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Archive for the ‘Imaginario político’ Category

La Transición política fue un proceso político y social muy interesante, de acuerdo y de límites. A lo largo del tiempo, cuando hubo que contarla y para ello lo primero era construir una versión oficial de la Transición. Los méritos son fáciles de expresar, pero los límites que impusieron un escaso margen de maniobra o se silenciaron, se reinterpretaron haciendo virtud de la necesidad.

Al principio el sistema se tocó suavemente y luego, a lo sumo, se reconoció voluntad reformadora (de ahí el nombre de la Ley de Reforma Política) y no constituyente. La misma Ley de Reforma Política era una Ley Fundamental del Régimen, aprobada según el procedimiento fijado para ello. Las Cortes elegidas a partir de la Ley de Reforma Política era las ordinarias y el procedimiento para elaborar la Constitución fue el establecido para la modificación o adición de las leyes fundamentales.

¿Por qué se siguió un complicado proceso de reformas legales dentro del esquema institucional franquista en vez de convocar unas Cortes Constituyentes? Sencillamente, porque no se podía. Las élites sabían lo que iba suceder, pero muchos cuadros del régimen y el Franquismo sociológico debían ser contemporizados con la idea de que todo iba a ser seguir permaneciendo esencialmente igual, salvo algunas reformas necesarias que la inmensa mayoría reconocían urgentes.

De aquí surgió el mito: en España habíamos sido tan estupendos, que habíamos conseguido cambiar de régimen sin necesidad de hacer una ruptura jurídica. Lo que se había tenido que hacer casi a la fuerza, se convierte en un logro. Muchas personas creen que ésta es una forma óptima de actuar, cuando es raro, costoso y poco deseable.

Los cambios de régimen político pueden hacerse desde una legalidad a otra o con una ruptura de la legalidad. Sin irnos más lejos en la Historia, mucho de los antiguos Estados comunistas rompieron abruptamente con el régimen político anterior y no esperaron una legitimidad procedente de ese régimen.

Hay quiénes consideran que este paso continuo de un régimen a otro es necesario para que haya legitimidad de origen:

Este tweet sostiene que el régimen establecido en la II República era ilegítimo porque no procedía de la legalidad del régimen anterior, sino de la espantada de Alfonso XIII al interpretar correctamente el resultado de esa aparente victoria de los monárquicos en las Elecciones Municipales.

El concepto de “legitimidad de origen” tiene su origen en la clásica distinción de Bartolo de Sassoferrato entre legitimidad de origen y legitimidad de ejercicio. Para ser gobernante seha de poseer un “titulum” que habilite a ello y si no se tiene, se será un usurpador. Al usurpador, de acuerdo con la doctrina medieval y moderna, se le puede resistir por todos, en todas las condiciones y con todos los medios (hasta Francisco Suárez no se objetó esta postura).

Es lógico que se exija un “titulum” cuando se funciona dentro de un régimen y que se desprecie al que quiere gobernar sin “titulum”, pero exigir “titulum” a un nuevo régimen muestra una confusión conceptual tremenda, ya que el usurpador es una persona, no un régimen.

Pero además si el usurpador se asienta en el poder, termina generando una nueva legitimidad. Europa está llena de patéticos aspirantes a los diferentes tronos, existentes o pasados, fundados en que no se qué costumbre o normas de monarquías desaparecidas y que consideran usurpadores a los demás.

La llamada legitimidad de origen solamente es exigible a las personas y responden respecto al régimen propio. No es exigible al régimen, que prosperará o no dependiendo de su capacidad para sustituir al otro régimen y es una cuestión política y no jurídica. De otro modo, viviríamos en medio de absurdos políticos, jurídicos e históricos, según el cual una régimen no es legítimo porque su monarca originario se hizo con el territorio por la fuerza y no tenía “titulum”.

Y no, la II República ni buscaba ni quería la legitimidad de la Monarquía Alfonsina. Su legitimidad se fundaba, como régimen democrático, en la voluntad del pueblo. No en vano su primer gobierno fue la transformación del Comité Revolucionario, muestra de una clara y sana voluntad rupturista.

