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Archive for the ‘Política’ Category

La primera vez que un español oye hablar de un tal Montesquieu es en clase de Historia donde se le mencionará y se relacionará ese nombre francés con la separación de poderes, se enunciarán los de tres pero no se explicará nada más. Es posible que quien lo explique no se haya leído Del Espíritu de las Leyes. Mientras la quizá más decisiva elaboración teórica, la de John Locke, no se mencionará quizá porque si pocos profesores de Historia han leído a Montesquieu, muchos menos a Locke.

Luego llegará ese momento en las noticias donde alguien hable de Montesquieu y lo relacione con la independencia del poder judicial, porque Montesquieu parece que solamente habló de la independencia del poder judicial. También es igualmente probable que ese político, periodista o tertuliano no se haya leído una sola página de Charles Louis de Secondat.

El poder judicial para Montesquieu debe ser no permanente y ser diferente dependiendo de la persona que sea juzgada, de modo que un noble no pueda someterse a un tribunal de personas que no sean socialmente iguales a él. Debe no ser permanente, es decir, debe constituirse “ad hoc” para el caso porque así dejaría de ser un poder “neutro” (sea lo que sea lo que signifique), porque saberse a priori en posesión de la capacidad de juzgar confiere un poder suficiente como para que una clase social pueda destruir a la otra. Pensó que el fin de la República Romana se funda singularmente en que los tribunales estaban compuestos por miembros del Orden Ecuestre que con sus veredictos consiguieron doblegar a la nobleza senatorial.

Lo que ha hecho célebre a Montesquieu es una mala comprensión del sistema británico vigente en su época. Una mala comprensión que produjo una idealización. Una idealización en la que vio una especie de regeneración del gobierno gótico, el mejor para Montesquieu. Y aquí está el centro de la argumentación de Monstesquieu: la limitación al poder regio no venía de una teórica separación de poderes, sino de la existencia de cuerpos intermedios que pudieran interponerse con éxito al monarca y que éste necesitase para hacer Derecho, que sería la expresión de la colusión de intereses entre los principales grupos sociales. Montesquieu no defiende nada que no sea los privilegios de la nobleza, a la que él pertenece, y la posibilidad de ésta de refrenar al rey en caso de querer terminar con su distinta y distinguida situación jurídica y social.

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En la actualidad el Comité Olímpico Internacional exige para admitir un nuevo comité olímpico nacional que éste represente a un Estado reconocido por la comunidad internacional (Regla 30 de la Carta Olímpica). Anteriormente el criterio había sido más laxo y territorios no constituídos en Estado habían visto admitidos a sus comités nacionales con la condición de que las federaciones deportivas que lo componen fueran las únicas que operaban en su territorio (véase el texto de aplicación de las normas 27 y 28 de la Carta Olímpica..

Determinados Estados segregaron la representación olímpica de sus metrópolis y de los territorios no metropolitanos y todavía continúa esa marca en algunos de los comités olímpicos nacionales que forman parte del COI.

Lo que queda del IMPERIO BRITÁNICO, es decir, los territorios que en todo el mundo dependen del gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte presenta cuatro equipos olímpicos en representación de sus cuatro comités nacionales. Son los equipos de Gran Bretaña (883 medallas en los Juegos Olímpicos), Bermudas (1 medalla), Caimán y las Islas Vírgenes Británicas. Como nos señaló Diego González solamente en los Juegos podemos ver un equipo británico de fútbol, algo inexistente en las competiciones internacionales donde juegan por separado Escocia, Gales, Inglaterra e Irlanda del Norte.

Antiguo territorio del Imperio Británico era NUEVA ZELANDA. De los territorios bajo su jurisdicción salen dos equipos olímpicos, el de Nueva Zelanda (120 medallas) y el de las Islas Cook , que es un territorio que tiene una autonomía y el ejercicio de facultades soberanas tales como un amplio ius tractandi e incluso el ius legationis.

CHINA está representada por tres equipos olímpicos. El de la República de China, bajo de la denominación de China Taipei (24 medallas en los Juegos Olímpicos), el de Hong Kong (3 medallas) y el de la República Popular de China (608 medallas).

Los territorios bajo la jurisdicción de LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA presentan cinco equipos olímpicos. El de los Estados Unidos (2828 medallas en los Juegos), Guam, Islas Vírgenes (1 medalla), Puerto Rico (9 medallas) y Samoa Americana.

Y terminamos nuestro recorrido con los territorios bajo la jurisdicción de los PAISES BAJOS presentan dos equipos: el neerlandés (415 medallas) y el de Aruba.

