de la Semana Santa y hace una descripción muy buena, lo cual contrasta mucho con la idea de que la Iglesia pueda controlar a las hermandades para transmitir un mensaje ortodoxo o reaccionario. La Iglesia utiliza a las hermandades para que los siete días de Semana Santa tenga un significado religioso, aunque ligero y algo folklórico, en vez de convertirse en una mera excusa para irse una semana a la playa si hace bueno.

Más intenso es todo en los colegios. La Iglesia quiere evangelizar y otros vemos que es una forma de adoctrinar. La cuestión no es lo quiera hacer la Iglesia, sino quién lo paga y qué coste social tiene. En ello Munárriz está muy acertado.

Hay centros educativos religiosos donde el adoctrinamiento es más intenso, pero hace mucho tiempo que la Iglesia renuncia a hacer una “evangelización profunda” en sus centros religiosos. Se conforman con una pátina para que el Catolicismo sociológico, muchas veces más intransigente que el militante, continúe.

En conclusión: Munárriz hace un buen trabajo al que le sobran muchas consideraciones, bien por conocidas, bien por el tono. En este caso lo nuclear hubiera convertido a este libro en esencial, porque tiene madera para ello. Nunca hay que olvidar que no es una obra académica.

Queda por escribir, y esto trasciende las pretensiones de este libro, una buena comprensión del confesionalismo religioso, es decir, la relación de la Iglesia con el Estado en la que no importa que los individuos sean creyentes, sino que lo sean las instituciones y que la sociedad esté mediatizada.

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La Transición política fue un proceso político y social muy interesante, de acuerdo y de límites. A lo largo del tiempo, cuando hubo que contarla y para ello lo primero era construir una versión oficial de la Transición. Los méritos son fáciles de expresar, pero los límites que impusieron un escaso margen de maniobra o se silenciaron, se reinterpretaron haciendo virtud de la necesidad.

Al principio el sistema se tocó suavemente y luego, a lo sumo, se reconoció voluntad reformadora (de ahí el nombre de la Ley de Reforma Política) y no constituyente. La misma Ley de Reforma Política era una Ley Fundamental del Régimen, aprobada según el procedimiento fijado para ello. Las Cortes elegidas a partir de la Ley de Reforma Política era las ordinarias y el procedimiento para elaborar la Constitución fue el establecido para la modificación o adición de las leyes fundamentales.

¿Por qué se siguió un complicado proceso de reformas legales dentro del esquema institucional franquista en vez de convocar unas Cortes Constituyentes? Sencillamente, porque no se podía. Las élites sabían lo que iba suceder, pero muchos cuadros del régimen y el Franquismo sociológico debían ser contemporizados con la idea de que todo iba a ser seguir permaneciendo esencialmente igual, salvo algunas reformas necesarias que la inmensa mayoría reconocían urgentes.

De aquí surgió el mito: en España habíamos sido tan estupendos, que habíamos conseguido cambiar de régimen sin necesidad de hacer una ruptura jurídica. Lo que se había tenido que hacer casi a la fuerza, se convierte en un logro. Muchas personas creen que ésta es una forma óptima de actuar, cuando es raro, costoso y poco deseable.

Los cambios de régimen político pueden hacerse desde una legalidad a otra o con una ruptura de la legalidad. Sin irnos más lejos en la Historia, mucho de los antiguos Estados comunistas rompieron abruptamente con el régimen político anterior y no esperaron una legitimidad procedente de ese régimen.

Hay quiénes consideran que este paso continuo de un régimen a otro es necesario para que haya legitimidad de origen:

Este tweet sostiene que el régimen establecido en la II República era ilegítimo porque no procedía de la legalidad del régimen anterior, sino de la espantada de Alfonso XIII al interpretar correctamente el resultado de esa aparente victoria de los monárquicos en las Elecciones Municipales.