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La Familia Real es un concepto que define ahora mismo a un grupo de seis personas: el Rey, la Reina, la Princesa, la infanta y los anteriores reyes. La Familia del Rey es más amplia. Ahora mismo las dos familias, la real y la del Rey, son fuentes de conflicto para la Corona.

Juan Felipe Froilán, hijo de la infanta Elena, ha conseguido que todos sepamos que tiene un coche nuevo, de muchas decenas de miles de euros y que sigue sin compromiso laboral conocido, que le permita financiar tales adquisiciones. Parece que ese coche le ha caído del cielo en su condición de Grande de España, no en su condición de trabajador o empresario.

¿Estoy haciendo demagogia barata? A algunos o a muchos les parecerá que sí, pero no es así. Mientras hemos pasado semanas escuchando que establecer un Ingreso Mínimo Vital que no llega a los quinientos euros al mes de incentivo para no trabajar, vemos como ese mismo sector considera normal que a un joven sin oficio ni merecimiento se le regale un coche. Para ellos ser de la Familia del Rey debe ser un esfuerzo más que suficiente.

Y esto toca un punto principal: la narrativa. En España tenemos una estructura política, la Monarquía, que pone en primer plano y ensalza a personas que no han tenido que hacer nada para estar allí, sean de la Familia Real como de la Familia del Rey. Hay una corte de pelotas en los medios de comunicación que lo mismos escriben una hagiografía a partir de hechos inexistentes o vienen a decir que, quitando todo lo demás, son seres humanos normales (la cuestión es el “todo lo demás”).

A la sociedad española se le propone como modelo de vida y de ejemplaridad pública personas que se lo han encontrado todo hecho. Es cierto que hay mucha telebasura que hace lo mismo, pero todos estaremos de acuerdo que no tiene la misma relevancia un pecado cometido (o muchos) en la programación de Telecinco que uno que tiene su propio título en la Constitución.

Nuestra primera norma nos enseña que para ser Jefe del Estado no hay que hacer nada, sino nacer. La práctica de la Monarquía nos enseña que esas familias tienen derechos muy superiores a los demás por su nacimiento. Con este princeps analogatum no necesitamos a Telecinco para introducir la semilla de que lo que se tiene no hay que ganárselo. Lo tenemos hasta en la Constitución.

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[Esta entrada es una amable colaboración de @PioIin]

Para que se pueda entender la “polémica” sobre la importancia de liberar el código fuente de la aplicación de rastreo RADAR COVID del gobierno primero hay que explicar que es liberar el código y para que se hace.

Que es “Open Source” o código abierto

Toda aplicación se desarrolla en un lenguaje de programación, en concreto el código de Radar Covid se libera en esta url (https://github.com/RadarCOVID/radar-covid-android) y se publican los ficheros que construyen la aplicación que finalmente se publica en la App Store de Google o Apple.

Estos son los ficheros de Radar Covid

Y esto es una pequeña parte del código fuente.

El código una vez liberado puede ser revisado, corregido y/o copiado bajo ciertas condiciones. Hay muchos proyectos de código libre que se han compartido desde hace años, el más conocido es Linux, el más utilizado actualmente es posiblemente Android (aunque no todo está liberado).

Hay dos formas de “liberar” una aplicación, hay proyectos que nacen como código abierto desde el inicio del desarrollo (que realiza una comunidad de modo cooperativo) y otras se libera la aplicación total o parcialmente al final del desarrollo, liberar código es también una forma de comercializarlo proporcionando una versión gratuita abierta para que los clientes prueben las aplicaciones y luego adquieran una versión más potente ya con soporte comercial. En otros casos es para, como Android, permitir que otros desarrollen aplicaciones similares o relacionadas.

Esto en todo caso es irrelevante para el Radar COVID, pero es importante saber que no todo el mundo libera el código por el mismo motivo.

¿Por qué no se libera todo el código siempre?