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Desde la Crisis Financiera, hace ya más de diez años, se ha presentado el hecho de “convertirse en emprendedor”, traducción contemporánea de “montar un negocio”, en la salvación personal y nacional. Hubo y sigue habiendo programas y anuncios en los que te animan a ser emprendedor, si no lo eres es porque eres mala persona, sin atender a dos variables fundamentales comunes a todo el que quiera “montar un negocio”, perdón, ser un emprendedor.

La primera ha sido convertir el emprendimiento en una acción moral y psicológica: si quiero puedo. Y no relacionar la decisión de “montar un negocio” con las posibilidades reales de que el negocio prospere y genere dinero para quien lo monta. Nunca se habla de dinero, como si montar un negocio fue algo que es posible sin dinero. Y claro, hablar de dinero es hablar de avales, estudios de viabilidad y un sin fin de cosas que le quitan romanticismo al emprendimiento.

La segunda variable es la del fracaso. Nos hemos cansado de ver programa, mini-entrevista y lo que sea donde emprendedores de éxito nos explican cómo empezaron. Muy bien, ¿por qué no sacamos a los muchos que no alcanzaron ese éxito y cerraron la persiana o apagaron para siempre el ordenador? No para desanimar a quien quiera montar un negocio, sino para aclararle a quien lo desea hacer cuáles son los riesgos reales, donde se mete la pata y qué problemas hay que afrontar. Del éxito poco se aprende, si ignoramos el fracaso.

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Los electores del Presidente de los Estados Unidos deben reunirse, en el lugar y la hora que determine la legislación de su estado, el primer lunes después del segundo miércoles de diciembre de acuerdo con la legislación federal (3 US Code § 7). Este año es el 14 de diciembre.

Habrá cincuenta y una reuniones parciales de los electores que conforman el Colegio Electoral, pero ninguna de todos ellos. No es un error, sino una decisión deliberada de los autores de la Constitución. ¿Por qué?

La principal magistratura electiva en los tiempos natilicios de los Estados Unidos era la del Rey de Polonia. La historia de las intervenciones extranjeras e internas en el proceso de elección de los reyes polacos era una sucesión de lo peor que podía sucederle a un país: intrigas, sobornos, candidatos cuya principal virtud era haber sido el amante de la Zarina, reyes que se marchaban si conseguían otra corona y un largo etcétera de infamias.

A los fundadores de los Estados Unidos les aterraba la idea de que el Presidente de su nuevo país pudiera convertirse en una versión trasatlántica del rey polaco y quisieron poner medios institucionales para evitar que ello fuera así. Eran conscientes que, siendo como eran un país con recursos limitados y pocas grandes fortunas, sobornar a los electores podía salirle realmente barato a cualquier potencia de la época y tener un simpático aliado en aquella parte del mundo.

Alexander Hamilton explica en el capítulo LXVIII de The Federalit Papers señala que esta elección descentralizada impide las presiones sobre el cuerpo elector (más sencillas si está reunido en un solo lugar) y, además siendo un órgano “ad hoc” resulta más difícil preparar el terreno para su corrupción y las tentaciones a la influencia extranjera.

En la reelección sin límites veía Hamilton una acumulación de ventajas, mientras que Thomas Jefferson consideraba que las grandes potencias extranjeras solamente tendría que pujar una sola vez para conseguir que su candidato fuera Presidente, ya que consideraba que echar del puesto a un Presidente en ejercicio era prácticamente imposible (algo que él mismo comprobó falso cuando le ganó las Elecciones al Presidente Adams tras un solo mandato).

Hasta 2016 no hay una seria injerencia extranjera en las Elecciones.

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El pasado jueves, 12 de noviembre, el Presidente de la Junta de Castilla y León dictó un decreto en el que se establecen prestaciones obligatorias de carácter personal para el personal del Servicio de Salud de Castilla y León. Lo hace al amparo del artículo 11 del Real Decreto 926/2020, prorrogado por el Real Decreto 956/2020 (ahora restringido al ámbito sanitario o sociosanitario y en primavera no tenía límites la exigibilidad de acuerdo con el artículo 8.2 del Real Decreto 463/2020).

Efectivamente esta decisión trastoca lo dispuesto en otra normativa, alguna de rango legal, pero no por ello no tiene validez. El estado de alarma crea una situación excepcional en la que hay un Derecho de Excepción, que “puede excepcionar, modificar o condicionar durante ese periodo la aplicabilidad de determinadas normas, entre las que pueden resultar afectadas leyes, normas o disposiciones con rango de ley, cuya aplicación puede suspender o desplazar” (STC 82/2016), todo ello dentro de los límites constitucionales y de la Ley orgánica reguladora de los estados especiales.