El concepto de “legitimidad de origen” tiene su origen en la clásica distinción de Bartolo de Sassoferrato entre legitimidad de origen y legitimidad de ejercicio. Para ser gobernante seha de poseer un “titulum” que habilite a ello y si no se tiene, se será un usurpador. Al usurpador, de acuerdo con la doctrina medieval y moderna, se le puede resistir por todos, en todas las condiciones y con todos los medios (hasta Francisco Suárez no se objetó esta postura).

Es lógico que se exija un “titulum” cuando se funciona dentro de un régimen y que se desprecie al que quiere gobernar sin “titulum”, pero exigir “titulum” a un nuevo régimen muestra una confusión conceptual tremenda, ya que el usurpador es una persona, no un régimen.

Pero además si el usurpador se asienta en el poder, termina generando una nueva legitimidad. Europa está llena de patéticos aspirantes a los diferentes tronos, existentes o pasados, fundados en que no se qué costumbre o normas de monarquías desaparecidas y que consideran usurpadores a los demás.

La llamada legitimidad de origen solamente es exigible a las personas y responden respecto al régimen propio. No es exigible al régimen, que prosperará o no dependiendo de su capacidad para sustituir al otro régimen y es una cuestión política y no jurídica. De otro modo, viviríamos en medio de absurdos políticos, jurídicos e históricos, según el cual una régimen no es legítimo porque su monarca originario se hizo con el territorio por la fuerza y no tenía “titulum”.

Y no, la II República ni buscaba ni quería la legitimidad de la Monarquía Alfonsina. Su legitimidad se fundaba, como régimen democrático, en la voluntad del pueblo. No en vano su primer gobierno fue la transformación del Comité Revolucionario, muestra de una clara y sana voluntad rupturista.

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Aguado y Ayuso saben que la situación de la pandemia en la Comunidad de Madrid es mala y la perspectiva es además negativa. Piden la ayuda del Gobierno de España. Parece que es la necesidad de confinamientos es Madrid es indiscutible y que los instrumentos jurídicos del gobierno regional no son los suficientes, por más que antes hubieran dicho que sí.

Ayuso y Aguado necesitan un estado de alarma pero no pueden pedirlo. El estado de alarma fue una de los caballos de batalla de la derecha contra el Gobierno de España y fue tildado de dictadura constitucional. Ayuso jaleó en sede parlamentaria las concentraciones contra el estado de alarma y se gustó al decir que éstas irían a más. Después de todas esas concentraciones, excesos retóricos y torticeras maniobras políticas que buscaban únicamente buscaban la derrota del Gobierno en una prórroga del estado de alarma, pedirlo resulta vergonzoso. Podría acarrear pérdida de apoyo en los sectores de la derecha mediática más exaltada, una pérdida de apoyo que sabemos que tiene un destino.

El segundo motivo es que Casado y todo el PP ha puesto como bandera de su formación la gestión de Ayuso. Pedir el estado de alarma es reconocer el desastre y pedirle al “dictador” que les resuelva la papeleta que ellos no son capaces. Saben además que ahora Sánchez no va a cargar con toda la responsabilidad, sino que la Presidenta de la CAM será la responsable de dirigir el estado de alarma en su territorio, de forma que poder culpar al Presidente del Gobierno es igualmente difícil.

Espero que Ayuso y Aguado tengan más en cuenta los intereses de los ciudadanos que los cálculos políticos arriba expuestos.

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Hoy he estado repasando la STC 197/2014 en la que se declara la constitucionalidad de la reforma del Estatuto de Autonomía para Castilla-La Mancha que redujo el número de diputados en las Cortes autonómica al que determinara la Ley Electoral entre un mínimo de 25 y un máximo de 35.

La sentencia es larguísima en cuanto a los antecedentes de hecho y en los fundamentos jurídicos es prolija en responder a las máculas de constitucionalidad menores antes de abordar el principal: si ese número de diputados respetaban la exigencia de proporcionalidad en las elecciones autonómica ex art. 152.1 CE, con las modulaciones que el propio artículo señala.

