Una hipótesis sobre el origen de la Postverdad

Yo soy de los que están encantados de la existencia del término “postverdad”. Nada como un nombre, un etiqueta para que un fenómeno deje de ocultar en las acciones sociales y adquiere visibilidad. Solamente así se puede ser consciente de lo que ya existía antes de ponerle el nombre en cuestión

La “postverdad” en la comprensión que yo hago no es otra cosa que la fragmentación de la verdad, esto es, será verdadero aquello que yo decido que es verdadero. Funcionamos en la vida cotidiana con un concepto universalista de verdad, de modo que si algo es verdadero lo es para todos.

En tiempos hubo muchos menos medios de comunicación y la mayoría de estos intentaban, a pesar de su línea editorial, a ofrecer una información objetiva. Podía gustar más o menos dar algunas noticias, pero no se tapaban ni se tergiversaban. Había puntos de encuentro.

La proliferación de todos los tipos de medios de comunicación y la pérdida de pretensión objetiva o veritativa por parte de estos, ha posibilitado que cada cual pueda eligir el mundo del que quiera ser informado. Y hay una gran diferencia. no es elegir la perspectiva de la información, sino una información que confirme cada uno de mis prejuicios y que nunca los ponga en cuestión.

La fragmentación de los medios ha proporcionado las condiciones para que nuestras concepciones del mundo no tengan que confrontarse con otras concepciones del mundo. Informativamente el mundo se ha roto casi en tantos individuos que puedan diseñarse sus fuentes o que se entregue a una fuente con la que se sienta complacido. ¿Qué alguien dice algo que es manifiestamente falso? Pues se dice que es verdad o se obvia. Son las tácticas clásicas de la propaganda, como aceptada voluntariamente.

La fragmentación no es pluralismo. El hecho de que haya mil medios cada uno de una tendencia más disparatada no implica la existencia de pluralismo, si dentro de cada medio no hay pluralismo independientemente de su líena editorial.

¿Por qué hemos llegado a esta situación? En primer lugar porque hemos cedido a la tentación de no examinar nuestros prejuicios y creencias; en segundo lugar porque la fragmentación social y sobre todo mediática nos permite vivir sin que nuestros prejuicios y creencias puedan ser contrastados; en tercer lugar porque principios tan fundamentales del conocimiento como la prohibición de la contradicción son desconocidos y en cuarto lugar porque hemos confundido lo público con lo deportivo, de forma que lo importantes es que ganen los míos.

Odio cruzado

Un presidente murciano vivía tranquilo. Las investigaciones judiciales sobre su persona se acumulaban pero él sabía que el odio que se profesaban los tres partidos de la oposición le garantizaba que no iba a ver una moción de censura, que requería la unidad de los tres. El secretario general del PSRM decidió presentar una moción de censura, antes que el arrobamiento de Ciudadanos en pedir cosas absurdas al presidente murciano, dejara espacio a Podemos a presentarla y hacerla inviable. La entrada en escena de la Audiencia Nacional, que le da más empaque a los asuntos de corrupción, hizo que Ciudadanos aterrizara y anunciase su apoyo a la moción de censura de los socialistas. Ante el miedo a que el PP perdiera la Región de Murcia y el terror de que muchos no tuvieran un sueldo el propio aparato de Génova le señaló la salida al presidente.

A nivel nacional está sucediendo otra cosa. El PSOE, por culpa de Susana Díaz y de la Gestora, está prolongando su Megacrisis durante nueve meses con la única intención de desgastar a Pedro Sánchez. Entre tanto después de haber investido a Rajoy el PSOE de Susana Díaz y de la Gestora ha hecho poco más que una oposición retórica al Partido Popular que como premio ha presentado un proyecto de Presupuestos donde castiga las inversiones en las regiones gobernadas por los socialistas, con la amenaza implícita de o Presupuestos o elecciones.

El PSOE es un cuerpo político que en el Congreso ni tiene agenda, ni iniciativa, donde siempre tiene que actuar reactivamente. Presenta proposiciones no de Ley no vaya a enfadarse Rajoy y cuenta los días que quedan hasta que pase las primarias y con España ya llena de calor una abstención, técnica o no, permita al Presidente sacar adelante los Presupuestos.