Hay dos motivos principales, el primero es contractual, si contratas una empresa para que te desarrolle una aplicación estás “poniendo al público” su trabajo, que habitualmente las empresa de informática preferíamos que no ocurriera, así que en algunos contratos podría no estar permitido o no estar previsto. Si esto fuera una política común posiblemente los precios de contratación subirán, los insultos a la avaricia profesional de los informáticos se aceptan y se comprenden de todos menos novelistas, periodistas y mundo del cine que viven del copyrigth porque nosotros también tenemos derecho a vivir.

El segundo motivo es que liberar el código exige más tiempo, hay que limpiar código no relevante, hacer el código legible, crear el paquete de documentación y hacer seguimiento de los comentarios que te hagan. Todo ello son buenas prácticas que todos deberíamos hacer siempre, pero que no siempre se hacen. Hay quien afirma que todo el código de aplicaciones pagadas con dinero público debería ser código libre, y puede que tengan razón (personalmente yo lo apoyaría) pero no es algo tan evidente como ordenar que se haga y es un sobrecoste que no siempre queremos asumir porque los presupuestos ya están muy justos.

Para que quede claro, yo voto por liberar código de forma masiva de todos los desarrollos interesantes que paga cualquier administración, y que se fomente la cooperación entre ellas reutilizando.

¿Por qué es bueno liberar el código de Radar Covid concretamente?

Hay dos motivos mayores y uno menor, en mi opinión, para liberar esta aplicación y muchas otras similares que desarrolla un gobierno como España:

  • Generar confianza en la aplicación, ya que si podemos revisar el código podemos certificar que la aplicación hace solo lo que nos dicen.

  • Permitir a otros países que no tienen la aplicación copiar la aplicación y publicar su propia versión.

  • Por último y para mi menos relevante, liberar permite verificar la seguridad del código.

El primer motivo (generar confianza) es el más importante, cuando instalamos una aplicación le damos “permisos” en nuestro móvil, como identificarnos, ver nuestras fotos o ficheros, localizar nuestra posición, comunicarse con el exterior (internet) o comunicarse con otros dispositivos (Bluethoot). Radar Covid nos pide los siguientes permisos.

Estos permisos no son esencialmente muy diferentes de cualquier otra aplicación que los usuarios se instalan sin mayor preocupación, pero si el código está liberado podemos comprobar que el gobierno no está leyendo nuestros whatsapp para enviarlos al CNI o creando una lista de personas con las que nos relacionamos cada día. Para vuestra tranquilidad, no lo están haciendo.

¿Es imprescindible liberar el código para verificar que la aplicación no hace este tipo de cosas? No, hay métodos de análisis de la conducta de una aplicación sin necesidad de ver el código. Pero si liberas el código es más sencillo.

El segundo motivo (compartir el desarrollo) es el verdaderamente importante, tampoco es imprescindible porque otros países han liberado sus propias versiones, pero esto permitirá a países más pobres copiar el desarrollo y tener sus versiones a menor coste. Aquí hay quejas, porque se ha liberado el código pero no la documentación, de modo que reutilizarlo es más complicado, pero estos aspectos no afectan a los otros dos puntos.

El tercer motivo (seguridad del código) es el que está creando más polémica por los mensajes confusos, tenemos gente buscando “fallos del código” y gente anunciando que se están analizando “errores del aplicativo”, de momento no existe ningún error reportado relevante, lo que no ha impedido a diferentes “expertos” lanzar mensajes de alarma.

¿Cual es el error de la polémica y el manifiesto de los expertos?

El primer error es que la polémica puede crear desconfianza en la aplicación, si lanzas al público sin conocimiento técnico dudas “sobre la seguridad” habrá gente que entienda cosas que no tienen que ver con lo que en realidad estás diciendo (apuesto que algún firmante le pasa viendo la lista). La confianza una vez que se pierde es muy complicado que vuelva, así que ese debate debió ser más directo con la administración y no en los medios.

El segundo error es culpa de la comunidad informática, que se ha lanzado a una competición para encontrar “incidencias” que son en su mayoría técnicas e irrelevantes para la seguridad de la aplicación, sobre el espacio que usa la aplicación, el consumo de batería o la codificación. Esto ha generado que algunos “expertos” para darse más relevancia generen de nuevo dudas sobre posibles errores de la aplicación.