Los altos tribunales son muy precavidos en cuestiones relativas al sistema electoral, porque un pronunciamiento muy preciso podría limitar al Legislativo de tal manera que el tribunal sería el nuevo legislador positivo. Ésta es una de las causas que hacen casi imposible un pronunciamiento general del Tribunal Supremo de los Estados Unidos sobre el “gerrymandering” y aquí que el Tribunal Constitucional no entrara de verdad en la cuestión de la proporcionalidad. Es un motivo loable, dejar al Legislativo su lugar, pero este empeño puede no ser tan impecable en determinadas circunstancias.

Los recurrentes presentaron una serie de simulaciones y proyecciones que mostraban que el nuevo sistema emanante de la Reforma del Estatuto consagraba un sistema mucho menos proporcional y en consecuencia menos plural. Arguyeron que se aplicaba de hecho una barrera o umbral mucho mayor, porque a la hora de que una candidatura obtuviera un diputado, iba a requerir muchos más votos.

El Tribunal Constitucional, con la ponencia del magistrado Fernando Valdés Dal-Ré, determina sorprendentemente que solamente se puede hablar de violación de la proporcionalidad a través del umbral, cuando el umbral esté establecido normativamente. Es un argumento que contradice la trayectoria del Tribunal que busca más la realidad de la norma sometida a su juicio y su virtualidad que su dicción literal.

Cualquier conocedor de los diversos sistemas electoral vigentes en España es conscientes que los umbrales electorales establecidos normativamente (el número mínimo de votos recibidos para poder ser contado en la adjudicación de escaños) tiene poca eficacia en las Elecciones Generales o Autonómicas y sí cierta importancia en las Locales. Ello no quiere decir que no haya umbrales electoral, pero son fácticos. Una norma aparentemente neutra, aplicada a una realidad no neutra, deviene en no neutra.

El segundo elemento negativamente sorprendente del pronunciamiento del Tribunal Constitucional es el rechazo de las proyecciones y simulaciones planteadas a la hora de justificar la mayor o menor proporcionalidad de un sistema electoral. El Tribunal argumenta que su control es a priori y abstracto y que esas proyecciones y simulaciones quieren llevar el juicio de constitucionalidad al control a partir de un caso hipotético. Parece convincente el argumento si no nos hubiéramos encontrado sentencias dictadas expresamente sobre situaciones hipotéticas que la aplicación de una norma pudiera producir. Salvo una incongruencia gruesa, como que una ley establezca la mayoría de edad a los 45 años, que es evidente y no necesita de nada más que la mera contrastación, en el resto de los juicios de constitucionalidad dimanantes de un recurso, la hipótesis y sus consecuencias son precisas a la hora de razonar la constitucionalidad de una norma.

Pero el tercer elemento es el peor. Mantiene la sentencia que la exigencia de la proporcional es un objetivo irrealizable. Se refugia el Tribunal en que la proporcionalidad perfecta es imposible de conseguir, algo obvio, para considerar la proporcionalidad algo así como un ideal regulativo sin fuerzas normativa, salvo que se establezca un sistema mayoritario, lo cual entraría dentro de la categoría de transgresión grosera que antes se indicaba.

El Constitucional viene a decir que todo lo que no sea establecer un sistema mayoritario y no tenga unos umbrales normativos vergonzosos, es proporcional. Cabría haber esperado de este órgano algo más de finura a la hora de definir qué es proporcional, en primer lugar porque una definición negativa es de malos juristas y, en segundo lugar, porque es fácil que se presenten sistemas electorales muy poco proporcionales.

También hay que señalar que los recurrentes hicieron una interpretación poco precisa del artículo 152.1 CE. Este precepto no ordena la proporcionalidad, con una salvedad, en los resultados de las candidaturas, sino en el reparto de los diputados entre las circunscripciones.

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Ayer me enteré de que se ha abierto, en una plataforma destinada al crowdfunding, una aportación para financiar el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional de Cayetana Álvarez contra la decisión del Congreso de no incluir en el Diario de Sesiones la bonitas palabras que la ex portavoz del PP dedicó al padre de Pablo Iglesias.

Ante esto me surgen varias ideas.