Si el PSOE realmente ejerciera la oposición debería estar moviéndose para censurar a Rajoy. Es el primer partido de la oposición y su obligación primaria es ésa. El PSOE es quien debe buscar la fórmula para echar a Rajoy y regenerar España y esa fórmula debe ser aceptable por los otros dos grandes partidos de la oposición. Hay dos problemas: uno es la indefinición del PSOE de Susana y la Gestora que parece desear más la permanencia de Rajoy que verse otra vez en las urnas.

El otro problema es el odio cainita que se tienen Ciudadanos y Podemos. Ese odio y nada más es lo que mantiene a Rajoy en La Moncloa; ese odio y nada más es el intenten cambiar fiscales en las investigaciones abiertas y hablen de “pegarle dos tiros al juez”, porque sienten que el poder nunca se les va a ir de las manos porque para Rivera e Iglesias lo importante es fastidiarse mutuamente y no limpiar el país.

Cada cual desarrolla su táctica, pero la enorme torpeza de ambos es construirla sobre el rechazo al otro partido emergente. Los números no mienten. Sin los tres y gracias a la abstención del PSOE, Mariano Rajoy seguirá de Presidente del Gobierno hasta agotar la legislatura.

La gran oferta de empleo público

Todas las administraciones están anunciando una gran oferta de empleo público. Todos los gobernantes intentan vender lo que es una necesidad, como una medida para garantizar servicios y derechos. La realidad y las causas son otras.

Una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha determinado que es contraria al Derecho Comunitario la situación de los interinos en la administración española, entre otras cosas cierta discriminación salarial y el no ser indemnizados al finalizar su trabajo.

La ventaja económico-financiera que representaban los interinos para las administraciones, además de una fuente de clientelismo, desaparece ya que tienen que cobrar lo mismo y tener los mismos derechos que el resto de los trabajadores en caso de despido. Y es por ello por lo que las administraciones se lanzan a cubrir la llamada “interinidad estructural”, esto es, el número de interinos siempre presentes que a veces ocupan puestos que por las peculiaridades del Derecho Administrativo no pueden cubrir los funcionarios de carrera.

Este año saldrá miles de plazas que debieron salir a lo largo de décadas. Porque si bien los interinos con menos tiempo de servicio pagaron la crisis con la pérdida de empleo, permaneció una masa crítica de interinos ocupando plazas necesarias, que no salían a los cauces ordinarios de provisión, y que cercenaron la posibilidad de muchos jóvenes de acceder a este tipo de empleo.

Ahora saldrán todas esas plazas a la vez. En última instancia ha sido responsabilidad de todas las administraciones haber creado esa situación por un mal entendido ahorro y un interés clientelar. Si algo bueno tiene la sentencia del TJUE es que han perdido los incentivos económico-financieros para volver a hacerlo.

El fracaso de Page


Nuestro Derecho Presupuestario, y las normas institucionales de más rango, conceden a los ejecutivos un papel predominante a la hora de elaborar y aprobar un presupuesto. A los legislativos le queda el margen autónomo de rechazar el presupuesto.

Tradicionalmente la aprobación del Presupuesto era uno de los grandes momentos del año político, porque sin presupuesto no hay política posible y quien fracasa en la aprobación de esa norma clave, fracasa al frente del gobierno. Se esperaba que el presidente que no consiguiera esa aprobación habría, al menos, de dimitir.

Javier Fernández en Asturias ha gobernado dos años sin presupuestos y eso que el anterior presidente, Álvarez-Cascos, convocó elecciones por no ver aprobado el presupuesto regional.

Ahora García-Page se encuentra sin presupuestos y culpa a la oposición de hacer de oposición y votar en contra. Y es que García-Page es mal político y peor estratega. Repasemos cuestiones básicas:

1) Se presenta como parte de los barones ganadores, cuando perdió contra De Cospedal después de que ella y su gobierno importado desde Madrid recortasen lo más grande en Castilla-La Mancha.