El tercer error es que liberar no es NECESARIAMENTE mejor ni para la confianza en el objeto de la aplicación ni para la seguridad.

La aplicación se ha desarrollado entre la administración, empresas reconocidas de desarrollo, Google y Apple, confiamos ciegamente en mil aplicaciones similares que no se liberan jamás.

Una aplicación no se libera para que te solucionen la seguridad del código, eso se debe verificar antes, porque la comunidad puede revisarla o no, y en todo caso la aplicación está instalada en millones de dispositivos, es posible que alguien encuentre una vulnerabilidad porque eso siempre puede pasar, pero quiero creer que esa revisión se ha hecho ANTES de publicar la aplicación y de liberar el código. No, un aficionado revisando el código en casa no va a encontrar nada.

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Después de publicar el otro día una entrada sobre los bloqueos constitucionales que existen en nuestro sistema político y de mantener que la única forma razonable era reformar la Constitución (una idea quimérica), dejé sin señalar alguna posible solución a los bloqueos.

No lo puse porque estoy cansado de leer propuestas, generalmente de reforma electoral, que se fundan en la reforma constitucional, algo que el devenir político prácticamente le ha prohibido al pueblo español. Siendo cierto esto, creo que en la posible solución que proponga, podemos profundizar en el análisis de nuestra estructura constitucional y política en torno al bloqueo.

1. Bloqueo y parálisis

Nuestra Constitución incentiva el bloqueo. ¿Por qué digo esto? Porque el coste político de bloquear una institución es prácticamente nulo, ya que hay mecanismos constitucionales y legales que lo eliminan.

En principio la consecuencia necesaria de bloquear una institución debería ser paralizarla, pero nuestra Constitución, leyes y la práctica político-administrativa han imposibilitado el bloqueo.

2. Los mecanismos de prórroga

Si no se consigue investir a un Presidente del Gobierno, entonces la ley prevé un gobierno en funciones que puede mantener viva a la Administración y los tribunales han sido generosos a la hora de interpretar las facultades del gobierno en funciones que están definidas por una Ley, no por la Constitución, y que muchos entienden que pudieran ser plenas.

La Administración, que es lo fundamental, sigue funcionando sin alteración y la vida de los ciudadanos no se ve afectada por tener un gobierno en funciones.

Además el gobierno en funciones, que no tiene capacidad de presentar proyectos de Ley, sí tiene el instrumento del Decreto-Ley que es tanto una forma de innovación legislativa como un modo de iniciativa legislativa (ya que el Congreso puede decidir el trámite como proyecto de Ley). Junto a ello está intacta la capacidad de iniciativa de los grupos parlamentarios.

Pero si las garantías antes señaladas para que no haya coste social ni político del bloqueo institucional parecen pocas, la propia Constitución prevé la disolución automática de las Cortes en caso de no haber investido un Presidente tras dos meses después de la primera votación y la convocatoria de elecciones. De hecho bloquear puede ser lo mejor que se haga cuando se tienen buenas perspectivas electorales en caso de disolución automática.

Nuestra Constitución establece la prórroga automática de los Presupuestos Generales del Estado para que, si los nuevos no están aprobados cuando termine la vigencia de los últimos, permanezcan en vigor y todas las administraciones y todos los servicios cuenten con los cauces oportunos de financiación. Teniendo en cuenta que siempre caben modificaciones parciales de los Presupuestos prorrogados, incluso a través de Decreto-Ley, los efectos nocivos de la no aprobación de los Presupuestos Generales del Estado en su momento se amortiguan. Si hubiera un cierre, los incentivos para no aprobar los Presupuestos disminuirían.

Constitucionalmente los magistrados del Tribunal Constitucional tienen un mandato de nueve años. En 2007 se modificó el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional añadiendo un apartado tercero que establecía la prórroga automática del mandato de los magistrados si no se había producido la renovación en tiempo y forma. Esto evita la parálisis del Tribunal o que tenga que operar con un número muy reducido de magistrados, pero no desincentiva el bloqueo.