No estamos acostumbrados a las prestaciones obligatorias de carácter personal porque el gran ejemplo, el servicio militar obligatorio, hace mucho que dejó de ser obligatorio. Ser miembro de una mesa electoral también es una prestación de este tipo, a la que uno no se puede negar salvo causa justificada y que no se encuentra remunerada, sino solamente indemnizados los gastos ocasionados por el servicio.

Pero sirve como ejemplo para ilustrar en qué consiste: tienes que hacer algo no en virtud de tus obligaciones delimitadas por las normas de aplicación, sino en virtud del Derecho de Excepción como en este caso o de acuerdo con la LOREG en el caso de las Elecciones. e hecho es una actividad tan obligatoria que el decreto del presidente de Castilla y León no asegura la remuneración, aunque sí prevé indemnizaciones.

Está plenamente habilitado a hacer lo que plasma en el Decreto 2/2020, porque en virtud del artículo 2.2. y 2.3 del Real Decreto 296/2020 es la autoridad delegada, puede imponer prestaciones obligatorias de carácter personal (artículo 11) y los servicios sanitarios y sociosanitarios están dentro de su gestión ordinaria (artículo 12).

De lo que sí me caben dudas es que si el responsable de la Consejería competente puede dictar “medidas específicas, pormenorizando su grado y forma de afectación” (artículo 4.2) toda vez que en el Decreto 2/2020 no establece ni siquiera de formar general estas medidas concretándola un mínimo que ulteriormente pueda ser pormenorizado.

El presidente de la Junta de Castilla y León no puede delegar una facultad que a su vez le ha sido delegada por el Gobierno de España. No puede dictar una norma habilitante en blanco para que la consejera, que no ha sido delegada, dicte las órdenes. Es una norma tan en blanco que, una vez en vigor, nadie sabe en qué consiste la prestación obligatoria de carácter personal.

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La ley eletoral del estado Georgia (OCGA § 21-2-501) exige que los cargos públicos elegidos en este estado tengan el respaldo de más de la mitad de los votantes, de modo que si no es así, los dos candidatos más votados tienen que ir a una segunda vuelta.

El pasado 3 de noviembre se elegían los dos senadores por Georgia, una elección ordinaria al agotarse el mandato de seis años y otra especial por la renuncia hace un año del senado Isakson. En ninguna de las dos elecciones, ningún candidato ha obtenido más de la mitad de los votos, de forma que los dos más votados habrán de someterse nuevamente a las urnas.

Como ya todo sabemos, estos dos escaños definirán la mayoría republicana en el Senado o si los demócratas empatando y encomendándose al voto de desempate de la Vicepresidenta Harris, pueden tener mayoría. La agenda de la Presidencia de Biden depende de tener mayoría en las dos cámaras del Congreso, aunque la del Senado sea tan apurada e insuficiente para cerrar los debates.

Varios senados republicanos le han comentado a algunos medios que su silencio a la hora de reconocer la victoria de Biden se debe más a estos dos escaños en disputa que a participar de la estrategia de Trump. Esto puede obedecer a dos estrategias, que no se excluyen necesariamente:

– Considerar que un Presidente-electo tiene una gran fuerza de arrastre, y más en un estado que ganó, de modo que la polémica sobre la elección dificultará ese arrastre y una dedicación intensa a la campaña de Biden y de Harris.

– Ofrecer un acuerdo tácito a los demócratas, de modo que el reconocimiento general de la victoria de Biden por los senadores republicanos, implicaría una campaña menor de los demócratas, no acelerar la tremenda maquinaria de Stacey Abrams y que el ticket presidencial, especialmente Harris, no acampe en Georgia hasta el día de la segunda vuelta.

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Cíclicamente, normalmente cuando la derecha política y judicial ve en peligro algunos de sus baluarte de control dentro del Poder Judicial, comienza una enorme polémica que tiene el fin declarado de garantizar la independencia del Poder Judicial y el verdadero de conservar cuotas de poder dentro de los órganos de gobierno de los jueces.

Tomemos en serio sus palabras y pensemos por un momento que las cerradas defensas de la independencia del Poder Judicial no es más que una táctica partidista y que apoyarían lo que ahora rechazan si le beneficiara a la derecha política y judicial.

La independencia del Poder Judicial es tratada, si nos creemos lo que dicen, como un fin en sí mismo. Una de las finalidades del sistema democrático es la independencia del Poder Judicial. Realmente la independencia del Poder Judicial no es un fin, sino un simple medio para obtener algo mucho más importante: un pronunciamiento imparcial y conforme a la Ley.