2) García-Page, necesitado del apoyo de Podemos, se ha dedicado a atacarlos continuamente y a identificarse con quienes los marcan como “enemigos”. ¿O es que piensa García-Page que las palabras del diputado Heredia salen gratis?

3) García-Page ha rechazado veinte enmiendas presentadas por Podemos que, por lo visto, solamente afectaba al 0,5% del proyecto de presupuesto. ¿Esperaba que fueran los podemitas ilusionados a votar su instrumento de gobierno cuando ni en tan poca parcela ha sido capaz de ceder?

4) García-Page debería hacer como sus compañeros Vara (Extremadura) o Fernández (Asturias) y rogarle al PP que le recompense por los servicios prestados de la investidura de Rajoy.

Las dos caras de Adolfo Suárez

Adolfo Suárez no es el primer Presidente elegido de acuerdo con la Constitución de 1978, ni uno de sus impulsores, ni alguien que ha tenido un papel preeminente en la gestación de la España tal y como la conocemos. Adolfo Suárez es un mito y solamente un mito.

Solamente así puede explicarse que una mayoría de españoles le quisieran ahora como Presidente. Solamente así se explica que nunca se hable de la otra cara de Adolfo Suárez. El mito se ha edificado sobre el Suárez-Constituyente, obviando, silenciando y negando al Suárez-Presidente.

Y es que en la Transición no solamente importaba la Constitución. Importaban muchas cosas, al menos a los ciudadanos: la gestión económica, el desempleo, el gastos público, la insubordinación militar y la inseguridad ciudadana eran asuntos que estaban descontrolados. Los famosos “Pactos de La Moncloa” habían garantizados “paz social” pero no habían hecho bueno lo malo.

Los líderes regionales de la UCD orquestaron el fin de Adolfo Suárez porque consideraban que era un Presidente más que agotado y que les quitaba toda posibilidad de hacer frente a los socialistas en las siguientes elecciones. Suárez se agarró al sillón y solamente la posibilidad de que parte de su grupo parlamentario apoyara una segunda moción de censura de los socialistas consiguió que dimitiera. Y sí, los socialistas presentaron una moción de censura contra este mito.

Basta abrir las hemerotecas que los periódicos tienen en la red. Puede cogerse de varios medios de diferentes tendencias políticas. Y se comprobará cómo era la España real y qué opinión se tenía de su Presidente.

Cuando la Socialdemocracia termina en beneficencia

Desde hace algo más de una década el discurso social del PSOE se ha desplazado desde la mayoría de los ciudadanos a los sectores más débiles de la población, de modo que cada vez más las políticas propuestas por los socialistas se restringían a esos sectores más débiles y, con los tiempos de crisis, aún más.

En las sociedades donde la Socialdemocracia forma parte del modo de la autoconcepción de ellas mismas las medidas sociales afectan no a la mayoría de la población, sino a la inmensa mayoría, porque es la única forma de ser políticamente viables.

Nos seamos ingenuos. Una sociedad donde los servicios lleguen a la inmensa mayoría es una sociedad donde los impuestos tienen que ser serios y solamente se puede mantener esa fiscalidad si el conjunto de la sociedad o la inmensa mayoría percibe beneficios y considera que hay un intercambio equitativo. Y equitativo no es recibir exactamente lo aportado, ya que todos entiende cierta asimetría y, además, que socializar servicios los abarata.

El problema se da cuando la fiscalidad no se transforma en servicios para la mayoría, para la inmensa mayoría. Entonces las opciones que proponen una transformación de la fiscalidad, una rebaja generalizada de impuestos, se convierten en atractiva porque la inmensa mayoría comienza a pensar que paga para mantener a unos pocos y que ellos lo pagan todo dos veces, una vez con impuestos y otra con servicios privados ya que no tienen acceso a los públicos.

La Socialdemocracia que realiza este proceso de minoración de sus políticas, que convierte los servicios sociales (para la sociedad) en servicios únicamente para los sectores más débiles coincide con la derecha, que nunca ha renegado de la beneficencia.