El mandato de cinco años de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no concluye el día que llega a esos cinco años, pues si la cámara que lo ha elegido o las dos cámaras no ha realizado la elección cuando llegue esa fecha, el mandado queda prorrogado. A falta de previsión constitucional en 2013 se estableció así en el artículo 570 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El CGPJ sigue ejerciendo sus funciones sin ningún límite a pesar de tener un mandato prorrogado, como sucede en el Tribunal Constitucional. Bloquear la renovación del CGPJ no tiene ningún coste en término de parálisis.

3. La ambivalencia de la prórroga

Nuestra Constitución establece la prórroga presupuestaria y una amplia continuidad del gobierno para evitar el cierre de la Administración, esto es, para que una crisis política no desemboque en un cierre de la Administración y que servicios fundamentales como la Sanidad, la Educación o la Seguridad Ciudadana dejen de prestarse porque no hay dinero presupuestado con el que pagar a sanitarios, docentes, policías o guardias civiles, ni para mantener la infraestructura activa.

Entiendo que los constituyentes establecieron estas dos prórrogas precisamente para que un bloqueo político no tuviese duros efectos sobre la ciudadanía y que la presión para que no haya cierre, ejercida por un grupo sin mucha conciencia, le dé ventaja negociadora a unos sobre otros. El legislador orgánico ha seguido este principio, en una interpretación teleológica de la Constitución, al establecer las otras dos prórrogas indicadas.

Esta elección de los constituyentes, absolutamente defendible, tiene su coste que es la institucionalización de la prórroga al crear minorías de bloqueo no difíciles de alcanzar (sólo es necesario un actor) y que el bloqueante no suele tener ningún “castigo”.

4. ¿Hay alternativas?

Naturalmente hay alternativas. Existen caminos intermedios entre la prórroga sin fin y el cierre. Se pueden enunciar varios intermedios, aunque yo solamente voy a mencionar algunos sobre los que he pensado, aunque desgraciadamente requerirían reforma constitucional.

En la cuestión de la investidura cabe adoptar el sistema vasco-asturiano que es más difícil de bloquear y genera fuertes incentivos para el acuerdo. Este sistema admite una pluralidad de candidatos a la investidura y los diputados pueden votar a unos de los candidatos o en blanco, saliendo elegido el que en la primera ronda obtenga la mayoría absoluta y en la segunda ronda el más votado. Intentar bloquear la investidura no tiene sentido, porque se facilitaría la investidura del oponente.

Respecto a los Presupuestos Generales del Estado cabe recoger la solución a los bloqueos presupuestarios que se da en el ámbito municipal (art. 197 bis. 5 LOREG) que permite a los alcaldes unir los presupuestos a una moción de confianza, de forma que en el caso del rechazo de los presupuestos se habrá de presentar y prosperar una moción de censura al alcalde en el plazo de un mes. En el caso de no presentarse o no prosperar, los presupuestos se entenderán aprobados y el alcalde dotado de confianza por la corporación. La inspiración tomada del tercer párrafo del artículo 49 de la Constitución de la V República Francesa es evidente. Una solución de este tipo podría plantearse a nivel nacional.

Las mayorías exigidas para la renovación del Tribunal Constitucional son extremas y más para un organismo que se renueve una tercera parte cada tres años, de modo que un vuelco en su composición no es posible, salvo que se acumulen renovaciones pendientes. Exigir mayoría absoluta podría ser una buena idea, porque amplias los posibles acuerdos y desincentivas los bloqueos, al poderse el bloqueante quedar fuera del acuerdo. En el caso de una renovación por tres quintos el mandato podría ser superior a si se hace por otra mayoría, incentivando así los grandes acuerdos.

Algo similar podría hacerse en el CGPJ, aunque no estaría de más que la renovación no fuera total.