Cayetana Álvarez es del tipo de personas que quieren que los demás paguen sus asuntos. Mencionó el asunto de la financiación de este recurso en su rueda de prensa después de ser cesada como portavoz y ahora seguimos con lo mismo. Entiendo que el Partido Popular pague los gastos de los recursos que decidan llevar adelante, no los que cada diputado considere oportuno. Las decisiones individuales deben ser pagadas individualmente: no tiene sentido decidir una cosa para que la pague otro (asumir las consecuencias de ser libre es parte de la madurez).

¿Por qué Álvarez considera necesario ese recurso y esencial esas insultantes palabras queden para la historia en el Diario de Sesiones? La ex portavoz del PP se encuentraba protegida por la inviolabilidad parlamentaria al proferir esas palabras por la inviolabilidad parlamentaria, que es un garantía de la libertad de los diputados, lo cual da tranquilidad penal a Álvarez, salvo sorpresa mayúscula.

Ella quiere que el Diario de Sesiones diga lo que ella no se atreve a decir fuera de la sede parlamentaria, porque de esto trata todo el asunto: Álvarez no tiene el valor suficiente para repetir esa expresión fuera de su actividad como diputada, porque entonces sí podía tener algún que otro problema con la Justicia. Esta actitud prueba que no está segura de lo que dijo, porque si ello fuera verdadero siempre podría argüir la “exceptio veritatis”. Si tan importante es lo dicho, debería decirlo en todos los lugares y a todas horas.

Desea mantener vivo este insulto, porque es una de las parte más importantes y grandes de su capital político. Fuera de un papel destacado no tiene mayor capital político que un insulto. No digo que yo haga personas que la valoren por insultar y que incluso aporten dinero para que conste en el Diario de Sesiones, pero es muy triste tener que construir un perfil político sobre descalificar al padre de un oponente político.

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Como parte del acuerdo de investidura de 2015, Ciudadanos obligó al PP a modificar la Ley Electoral de la Región de Murcia y eliminar las cinco circunscripciones existentes, pasándose los cuarenta y cinco miembros de la Asamblea Regional a ser elegidos en circunscripción única. Murcia y Asturias eran hasta entonces las dos únicas comunidades autónomas que tenían circunscripciones inferiores a la provincia para sus elecciones autonómicas.

En mayos los resultados de las Elecciones Autonómicas, empleando la circunscripción única, fueron los siguientes:

Si hubiéramos recuperado las cinco antiguas circunscripciones, los resultados hubieran sido:

Y la relación entre porcentaje de voto y porcentaje de escaños en las dos situaciones, con una sola circunscripción o con las cinco:

1)  Hay que hacer notar que en las Elecciones de 2019 tres formaciones (IU y sus coaligados, Somos Región y Coalición Municipalista MC) alcanzaron un porcentaje de votos superiores al 2%, pero sin llegar a traspasar el umbral del 3%. El conjunto de estas fuerzas supera el 6% de los votos, pero no consiguen ningún escaño.

2) El caso de los socialistas es curioso. Habrían obtenido el mismo porcentaje de representación empleado ambos sistemas. Su sobrerrepresentación 4,31%. Ni el anterior ni el actual sistema electoral puede ser responsabilizado de los éxitos o fracasos del PSRM.

3) Cuando se planteó la reforma de la Ley Electoral los populares solamente la aceptaron porque sin ella no había investidura. Nunca un portavoz ha atacado tan duramente una propuesta legislativa por la que iba a votar a favor, como lo hizo el portavoz popular con esta norma al ser votada en la Asamblea Regional. La sobrerrepresentación de los populares, y en sus peores comicios de las últimas décadas, fue del 9.83%, que supone un exceso de cuatro diputados. En cambio cuando se aplica el sistema de circunscripción única la sobreprerresentación baja a 3,17%, que equivale a un diputado. El sistema anterior hubiera otorgado el mayor número de diputados al PP sin ser el partido con mayor número de votos.

4) En el sistema de cinco circunscripciones hubiera perjudicado a Ciudadanos con un 3,10% de infrarrepresentación, Vox con -2,80 y a Podemos con un 3,33%.