Uso y abuso del Decreto-Ley en Andalucía

Ya nos hemos referido al Decreto-Ley 1/2017, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, a propósito del tremendo aumento de los precios de las guarderías.

Pero este Decreto-Ley merece una consideración autónoma, como ejercicio de una potestad legislativa no ordinaria que el Estatuto de Autonomía confiere al Consejo de Gobierno en casos de “extraordinaria y urgente necesidad” para dictar medidas legislativas provisionales (artículo 110 EEA), que reproduce el artículo 86 CE.

El Decreto-Ley fue privativo del Estado (con efímeras excepciones en la Euskadi de Garaikoetxea), hasta que la última ola de estatutos de autonomía lo incorporaron. Éste fue el caso del Estatuto de Andalucía, donde no existía siquiera la posibilidad de legislación delegada.

Aunque la dicción literal de los preceptos constitucionales y estatutarios tienen un sentido sumamente estricto, el Tribunal Constitucional ha mantenido una interpretación un tanto más flexible, especialmente en la consideración de la necesidad habilitante. Esto no quiere decir que no haya establecido límites.

La necesidad que causa el Decreto-Ley no puede ser algo previsible o medianamente previsible. En este sentido la reciente Sentencia del Tribunal Constitucional 183/2014, en su fundamento 4º, lo establece de una forma meridiana y fue uno de los fundamentos para la declaración de inconstitucionalidad de un Real Decreto- Ley de concesión de nuevos créditos presupuestarios para el Ministerio de Defensa.

La actual regulación andaluza de guarderías y bonificaciones data de un Acuerdo del Consejo de Gobierno de 2009, de modo que ha habido tiempo de sobra para pensar un cambio. El hecho de que la Junta de Andalucía haya dejado pasar el tiempo para llegar al proceso de escolarización no se debe a ninguna causa justificada, pues nada se arguye en la exposición de motivos.

Otro aspecto relevante, para la cuestión que tratamos, es la prohibición de establecer por medio de este tipo de norma de regímenes estables, dado que la Constitución (y el Estatuto) mencionan expresamente que son normas “provisionales”. Con ocasión de una reforma laboral del gobierno de Aznar por Decreto-Ley, que fue contestada con una huelga general y, jurídicamente, por un recurso de inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad de esta reforma porque establecía precisamente una regulación estable (fundamento 10º, STC 68/2007).

El Decreto-Ley 1/2007 establece una regulación indefinida y, por tanto, no provisional, hasta el punto de deslegalizar parte de los baremos para permitir su modificación por vía reglamentaria. La exposición de motivos en nada indica que se vaya a establecer un nuevo régimen, sino que trata al que consta en el Decreto-Ley 1/2007 como el nuevo modelo.

Por estas dos razones considero, no obstando opinión mejor, que el Decreto-Ley 1/2007 es inconstitucional. Estos dos son de por si buenos motivos para que el Parlamento de Andalucía no lo convalide y por tanto deroga esta norma. Se unen a los argumentos materiales anteriormente expuestos.

Una consideración final. Es cierto que nuestro ordenamiento constitucional sí establece la reserva de ley o de ley orgánica para determinadas materias o procedimientos, pero no hay reserva reglamentaria, como sí sucede en Francia por ejemplo. La exposición motivos, que obvia las cuestiones anteriormente mencionadas, sí cita una sentencia del Tribunal Constitucional (332/2005) para mantener que es posible la reforma de disposiciones reglamentarias por medio de una norma con rango legal.

La pregunta es por qué se hace, porque se eleva a rango de Ley lo que no era más que un mero acuerdo del Consejo de Gobierno. Para mí la respuesta es clara: evitar el control de los tribunales. La Junta de Andalucía ha tenido tantos reveses jurisdiccionales, especialmente en materia educativa, que elevando las condiciones de bonificación de las guarderías a rango de Ley quiere huir del control de los tribunales ya que las normas con rango de Ley solamente son controlables por el Tribunal Constitucional. Es un abuso de la potestad.