5. En definitiva no hay que elegir entre un sistema político basados en las prórrogas automáticas y la falta de incentivos a pactar o la amenaza del cierre de las instituciones o el fin de las disponibilidades presupuestarias. Los acuerdos pueden ser incentivados de múltiples formas como un mandato más prolongado y desincentivados por la posibilidad de una mayoría menor. Un sistema político maduro no debe permitirse convertir en normal lo que son mecanismos de seguridad, por si falla los procedimientos ordinarios.

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En España se valora mucho que algo dure “para toda la vida”. La fiabilidad es vista como positiva, pero esta afirmación encubre un reverso tenebroso: la falta de cuidado para eso que es “para toda la vida”.

Un estado social, como es definido en la Constitución (sí, dice eso, además en el artículo 1) tiene varios pilares fundamentales. La educación y la sanidad son dos de ellos y la epidemia ha llevado a la extenuación a los dos grandes servicios del Estado. Los sanitarios y los docentes llevan años denunciando la progresiva precarización, pero nadie les escuchaba. No hemos cuidado.

En marzo pudimos comprobar que la epidemia hacía saltar por los aires un sistema sanitario del que nos sentía orgulloso cuando tenía determinada incidencia. Se colapsaron plantas, se triplicó la demanda de UCI sobre camas disponibles, no había personal, se carecía de los materiales de protección y hasta comenzaron a escasear determinados medicamentos. Nuestros laboratorios no tenían capacidad para hacer los tests necesario y por no tener no había ni reserva de los reactivos necesarios. Descubrimos que nos faltaban respiradores y que la producción nacional de mascarillas era anecdótica.

A finales de agosto y principios de septiembre la sociedad española descubre que la mayoría de los colegios tienen aulas ridículas, mal ventiladas y que no se pueden de ampliar. Igualmente se han dado cuenta de que si hubiese ese espacio, no hay profesores y a pesar que llevar décadas oyendo quejas del paro universitario, las administraciones no se sienten capaces de encontrar a nuevos docentes (si no es otra cosa). Se ha comprobado que los medios informáticos de los centros educativos son escasos, que los servidores se caen con una clase conectada, que muchos alumnos no tienen modo de acceder a una formación telemática y en seis meses nadie ha buscado una solución real.

Cuando se habla de aumentar la inversión en educación y en sanidad, se contesta que hay que optimizar. Es una mentira. La experiencia de la pandemia lo que nos muestra no es más que estos dos grandes servicios han hecho mucho con menos de lo necesario, han mantenido vivos los servicios siendo financiados en defecto. No podemos tener centros de salud que se caen, servicios que no funcionan, inseguridad en el suministro de material, colegios sin espacio y con niños estabulados.

Nada de esto es nuevo, existía, pero no se veía. Además otras cuestiones, hace falta dinero, más dinero.

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El otro día hablaba de que la retórica del “1 contra 17” encerraba una concepción bastante ridícula de la realidad. Que ello sea así no quiere decir que no sea efectivo y ello explica que se use tanto.

Hubo una época en las que los candidatos iban a la televisión a contestar preguntas de ciudadanos. Recuerdo que a un presidente autonómico que se presentaba nuevamente le preguntaron que si la obra de la calle de al lado de su casa iba a tardar mucho en terminar. Una obvia actuación municipal. Era una encerrona porque, por ser presidente regional, la persona le atribuía un poder absoluto sobre cualquier acción pública en su territorio y si él decía que no era su competencia, parecería que estaba intentado esquivar el problema.

Y ya Bagehot en su The English Constitution ve en la simplificación del proceso político una de la funciones de la Corona. Un sistema político lleno de comités y acciones complejas, es resumido como voluntad de la Corona o del Primer Ministro de la Corona. Así se explican concatenaciones de acciones de muy difícil comprensión por la atribución a uno.

Es más fácil entender el ejercicio de la política como un ente unitario con un solo actor responsable de él, que explicar la realidad tal y como es y ver que hay actores que normalmente comparten funciones, que se ponen límites, que necesitan colaborar, que hay actos con vetos relativos y en ocasiones absolutos, que hay grupos de interés, ciudadanos afectados, ciudadanos cuyos intereses son los contrarios a los de otros y un sin fin de variables que hacen muy complejo el sistema político.