Los diferentes sistemas democráticos han creado mecanismos diferentes con el fin de que sus jueces operen imparcialmente y sujetos a la ley, pero esos mecanismos solamente sirven si están bien ordenados a su fin, es decir, si logran imparcialidad y subjeción a la legalidad.

Puede darse que el Poder Judicial sea absolutamente independiente, mucho más de lo que se quepa imaginar ahora, y que los jueces y magistrados sean parciales y/o que no apliquen las disposiciones legales. La independencia es una garantía, no sé si necesaria, pero desde luego no es una garantía suficiente.

En muchas ocasiones los debates en España se centran en un punto y se oscurecen todos los demás. Dado que la independencia del Poder Judicial por sí no garantizan ni imparcialidad ni sometimiento a la Ley, ¿por qué nunca hablamos de las demás garantías? ¿por qué parece que con la independencia, y concretamente con una interpretación corporativista de la independencia, se garantiza todo lo demás?

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Hace doce años me entretuve en mirar los resultados de las Elecciones Europeas en relación con la abstención. Tradicionalmente en estas Elecciones la abstención y alta y existe el tópico de que los grandes abstencionistas son los votantes de izquierda, de forma que quise comprobar si una alta abstención tenía por consecuencia una permanente victoria electoral de la derecha.

Si actualizamos los datos y eliminamos las convocatorias que coincidieron con las Elecciones Municipales y Autonómicas en muchas regiones, obtenemos que con bajas participaciones ha ganado tanto la derecha como la izquierda (formaciones de ámbito nacional):

Como se puede comprobar las candidaturas de  izquierda fueron las más votadas en dos de las tres Elecciones Europeas con participación inferior al 50%. Al menos estos resultados nos deberían hacer pensar si siempre la abstención beneficia a la derecha.

Muchas dinámicas política están llenas de “mayorías silenciosas”, esto es, amplios grupos de votantes que de pronunciarse electoralmente removerían las mayorías existente o al menos la relación entre los principales grupos.

Existía la idea de que en Cataluña había una gran masa de abstencionistas unionistas, que se ir a las urnas revolucionarían el mapa político regional. En las dos últimas elecciones autonómicas, las que han tenido mayor participación desde 1980, las fuerzas no nacionalistas han sido las más votadas en su conjunto, pero desde luego no se dio el vuelco que vaticinaban las colas ante los colegios electorales.

El último ejemplo lo tenemos en las Elecciones Presidenciales de este año en los Estados Unidos. El voto masivo hacía pensar a muchos que la “marea azul”, un victoria arrolladora de los demócratas, era seguro y aunque los demócratas han ganado la Presidencia por un margen nada desdeñable en este momento de voto popular de 5.267.488 votos, en muchos lugares la victoria ha sido muy estrecha, lejos de lo anrumador. Se ha descubierto que los demócratas o los potenciales votantes de los demócratas no eran los mayores abstencionistas, sino que entre los republicanos y sus potenciales votantes también había un bolsa importante.

Esas masas abstencionistas muchas veces son meras quimeras que se usan con otros fines, como los que dentro del PSOE que aún hablan de recuperar la mayoría de 1982 sin caer en la cuenta de que se ha conseguido posteriormente más votos que en 1982 y que bueno parte de ese voto ya no vota, y no porque se abstenga.

Los mitos políticos como el que hemos tratado de exponer tienen el peligro de ser muchas veces presupuestos implícitos en la toma de decisiones, porque se basa en el sesgo de la mayoría silenciosa piensa como yo. Y presupuestos erróneos pueden viciar el proceso y el resultado, intentando cazar un electorado que no existe o que si se moviliza, vote a otro.

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Cuando Teresa Rodríguez formalizó el fin de su relación con Podemos, Pablo Iglesias y ella publicaron un elegante vídeo en el que intentaban que la separación se llevase por los derroteros del mutuo acuerdo. Pero como sucede en las separaciones de las parejas y los matrimonios, cuando se respira, se toma tiempo y se comienza a contar cosas y a inventariarlas, entonces desaparece la civilización y comienza la lucha encarnizada.

Teresa Rodríguez registró una marca, Adelante Andalucía, que fue con la que se presentaron a las elecciones Podemos, Izquierda Unida y algunas fuerzas más, uniéndose los anticapitalistas donde Teresa Rodríguez milita tras su salida de Podemos. Adelante Andalucía no es una coalición, sino desde 2019 un partido político, un partido instrumental de los que tan de moda han estado desde el advenimiento de la nueva política.