5) El sistema de cinco circunscripciones hubiera mostrado el premio a la concentración del voto en el caso de la candidatura municipalista que habría ganado un escaño por Cartagena, zona donde es especialmente fuerte esa coalición de partidos localistas.

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La diferencia entre el voto urbano y el voto rural es una de los más clásicos criterios de análisis del comportamiento electoral. Presupone la existencia de un voto diferenciado dependiendo del tipo de lugar donde se reside y, naturalmente, todo lo que ello conlleva.

Lo primero que hay que hacer es decidir qué voto es urbano y qué voto es rural. Es útil recurrir a una determinación externa, como la que tiene el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (antiguo Fomento) de las zonas urbanas existentes en España.

Nuestra primera valoración la vamos a hacer de la Región de Murcia. Allí el Ministerio de Transportes identifica tres áreas urbanas: la de Murcia (Alcantarilla, Alguazas, Archena, Beniel, Ceutí, Lorquí, Molina de Segura, Murcia, Las Torres de Cotillas y Santomera), Cartagena (Cartagena y La Unión) y Lorca (compuesta sólo por el municipio de Lorca).  De estas tres se han tomado las dos primeras en cuanto que Lorca, por su extensión y dispersión y su economía tienen más características rurales que propiamente urbanas.

Los murcianos depositaron su voto en cinco ocasiones a lo largo de 2019, aunque fueron en tres convocatoria, dado que la de mayo de 2019 fue simultáneamente para las Elecciones Autonómicas, Europeas y Locales. No consideraremos las Elecciones Locales por el efecto que tienen los partidos y las candidaturas localistas sobre la estructura del voto. Se han desegregado del total los resultados de los doce municipios de las dos área en consideración, de modo que podemos comporar los municipios segregados (áreas urbanas), los no segregados (áreas rurales) y la media regional.

Comencemos viendo las diferencias de participación:

En términos regionales las Generales tienen más participación que las otras elecciones, pero podemos ver cómo en las Elecciones Autonómicas, en las zonas rurales votaron más ciudadanos que en las Generales de noviembre, impulsado sin duda por la Locales (67,58%). Es constante que en todas las Elecciones, salvo las Autonómicas, el voto urbano fue mayor que el rural.

Pasemos ahora a los principales partidos políticos.

El PSOE funciona mucho mejor en el ámbito rural que en el urbano, de modo que sus resultados hubieran sido los de la zona urbana es posible que Conesa estuviera en San Esteban. Esto y unido, salvo excepción, de que la zona rural es la que mayor abstención presenta podríoa señalar una posible estrategia de los socialistas. Una consecuencia fácilmente apreciable de que una participación cercana al 70% o superior perjudica a los socialistas indica que cuanta mayor es la participación, mejor es su rendimiento en porcentaje de votos.

El Partido Popular, hasta hace poco el partido hegemónico en la Región de Murcia, tiene como el PSOE mejores resultados en el ámbito urbano que en el rural, aunque la diferencia es menor que en el caso de los socialistas, teniendo por ello datos más cercanos a su media en la Región. Se puede decir que en general el PP actual ha mantenido en Murcia un electorado uniformemente repartido.

Vox es algo más urbano que el PP, con diferencias cercanas al 2% de los votos totales. Su peor resultados, y es curioso, son las Elecciones Autonómicas y especialmente en la zonas rurales, lo cual irá unido a un rendimiento menor en los Ayuntamientos. Un día habrá que tratar la relación que los nuevos partidos tienen con la política local.

Una formación netamente urbanita es Ciudadanos. Sus resultados son mejores en las áreas urbanas incluso cuando el declive electoral comenzó a notarse.

Podemos e IU tienen tendencias urbanistas, pero no se rompen las diferencias como en el caso de Ciudadanos a partir de mayo. Sí es digno de señalar que el resultado de las Autonómicas es la suma de Podemos con IU, que concurrieron separadamente, y en donde Podemos recibía un fuerte voto urbanos, mientras que IU rural. Es de suponer que este equilibrio es un efecto de la coalición y no de la estructura del electorado.

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