Siendo la simplicidad lo sencillo cognoscitivamente, no es lo verdadero en la mayor parte de las ocasiones. Desde fuera todos saben hacer mejor que nosotros nuestro trabajo, pero cada cual en su faceta profesional percibe complejidades que el externo no imagina.

La realidad es compleja y la política, como parte de la realidad también. Siempre habría especialistas, como en todas las áreas que abarquen amplias zonas de problemas, pero eso no debería ser excusa para que los ciudadanos no sean introducidos al menos básicamente en lo complejo. ¿Por qué? Porque la política nos gobierna y en un sistema democrático participamos de ellas. Un mínimo bajo la superficie sería muy útil socialmente porque, al menos, nos permitiría exigir responsabilidades a los responsables y no al uno.

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Versos sueltos


¿Cuántas veces has estado en una mesa electoral durante todo un día? Esa pregunta retórica es la que dentro de los partidos se lanza contra determinados personajes que aparecen para recoger y nunca para dar, salvo que se les conceda un puesto.

Son las personas que consideran que hacen un favor con su presencia y que ellos no tienen que sacrificar nada, que son los demás los que tienen que hacer el trabajo necesario para tener votos (mucho y poco visto).

Aprovechan la imagen de que los demás con unos borregos del partido, para presentarse ante el público como los únicos libres, los únicos con opinión propia y los únicos con el coraje suficiente como para actuar de acuerdo con sus convicciones. Del trabajo de los demás para llegar a la situación que se le ha dado para poder expresarse y tener repercusión nada han dicho.

Los versos sueltos parasitan a las organizaciones. ¿Por qué no dejan de definirse por oposición a la organización y se definen positivamente? ¿Por qué crean algo en lo que su pensamiento sea el centro? Normalmente no lo hacen porque es un trabajo que puede que no tenga recompensa (no se trata de eso) y porque a su vez tendrían que aguantar a sus propios versos sueltos y una cosa es serlo activamente y otra es padecerlo.

Al final, y tras muchas experiencias, los versos sueltos demuestran ser ególatras incapaces de escuchar a nadie, mientras quejan de que no han sido suficientemente oídos. No son valientes, son cobardes porque no emprenden empresas que merezcan la pena. Son autoritarios porque no se molestan en tener el apoyo de los demás, sino que piden ser reconocidos porque ellos lo merecen y se quejan de que los demás no aprecian su natural superioridad.

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La distribución de los poderes y competencias entre los diferentes niveles territoriales determina quién puede o no puede hacer algo y, sobre todo, quién debe hacer algo. El que tiene una competencia ha de responder por ello, es decir, tiene la responsabilidad.

En un sistema democrático es fundamental la relación entre competencia y responsabilidad, porque además tener una competencia lleva aparejado tener los medios materiales, económicos y humanos para poder llevarla a cabo.

La incompetencia de determinados dirigentes autonómicos les ha llevado a intentar desdibujar el reparto de competencias que nace en 1978 y se desarrolló a lo largo de varias décadas.

Las dos grandes competencias autonómicas, las que tienen más presupuesto e incidencia en la vida de los ciudadanos, son Educación y Sanidad. Son competencias cuya gestión, con péquelas excepciones territoriales, están completamente transferidas a las Comunidades Autónomas y por la que deben responder los dirigentes autonómicos.

Existen efectivamente los ministerios de Sanidad y de Educación, pero no para gestionar estos dos gigantescos servicios, sino para encargarse de las competencias que han quedado en mano del Gobierno de España, que son pocas. La capacidad de gestión de estos dos ministerios es proporcional a lo que tienen que gestionar.

Varios medios de comunicación han lanzado titulares que esencialmente vienen a decir que el Gobierno de España se escuda en no tener competencias para dejarle a las Comunidades Autónomas la vuelta al cole.

En primer lugar es difícil dejarle nada a alguien que ya le pertenece, pero lo segundo, más problemático es la construcción de la idea de que el actual gobierno (no otro por supuesto) es responsable también de aquello sobre lo que constitucionalmente no tiene poder.