La que fue candidata de Adelante quiere continuar bajo la marca Adelante Andalucía y el resto de los componentes, evidentemente, no quiere que una escisión se adueñe de un nombre que ha conseguido una señalada representación en el Parlamento de Andalucía y familiaridad entre los ciudadanos andaluces. Construir una identidad desde cero es difícil y más cuando esa identidad tiene que ser forzosamente colectiva. La expulsión de ocho de los diputados del grupo parlamentario supone un punto de no retorno.

El destino de Adelante Andalucía es una de las piezas fundamentales en el futuro tablero política y parlamentario andaluz. Si Teresa Rodríguez y los que la sigan forman una candidatura independiente para las próximas autonómicas, supondrá la presencia de una nueva fuerza de izquierda con posibilidad de conseguir representación, pero sobre todo con la capacidad de estar cerca de obtener representación (umbral del 3%), dividir voto, generar más voto de izquierda no representado o infrarrepresentado y disminuir las posibilidades de la izquierda de cara a un pacto de gobierno.

Teresa Rodríguez está teniendo tanto tiempo en los medios de comunicación precisamente porque es la esperanza de la derecha andaluza de mantenerse en el gobierno autonómico. No solamente porque puede generar “voto perdido” en la izquierda en las venideras autonómicas, sino porque en el caso de que la izquierda sumase con Teresa Rodríguez, ella no consentiría un pacto con el PSOE de Andalucía.

No sé con demasiada precisión qué es ser anticapitalista y por tanto no puedo calificar el “anticapitalismo” de Rodríguez, ni mucho menos su andalucismo, pero de lo que no cabe ninguna duda es que la mejor forma de calificar a la política de Teresa Rodríguez es de “anti-PSOE”, una posición legítima, pero que puede tener sus consecuencias perversas.

Rodríguez nunca pactará con el PSOE y como Iglesias en sus primeras elecciones pensará que el gobierno de la derecha es siempre mejor que el del PSOE, al menos porque acentúa esa dialéctica que algunos no atisbamos. Su primer objetivo es que el PSOE no gobierne y si para ello no tiene que gobernar la izquierda, lo asume. Teresa Rodríguez es consecuente, de eso no cabe duda.

Ante resultados de las Elecciones Generales y encuestas que hacen de Juan Moreno un presidente de un solo mandato, toda estrategia para terminar con una popsible mayoría alternativa está sobre la mesa y más cuando esa estrategia se funda en la puridad izquierdista, que es tan de izquierda que antes de la que considerada “falsa izquierda” prefiere que la derecha y la ultraderecha decidan en San Telmo qué hacer y qué no hacer.

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Muchos de los análisis que en estas horas se están publicando inciden en la idea de que el Trumpismo es un problema para el Partido Republicano, que no puede vivir sin él, pero con él tampoco, porque moviliza como nunca a los adversarios. Creo que es un debate que se deshará con el tiempo, como sucedió con la preponderancia del Tea Party en su momento.

El Partido Republicano no necesita a Trump para nada. Gana con solvencia la Presidencia y el Congreso, gobierna un montón de estados y tiene mayoría en sus legislaturas. Eso lo hizo antes de Trump, con Trump y lo hará después de Trump. Para eso existen los partidos políticos que es darle estructura a una sensibilidad, o varias como el GOP o los demócratas, más allá de las personas que ocasionalmente ocupen cargos o sean candidatos.

Los candidatos republicanos al Congreso han obtenido mejores resultados que el Presidente. Mientras Trump tiene una desventaja en estos momentos en el voto popular del 2,9%, los candidatos republicanos a la Cámara de Representantes la tienen del 1,4%. La diferencia de votos entre las presidenciales entre la candidaturas presidenciales y las candidaturas a la Cámara es de 1.840.634 votos a favor de la presidencial, mientras que en el campo demócrata es de 4.160.751 a favor del Presidente electo, es decir, el Partido ha pesado más que el candidato.

El único peligro que tienen los republicanos con Trump es que monte su propio partido fuera del GOP y compita por parte de su electorado. Eso en un sistema electoral como el estadounidense es letal. Pero no sólo sería letal para el GOP, que a los pocos años se restablecería, sino también para Trump que no tendría ninguna posibilidad, con tres candidatos, de acercarse de nuevo a la Casa Blanca. Y el GOP es idefinido y Trump es muy mayor para intentarlo cada cuatro años.

Ello no quiere decir que los republicanos no le tenga que dar alguna vuelta a todo esto, porque desde 1992 solamente han ganado el voto popular una Elección Presidencial, las de 2004, y viven parapetados en el sistema electoral, que minimiza sus pérdidas y maximiza sus logros.

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