Imaginemos que un medio acusa al presidente andaluz, Moreno Bonilla, de escudarse en no tener competencia en Defensa para no atender las peticiones de mejores en las instalaciones militares situadas en la región que dirige. Sonaría a ridículo, porque lo es.

No es exigible la responsabilidad a quien no le corresponde, como es vergonzoso no pedirle nada a quien sí le corresponde. Y esto es lo que está sucediendo: en vez de exigirle responsabilidad a los que tienen que la competencia del servicio, se las pedimos a otros y los verdaderos responsables de rositas.

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Los dos papas es una película de propaganda católica realmente bien hecha. Es entretenida y muy hábil.

El paso del pontificado de Wojtyła a Ratzinger pareció suave, en tanto que el sucesor había tenido un papel relevante en el larguísimo mandato del papa polaco. Realmente hubo diferencias significativas, pero lejanas a la percepción general. Esta percepción general sí ha captado las diferencias entre Ratzinger y Bergoglio, entre otras cosas porque tocan algunos aspectos exteriores más accesibles.

Por ello la película trata de dar continuar donde no la hubo, es decir, quiere darnos la impresión de que al renunciar Ratzinger aceptaba como sucesor a Bergoglio, cuando realmente no hay una sola prueba de ello. Y aquí está la habilidad de la película: no rehúye el asunto.

De hecho el centro de la cinta que es el modo en el que dos hombres enfrentados, con vidas sumamente diferentes, se reconcilian sin renunciar del todo a lo que les separa. Crea una situación verosímil, que no se declara como ficticia a los espectadores, en la que a través de las palabras y de cierta cotidianeidad los dos protagonistas se acercan.

La segunda habilidad de la película es que no rehúya los asuntos conflictivos: el papel de Ratzinger en la no persecución de los abusos sobre menores en la Iglesia o la peliaguda pregunta sobre el papel de Bergoglio durante la dictadura argentina. Dos ancianos arrepentidos cuentan su gran pecado y es difícil no perdonarles interiormente. Se tocan los temas de frente, pero con una sola perspectiva.

La película está llena de trucos para tratar los temas pero de una forma controlable y dejando siempre la última palabra a unos de los papas. El hecho de ver a dos ancianos da la impresión de que se está hablando de un pasado tan lejano del que no quedan ni testigos, ni víctimas. El hecho de ser dos personas mayores permite una conexión sentimental que es el fundamento para la justificación moral de los personajes. No se les defiende con argumentos, sino que se les da a querer.

La película cumple su misión: crea una historia verosímil que resuelve los puntos problemáticos, sin negarlos.

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Existe la corriente de opinión de que se podría establecer un régimen constitucional específico para Cataluña sin tocar el resto del sistema autonómico, copiando lo que en 1978 se hizo con la financiación del País Vasco y de Navarra: una disposición adicional que contenga el régimen. Desde el punto de vista técnico sería muy hábil ya que mantendría la integridad del texto constitucional, pero abriría una puerta a la asimetría, que es uno de los sueños del nacionalismo catalán. ¿Qué problema tiene?

El primer problema y más evidente es que no sería fácil de aprobar. Los dos partidos en las Cortes con más representación tendrían amplísimos sectores que estarían en contra y que pedirían, en el mejor de los casos, contraprestaciones. Incluso Podemos ha tenido un nuevo encontronazo con Compromís por la renovación del sistema vasco de financiación.

Una parte del PP, del PSOE y la práctica totalidad de Ciudadanos estaría en contra. Incluso consiguiendo la mayoría necesaria para aprobar la reforma en Cortes no habría que descartar que tuviera que ser ratificada por referéndum al así pedirlo la décima parte de los diputados o de los senadores.

Y en este punto es donde creo que moriría la disposición adicional, porque si algo ha creado el “procés” es mucho españolismo que no va a aceptar privilegios para recompensar la ruptura del orden constitucional. La propuesta sería derrotada en las urnas precisamente porque las bases electorales de los grandes partidos no son partidarias de estos regímenes como lo han sido las élites políticas españolas.

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